Administrativo

El Tribunal Constitucional (TC) analizó la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la Ley N.º 32537, norma que amplió el plazo del proceso de formalización minera integral y estableció medidas relacionadas con el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La demanda cuestiona la compatibilidad de dicha disposición con la Constitución Política del Perú, particularmente por sus posibles efectos sobre la protección del medio ambiente, los recursos naturales y las obligaciones del Estado frente a la actividad minera informal. Durante la sesión correspondiente, el máximo intérprete de la Constitución examinó los argumentos expuestos en el proceso, en el marco de sus competencias para controlar la constitucionalidad de las normas con rango de ley. ¿QUÉ ESTABLECE LA LEY 32537? La Ley N.º 32537 modificó las disposiciones relacionadas con el proceso de formalización minera integral y amplió el plazo del REINFO hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma también incorporó disposiciones orientadas a continuar con el procedimiento de formalización de los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales que se encuentran inscritos en el registro. Esta ampliación generó cuestionamientos respecto de la eficacia del proceso de formalización y de las consecuencias que puede producir la permanencia de operadores mineros que todavía no han culminado los requisitos exigidos para desarrollar actividades formalmente. ¿POR QUÉ EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LORETO PRESENTÓ LA DEMANDA? El Colegio de Abogados de Loreto cuestiona la constitucionalidad de la ampliación del REINFO y plantea que la disposición debe ser examinada frente a los principios y derechos reconocidos por la Constitución. Entre los aspectos jurídicos materia de controversia se encuentran la protección del medio ambiente, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el deber estatal de garantizar que las actividades económicas se desarrollen dentro del marco legal. El cuestionamiento también se relaciona con la necesidad de evitar que las sucesivas ampliaciones del proceso de formalización terminen debilitando los mecanismos de control y fiscalización de la actividad minera. ¿QUÉ DEBE EVALUAR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL? El Tribunal Constitucional deberá determinar si las disposiciones cuestionadas de la Ley N.º 32537 respetan los límites establecidos por la Constitución. Para ello, corresponde examinar los argumentos de la parte demandante y la posición de las instituciones que intervienen en el proceso, considerando los principios constitucionales relacionados con la protección ambiental, la legalidad y la regulación de los recursos naturales. La evaluación constitucional no se limita a determinar si el Congreso tenía competencia para aprobar una ampliación del proceso de formalización, sino que también comprende el análisis de si el contenido de la norma resulta compatible con los derechos, principios y deberes constitucionales. ¿LA LEY 32537 FUE DECLARADA INCONSTITUCIONAL? No. La realización de una audiencia o sesión de análisis de la demanda no significa que la Ley N.º 32537 haya sido declarada inconstitucional. El Tribunal Constitucional deberá emitir el pronunciamiento correspondiente conforme al procedimiento establecido para los procesos de inconstitucionalidad. En caso de declararse fundada la demanda, el alcance de la decisión dependerá de los fundamentos y disposiciones que sean objeto de control constitucional. Mientras no exista una sentencia que disponga lo contrario, no corresponde afirmar que la ampliación del REINFO ha sido anulada. ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE ESTE PROCESO? El proceso resulta relevante porque permitirá examinar los límites constitucionales de las medidas legislativas destinadas a ampliar los plazos de formalización minera. Asimismo, pone en debate la obligación del Estado de promover la formalización de las actividades mineras de pequeña escala sin dejar de garantizar la protección del medio ambiente, la fiscalización y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. La decisión que adopte el Tribunal Constitucional permitirá establecer los alcances constitucionales de la Ley N.º 32537 y sus efectos sobre el proceso de formalización minera en el país. Noticias Relacionadas TC analiza demanda contra la ampliación del REINFO presentada noviembre 13, 2026 La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que propone modificar el Decreto Legislativo 1373, Ley de Extinción de Dominio, con la finalidad de restablecer la autonomía de este procedimiento y Proponen incorporar educación vial y normas de tránsito en noviembre 11, 2026 El diputado Marco Antonio Pacheco Quispe, integrante de la bancada de Fuerza Popular, presentó el Proyecto de Ley N.º 00821-2026-2031-CD, que propone incorporar la educación vial y de tránsito como Juez ordena a expareja cubrir gastos del embarazo tras noviembre 10, 2026 El Poder Judicial dictó medidas urgentes de protección a favor de una mujer gestante de 35 años que denunció a su expareja por presuntamente ejercer presiones psicológicas para que interrumpiera su

