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Proponen que la ONPE implemente conteo rápido oficial para difundir resultados electorales

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El diputado César Augusto Muedas Balbiese, integrante del grupo parlamentario Ahora Nación, presentó el Proyecto de Ley N.° 717/2026-2031-CD, que propone encargar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la implementación de un sistema oficial de conteo rápido de votos para las elecciones generales. La iniciativa legislativa busca que la autoridad electoral procese una muestra representativa de actas de sufragio y difunda resultados preliminares durante el mismo día de los comicios, con la finalidad de proporcionar información oportuna a la ciudadanía y reducir la incertidumbre que se genera después del cierre de las mesas de votación. Proponen modificar la Ley Orgánica de Elecciones El proyecto plantea modificar el artículo 320 de la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, para incorporar entre las funciones de la ONPE la implementación de un sistema oficial de conteo rápido. La propuesta establece que este mecanismo tendrá carácter estadístico, preliminar, informativo y no vinculante. Asimismo, deberá sustentarse en una muestra probabilística de mesas de sufragio seleccionadas mediante una metodología técnica previamente aprobada y publicada. De esta manera, se busca incorporar un mecanismo institucional que permita conocer estimaciones de los resultados electorales antes de que concluya el procesamiento de la totalidad de las actas. Resultados preliminares se difundirían el mismo día Uno de los principales objetivos de la iniciativa es que la ONPE pueda transmitir y difundir las estimaciones estadísticas durante la misma jornada electoral, una vez concluida la votación. Para ello, el organismo electoral deberá seleccionar las mesas que integrarán la muestra, recopilar la información contenida en sus actas y procesar los datos mediante procedimientos estadísticos. El proyecto contempla que los resultados incluyan márgenes de error e intervalos de confianza, de acuerdo con la metodología técnica y el diseño muestral previamente establecidos. Conteo rápido no reemplazará los resultados oficiales La propuesta establece expresamente que los resultados del conteo rápido tendrán carácter informativo y no vinculante. Esto significa que las estimaciones difundidas por la ONPE no determinarán oficialmente quiénes resultaron elegidos ni sustituirán el procedimiento legal de cómputo de votos. El resultado definitivo continuará dependiendo del procesamiento de la totalidad de las actas electorales, así como de las resoluciones que correspondan a los Jurados Electorales Especiales y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Por tanto, el conteo rápido funcionaría como una herramienta complementaria para ofrecer información preliminar, sin modificar las competencias de los organismos electorales encargados de validar los resultados. Diferencias entre conteo rápido y encuesta a boca de urna La iniciativa también distingue el conteo rápido de las encuestas a boca de urna que realizan las empresas encuestadoras. Mientras que las encuestas a boca de urna recogen las respuestas voluntarias de los ciudadanos después de emitir su voto, el conteo rápido utiliza información de las actas electorales elaboradas por los miembros de mesa al finalizar el escrutinio. En ese sentido, el mecanismo propuesto se basaría en resultados reales registrados en una muestra estadística de mesas de sufragio y no en las declaraciones de los electores. Proyecto busca reducir la incertidumbre electoral En la exposición de motivos, el autor de la iniciativa sostiene que la ausencia de un mecanismo oficial de estimación estadística genera un periodo de incertidumbre durante las horas posteriores al cierre de las votaciones. El documento señala que esta situación ha favorecido la dependencia de la ciudadanía respecto de los conteos rápidos difundidos por organizaciones privadas y empresas encuestadoras, como la Asociación Civil Transparencia, IPSOS y Datum. Frente a ello, se plantea que la ONPE asuma directamente esta función, mediante un sistema regulado y respaldado institucionalmente, que permita proporcionar información preliminar con criterios técnicos previamente establecidos. ONPE y JNE tendrían 120 días para aprobar protocolos El proyecto incorpora una disposición complementaria final que establece que la ONPE, en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones y dentro del ámbito de sus respectivas competencias, deberá aprobar las disposiciones reglamentarias y los protocolos técnicos necesarios para implementar el sistema. Para ello, se propone un plazo máximo de 120 días, contabilizado desde la entrada en vigencia de la eventual ley. Estos instrumentos deberán establecer los procedimientos para seleccionar las muestras, procesar la información electoral, garantizar la seguridad de los datos y difundir los resultados preliminares. Iniciativa toma como referencia experiencias internacionales La exposición de motivos también menciona experiencias de otros países que cuentan con mecanismos de preconteo o difusión de resultados preliminares, entre ellos Colombia, México, República Dominicana y Panamá. Estos sistemas permiten proporcionar estimaciones durante las jornadas electorales, manteniendo la diferencia entre los resultados preliminares y aquellos que adquieren validez jurídica mediante el escrutinio definitivo. La propuesta busca incorporar una herramienta similar en el sistema electoral peruano, bajo la responsabilidad de la autoridad encargada de organizar los procesos electorales. Proyecto deberá continuar su trámite en el Congreso La iniciativa legislativa plantea fortalecer la transparencia electoral mediante la difusión institucional de estimaciones preliminares el mismo día de las elecciones. Sin embargo, el Proyecto de Ley N.° 717/2026-2031-CD se encuentra en etapa de presentación y deberá continuar el procedimiento legislativo correspondiente antes de convertirse en ley. De aprobarse, la ONPE asumiría una nueva función relacionada con el procesamiento y difusión de resultados preliminares, mientras que el cómputo oficial definitivo y la proclamación de autoridades continuarían sujetos a las reglas y competencias establecidas en la legislación electoral vigente. Noticias Relacionadas Proponen que la ONPE implemente conteo rápido oficial para noviembre 2, 2026 Un proyecto de resolución legislativa plantea que el Pleno del Congreso de la República intervenga para resolver los empates absolutos que puedan producirse durante la elección de las mesas directivas Proponen que el Pleno del Congreso resuelva empates en octubre 29, 2026 Un proyecto de resolución legislativa plantea que el Pleno del Congreso de la República intervenga para resolver los empates absolutos que puedan producirse durante la elección de las mesas directivas Proponen prohibir corridas de toros y peleas de gallos octubre 28, 2026 Un nuevo proyecto de ley plantea prohibir las corridas de toros, las peleas de toros, las peleas de gallos y otros espectáculos similares cuando su realización implique actos de

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Proponen que el Pleno del Congreso resuelva empates en elección de presidentes de las cámaras

