20 de mayo de 2025

ABOGADO DE NADINE HEREDIA CUESTIONA FALTA DE PRUEBAS LEGALES EN PROCESO JUDICIAL.

El abogado de Nadine Heredia, Julio César Espinoza, afirmó que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial no presentaron pruebas legales para sustentar la acusación de colusión agravada contra su defendida en el caso Gasoducto Sur Peruano. Espinoza argumentó que Heredia no ocupaba un cargo público, por lo que no podía ser considerada autora del delito imputado. Criticó que la Fiscalía basara su acusación en interpretaciones subjetivas sin evidencia concreta. A pesar de estos argumentos, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación, permitiendo que la investigación continúe. El abogado expresó preocupación por la falta de imparcialidad en el proceso judicial, señalando que se están vulnerando derechos fundamentales de su clienta.

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«DEBATE JURÍDICO POR LA LEY N.º 32331 SOBRE BAÑOS PÚBLICOS: ¿PROTECCIÓN A MENORES O EXCLUSIÓN DE DERECHOS?

La Ley N.º 32331, recientemente promulgada en Perú, establece que el uso de baños públicos debe regirse según el sexo biológico, con el objetivo de proteger a los menores. Sin embargo, esta normativa ha generado un intenso debate legal y social. Especialistas advierten que podría vulnerar derechos fundamentales como la identidad de género y la igualdad ante la ley, afectando especialmente a personas transgénero. La ley también impone sanciones a quienes ingresen a baños que no correspondan con su sexo biológico y obliga a establecimientos a ofrecer servicios sanitarios diferenciados, lo que podría representar un desafío económico para pequeños negocios. Se plantea la necesidad de encontrar medidas que protejan a los menores sin excluir a otros grupos vulnerables.

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FISCALES SUPREMOS SE OPONEN A LEY QUE LIMITA LA EXTINCIÓN DE DOMINIO

Desde el 22 de abril, con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contrataciones del Estado, los familiares de congresistas y ministros podrán contratar con el Estado, siempre que no lo hagan en entidades donde laboren sus parientes. La especialista Liz Díaz explicó que esta norma flexibiliza restricciones para evitar perjuicios a familiares de autoridades. La medida también abarca a allegados de vicepresidentes, gobernadores y alcaldes. Díaz destacó que la prohibición ha sido debatida por años, pues todos tienen derecho a trabajar. Considera que los cambios son positivos y promueven contrataciones justas y equitativas, beneficiando tanto a proveedores como a instituciones públicas en el desarrollo de obras y servicios.

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PNP INVESTIGA ACCESO IRREGULAR A DATOS DEL RENIEC POR AFILIACIONES POLÍTICAS SIN CONSENTIMIENTO.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha iniciado una investigación sobre el acceso irregular a la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), tras detectarse casos de afiliaciones políticas hechas sin el consentimiento de los ciudadanos. Según información oficial, personas desconocidas habrían accedido indebidamente a los datos personales para inscribir a ciudadanos en partidos políticos sin autorización. Esta situación ha generado preocupación entre las autoridades, que buscan determinar cómo se obtuvo la información y quiénes estarían detrás de estos actos. El Ministerio Público también participa en la indagación para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables de estas prácticas que vulneran los derechos ciudadanos.

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GOBIERNO APRUEBA LEY PARA PROCESAR COMO ADULTOS A ADOLESCENTES DE 16 Y 17 AÑOS POR DELITOS GRAVES.

El 10 de mayo de 2025, el Gobierno peruano promulgó la Ley N.º 32330, que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, permitiendo que jóvenes de 16 y 17 años sean procesados como adultos por delitos graves. Esta medida responde al aumento de crímenes violentos en los que participan menores, como sicariato, violación sexual y terrorismo. La ley establece un régimen penitenciario especial para adolescentes de 16 a 21 años, con enfoque individualizado y programas de rehabilitación, separándolos de adultos en centros penitenciarios. En casos de delitos especialmente graves, las penas pueden ser de hasta ocho años de internamiento. La norma busca reforzar la seguridad ciudadana y enviar un mensaje claro contra la impunidad.