El proceso para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) enfrenta cuestionamientos luego de que dos postulantes observaran 12 preguntas del examen de conocimientos organizado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Las objeciones apuntan a presuntas ambigüedades, problemas de formulación y claves de respuesta que, según los participantes, requerirían una revisión. El cuestionamiento se produce después de que, en la evaluación realizada el 9 de octubre de 2026, solo uno de los diez postulantes alcanzara el puntaje necesario para continuar en el concurso público. Según los resultados difundidos, Carlos Martín Loyola Escajadillo obtuvo 92 puntos y pasó a la siguiente etapa. <Cite refs={[«turn452431search3″,»turn452431search6»]}/> Doce preguntas bajo cuestionamiento Los postulantes que formularon las observaciones sostienen que 12 preguntas de la evaluación presentarían problemas que podrían afectar la claridad y la objetividad de la prueba. De acuerdo con los cuestionamientos difundidos, estas preguntas equivaldrían a 24 puntos de los 100 posibles. Entre los aspectos señalados figuran enunciados que considerarían ambiguos, alternativas de respuesta que podrían generar interpretaciones distintas y claves que los postulantes consideran discutibles. Estas observaciones constituyen cuestionamientos de los participantes y no deben entenderse como errores oficialmente declarados por la JNJ. Solo un postulante superó la evaluación La controversia adquirió relevancia luego de conocerse que nueve de los diez participantes no avanzaron tras la evaluación de conocimientos. La JNJ informó que Carlos Martín Loyola Escajadillo obtuvo 92 puntos, convirtiéndose en el único postulante habilitado para continuar en el concurso de la Convocatoria N.° 006-2026-SN/JNJ. <Cite refs={[«turn741670search3″,»turn741670search6»]}/> El resultado ha generado atención sobre los criterios de elaboración y calificación de la prueba, especialmente por tratarse de un proceso destinado a seleccionar a la máxima autoridad de la ONPE, organismo responsable de planificar, organizar y ejecutar los procesos electorales en el país. Piden transparencia en la selección del jefe de la ONPE Las observaciones planteadas reavivan el debate sobre la necesidad de que los procesos de selección de altos funcionarios públicos sean verificables y se desarrollen bajo criterios claros, objetivos y previamente establecidos. En este contexto, el pedido de transparencia se relaciona con la posibilidad de conocer los fundamentos técnicos de las preguntas cuestionadas, los criterios utilizados para establecer las respuestas correctas y las medidas que la JNJ pudiera adoptar frente a las observaciones presentadas. La publicidad de la información pertinente permitiría que la ciudadanía comprenda cómo se desarrolló la evaluación, sin que ello implique anticipar que existieron irregularidades ni desconocer los resultados oficiales mientras no se emita una decisión sobre los cuestionamientos. ¿Qué ha informado la JNJ sobre el examen? La JNJ comunicó que la evaluación de conocimientos de la segunda convocatoria se realizó el 9 de octubre con la participación de diez postulantes. La jornada contó con un notario público y un representante de la Fiscalía de Prevención del Delito, como parte de las medidas de supervisión del proceso. <Cite refs={[«turn452431search3″,»turn741670search11»]}/> La institución señaló que el concurso continuaría con las siguientes etapas previstas en las bases. Sin embargo, la información oficial consultada sobre la realización del examen no constituye, por sí sola, una respuesta específica a cada una de las observaciones formuladas contra las 12 preguntas. La importancia de la evaluación para la ONPE La jefatura de la ONPE tiene a su cargo funciones fundamentales para el desarrollo de los procesos electorales, entre ellas la planificación de las operaciones, la organización de la votación y el procesamiento de los resultados dentro de las competencias legales de la institución. Por ello, la selección de quien asumirá ese cargo resulta relevante para el funcionamiento del sistema electoral. El concurso debe desarrollarse conforme a las bases, los requisitos establecidos y los principios de mérito, imparcialidad y transparencia que rigen la selección de funcionarios públicos. ¿Qué puede ocurrir con las preguntas observadas? El efecto de los cuestionamientos dependerá de las reglas aplicables al concurso, del contenido de las observaciones presentadas y de la respuesta que corresponda emitir a la JNJ. Para determinar si procede alguna medida, será necesario conocer los argumentos técnicos y la decisión formal de la entidad. Asimismo, debe distinguirse entre presentar una observación o impugnación y obtener una decisión favorable. La sola existencia de cuestionamientos no demuestra que las preguntas sean incorrectas ni que los resultados deban modificarse. Conclusión El examen para seleccionar al nuevo