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Un proyecto de resolución legislativa plantea que el Pleno del Congreso de la República intervenga para resolver los empates absolutos que puedan producirse durante la elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados. La iniciativa busca incorporar un procedimiento excepcional al Reglamento del Congreso para evitar que una igualdad de votos entre las listas finalistas impida definir quién presidirá una de las cámaras legislativas. La propuesta está contenida en el Proyecto de Resolución Legislativa N.° 00689/2026-2031-CD, presentado el 27 de octubre de 2026 por el diputado Héctor Guillén Valencia, de la bancada de Juntos por el Perú, junto con otros parlamentarios. El planteamiento propone incorporar el artículo 53-A al Reglamento del Congreso de la República. ¿QUÉ BUSCA CAMBIAR EL PROYECTO? La iniciativa pretende establecer una regla específica para los casos en los que las dos listas finalistas obtengan exactamente el mismo número de votos durante la segunda votación para elegir la mesa directiva de una de las cámaras. El proyecto parte de la necesidad de contar con un mecanismo que permita resolver una situación de empate absoluto cuando las reglas electorales ordinarias no ofrecen una solución expresa para ese escenario. De aprobarse, la modificación establecería una secuencia de actuaciones que comenzaría con la búsqueda de consensos parlamentarios y, si esta no permite resolver el empate, terminaría con la intervención del Pleno del Congreso, integrado por senadores y diputados reunidos en sesión conjunta. ¿CÓMO SE RESOLVERÍA UN EMPATE ABSOLUTO? La propuesta contempla un procedimiento excepcional con varias etapas sucesivas. Su aplicación dependería de que se produzca un empate absoluto entre las dos listas finalistas y de que las instancias ordinarias de votación no permitan definir al ganador. En primer lugar, quien presida la sesión electoral declararía un cuarto intermedio de hasta 24 horas para promover acuerdos entre los parlamentarios. Después de ese periodo, se convocaría a una nueva votación en la cámara correspondiente. Si las listas volvieran a obtener el mismo número de votos, se activaría el mecanismo extraordinario previsto en el proyecto: convocar al Pleno del Congreso, reunido en sesión conjunta, para resolver la elección pendiente. EL CUARTO INTERMEDIO BUSCARÍA FACILITAR ACUERDOS El primer paso del procedimiento sería conceder un cuarto intermedio de hasta 24 horas. Durante ese periodo, los parlamentarios podrían dialogar y buscar consensos que permitan superar la igualdad de votos. La iniciativa plantea esta etapa como una oportunidad para que las listas participantes alcancen acuerdos antes de recurrir a una decisión adoptada por el conjunto del Congreso. Concluido el cuarto intermedio, la cámara correspondiente volvería a votar. Si una de las listas obtiene más votos que la otra, se resolvería la elección mediante el procedimiento ordinario. El mecanismo extraordinario solo se utilizaría si el empate absoluto persistiera. ¿QUÉ PASARÍA SI EL EMPATE CONTINÚA? Si la nueva votación no permite determinar un ganador, quien presida la sesión electoral convocaría de inmediato al Pleno del Congreso, reunido conjuntamente con los senadores y diputados. La reunión tendría como único objetivo resolver la elección de la mesa directiva de la cámara afectada por el empate. De esta manera, la votación conjunta no sustituiría el procedimiento ordinario en todos los casos, sino que funcionaría como una instancia excepcional de cierre. El proyecto busca que la falta de una mayoría diferenciada en la segunda votación no deje sin solución la elección de la presidencia y de los demás integrantes de la mesa directiva correspondiente. LA VOTACIÓN DEL PLENO SERÍA NOMINAL, PÚBLICA Y OBLIGATORIA La propuesta establece que la decisión del Pleno se adopte mediante una votación nominal, pública y obligatoria. Esto supone que el voto de cada parlamentario quedaría registrado individualmente. Además, la lista que resulte ganadora tendría que obtener más de la mitad del número legal de integrantes del Congreso de la República, conforme al umbral previsto en la iniciativa. El proyecto señala que la decisión adoptada en sesión conjunta tendría carácter definitivo dentro del procedimiento electoral planteado y permitiría determinar la elección e inmediata instalación de la mesa directiva de la cámara correspondiente. ¿POR QUÉ SE PLANTEA ESTA MODIFICACIÓN? La exposición de motivos sostiene que los reglamentos parlamentarios contienen disposiciones para elegir las mesas directivas y regular las votaciones, pero no contemplan expresamente un mecanismo especial de cierre para resolver un empate absoluto entre las dos listas finalistas en la segunda votación. Según los autores, la ausencia de una regla específica para esa situación podría generar dificultades institucionales si ninguna lista logra superar a la otra y no existe una mayoría que permita proclamar a los ganadores. Por ello, la propuesta busca establecer anticipadamente un procedimiento conocido por los participantes, con etapas definidas y una instancia final de decisión. El propósito declarado es preservar la continuidad del funcionamiento del Poder Legislativo y brindar seguridad jurídica a la elección de sus órganos directivos. EL ANTECEDENTE DE LA ELECCIÓN DEL SENADO EN JULIO DE 2026 La exposición de motivos menciona como antecedente la elección de la Mesa Directiva del Senado realizada el 26 de julio de 2026. De acuerdo con el documento, en la primera votación una lista obtuvo 30 votos y la otra alcanzó 29. Como ninguna consiguió la mayoría requerida en esa etapa, se procedió a una segunda votación, en la que la primera lista obtuvo 30 votos y fue proclamada ganadora. Los autores reconocen que ese episodio no constituyó un empate absoluto, pero lo mencionan para ilustrar la importancia de contar con reglas claras para las sucesivas etapas del procedimiento electoral. La propuesta busca anticiparse a un escenario distinto: que ambas listas obtengan exactamente la misma cantidad de votos en la segunda votación. ¿A QUIÉNES SE APLICARÍA EL NUEVO PROCEDIMIENTO? La modificación propuesta comprendería la elección de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados. Por tanto, el mecanismo podría utilizarse en cualquiera de las dos cámaras si se cumplen las condiciones previstas en el nuevo artículo 53-A. La iniciativa no plantea que el Pleno del Congreso intervenga en todas las elecciones de las mesas directivas. Su participación estaría condicionada a que

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Proponen prohibir corridas de toros y peleas de gallos por maltrato animal

