Penal

Un proyecto de ley presentado por el diputado Gustavo Alexander Segura Figueroa, integrante de la bancada de Renovación Popular, plantea establecer responsabilidad penal ordinaria para adolescentes de 14 a 17 años que cometan determinados delitos graves. La iniciativa busca modificar diversas disposiciones del Código Penal, del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y del Código de Ejecución Penal. Proyecto de Ley N.° 559/2026-2031-CD La iniciativa fue registrada el 9 de octubre de 2026 bajo la denominación «Proposición legislativa que establece la responsabilidad penal de adultos para adolescentes de 14 a 17 años por delitos graves». Según la información parlamentaria disponible, el proyecto figura como presentado y propone establecer excepciones al régimen penal juvenil para determinados supuestos. ¿Qué plantea la iniciativa legislativa? El proyecto propone que los adolescentes que tengan entre 14 años y menos de 18 años y sean investigados por los delitos comprendidos en la iniciativa puedan ser juzgados bajo las reglas del Código Penal ordinario, en lugar de quedar exclusivamente sujetos al sistema especial de responsabilidad penal adolescente. La propuesta no comprende indistintamente cualquier infracción cometida por menores de edad, sino determinados delitos considerados graves, conforme a la relación prevista en el texto legislativo. ¿Qué delitos estarían comprendidos? Entre los delitos mencionados en la iniciativa figuran el homicidio, feminicidio, sicariato, trata de personas, secuestro, violación sexual, extorsión y los delitos contemplados en el Decreto Ley N.° 25475, referido a la legislación penal contra el terrorismo. El proyecto también plantea modificar las disposiciones relacionadas con la exención de responsabilidad penal por edad, incorporando una excepción para los adolescentes comprendidos en el rango etario establecido cuando cometan los delitos expresamente señalados. Modificaciones al Código Penal Uno de los principales cambios propuestos consiste en modificar el numeral 2 del artículo 20 del Código Penal, referido a los supuestos de exención de responsabilidad penal. La iniciativa plantea que dicha exención no se aplique a los adolescentes de 14 a menos de 18 años involucrados en los delitos incluidos en la propuesta. Asimismo, plantea incorporar reglas específicas para la determinación de las penas. El texto señala que el juez reduciría prudencialmente la pena y establece que no podría imponerse cadena perpetua a los adolescentes comprendidos en esta excepción. Cuando la cadena perpetua sea la única sanción prevista para el delito correspondiente, la propuesta contempla una pena privativa de libertad que no supere los veinte años. Estas disposiciones forman parte del proyecto y no deben confundirse con las reglas actualmente vigentes. Cambios al sistema de responsabilidad penal adolescente La iniciativa también plantea modificar el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para establecer que quienes tengan entre 14 y menos de 18 años continúen siendo reconocidos como sujetos de derechos y obligaciones, pero que respondan bajo el sistema penal ordinario cuando cometan los delitos específicamente enumerados. En los demás casos, se mantendría la aplicación del régimen especial de responsabilidad penal adolescente, de acuerdo con las condiciones y disposiciones que resulten vigentes. Internamiento por determinados delitos Otra modificación propuesta alcanza a las medidas socioeducativas contempladas en el sistema juvenil. El proyecto plantea ampliar el rango de edad de aplicación de determinadas medidas de internación de cuatro a seis años para incluir a adolescentes de 14 a menos de 18 años en los supuestos previstos. Entre los casos mencionados figuran delitos como lesiones graves, pandillaje pernicioso, robo agravado y determinadas conductas relacionadas con el tráfico ilícito de drogas. La propuesta también contempla supuestos vinculados con la participación en organizaciones criminales, conforme a las disposiciones legales señaladas en el documento. Separación y tratamiento de adolescentes privados de libertad El proyecto plantea modificar el Código de Ejecución Penal para ampliar de 16 a 21 años a 14 a 21 años el rango etario considerado en determinadas disposiciones sobre tratamiento penitenciario. La iniciativa establece que las personas privadas de libertad comprendidas en ese grupo deberán permanecer separadas de los internos de mayor edad. Además, propone que reciban un tratamiento individualizado, científico e integral, con programas adaptados a sus características personales. Fundamentos de la propuesta En la exposición de motivos, el autor sostiene que las organizaciones criminales pueden utilizar a adolescentes para ejecutar delitos violentos y que resulta necesario revisar la respuesta legal frente a estas situaciones. Desde esa perspectiva, la iniciativa busca modificar el marco normativo para que determinados delitos graves cometidos por adolescentes puedan recibir una respuesta penal ordinaria. Sin embargo, los argumentos expuestos por el autor constituyen la fundamentación del proyecto y deberán ser evaluados durante el procedimiento legislativo. Antecedente: el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional parte de la Ley N.