jefe de la ONPE quedó bajo cuestionamiento luego de que dos postulantes observaran 12 preguntas por presuntas ambigüedades, defectos de formulación y posibles errores en las respuestas. Según lo señalado por los participantes, las preguntas representarían 24 de los 100 puntos posibles. La controversia se produce después de que solo uno de los diez postulantes aprobara la evaluación de conocimientos. La atención se centra ahora en la transparencia del proceso, la fundamentación técnica de las preguntas y la respuesta que pudiera emitir la JNJ frente a las observaciones, sin dar por acreditadas irregularidades mientras no exista un pronunciamiento correspondiente. Noticias Relacionadas Cuestionan examen de la JNJ para elegir al nuevo octubre 16, 2026 El Gobierno peruano oficializó el nombramiento del escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Estados Unidos, mediante la Resolución Suprema Álvaro Vargas Llosa es nombrado embajador del Perú en octubre 14, 2026 El Gobierno peruano oficializó el nombramiento del escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Estados Unidos, mediante la Resolución Suprema Minedu propone prohibir maquillaje, uñas pintadas y cabello teñido octubre 13, 2026 El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció nuevas restricciones sobre la presentación personal de los estudiantes de instituciones educativas públicas del Perú. Las medidas contemplan

El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció nuevas restricciones sobre la presentación personal de los estudiantes de instituciones educativas públicas del Perú. Las medidas contemplan limitar el uso de maquillaje, las uñas pintadas y el cabello teñido o excesivamente largo, además de establecer criterios para el uso de las faldas del uniforme escolar. Los anuncios se realizaron el 12 de octubre de 2026, durante una actividad en la institución educativa Felipe Santiago Estenos, en Chaclacayo. <Cite refs={[«turn227848search1″,»turn227848search2″,»turn227848search5»]}/> Minedu plantea nuevas reglas de presentación personal De acuerdo con las declaraciones del titular del Ministerio de Educación (Minedu), las restricciones formarán parte de nuevos lineamientos para la gestión de la disciplina escolar. La propuesta busca establecer criterios sobre la apariencia de los estudiantes durante las actividades educativas en los colegios públicos. Entre las disposiciones anunciadas se encuentran la prohibición del maquillaje y del pintado de uñas, así como restricciones al cabello teñido y a los cortes considerados excesivamente largos. Sin embargo, los parámetros específicos deberán conocerse a través del documento normativo correspondiente. ¿Qué ocurrirá con el cabello teñido y los cortes largos? El ministro señaló que los estudiantes de instituciones públicas deberán respetar las reglas que se establezcan sobre el cabello. La propuesta incluye restricciones tanto al uso de tintes como al largo del cabello, aunque todavía deben precisarse los criterios que determinarán qué estilos estarán permitidos. La definición de estos parámetros será importante para que los colegios puedan aplicar las disposiciones de manera uniforme y evitar interpretaciones diferentes entre instituciones educativas. También se establecerían criterios para las faldas escolares Otro de los aspectos anunciados está relacionado con el largo de las faldas del uniforme escolar. Chang indicó que los lineamientos contemplarían una medida adecuada para esta prenda, como parte de las reglas de presentación personal. No obstante, durante el anuncio no se precisó una longitud concreta ni se detallaron los mecanismos para verificar su cumplimiento. Estos aspectos deberán ser aclarados en la versión definitiva de la normativa. ¿Las restricciones alcanzarán a los colegios privados? Según las declaraciones difundidas por el ministro, las nuevas disposiciones sobre presentación personal estarán dirigidas a las instituciones educativas públicas. En el caso de los colegios privados, estos podrán establecer sus propias reglas internas sobre vestimenta y apariencia, dentro del marco normativo aplicable. <Cite refs={[«turn227848search2″,»turn227848search3»]}/> La diferencia supone que las instituciones públicas deberán adecuarse a los lineamientos que finalmente se aprueben, mientras que los centros privados conservarán el margen de autonomía que les reconoce la normativa educativa. Los colegios públicos tendrían que adecuar sus reglamentos internos De acuerdo con la información publicada sobre el anuncio, se prevé que las instituciones educativas públicas cuenten con un plazo de 30 días para adecuar sus reglamentos internos una vez que los lineamientos sean aprobados y entren en vigor. La adaptación comprendería las disposiciones relacionadas con la presentación personal y la disciplina escolar. No obstante, el cómputo del plazo y las condiciones concretas de cumplimiento deberán verificarse en el texto oficial definitivo. Las medidas forman parte de nuevos lineamientos de disciplina escolar Las restricciones anunciadas no se limitan a la apariencia