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Un nuevo proyecto de ley plantea prohibir las corridas de toros, las peleas de toros, las peleas de gallos y otros espectáculos similares cuando su realización implique actos de crueldad, sufrimiento innecesario, lesiones o muerte de animales. La iniciativa busca modificar la Ley N.° 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal, para ampliar el alcance de las disposiciones de protección animal que actualmente contemplan excepciones para determinadas actividades reconocidas como culturales. La propuesta fue presentada por la diputada Azucena Isla Rojas, de la bancada de Juntos por el Perú, mediante el Proyecto de Ley N.° 00675/2026-CD. El planteamiento propone que el reconocimiento cultural de un espectáculo no impida aplicar las normas de protección y bienestar animal cuando se acrediten las afectaciones descritas en la iniciativa. ¿QUÉ ESPECTÁCULOS BUSCAN PROHIBIR? El proyecto incluye expresamente las corridas de toros, las peleas de toros y las peleas de gallos. También contempla otros espectáculos de naturaleza similar cuando su ejecución implique crueldad, sufrimiento innecesario, lesiones o muerte del animal. La propuesta busca establecer un criterio que atienda a las consecuencias de estas actividades sobre los animales, independientemente del nombre con el que se presenten o de la tradición a la que se encuentren asociadas. De aprobarse el proyecto en los términos planteados, la evaluación de estas actividades tendría que considerar si su desarrollo produce las afectaciones descritas en la futura norma. Por ahora, se trata de un cambio legislativo propuesto y no de una prohibición que ya se encuentre en vigor. ¿QUÉ ARTÍCULO DE LA LEY N.° 30407 SE MODIFICARÍA? La iniciativa propone modificar el literal b) del artículo 22 de la Ley N.° 30407, referido a las actividades prohibidas dentro del marco de protección y bienestar animal. El texto planteado incorpora expresamente las corridas de toros, las peleas de toros, las peleas de gallos y los espectáculos similares cuando impliquen actos de crueldad, sufrimiento innecesario, lesiones o muerte del animal. El objetivo es que estas actividades queden comprendidas dentro de la prohibición en los supuestos señalados por el proyecto, en lugar de permanecer excluidas por el solo hecho de haber sido declaradas de carácter cultural por la autoridad competente. EL PROYECTO BUSCA ELIMINAR UNA EXCEPCIÓN LEGAL La Ley N.° 30407 contiene una disposición complementaria que excluye de su ámbito de aplicación a las corridas de toros, las peleas de toros, las peleas de gallos y otros espectáculos declarados culturales por la autoridad competente, los cuales se regulan mediante legislación especial. El proyecto pretende eliminar esa excepción para que la protección prevista en la ley pueda aplicarse a los espectáculos comprendidos en la propuesta cuando se presenten las conductas descritas. La modificación tendría importancia porque cambiaría el marco jurídico aplicable a estas actividades. En lugar de mantener una exclusión basada en su reconocimiento cultural, la iniciativa plantea considerar la crueldad, el sufrimiento innecesario, las lesiones o la muerte como criterios para determinar la aplicación de la prohibición. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR CRUELDAD Y SUFRIMIENTO ANIMAL? La exposición de motivos sostiene que el bienestar animal debe comprender tanto las condiciones físicas como las mentales de los animales. Desde esa perspectiva, la protección no debería limitarse a evitar la muerte, sino que también tendría que considerar el dolor, el sufrimiento y otras afectaciones derivadas de determinadas prácticas. Para fundamentar esta posición, el proyecto recoge referencias a la Organización Mundial de Sanidad Animal y a normas comparadas de otros países que han establecido restricciones o prohibiciones a determinadas actividades con animales. La iniciativa propone que el criterio determinante sea la existencia de crueldad, sufrimiento innecesario, lesión o muerte, sin que la denominación o el carácter tradicional del evento impida examinar sus consecuencias. No obstante, la definición y aplicación concreta de estos criterios dependería del texto legal que eventualmente se apruebe y de las disposiciones que correspondan para su implementación. ¿EL RECONOCIMIENTO CULTURAL IMPEDIRÍA APLICAR LA PROHIBICIÓN? Uno de los principales argumentos del proyecto es que el reconocimiento de una actividad como manifestación cultural no debería excluirla automáticamente de toda regulación estatal destinada a proteger a los animales. La exposición de motivos reconoce que el Tribunal Constitucional, en el Expediente N.° 00017-2010-PI/TC, examinó la tauromaquia en el marco de la discusión sobre las manifestaciones culturales. Sin embargo, la iniciativa sostiene que ese reconocimiento debe analizarse junto con las obligaciones estatales de protección del bienestar animal. En ese sentido, la propuesta busca que el carácter cultural de un espectáculo no opere como una excepción absoluta frente a las medidas de protección cuando se produzcan las afectaciones previstas en el proyecto. La iniciativa también menciona como antecedente el proceso de inconstitucionalidad relacionado con la excepción de la Ley N.° 30407, en el que no se alcanzó la mayoría calificada necesaria para declarar su inconstitucionalidad. Este antecedente forma parte de la discusión jurídica que el proyecto pretende abordar mediante una modificación legislativa. ¿QUÉ ACTIVIDADES Y SECTORES PODRÍAN VERSE AFECTADOS? La propuesta tendría consecuencias para los organizadores de espectáculos taurinos, las peleas de toros y las peleas de gallos, así como para las personas que participan en estas actividades y los establecimientos donde se realizan. También podría requerir actuaciones de las autoridades públicas encargadas de aplicar las normas de protección animal dentro de sus respectivas competencias. El proyecto menciona al Ministerio de Cultura, los gobiernos regionales y locales, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Si la iniciativa se convierte en ley, los sectores involucrados tendrían que adecuar sus actividades al nuevo marco normativo y observar las restricciones que finalmente se establezcan. La aplicación concreta dependerá del contenido definitivo de la norma, de las competencias de cada institución y de las disposiciones que regulen la fiscalización y el cumplimiento de la prohibición. ¿EL PROYECTO CONTEMPLA NUEVAS ENTIDADES O GASTOS PÚBLICOS? Según la exposición de motivos, la iniciativa no contempla crear nuevas entidades públicas ni establecer subsidios permanentes con cargo al Tesoro Público. Los costos previstos estarían relacionados principalmente con la adecuación de procedimientos, los criterios de fiscalización y las actuaciones administrativas necesarias para aplicar las nuevas disposiciones. Este planteamiento

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SUNAT adjudicó contratos de seguridad a consorcios vinculados con empresas que deben más de S/ 124 millones

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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) adjudicó contratos para brindar servicios de seguridad y vigilancia a consorcios vinculados con empresas que mantienen deudas tributarias superiores a S/ 124 millones con la propia entidad. El caso fue expuesto en un reportaje del programa Cuarto Poder y generó cuestionamientos sobre los antecedentes tributarios, laborales y operativos de las compañías involucradas. Según la información difundida, uno de los contratos fue adjudicado al Consorcio Arsenal por S/ 83 592 000 para prestar servicios de vigilancia. La investigación también revisó una contratación anterior con el Consorcio Creta, suscrita el 17 de abril de 2024 para resguardar sedes de la SUNAT en Lima. ¿QUÉ EMPRESAS INTEGRAN LOS CONSORCIOS? De acuerdo con el reportaje, entre las empresas vinculadas a las contrataciones figuran Arsenal Security S.A.C., Creta Security y Morgan del Oriente. Estas compañías fueron relacionadas con los consorcios que obtuvieron contratos de seguridad para instalaciones de la entidad recaudadora. La información periodística puso el foco en las obligaciones tributarias pendientes de las empresas, así como en otros antecedentes relacionados con el cumplimiento de sus compromisos laborales y la prestación de los servicios contratados. La existencia de deudas tributarias no acredita, por sí misma, que una contratación pública sea irregular. Para determinar si hubo alguna infracción en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, sería necesario examinar las condiciones del proceso, los requisitos aplicables y las actuaciones de las entidades competentes. MORGAN DEL ORIENTE CONCENTRA LA MAYOR DEUDA Uno de los principales datos del reportaje corresponde a Morgan del Oriente, empresa a la que se atribuye una deuda en cobranza coactiva de S/ 123 241 000, pendiente desde 2012. La investigación también señaló que la compañía registraría obligaciones pendientes relacionadas con EsSalud y la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Estos antecedentes fueron presentados como parte de los cuestionamientos sobre las empresas vinculadas con los contratos de vigilancia. La dimensión de la deuda constituye uno de los aspectos centrales del caso, debido a que la SUNAT tiene entre sus funciones la administración y recaudación de tributos. No obstante, la evaluación de las responsabilidades que pudieran derivarse de estos antecedentes corresponde a las autoridades competentes. ARSENAL SECURITY REGISTRARÍA DEUDAS SUPERIORES A S/ 1,4 MILLONES Otra de las compañías mencionadas es Arsenal Security S.A.C., que, según el reportaje, mantiene deudas en cobranza coactiva superiores a S/ 1,4 millones desde 2020. Asimismo, la investigación periodística informó sobre 49 reportes negativos por incumplimientos de pago en centrales de riesgo. Estos datos fueron incluidos entre los antecedentes que motivaron cuestionamientos respecto de la adjudicación de contratos estatales a empresas relacionadas con el consorcio. La situación tributaria y financiera de un proveedor puede ser relevante para examinar su desempeño, pero debe distinguirse entre los antecedentes reportados y una eventual infracción acreditada dentro de un procedimiento administrativo o de contratación pública. UN CONTRATO POR MÁS DE S/ 83 MILLONES El Consorcio Arsenal obtuvo una adjudicación por S/ 83 592 000 para prestar servicios de seguridad y vigilancia, según la información difundida por Cuarto Poder y recogida por otros medios de comunicación. El reportaje cuestionó que la contratación se produjera pese a los antecedentes tributarios de las empresas relacionadas con el consorcio. También recordó que la SUNAT había celebrado previamente un contrato con el Consorcio Creta para la vigilancia de sedes en Lima. La controversia se centra en la evaluación de los proveedores y en los mecanismos que permiten a las entidades públicas comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, laborales y contractuales de las empresas que contratan con el Estado. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS EN EL PAGO A TRABAJADORES Los cuestionamientos no se limitaron a las deudas tributarias. El reportaje también recogió denuncias de trabajadores que reclamaban el pago de remuneraciones y beneficios sociales. Además, se informó que la SUNAT había resuelto anteriormente un contrato relacionado con el Consorcio Arsenal por incumplimientos en el pago de sueldos y gratificaciones a vigilantes de las sedes de Puno y Tacna. En Ucayali también se reportaron problemas relacionados con la cobertura de puestos de vigilancia y la prestación del servicio. Estos antecedentes abren interrogantes sobre la supervisión de los contratos y las medidas que deben adoptar las entidades públicas cuando sus proveedores presentan incumplimientos durante la ejecución de los servicios. Sin embargo, cada situación debe evaluarse de acuerdo con los documentos contractuales, las obligaciones asumidas y las decisiones administrativas correspondientes, sin atribuir responsabilidades que no hayan sido determinadas formalmente. CUESTIONAMIENTOS SOBRE LAS PLANILLAS DECLARADAS Otro aspecto expuesto en la investigación se refiere al número de trabajadores declarados por algunas de las compañías. Según los registros citados en el reportaje, Morgan del Oriente habría declarado un trabajador durante distintos periodos de 2025 y 2026, mientras que Arsenal Security S.A.C. habría registrado únicamente dos empleados en junio y julio de 2026. Estos datos fueron cuestionados debido al alcance de los servicios de seguridad que las empresas debían prestar. No obstante, el número de trabajadores consignado en determinados periodos debe analizarse junto con la documentación laboral y contractual pertinente para establecer si existió algún incumplimiento. COINCIDENCIAS EN LOS DOMICILIOS REGISTRADOS La investigación periodística también señaló coincidencias entre las direcciones registradas por Creta Security, Arsenal Security y el fundador de Morgan del Oriente. De acuerdo con el reportaje, los domicilios declarados por estas personas jurídicas y por el empresario vinculado con una de ellas conducirían a un mismo inmueble. La información fue presentada como un elemento adicional para examinar las relaciones entre las empresas involucradas. Por sí solas, las coincidencias de domicilio no demuestran la existencia de una infracción. Su relevancia dependerá de la documentación societaria, las relaciones empresariales acreditadas y cualquier otra evidencia que pueda ser evaluada por las autoridades competentes. ¿QUÉ RESPONDIÓ LA SUNAT? Según las publicaciones que recogieron el reportaje, la SUNAT no brindó declaraciones para la entrevista de Cuarto Poder. Sin embargo, la entidad habría señalado internamente que el marco normativo vigente de las contrataciones públicas no impide contratar con proveedores que mantengan deudas tributarias exigibles, independientemente del monto o de la antigüedad de