° 32330 La discusión se produce después de que el Tribunal Constitucional declarara, en enero de 2026, la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley N.° 32330 que incorporaban a adolescentes de 16 y 17 años al sistema penal ordinario por determinados delitos. El Tribunal precisó que la edad mínima de imputabilidad penal ordinaria es de 18 años y que los adolescentes de 16 y 17 años a quienes se atribuya una infracción penal deben ser procesados dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil, conforme a las reglas aplicables. Este antecedente resulta relevante para el análisis de la nueva propuesta, pues cualquier modificación deberá evaluarse a la luz de la Constitución, los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional y las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿La responsabilidad penal ordinaria para adolescentes ya está vigente? No. La iniciativa presentada por el diputado de Renovación Popular es una propuesta legislativa y no constituye, por sí misma, una modificación de la legislación vigente. Para convertirse en ley, deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente y superar la evaluación legislativa y constitucional pertinente. Durante ese proceso, el contenido del proyecto podría modificarse. Conclusión El Proyecto de Ley N.° 559/2026-2031-CD plantea modificar el tratamiento penal de adolescentes de 14 a 17 años involucrados en determinados delitos graves, mediante la aplicación de reglas del Código Penal ordinario y cambios en las normas de responsabilidad penal juvenil y ejecución penal. La iniciativa abre un debate sobre la

La organización Proética, a través de su Oficina Legal Anticorrupción (OLA), impulsó la conformación de un grupo de expertos encargado de analizar diversas normas penales y procesales aprobadas o modificadas durante el Congreso anterior. La iniciativa comprende la revisión de 16 normas relacionadas con la persecución del delito, la lucha contra el crimen organizado y el combate contra la corrupción, con el propósito de identificar disposiciones que podrían requerir modificaciones, precisiones u otros ajustes. Grupo de especialistas evaluará las normas El grupo está integrado por siete especialistas en derecho penal, derecho procesal penal y criminología. La coordinación está a cargo del presidente de Proética, José Ugaz, y participan los juristas y académicos Andy Carrión, César San Martín, Iván Meini, Lucía Nuñovero, Raúl Pariona y Romy Chang. Los especialistas realizarán un análisis individual de las normas seleccionadas, tomando en cuenta su contenido y los efectos que podrían generar en la persecución de delitos y el combate contra el crimen organizado. Evaluación norma por norma De acuerdo con Proética, el análisis no parte de la premisa de que las 16 normas deban ser derogadas en su totalidad. La revisión se efectuará norma por norma, con la finalidad de determinar qué disposiciones necesitan modificaciones, precisiones u otros cambios. De esta manera, el grupo buscará establecer alternativas legislativas específicas según los resultados del análisis jurídico. Iniciativa busca aportar propuestas de reforma La propuesta de Proética se desarrolla en un contexto de cuestionamientos desde distintos sectores respecto de determinadas modificaciones realizadas al marco penal y procesal penal durante el periodo legislativo anterior. Paralelamente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también conformó un grupo de trabajo para revisar técnicamente normas vinculadas con la criminalidad, entre ellas disposiciones relacionadas con prescripción, crimen organizado, colaboración eficaz y otras instituciones de persecución penal. En ese escenario, Proética plantea aportar una evaluación técnica desde la sociedad civil, con el objetivo de identificar modificaciones que puedan contribuir a mejorar el marco normativo aplicable a la lucha contra el delito. Elaborarán proyectos de ley Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que el trabajo no se limitará a elaborar un diagnóstico sobre las normas revisadas. Según Proética, los resultados podrán traducirse en proyectos de ley con sustento jurídico y exposición de motivos, destinados a plantear cambios concretos en aquellas disposiciones que, luego del análisis, se considere necesario modificar. De esta manera, las