de los estudiantes. Forman parte de un conjunto más amplio de lineamientos orientados a regular la disciplina y la convivencia en las instituciones educativas. En la presentación realizada por las autoridades también se abordaron medidas relacionadas con la actuación de directores y docentes frente a faltas graves, así como mecanismos para responder a situaciones de violencia y acoso escolar. Los alcances específicos dependerán de las disposiciones que finalmente se aprueben. El Gobierno deberá precisar cómo se aplicarán las reglas Para que los colegios puedan implementar las nuevas disposiciones, será necesario conocer los criterios definitivos, el ámbito de aplicación y los procedimientos previstos para su cumplimiento. También será relevante que las reglas sean comunicadas de manera clara a las familias, los estudiantes, los docentes y los directivos, a fin de que la comunidad educativa conozca las obligaciones que correspondan y los mecanismos establecidos para atender eventuales controversias. ¿La prohibición ya está vigente? El anuncio ministerial y la presentación de una propuesta normativa no equivalen, por sí solos, a la entrada en vigor de una nueva obligación. La información difundida señala que los lineamientos serían sometidos a prepublicación para recibir aportes antes de su aprobación definitiva. <Cite refs={[«turn227848search1″,»turn227848search4″,»turn227848search5»]}/> Por ello, la aplicación obligatoria de las restricciones deberá determinarse a partir de la publicación y entrada en vigor de la norma correspondiente. Hasta entonces, es necesario distinguir entre las medidas anunciadas por el ministro y las disposiciones formalmente aprobadas. Conclusión El Ministerio de Educación anunció nuevas reglas de presentación personal para estudiantes de colegios públicos, que incluirían restricciones al maquillaje, las uñas pintadas y el cabello teñido o excesivamente largo, además de criterios sobre el uniforme escolar. La propuesta forma parte de los lineamientos para la gestión de la disciplina escolar. Sus alcances definitivos, los parámetros específicos y la fecha de aplicación deberán confirmarse con la publicación de la normativa aprobada. Noticias Relacionadas Minedu propone prohibir maquillaje, uñas pintadas y cabello teñido octubre 13, 2026 El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó el domingo 6 de diciembre de 2026 como fecha para la realización de la Segunda Elección Regional (SER 2026), en aquellas circunscripciones donde ninguna de JNE fija el 6 de diciembre para la segunda octubre 12, 2026 El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó el domingo 6 de diciembre de 2026 como fecha para la realización de la Segunda Elección Regional (SER 2026), en aquellas circunscripciones donde ninguna de Proponen responsabilidad penal para adolescentes de 14 a 17 octubre 11, 2026 Un proyecto de ley presentado por el diputado Gustavo Alexander Segura Figueroa, integrante de la bancada de Renovación Popular, plantea establecer responsabilidad penal ordinaria para adolescentes de

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó el domingo 6 de diciembre de 2026 como fecha para la realización de la Segunda Elección Regional (SER 2026), en aquellas circunscripciones donde ninguna de las fórmulas de candidatos a gobernador y vicegobernador regional obtenga al menos el 30 % de los votos válidos en la primera elección. La decisión fue adoptada mediante un acuerdo del Pleno del organismo electoral del 7 de octubre y publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de octubre de 2026. <Cite refs={[«turn750645search0″,»turn750645search4»]}/> La segunda vuelta regional se realizará el 6 de diciembre El acuerdo establece que la segunda jornada electoral tendrá lugar el 6 de diciembre, reemplazando la fecha anterior del 29 de noviembre de 2026. La modificación se adoptó después de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) solicitara reconsiderar el calendario previsto inicialmente. De acuerdo con la publicación oficial, el JNE consideró los argumentos técnicos presentados por la ONPE y la propuesta de cronograma para desarrollar las actividades necesarias antes y después de la votación. <Cite refs={[«turn750645search0″,»turn750645search7»]}/> ¿En qué casos se realizará una segunda elección regional? La Ley de Elecciones Regionales establece que las fórmulas de candidatos a gobernador y vicegobernador regional deben obtener no menos del 30 % de los votos válidos para ser elegidas en primera vuelta. Cuando ninguna fórmula alcanza ese porcentaje, corresponde realizar una segunda elección regional en las circunscripciones que cumplan dicha condición. En esa jornada participan las dos fórmulas que obtuvieron las votaciones más altas, conforme al marco electoral aplicable. <Cite refs={[«turn750645search5″,»turn750645search0»]}/> Por ello, la segunda vuelta no se realizará necesariamente en todas las regiones del país, sino únicamente en aquellas donde los resultados oficiales determinen que ninguna fórmula alcanzó el mínimo legal requerido. La ONPE solicitó modificar la fecha inicial La decisión del JNE responde a una solicitud presentada por la ONPE mediante el Oficio N.