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Proponen prohibir vacantes simultáneas en carreras de universidades públicas

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El proyecto propone que las universidades públicas consulten el Sistema de Información Universitaria administrado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) antes de formalizar la matrícula de un postulante admitido. Para ello, se plantea incorporar un nuevo numeral al artículo 98 de la Ley Universitaria. La verificación permitiría comprobar si la persona registra matrícula vigente, matrícula suspendida o reserva de matrícula en otra carrera de pregrado dentro de una universidad pública. Si el sistema identifica alguna de estas situaciones, el postulante tendría que acreditar el retiro definitivo o la renuncia expresa a la vacante anterior. Solo después de cumplir esta condición podría formalizar su nueva matrícula, según el mecanismo propuesto. ¿QUÉ OCURRIRÍA SI UN ESTUDIANTE MANTIENE DOS VACANTES? La propuesta contempla consecuencias para los casos en los que se detecte que una persona conserva una vacante anterior después de haber formalizado una nueva matrícula. En ese supuesto, la universidad tendría que iniciar el procedimiento correspondiente para determinar si procede declarar la nulidad de la nueva matrícula. La decisión no sería automática: el proyecto establece que se deberá notificar al estudiante, garantizar su derecho de defensa y emitir una resolución debidamente motivada por la autoridad competente. Asimismo, el personal universitario encargado de verificar la situación académica podría asumir responsabilidad administrativa funcional si omite realizar la comprobación exigida por la propuesta. ¿QUÉ PASARÍA CON LOS ESTUDIANTES QUE YA TIENEN VACANTES SIMULTÁNEAS? El proyecto incluye una disposición transitoria dirigida a quienes ya mantienen vacantes en más de una carrera de pregrado en universidades públicas cuando la eventual ley entre en vigor. Estas personas tendrían un plazo de 60 días hábiles para elegir la carrera que continuarán cursando y formalizar el retiro o la renuncia a las demás vacantes. Si el estudiante no realiza la elección dentro del plazo establecido, la propuesta dispone que la universidad en la que registre menor avance curricular declare de oficio la pérdida de la vacante correspondiente. Esta disposición busca establecer una transición para los estudiantes que se encuentren en esa situación, aunque sus efectos dependerían de la aprobación definitiva de la iniciativa y de las condiciones que finalmente establezca el texto legal. SUNEDU TENDRÍA QUE ADECUAR SU SISTEMA DE INFORMACIÓN Para implementar el mecanismo de control, la iniciativa propone otorgar a la Sunedu un plazo máximo de 90 días calendario, contado desde la entrada en vigor de la eventual ley, para adecuar el Sistema de Información Universitaria. El propósito sería permitir la verificación interconectada y en tiempo real del estado de matrícula de los postulantes y estudiantes de las universidades públicas del país. Mientras se implementa este mecanismo tecnológico, las universidades tendrían que recurrir a declaraciones juradas y, cuando corresponda, comunicarse con la institución de origen para comprobar la situación del postulante. ¿QUÉ PLAZO TENDRÍA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN? La propuesta también encarga al Ministerio de Educación (Minedu) aprobar las disposiciones reglamentarias necesarias para la aplicación de la eventual ley. Para esta tarea se establece un plazo máximo de 60 días calendario. La reglamentación permitiría precisar los procedimientos de verificación, las responsabilidades de las universidades y los mecanismos para aplicar la restricción en el sistema universitario público. La adecuación tecnológica y normativa sería necesaria para que las instituciones puedan intercambiar información y comprobar oportunamente si un postulante conserva otra vacante. ¿POR QUÉ SE PLANTEA ESTA MEDIDA? En la exposición de motivos, el autor sostiene que la Ley Universitaria reconoce la gratuidad de la enseñanza para una sola carrera, pero no establece expresamente una prohibición general para conservar una vacante anterior mientras se accede a una segunda carrera en otra universidad pública. Según el argumento presentado, esta situación podría permitir que una misma persona mantenga dos vacantes disponibles mientras otros postulantes buscan ingresar al sistema universitario público. La iniciativa pretende establecer una regla uniforme para las universidades públicas y exigir que la renuncia a la vacante anterior se realice antes de formalizar una nueva matrícula. Se trata de la justificación expuesta por el autor del proyecto y no de una conclusión definitiva sobre los efectos que tendría la medida. ¿EL PROYECTO IMPEDIRÍA ESTUDIAR UNA SEGUNDA CARRERA? La propuesta se centra en impedir la conservación simultánea de vacantes, no en prohibir que una persona estudie más de una carrera a lo largo de su vida académica. En consecuencia, una persona podría optar por cambiar de carrera o iniciar otra después de culminar sus estudios anteriores, conforme a las reglas de admisión y matrícula aplicables. Lo que se busca regular es la permanencia simultánea de más de una vacante de pregrado en universidades públicas. Este punto es relevante para distinguir la restricción propuesta de una prohibición general de cursar una segunda profesión. El alcance definitivo dependerá del texto que eventualmente apruebe el Congreso. ¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA INICIATIVA? La medida se encuentra planteada en un proyecto de ley que debe seguir el procedimiento legislativo correspondiente. Por tanto, no constituye todavía una obligación general para los postulantes ni autoriza a las universidades a aplicar automáticamente las consecuencias propuestas como si ya fueran ley. Durante su trámite, la iniciativa podrá ser evaluada, debatida y modificada por las instancias parlamentarias competentes. Para que la restricción entre en vigor, deberá completarse el procedimiento de aprobación y publicación que corresponda. CONCLUSIÓN El proyecto busca establecer un mecanismo nacional para impedir que una persona conserve simultáneamente vacantes en más de una carrera de pregrado de universidades públicas. Para ello, plantea verificar el estado de matrícula mediante el sistema administrado por la Sunedu, exigir la renuncia a la vacante anterior y regular las consecuencias de los incumplimientos. La propuesta también contempla un plazo transitorio para que los estudiantes que ya se encuentren en esa situación elijan una carrera y regularicen sus matrículas. Sin embargo, la medida aún requiere continuar su trámite legislativo, por lo que sus disposiciones no deben confundirse con una prohibición actualmente vigente. Noticias Relacionadas Proponen prohibir vacantes simultáneas en carreras de universidades públicas octubre 24, 2026 El Gobierno peruano declaró días no laborables sujetos a compensación en ocho regiones