conclusiones del grupo de expertos estarán orientadas a formular alternativas legislativas específicas sobre las normas que sean objeto de revisión. Resultados serán presentados en 30 días El grupo de expertos tendrá un plazo de 30 días para desarrollar su trabajo. Al término de ese periodo, Proética anunció que presentará públicamente las conclusiones de la evaluación y los proyectos de ley que hayan sido elaborados. La organización señala que la iniciativa busca aportar al debate público elementos técnicos y propuestas concretas de reforma normativa relacionadas con la persecución del delito, el crimen organizado y la corrupción. Revisión del marco penal Con esta iniciativa, Proética incorpora al debate público una evaluación especializada de normas aprobadas durante el periodo legislativo anterior. El análisis permitirá revisar individualmente el alcance de las disposiciones seleccionadas y, a partir de sus resultados, plantear eventuales modificaciones legislativas orientadas a fortalecer los mecanismos jurídicos utilizados en la persecución penal. Noticias Relacionadas Proética impulsa grupo de expertos para evaluar leyes penales septiembre 30, 2026 La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) aprobó el primer Reglamento de Inscripciones del Registro Personal (RIRP), mediante la Resolución de la Superintendencia Nacional de los SUNARP aprueba primer Reglamento de Inscripciones del Registro Personal septiembre 29, 2026 La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) aprobó el primer Reglamento de Inscripciones del Registro Personal (RIRP), mediante la Resolución de la Superintendencia Nacional de los SUNARP implementará Vigencia Express para obtener certificados de vigencia septiembre 28, 2026 La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) implementará el servicio denominado “Vigencia Express”, una nueva alternativa orientada a agilizar la obtención de certificados de

Una nueva iniciativa legislativa plantea establecer en Perú un límite máximo de una arma de fuego por persona para la modalidad de defensa personal. La propuesta fue presentada por el diputado Carlos Alberto Domínguez Herrera, de Fuerza Popular, y busca modificar la Ley N.° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil. ¿Qué propone modificar la iniciativa? El proyecto plantea incorporar modificaciones a los artículos 6 y 19 de la Ley N.° 30299. Una de las principales medidas consiste en establecer que el número de armas permitido para defensa personal sea de hasta un máximo de una por cada persona. El texto propuesto también señala que no existiría una autorización excepcional para poseer armas adicionales bajo esta modalidad. Actualmente existe un régimen diferente La propuesta busca modificar el régimen actualmente previsto en la legislación de armas de uso civil. Según información recogida por el Tribunal Constitucional, la Ley N.° 30299 estableció como regla un máximo de dos armas de fuego para la modalidad de defensa personal y contempló la posibilidad de una autorización excepcional para llegar hasta tres. De aprobarse la iniciativa, ese régimen sería reemplazado por un límite de una sola arma para esta modalidad. ¿Qué pasaría con quienes ya tienen más de un arma? El proyecto contempla una disposición transitoria para las personas que ya poseen más de un arma de fuego destinada a defensa personal. La propuesta señala que quienes tengan armas debidamente registradas al momento de la eventual entrada en vigencia de la nueva norma podrán conservar la titularidad de dichas armas y renovar sus respectivas licencias y tarjetas conforme a la legislación aplicable. Sin embargo, mientras mantengan más de un arma bajo esta modalidad, no podrían adquirir ni registrar nuevas armas de fuego. Interoperabilidad entre SUCAMEC y la Policía Nacional La iniciativa no se limita a establecer un nuevo número máximo de armas. También propone fortalecer el intercambio de información entre la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) y la Policía Nacional del Perú (PNP). Para ello, se plantea que la Policía tenga acceso directo, permanente y oportuno a la información contenida en los registros y bases de datos de SUCAMEC. ¿Qué información podría consultar la PNP? De acuerdo con el proyecto, la información comprendería datos relacionados con la identificación de las armas y materiales, sus titulares, licencias, tarjetas de propiedad, adquisiciones, transferencias y comercialización. También se contempla información sobre traslado, pérdida, hurto, robo, incautación, decomiso, internamiento y destino final de estos bienes. El acceso estaría vinculado con las funciones constitucionales de prevención, investigación y combate de la delincuencia. Alertas automatizadas para detectar posibles desvíos Otro componente de la propuesta consiste en