° 000412-2026-JN/ONPE, fechado el 2 de octubre de 2026. El organismo encargado de organizar los procesos electorales pidió reconsiderar la fecha establecida previamente para la segunda elección regional. En su evaluación, el Pleno del JNE tomó en cuenta los argumentos técnicos y logísticos expuestos por la ONPE, así como el cronograma propuesto para garantizar el desarrollo de las distintas actividades electorales. <Cite refs={[«turn750645search0″,»turn750645search3»]}/> Organización y distribución del material electoral Uno de los aspectos considerados fue el tiempo necesario para contratar bienes y servicios, producir los materiales electorales y distribuirlos oportunamente a los locales de votación de las circunscripciones donde se realice la segunda elección. La organización de una jornada electoral requiere coordinar recursos humanos, materiales y logísticos, además de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio. El JNE señaló que el nuevo plazo permitirá atender estas necesidades operativas. También se consideró el posible impacto del Fenómeno El Niño Según los fundamentos del acuerdo, la planificación debe tomar en cuenta las condiciones que podrían afectar el traslado del material electoral y el desarrollo de las actividades programadas. Entre los factores considerados se encuentra el posible impacto del Fenómeno El Niño. El objetivo es disponer de un margen suficiente para realizar la distribución y el posterior repliegue del material electoral, así como continuar con el procesamiento de los resultados y las actuaciones correspondientes a la proclamación de las autoridades electas. <Cite refs={[«turn750645search0″,»turn750645search3»]}/> La ONPE deberá adoptar medidas operativas y presupuestales El acuerdo requiere a la ONPE que, dentro de sus competencias, adopte oportunamente las medidas administrativas, presupuestales, operativas y logísticas necesarias para organizar la Segunda Elección Regional 2026. Estas acciones deberán permitir el desarrollo de la votación conforme a la fecha establecida, además del traslado del material electoral después de la jornada y la realización oportuna del cómputo de resultados. El organismo electoral también deberá coordinar las actividades necesarias para garantizar el cumplimiento de las etapas previstas en el calendario electoral. El JNE y los Jurados Electorales Especiales atenderán las controversias La disposición también encarga a los órganos competentes del JNE y a los Jurados Electorales Especiales adoptar las medidas necesarias para atender oportunamente los procedimientos administrativos y jurisdiccionales vinculados con la segunda elección. Estas actuaciones comprenden la tramitación de las controversias electorales que pudieran presentarse y los procedimientos necesarios para proclamar a las autoridades regionales elegidas, respetando las garantías del debido proceso y la seguridad jurídica. <Cite refs={[«turn750645search0″,»turn750645search3»]}/> ¿Cuántas regiones podrían ir a segunda vuelta? Según información difundida por el diario oficial El Peruano, las proyecciones de la ONPE apuntaban a que al menos 15 regiones podrían necesitar una segunda elección para definir a sus próximos gobernadores, debido a que ninguna fórmula alcanzaría el 30 % de votos válidos en la primera vuelta. Esta cifra constituye una proyección y no debe interpretarse como una lista definitiva de circunscripciones convocadas. La determinación dependerá de los resultados oficiales y de las actuaciones de los organismos electorales correspondientes. <Cite refs={[«turn750645search2″,»turn750645search4»]}/> La convocatoria deberá formalizarse conforme a la ley El acuerdo dispone solicitar oportunamente a la presidenta de la República la convocatoria correspondiente, de conformidad con el marco normativo vigente. Asimismo, establece que la decisión sea comunicada a la ONPE, al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a los Jurados Electorales Especiales y a otras entidades competentes para que adopten las medidas que correspondan dentro de sus atribuciones. <Cite refs={[«turn750645search0″,»turn750645search3»]}/> Conclusión El JNE fijó el 6 de diciembre de 2026 como fecha para la Segunda Elección Regional en las circunscripciones donde ninguna fórmula de candidatos a gobernador y vicegobernador alcance al menos el 30 % de los votos válidos. La decisión modifica la fecha inicialmente prevista para el 29 de noviembre y busca otorgar más tiempo para la organización logística, la distribución del material electoral y el desarrollo de las actuaciones posteriores a la votación. La realización de la segunda vuelta en cada circunscripción dependerá de los resultados oficiales y de la convocatoria correspondiente. Noticias Relacionadas JNE fija el 6 de diciembre para la segunda octubre 12, 2026 Un proyecto de ley presentado por el diputado Gustavo Alexander Segura Figueroa, integrante de la bancada de Renovación Popular, plantea establecer