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Gobierno declara días no laborables en ocho regiones por visita del papa León XIV

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El Gobierno peruano declaró días no laborables sujetos a compensación en ocho regiones del país con motivo de la visita del papa León XIV, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 020-2026-TR, publicado el viernes 23 de octubre en el diario oficial El Peruano. La disposición comprende a trabajadores del sector público y privado, aunque las fechas, los horarios y las condiciones de aplicación varían según la región y el régimen laboral. El objetivo es facilitar la participación de la ciudadanía en las actividades programadas durante la visita del sumo pontífice. ¿CUÁLES SON LAS OCHO REGIONES COMPRENDIDAS? La norma establece días no laborables en Lima, la Provincia Constitucional del Callao, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Cusco y Ucayali. Sin embargo, no todas las regiones tendrán los mismos días de descanso ni se aplicarán las mismas condiciones a los trabajadores públicos y privados. Por ello, es importante revisar el cronograma establecido en el decreto antes de organizar actividades laborales o personales. LIMA Y CALLAO: TRES FECHAS ESTABLECIDAS En Lima y el Callao, los días no laborables serán el miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre, desde la 1:00 p. m. hasta las 12:00 de la medianoche. Asimismo, el lunes 16 de noviembre será no laborable durante toda la jornada. Estas disposiciones alcanzan tanto al sector público como al privado. En el caso de las empresas privadas, la aplicación está sujeta al acuerdo previo entre empleadores y trabajadores, conforme a las condiciones establecidas en la norma. CAJAMARCA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE Y PIURA En Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, los días no laborables compensables serán el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre de 2026. La disposición comprende a los trabajadores de los sectores público y privado. Estas fechas coinciden con las actividades previstas durante la visita papal en el norte del país y buscan facilitar la participación de las personas en los eventos programados. En estos departamentos también deberán observarse las reglas de compensación de horas, de acuerdo con el régimen laboral correspondiente y las disposiciones del Decreto Supremo N.° 020-2026-TR. CUSCO Y UCAYALI: ¿QUÉ DÍA SERÁ NO LABORABLE? Para Cusco y Ucayali, el domingo 15 de noviembre de 2026 ha sido declarado día no laborable compensable únicamente para los trabajadores del sector privado. Esta precisión es importante porque la disposición no extiende esa fecha al sector público en dichos departamentos. Por tanto, los trabajadores deberán verificar qué régimen les corresponde y si su centro de trabajo se acoge a la medida. ¿LOS DÍAS NO LABORABLES SON FERIADOS? No. Los días no laborables compensables no son equivalentes a los feriados nacionales. La principal diferencia es que las horas dejadas de trabajar deben recuperarse posteriormente, de acuerdo con las reglas aplicables a cada sector. Por ello, la declaración no supone automáticamente un descanso remunerado sin recuperación de horas. La norma establece un mecanismo de compensación para mantener el cumplimiento de las jornadas laborales correspondientes. ¿CÓMO DEBERÁN RECUPERARSE LAS HORAS EN EL SECTOR PÚBLICO? En las entidades públicas, las horas no trabajadas deberán compensarse dentro de los diez días inmediatos posteriores al día no laborable o en la oportunidad que determine el titular de cada entidad, teniendo en cuenta las necesidades del servicio. Esto significa que cada institución deberá organizar la recuperación de las horas conforme a sus requerimientos operativos y a las disposiciones establecidas en el decreto. Además, los responsables de las entidades públicas comprendidas en la medida deberán adoptar las acciones necesarias para garantizar la continuidad de los servicios indispensables para la comunidad. ¿QUÉ PASA CON LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO? En el sector privado, los centros de trabajo podrán acogerse a los días no laborables mediante un acuerdo previo entre el empleador y los trabajadores. En ese acuerdo también deberá establecerse cómo se recuperarán las horas que se dejen de laborar. Si no existe acuerdo sobre la forma de compensación, corresponderá al empleador determinarla, conforme al Decreto Supremo N.° 020-2026-TR. Por ello, los trabajadores deberán coordinar con sus empleadores la aplicación de la medida y la programación de las horas pendientes. La declaración de los días no laborables no significa que todas las empresas privadas deban cerrar automáticamente. ¿QUÉ ACTIVIDADES PODRÁN CONTINUAR OPERANDO? La norma contempla disposiciones para garantizar la continuidad de actividades económicas y servicios esenciales para la población. Entre ellas se encuentran los servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, comunicaciones, telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, hospedaje, restaurantes, seguridad, servicios financieros y expendio de alimentos, entre otras actividades señaladas en el decreto. Las entidades y empresas comprendidas podrán determinar los puestos de trabajo que deban continuar operando para asegurar la prestación de los servicios a la comunidad. ¿QUÉ ESTABLECE EL DECRETO SUPREMO N.° 020-2026-TR? El Decreto Supremo N.° 020-2026-TR establece las fechas y condiciones de los días no laborables compensables por la visita del papa León XIV al Perú. La norma también regula la recuperación de las horas no trabajadas y dispone medidas para garantizar la continuidad de los servicios públicos y de actividades económicas relevantes. La disposición fue refrendada por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, conforme al texto publicado en el diario oficial El Peruano. CONCLUSIÓN La declaración de días no laborables compensables por la visita del papa León XIV comprende ocho regiones del Perú, con fechas diferenciadas entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026. Mientras Lima y Callao tendrán jornadas parciales los días 11 y 12, además de un día completo el 16, cuatro regiones del norte tendrán descanso el 13 y 14, y Cusco y Ucayali aplicarán la medida el 15 únicamente para el sector privado. Los trabajadores deben tener presente que no se trata de feriados nacionales y que las horas no laboradas deberán recuperarse según las condiciones establecidas para el sector público o privado. Asimismo, los servicios esenciales y las actividades económicas señaladas en la norma podrán mantener la continuidad

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Colegios podrían separar definitivamente a estudiantes responsables de dos casos de violencia o acoso