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¿CUÁNDO PODRÁS RETIRAR TU CTS? CON LA FECHA LÍMITE, DESEMBOLSO PODRÍA LLEGAR RECIÉN EN JUNIO.

El 9 de mayo de 2025, el Ejecutivo promulgó la Ley 32322, que autoriza a los trabajadores del sector privado a retirar, por única vez, el 100% de su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, la disposición de estos fondos no será inmediata, ya que la norma requiere que el Ministerio de Trabajo elabore un reglamento en un plazo máximo de 30 días calendario. Esto implica que, si el reglamento se publica en el plazo máximo, los trabajadores podrían acceder a sus fondos a partir del 9 de junio de 2025. No obstante, existe la posibilidad de que el reglamento se emita antes, permitiendo un retiro anticipado. La ley también contempla la posibilidad de retiros parciales del 50% y establece que los trabajadores diagnosticados con cáncer o enfermedades terminales podrán disponer de sus fondos en cualquier momento, previa acreditación ante su empleador.

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TRIBUNAL DE EE. UU. DECLARA EN REBELDÍA AL PERÚ Y ORDENA PAGAR 90 MILLONES A KUNTUR WASI.

Un tribunal de Estados Unidos declaró en rebeldía al Estado peruano por incumplir un laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que ordenaba pagar más de 90 millones de dólares a la empresa Kuntur Wasi. Esta decisión se relaciona con la cancelación unilateral del contrato para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en 2017. La declaración de rebeldía permite a Kuntur Wasi iniciar procesos de embargo sobre activos estatales en el extranjero para asegurar el cumplimiento del laudo. Este caso resalta la importancia de respetar los compromisos internacionales y las consecuencias de su incumplimiento.

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CONGRESO PRESENTA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA GUSTAVO ADRIANZÉN TRAS ASESINATO DE 13 MINEROS EN PATAZ.

El Congreso peruano ha presentado una moción de censura contra el primer ministro Gustavo Adrianzén, tras el asesinato de 13 mineros en Pataz. La iniciativa, respaldada por bancadas como Juntos por el Perú, Podemos Perú y Acción Popular, critica la gestión de Adrianzén ante la creciente inseguridad y su falta de liderazgo en la coordinación ministerial. Se le acusa de priorizar la defensa política de la presidenta Dina Boluarte sobre la solución efectiva de los problemas nacionales. La moción será debatida en el Pleno del Congreso, donde se requerirán 66 votos para su aprobación. Por su parte, la presidenta Bolua

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MEF PROPONE SUBIR SUELDO DE DINA BOLUARTE A MÁS DE S/35 MIL A PEDIDO DE LA PCM

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha propuesto aumentar el salario mensual de la presidenta Dina Boluarte a más de 35,000 soles, en respuesta a una solicitud de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Esta iniciativa busca equiparar la remuneración presidencial con la de otros altos funcionarios del Estado, como ministros y congresistas, quienes actualmente perciben ingresos similares. La propuesta ha generado debate público, especialmente considerando el contexto económico del país y las recientes medidas gubernamentales, como el incremento del salario mínimo a 1,130 soles mensuales a partir de enero de 2025. El MEF argumenta que el ajuste salarial presidencial es necesario para mantener la equidad en la estructura remunerativa del sector público.

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ILICH LÓPEZ: CASO DE BOLUARTE PODRÍA ACABAR EN DENUNCIA CONSTITUCIONAL

El congresista Ilich López señaló que el caso de las presuntas cirugías estéticas de la presidenta Dina Boluarte podría derivar en una denuncia constitucional, dado que se investiga si hubo uso indebido de recursos públicos o abandono del cargo. Explicó que la Comisión de Fiscalización recopila información para determinar si existen fundamentos legales que justifiquen una acusación. López enfatizó que este proceso debe seguir su curso conforme a la ley, sin prejuzgar, y que será el Congreso quien evaluará los hallazgos. Añadió que, de confirmarse irregularidades, se aplicarían las sanciones correspondientes, reafirmando la importancia de la transparencia y el respeto a las normas constitucionales.

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