implementar mecanismos automatizados de alerta e intercambio de información. Estos sistemas permitirían identificar hechos, operaciones o patrones que puedan revelar un eventual desvío de armas, municiones o materiales relacionados hacia actividades ilícitas. El proyecto establece que el tratamiento de esta información deberá realizarse dentro de las competencias legales correspondientes y respetando las normas sobre protección de datos personales, seguridad digital y reserva de las investigaciones penales. Medidas diferenciadas para otras modalidades El límite de una sola arma planteado en la propuesta corresponde específicamente a la modalidad de defensa personal. Para las armas destinadas a actividades como caza, deporte, tiro recreativo y colección, el proyecto contempla que continúen existiendo límites diferenciados, determinados según la actividad autorizada, la necesidad acreditada, la trazabilidad y las condiciones de seguridad previstas en el reglamento. La propuesta busca reforzar la trazabilidad La exposición de motivos señala que uno de los objetivos centrales de la iniciativa es fortalecer la trazabilidad de las armas de uso civil. La propuesta plantea pasar de un esquema en el que el intercambio de información se realiza principalmente mediante requerimientos hacia un modelo de interoperabilidad permanente entre SUCAMEC y la PNP. Referencia a armas perdidas, robadas o hurtadas La iniciativa también se presenta en un contexto de preocupación por el desvío de armas de uso civil hacia actividades delictivas. Según cifras citadas por la Agencia Andina a partir de información de SUCAMEC, durante 2025 fueron reportadas 2.158 armas perdidas, robadas o hurtadas. El proyecto plantea utilizar mecanismos de intercambio de información y alertas para facilitar la identificación de posibles patrones vinculados con estos hechos. Adecuación del reglamento La propuesta contempla que, si finalmente fuera aprobada y entrara en vigencia, el Poder Ejecutivo tendría un plazo máximo de 60 días calendario para adecuar el Reglamento de la Ley N.° 30299. Asimismo, SUCAMEC y la PNP deberían adoptar las medidas técnicas y administrativas necesarias para implementar la interoperabilidad y los mecanismos automatizados de alerta. La implementación no demandaría recursos adicionales El proyecto establece que las medidas técnicas y administrativas necesarias para implementar el nuevo sistema se realizarían con cargo a los respectivos presupuestos institucionales. La propuesta precisa que estas acciones no deberían demandar recursos adicionales al Tesoro Público. La propuesta todavía debe seguir el procedimiento legislativo Es importante precisar que se trata de una propuesta legislativa y no de una modificación vigente de la Ley N.° 30299. Por tanto, el límite de una sola arma para defensa personal planteado en el proyecto no se aplica automáticamente a los ciudadanos mientras la iniciativa no complete el procedimiento legislativo correspondiente y, de ser aprobada, sea promulgada y publicada conforme al ordenamiento jurídico. Conclusión El proyecto presentado por el diputado Carlos Alberto Domínguez Herrera plantea modificar la regulación de armas de uso civil para establecer un máximo de una arma de fuego por persona bajo la modalidad de defensa personal. La iniciativa también propone fortalecer la coordinación entre SUCAMEC y la Policía Nacional mediante el acceso permanente a registros, mecanismos de interoperabilidad y alertas automatizadas destinadas a detectar posibles desvíos de armas hacia actividades ilícitas. Para quienes ya poseen legalmente más de un arma de defensa personal, el proyecto contempla que puedan conservar las armas registradas, aunque no podrían adquirir nuevas mientras mantengan una cantidad superior al límite propuesto. La iniciativa

El Poder Judicial dispuso el archivo definitivo del proceso penal seguido contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por el presunto delito de lavado de activos agravado relacionado con los aportes recibidos durante la campaña electoral de 2016, cuando postuló a la Presidencia de la República por el partido Peruanos por el Kambio. La decisión fue adoptada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que declaró fundada la apelación presentada por la defensa del exmandatario y dejó sin efecto la resolución de primera instancia que había rechazado el pedido para cerrar el proceso. Sala revocó decisión que había rechazado el archivo El nuevo pronunciamiento judicial revocó la resolución emitida el 4 de mayo de 2026, mediante la cual se había declarado infundada la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa de Kuczynski. En aquella oportunidad, la jueza Margarita Salcedo había considerado que los hechos atribuidos al expresidente podían subsumirse en el delito de lavado de