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Una iniciativa legislativa plantea modificar la Ley N.° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, con el objetivo de fortalecer las medidas de prevención, protección y respuesta frente a los casos de violencia y acoso escolar. El Proyecto de Ley N.° 00459-2026-2031-CD propone establecer medidas correctivas y sanciones que tengan en cuenta tanto la gravedad de la conducta como la reiteración de los hechos. La iniciativa fue presentada por la diputada Catherin Palomino Casavilca. Separación definitiva ante dos actos graves o muy graves Uno de los principales planteamientos consiste en incorporar la separación definitiva de la institución educativa como una de las medidas que podrían aplicarse a un estudiante. De acuerdo con el proyecto, esta medida procedería cuando se haya determinado la responsabilidad del estudiante en dos actos de violencia o acoso escolar calificados como graves o muy graves, siempre que dichos hechos se encuentren registrados en el Libro de Registro de Incidencias. La propuesta no plantea que la separación se produzca automáticamente por una denuncia. Para aplicar esta medida tendría que existir una determinación de responsabilidad dentro del procedimiento correspondiente. La decisión tendría que estar motivada El proyecto establece que la separación definitiva requeriría una decisión motivada del Consejo Educativo Institucional (Conei) o del órgano responsable de la convivencia escolar. Además, antes de adoptar la medida deberán evaluarse los descargos del estudiante y los medios probatorios que acrediten tanto la responsabilidad como la reiteración de las conductas. La decisión podría ser impugnada. De esta manera, la iniciativa contempla determinadas garantías procedimentales antes de aplicar la medida más severa prevista en la propuesta. Un sistema de medidas según la gravedad El proyecto plantea que las instituciones educativas cuenten con diferentes alternativas para responder a los casos de violencia o acoso escolar. Entre las medidas propuestas figuran la amonestación escrita, la participación obligatoria en consejería, psicología u orientación especializada, la prohibición de acercamiento o comunicación digital con la víctima, el cambio de aula, sección o turno, la restricción temporal de actividades extracurriculares, la separación temporal y la separación definitiva. La aplicación de estas medidas estaría vinculada con la gravedad y reiteración de las conductas. ¿Qué casos comprendería la propuesta? La iniciativa también plantea ampliar el ámbito de aplicación de la Ley N.° 29719. Según el proyecto, la regulación comprendería hechos ocurridos dentro de la institución educativa, en sus inmediaciones y durante el trayecto entre el colegio y el hogar. También se incluirían hechos ocurridos fuera de la institución cuando tengan relación con la convivencia escolar, así como aquellos producidos durante actividades organizadas, promovidas o supervisadas por el colegio y durante el transporte de estudiantes. Rol del Ministerio de Educación La propuesta asigna nuevas responsabilidades al Ministerio de Educación (Minedu). Entre ellas se encuentra la reglamentación de la calificación de los actos de violencia y acoso escolar como leves, graves o muy graves, además de establecer reglas para la aplicación proporcional de las medidas correctivas y sanciones. El Minedu también debería reglamentar el procedimiento para impugnar las decisiones adoptadas en estos casos. Plazos para atender las denuncias El proyecto establece obligaciones específicas para el Consejo Educativo Institucional. Ante una denuncia de violencia, intimidación, hostigamiento, discriminación, difamación u otras manifestaciones de acoso, el Conei debería reunirse dentro de los dos días siguientes para investigar el caso. Asimismo, la propuesta contempla que la denuncia sea resuelta en un plazo máximo de siete días. Obligaciones de docentes y personal educativo La iniciativa mantiene el deber de docentes y personal de las instituciones educativas de detectar, atender y denunciar de inmediato los hechos de violencia y acoso escolar ante el órgano correspondiente. El objetivo es establecer una actuación rápida frente a situaciones que puedan afectar la integridad y los derechos de los estudiantes. Protección para quienes denuncien Otro de los cambios planteados consiste en incorporar disposiciones específicas para proteger a las personas que intervengan en procedimientos relacionados con violencia o acoso escolar. El proyecto señala que quienes denuncien, comuniquen o participen en estos procedimientos no podrán ser objeto de amenazas, intimidación, hostigamiento o represalias. En el caso de docentes y personal educativo, la propuesta también contempla protección frente a despidos o afectaciones de sus derechos laborales cuando su actuación corresponda al cumplimiento de estas obligaciones. Cifras sobre violencia escolar Como parte de la fundamentación de la propuesta, se citan cifras de violencia escolar registradas durante los últimos años. Entre enero y agosto de 2026 se habrían registrado 11 791 reportes de violencia escolar en la plataforma SíseVe. Para 2025, el proyecto refiere 19 750 casos, de los cuales 8524 correspondieron a violencia física, 7719 a violencia psicológica y 3507 a violencia sexual. La iniciativa también cita información de la ENARES 2024, según la cual 46 de cada 100 adolescentes de entre 12 y 17 años experimentaron violencia psicológica, física o sexual por parte de un compañero de colegio. La separación definitiva no sería automática Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que la separación definitiva estaría condicionada a la determinación de responsabilidad. Por ello, una denuncia o acusación por sí sola no sería suficiente para aplicar esta medida. El proyecto exige que exista una evaluación de los medios probatorios, los descargos correspondientes y la acreditación de la reiteración de dos actos calificados como graves o muy graves. Registro de los casos de violencia El proyecto vincula la aplicación de la separación definitiva con los hechos que hayan sido registrados en el Libro de Registro de Incidencias. Este requisito busca que la reiteración de las conductas pueda ser acreditada mediante registros formales dentro de la institución educativa y no únicamente mediante referencias informales o antecedentes no documentados. Adecuación de los reglamentos escolares De aprobarse la iniciativa, las instituciones educativas públicas y privadas tendrían que adecuar sus reglamentos internos y sus normas de convivencia. El proyecto también plantea que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, adecúe el reglamento de la Ley N.° 29719 y las demás normas, lineamientos y protocolos relacionados con la convivencia escolar. Plazo de

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Gobierno oficializa aumento del sueldo mínimo a S/ 1,230 desde el 1 de octubre

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El Gobierno oficializó el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. De acuerdo con el Decreto Supremo N.° 015-2026-TR, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el sueldo mínimo pasará de S/ 1,130 a S/ 1,230 a partir del 1 de octubre de 2026. La medida forma parte de un incremento progresivo que elevará posteriormente la RMV hasta S/ 1,300, mediante un segundo tramo de S/ 70 que deberá establecerse durante el primer semestre de 2027. Primer incremento será de S/ 100 El Decreto Supremo N.° 015-2026-TR establece que el primer tramo del reajuste será de S/ 100, por lo que la remuneración mínima pasará de S/ 1,130 a S/ 1,230. Este nuevo monto comenzará a regir desde el 1 de octubre de 2026 para los trabajadores comprendidos en el régimen laboral de la actividad privada. El incremento representa el primer componente de un reajuste total de S/ 170, cuyo objetivo es llevar la RMV hasta S/ 1,300. RMV llegará a S/ 1,300 en dos tramos La norma establece que el aumento total se realizará en dos etapas. El primer tramo corresponde a los S/ 100 adicionales que elevan la RMV a S/ 1,230 desde octubre. El segundo contempla un incremento adicional de S/ 70, con el cual la remuneración mínima llegará a S/ 1,300. Este segundo aumento deberá ser establecido mediante un nuevo decreto supremo durante el primer semestre de 2027. ¿A quiénes se aplica el incremento? El reajuste está dirigido a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, conforme a lo establecido expresamente en el Decreto Supremo N.° 015-2026-TR. La norma precisa que corresponde al Estado fijar la remuneración mínima de los trabajadores de este régimen, en el marco de las competencias atribuidas al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Incremento fue establecido mediante decreto supremo El nuevo monto de la remuneración mínima fue oficializado mediante el Decreto Supremo N.° 015-2026-TR, publicado el 28 de septiembre de 2026 en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano. La norma señala que el reajuste se realiza en el marco del diálogo social y la consulta tripartita. Asimismo, recoge el consenso alcanzado en la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo del 3 de septiembre de 2026. Efectos en otros conceptos laborales El incremento de la RMV también tiene incidencia en determinados conceptos laborales vinculados directamente con el sueldo mínimo. Entre ellos se encuentran la asignación familiar, que equivale al 10 % de la RMV, así como la remuneración mínima por trabajo nocturno y determinados montos aplicables a modalidades formativas laborales. También puede repercutir en beneficios sociales cuando la remuneración del trabajador se encuentra directamente vinculada al nuevo monto mínimo. Medida contempla apoyo para micro y pequeñas empresas Como parte de las medidas anunciadas junto con el incremento de la remuneración mínima, el Gobierno informó sobre un bono de S/ 100 por cada trabajador para micro y pequeñas empresas que cuenten con entre dos y diez trabajadores. Según lo informado por El Peruano, este apoyo está previsto para ser entregado durante octubre como medida de acompañamiento para la implementación del incremento. Incremento beneficiará a trabajadores de la actividad privada De acuerdo con información difundida por El Peruano, el incremento de la remuneración mínima alcanzará a aproximadamente 600 mil trabajadores, según lo señalado por la Presidencia de la República. Con la aplicación del primer tramo, los trabajadores comprendidos en la medida tendrán una RMV de S/ 1,230 desde octubre, mientras que el segundo tramo deberá concretarse posteriormente para alcanzar el monto de S/ 1,300. Nuevo monto empieza a regir desde octubre El aumento de la remuneración mínima entrará en vigencia el 1 de octubre de 2026, por lo que desde esa fecha los empleadores comprendidos en el ámbito de aplicación de la norma deberán considerar el nuevo monto de S/ 1,230 como remuneración mínima. El reajuste constituye la primera etapa del incremento dispuesto por el Poder Ejecutivo, quedando pendiente la implementación del segundo tramo de S/ 70 durante el primer semestre de 2027.  Fuente normativa principal: Decreto Supremo N.° 015-2026-TR — El PeruanoFuente complementaria: Diario Oficial El Peruano — aumento de la RMV   Noticias Relacionadas Gobierno oficializa aumento del sueldo mínimo a S/ 1,230 septiembre 30, 2026 La organización Proética, a través de su Oficina Legal Anticorrupción (OLA), impulsó la conformación de un grupo de expertos encargado de analizar diversas normas penales y procesales aprobadas o Proética impulsa grupo de expertos para evaluar leyes penales septiembre 30, 2026 La organización Proética, a través de su Oficina Legal Anticorrupción (OLA), impulsó la conformación de un grupo de expertos encargado de analizar diversas normas penales y procesales aprobadas o SUNARP aprueba primer Reglamento de Inscripciones del Registro Personal septiembre 29, 2026 La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) aprobó el primer Reglamento de Inscripciones del Registro Personal (RIRP), mediante la Resolución de la Superintendencia Nacional de los

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¡Dinero a cambio de renunciar! gobierno propone incentivos económicos para la salida voluntaria de trabajadores del estado

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  El Gobierno presentó ante el Congreso una propuesta para establecer incentivos económicos dirigidos a los servidores públicos que decidan voluntariamente dejar sus puestos de trabajo, como parte de un proceso de reorganización y modernización del servicio civil. La medida forma parte del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. La iniciativa busca reorganizar los recursos humanos de las entidades públicas y determinar con mayor precisión cuáles son las plazas que realmente resultan necesarias para el funcionamiento del Estado. De acuerdo con la propuesta, el beneficio económico estaría dirigido exclusivamente a quienes decidan acogerse libremente a la salida. Es decir, el mecanismo planteado no sería un despido automático ni permitiría, por sí mismo, separar unilateralmente a trabajadores que cuentan con estabilidad laboral. La propuesta busca reducir y reorganizar la planilla estatal Uno de los objetivos centrales de la iniciativa es reorganizar la estructura de trabajadores que actualmente existe dentro de las diferentes entidades públicas. El Gobierno plantea que las instituciones puedan sincerar sus necesidades de personal y determinar qué plazas son necesarias para garantizar la prestación adecuada de los servicios públicos. La propuesta parte de la existencia de diferentes regímenes laborales dentro del Estado, situación que ha generado diferencias en derechos, beneficios y condiciones laborales entre servidores que realizan funciones similares. El retiro sería voluntario Uno de los aspectos más importantes de la propuesta es que la salida tendría carácter voluntario. Esto significa que el trabajador podría decidir si acepta o no el incentivo ofrecido por el Estado para dejar su puesto. El Ejecutivo ha precisado que la delegación solicitada no comprende la facultad para disponer el despido o destitución de trabajadores que gozan de estabilidad laboral. Por ello, la iniciativa busca establecer un mecanismo de salida acordada y no una herramienta para realizar ceses forzosos. ¿Cómo se calcularía el incentivo económico? La propuesta plantea utilizar como referencia la protección económica reconocida en el régimen laboral de la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo N.° 728. Según la información difundida sobre la iniciativa, la referencia utilizada sería una remuneración y media por cada año de servicios, con un límite máximo de 12 remuneraciones. Sin embargo, es importante precisar que esta fórmula constituye un parámetro para establecer el incentivo y no significa que el Gobierno esté creando una modalidad de despido indemnizado para los servidores públicos. Ejemplo de cómo funcionaría el incentivo Por ejemplo, tomando como referencia la fórmula planteada, un trabajador que perciba S/ 4,000 mensuales y tenga cinco años de servicio podría recibir un incentivo equivalente a 7,5 remuneraciones, es decir, S/ 30,000. Si tuviera diez años de servicio, el cálculo teórico alcanzaría 15 remuneraciones. Sin embargo, al existir un límite máximo de 12 remuneraciones, el incentivo no superaría los S/ 48,000 en ese ejemplo. El monto definitivo dependerá de las reglas que eventualmente sean aprobadas y de las condiciones que establezca la normativa correspondiente. No se trataría de un despido con indemnización Uno de los puntos que genera mayor interés en la propuesta es la diferencia entre una salida voluntaria y un despido. El esquema planteado busca que el servidor decida libremente si acepta el beneficio y deja su puesto. Por ello, la referencia al Decreto Legislativo 728 serviría principalmente para calcular el incentivo económico y no para establecer que el trabajador pueda ser despedido unilateralmente recibiendo una compensación. El Estado tiene varios regímenes laborales Actualmente, dentro de la administración pública conviven diferentes modalidades y regímenes laborales. Entre ellos se encuentran los trabajadores sujetos a los decretos legislativos 276 y 728, los servidores contratados bajo el régimen CAS establecido por el Decreto Legislativo 1057 y quienes pertenecen al régimen del Servicio Civil regulado por la Ley N.° 30057. Esta diversidad es uno de los argumentos utilizados para impulsar una reorganización del servicio civil. Buscan ordenar los recursos humanos del Estado La propuesta también tiene como finalidad ordenar la gestión de recursos humanos dentro de las instituciones públicas. El Ejecutivo plantea fortalecer la meritocracia, establecer estándares de idoneidad y reorganizar las estructuras, funciones y procesos de las entidades para mejorar la prestación de los servicios públicos. En ese contexto, los incentivos para la salida voluntaria serían solamente uno de los mecanismos contemplados dentro de una reforma más amplia. La reforma apunta a modernizar el servicio civil El Gobierno sostiene que la modernización del servicio civil requiere revisar la manera en que se organiza actualmente la administración pública. La propuesta busca que las entidades cuenten con estructuras de personal adecuadas a sus necesidades y que los recursos humanos sean distribuidos de manera más eficiente. También se plantea fortalecer criterios de mérito para el acceso, ascenso y capacitación de los trabajadores del Estado. ¿Quiénes podrían acogerse al beneficio? La propuesta inicial establece el carácter voluntario del mecanismo, pero los alcances concretos respecto de los grupos de trabajadores que podrían acceder al incentivo deberán definirse en la regulación correspondiente. Información difundida sobre el proyecto señala que el planteamiento contempla a determinados servidores sujetos a regímenes como el CAS a plazo indeterminado, el régimen 276 y trabajadores del régimen 728 a plazo indeterminado. No obstante, las condiciones definitivas dependerán del contenido de la norma que eventualmente se apruebe. El Gobierno busca identificar plazas realmente necesarias La reorganización planteada parte de la necesidad de determinar cuántas plazas requiere realmente cada entidad pública. El objetivo es evitar duplicidad de funciones y procurar que la estructura de personal responda a las necesidades de los servicios que brinda cada institución. En ese sentido, la salida voluntaria podría ser utilizada como una herramienta para reducir progresivamente plazas que sean consideradas innecesarias dentro del proceso de reorganización. La medida genera debate entre trabajadores públicos La posibilidad de recibir un incentivo económico a cambio de renunciar podría generar diferentes posiciones entre los trabajadores del Estado. Para algunos servidores, el mecanismo podría representar una oportunidad para obtener una compensación y emprender una nueva actividad laboral o empresarial. Para otros, existe preocupación respecto de las condiciones bajo las cuales se aplicaría la medida y sobre la posibilidad de que