activos previsto en el Decreto Legislativo 1106. Con la nueva decisión, la Sala de Apelaciones adoptó un criterio distinto y dispuso el cierre definitivo del proceso en este extremo. La investigación estaba relacionada con los aportes de campaña de 2016 La investigación fiscal se originó por presuntas irregularidades en los aportes destinados a financiar la campaña presidencial de PPK en 2016. El Ministerio Público había atribuido al exmandatario y a su entorno diferentes mecanismos mediante los cuales se habrían incorporado y trasladado fondos destinados a la campaña electoral. Entre las hipótesis fiscales figuraban aportantes falsos, recaudaciones durante actividades partidarias, préstamos realizados por el propio Kuczynski y transferencias entre administradores de la campaña. Fiscalía sostenía una imputación por lavado de activos La tesis fiscal señalaba que estas operaciones podían estar vinculadas con la incorporación y transferencia de dinero de presunto origen ilícito y que los hechos habrían sido realizados dentro de una organización criminal. Por ello, la investigación comprendía el presunto delito de lavado de activos agravado y la imputación relacionada con la integración de una organización criminal. Sin embargo, la Sala concluyó que los hechos atribuidos no podían ser considerados delitos bajo el marco jurídico aplicable al momento en que ocurrieron. El punto central: los hechos ocurrieron en 2016 Uno de los principales argumentos considerados por los magistrados estuvo relacionado con la vigencia temporal de la legislación penal. La Sala tomó en cuenta que el financiamiento prohibido de organizaciones políticas fue incorporado como delito específico recién en 2019, mientras que los hechos atribuidos a PPK correspondían a la campaña electoral de 2016. Desde esta perspectiva, los jueces concluyeron que no correspondía aplicar posteriormente esa figura penal a conductas ocurridas antes de su incorporación al ordenamiento jurídico. Los magistrados consideraron que los hechos eran atípicos El razonamiento judicial llevó a la Sala a considerar que las conductas atribuidas no encajaban en un delito vigente al momento en que supuestamente fueron cometidas. En términos jurídicos, la Sala calificó los hechos como atípicos, es decir, consideró que no reunían los elementos necesarios para ser subsumidos en el tipo penal invocado por la Fiscalía. Al desaparecer la base penal de la imputación, también quedó afectada la acusación relacionada con la existencia de una organización criminal vinculada con esas conductas. La decisión también tomó en cuenta criterios del Tribunal Constitucional La defensa de Kuczynski había sustentado su recurso en criterios establecidos previamente por el Tribunal Constitucional respecto de los aportes de campaña y su relación con el delito de lavado de activos. Según reportes sobre la resolución, la Sala aplicó los criterios establecidos por el TC en casos relacionados con aportes de campaña de Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Cuatro hechos formaban parte de la imputación La investigación comprendía cuatro hechos principales atribuidos al exmandatario y su entorno. Entre ellos se encontraban el denominado “pitufeo” mediante aportantes falsos, la recaudación de dinero durante actividades partidarias, los préstamos efectuados por Kuczynski a su organización política y determinadas transferencias de fondos entre los administradores de la campaña. Dos hechos fueron considerados no delictivos La información sobre la resolución señala que los tres magistrados coincidieron en que dos de los hechos investigados —el relacionado con los aportantes falsos y el correspondiente a la recaudación durante actividades partidarias— no constituían delito bajo los criterios aplicados por la Sala. En los otros dos extremos, relacionados con los préstamos de Kuczynski al partido y las transferencias entre administradores de campaña, existió una discrepancia parcial entre los integrantes del colegiado. Hubo voto discrepante en parte de la decisión El magistrado Enríquez Sumerinde emitió un voto en discordia parcial respecto de los préstamos efectuados por Kuczynski y el traslado de fondos entre administradores. Según la información publicada sobre el fallo, el juez consideró que en esos extremos todavía debía analizarse el origen y destino del dinero, por lo que discrepó parcialmente con la decisión mayoritaria de cerrar definitivamente el proceso. La decisión no comprende otros procesos contra PPK El archivo dispuesto por la Sala se limita al proceso relacionado con los aportes de campaña de 2016 y la imputación por lavado de activos agravado vinculada con esos hechos. Por tanto, la resolución no significa el cierre de todas las investigaciones o procesos judiciales que puedan involucrar al expresidente. Según