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Nuevos viceministros del MTPE presentan estrategia para reducir la informalidad y promover el empleo formal

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Los nuevos viceministros del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) presentaron una estrategia orientada a reducir la informalidad laboral y promover la generación de empleo formal en el país. La propuesta forma parte de las prioridades planteadas para fortalecer las políticas públicas vinculadas al mercado laboral y mejorar las oportunidades de los trabajadores. La presentación de esta estrategia se produce en un contexto en el que la informalidad continúa siendo uno de los principales desafíos del mercado laboral peruano. Una parte importante de la población ocupada desarrolla sus actividades sin acceder plenamente a los beneficios y mecanismos de protección asociados a un empleo formal, situación que plantea importantes retos para las autoridades responsables de las políticas laborales. La informalidad laboral como desafío para el país La informalidad constituye un problema que no solamente está relacionado con las condiciones en las que trabajan las personas, sino también con la capacidad del país para generar empleos sostenibles y ampliar la cobertura de los derechos laborales. Los trabajadores que se encuentran fuera de la formalidad pueden enfrentar mayores dificultades para acceder a beneficios laborales, mecanismos de protección social y condiciones adecuadas de empleo. Al mismo tiempo, la informalidad representa un desafío para las empresas y para el Estado, debido a que dificulta la consolidación de un mercado laboral con reglas claras y mayores niveles de protección. Frente a este escenario, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo busca impulsar medidas que permitan avanzar progresivamente hacia una mayor formalización de las relaciones laborales, considerando las características de los trabajadores y empleadores de los diferentes sectores económicos. Promoción del empleo formal y mejores oportunidades laborales Uno de los principales objetivos de la estrategia presentada por los nuevos viceministros es promover la creación y fortalecimiento del empleo formal. Para ello, se plantea la necesidad de desarrollar políticas que favorezcan la incorporación de más trabajadores al mercado laboral formal y que, al mismo tiempo, permitan generar condiciones adecuadas para que las empresas puedan contratar dentro del marco establecido por la legislación. La promoción del empleo formal también está vinculada con la necesidad de mejorar las oportunidades de acceso al trabajo. En este sentido, las políticas públicas deben considerar aspectos como la capacitación, la empleabilidad, la intermediación laboral y la articulación entre las necesidades de los empleadores y las capacidades de los trabajadores. El fortalecimiento de estos mecanismos puede contribuir a que más personas encuentren oportunidades de empleo y cuenten con mejores condiciones para desarrollar sus actividades laborales. Una estrategia que busca fortalecer las políticas de empleo La nueva estrategia del MTPE plantea la importancia de fortalecer las políticas públicas relacionadas con el empleo y las relaciones laborales. Para alcanzar este objetivo, resulta necesario articular las diferentes acciones del sector y establecer mecanismos que permitan evaluar los avances en materia de formalización. El trabajo del Ministerio también implica establecer una mayor coordinación con otros sectores del Estado, gobiernos regionales y locales, así como con representantes del sector privado y de los trabajadores. Esta articulación resulta importante debido a que la informalidad tiene múltiples causas y características que varían de acuerdo con la actividad económica y la realidad de cada región. En este escenario, las medidas destinadas a reducir la informalidad requieren una visión integral que combine la promoción del empleo, el fortalecimiento de las capacidades laborales y la generación de condiciones que favorezcan el crecimiento de las actividades económicas formales. El papel de las empresas en la formalización laboral La reducción de la informalidad también representa un desafío para las empresas, especialmente para aquellas unidades económicas que enfrentan dificultades para incorporarse plenamente al sistema formal. La generación de incentivos y mecanismos que faciliten el cumplimiento de las obligaciones laborales puede contribuir a que más empleadores puedan desarrollar sus actividades dentro del marco legal. De esta manera, la formalización no solamente debe ser entendida como una obligación, sino también como parte de un proceso que permita fortalecer la productividad y sostenibilidad de las empresas. En paralelo, los trabajadores necesitan contar con información adecuada sobre sus derechos y las condiciones que corresponden a un empleo formal. El acceso a esta información puede contribuir a una mayor comprensión de las obligaciones y responsabilidades que existen dentro de una relación laboral. Nuevos viceministros y los retos de la gestión laboral La presentación de esta estrategia representa uno de los primeros desafíos para los nuevos viceministros del MTPE, quienes tendrán la responsabilidad de impulsar las políticas correspondientes a sus respectivas áreas y contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos por el sector. Entre los principales retos se encuentra la necesidad de generar resultados concretos en materia de empleo y formalización, especialmente en un mercado laboral caracterizado por diferencias entre sectores económicos y regiones del país. El fortalecimiento de los servicios públicos de empleo, la capacitación de los trabajadores y la implementación de medidas que faciliten la formalización pueden constituir elementos importantes dentro de este proceso. La importancia de fortalecer el mercado laboral Contar con un mercado laboral más formal puede generar beneficios tanto para los trabajadores como para las empresas y el Estado. Para los trabajadores, representa mayores posibilidades de acceder a los derechos y beneficios establecidos por la legislación laboral. Para las empresas, puede contribuir a desarrollar relaciones laborales más estables y transparentes. Desde la perspectiva del Estado, una mayor formalización permite fortalecer los mecanismos de protección laboral y mejorar la capacidad institucional para implementar políticas públicas dirigidas a los trabajadores. Por ello, la reducción de la informalidad requiere acciones sostenidas y una evaluación permanente de los resultados obtenidos. Las estrategias deben responder a las características reales del mercado laboral y considerar las dificultades que enfrentan tanto los trabajadores como los empleadores. El desafío de generar empleo formal en el Perú El reto para el MTPE será convertir la estrategia anunciada en medidas concretas que permitan generar mayores oportunidades de empleo formal y reducir progresivamente la informalidad. La implementación de estas políticas requerirá coordinación entre las instituciones públicas, el sector privado y los trabajadores, además de mecanismos que

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