los reportes publicados, Kuczynski mantiene otros procesos relacionados con hechos distintos, entre ellos investigaciones vinculadas con proyectos de infraestructura y el caso IIRSA Norte. Antecedentes del caso La investigación por los aportes de campaña se originó después de que personas registradas como aportantes de Peruanos por el Kambio manifestaran que no habían entregado determinadas sumas de dinero que figuraban a su nombre. El caso fue posteriormente incorporado a las investigaciones relacionadas con presunto lavado de activos y financiamiento de campañas electorales, generando actuaciones fiscales y judiciales durante varios años. El archivo es definitivo en este extremo del proceso La resolución de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional dispone el archivo definitivo del proceso en el extremo relacionado con el lavado de activos agravado y la imputación derivada de los hechos investigados en la campaña

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, defendió la propuesta de denominar como terroristas a determinadas organizaciones criminales, en el marco de las medidas que el Ejecutivo plantea para fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado y la extorsión. Durante declaraciones a los medios, el titular del Ministerio de Justicia sostuvo que estos grupos podrían ser considerados terroristas debido al uso sistemático de la violencia con el propósito de generar temor en la población. “Utilizan la violencia sistemática para provocar terror” Álvarez argumentó que la característica que permitiría establecer esta denominación estaría relacionada con la utilización sistemática de la violencia para provocar un estado de temor entre los ciudadanos. El ministro señaló que, desde su perspectiva, el terrorismo no necesariamente debe estar asociado exclusivamente a una finalidad política, sino que podría presentarse también cuando determinadas organizaciones utilizan la violencia con otros objetivos. El ministro plantea una finalidad lucrativa Durante la entrevista, Álvarez sostuvo que existiría una figura genérica de terrorismo que podría comprender distintas finalidades. Mencionó como ejemplos una finalidad religiosa, política o incluso lucrativa. En este último supuesto, explicó que determinadas organizaciones podrían emplear la violencia y generar terror en la población con el propósito de obtener beneficios económicos. Esta interpretación fue presentada por el ministro como uno de los fundamentos de la propuesta. La propuesta está vinculada a la lucha contra la extorsión La posición del ministro se produce en medio de las medidas que el Gobierno plantea para enfrentar el crecimiento de delitos como la extorsión, el sicariato y otras manifestaciones del crimen organizado. Álvarez ha señalado que la respuesta estatal debe incluir mayores capacidades de inteligencia, investigación especializada y modificaciones al marco penal y procesal para enfrentar a las organizaciones dedicadas a estas actividades. Gobierno busca modificar normas penales El ministro también informó que el Ejecutivo buscará obtener facultades legislativas para revisar y modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal. Según explicó, se plantea conformar un grupo de especialistas que formule propuestas técnicas destinadas a acelerar los procesos judiciales y proporcionar mejores herramientas de actuación a fiscales y jueces. La propuesta también contempla cambios en el sistema penitenciario Dentro de las medidas planteadas por Álvarez también figura una reorganización del sistema penitenciario. El ministro ha planteado separar a los internos que hayan cometido delitos violentos y que presenten mayores niveles de peligrosidad de aquellos que no hayan incurrido en actos violentos. Según explicó, esta clasificación permitiría aplicar estrategias diferenciadas dentro de los establecimientos penitenciarios. Separación de internos violentos y no violentos De acuerdo con la propuesta expuesta por el titular de Justicia, los internos que no hayan cometido delitos violentos podrían acceder a programas de rehabilitación y reinserción, mientras que los internos considerados de mayor peligrosidad serían trasladados a establecimientos con mayores niveles de seguridad. Entre las iniciativas mencionadas también se encuentra el fortalecimiento de programas como Cárceles Productivas, orientados a la rehabilitación de los internos. Debate sobre el concepto de terrorismo La propuesta de aplicar la denominación de terrorismo a determinadas organizaciones criminales abre un debate jurídico sobre los elementos que deberían diferenciar los delitos de criminalidad organizada de aquellos comprendidos dentro del ámbito del terrorismo. En ese contexto, cualquier modificación legislativa tendría que establecer con precisión los elementos objetivos y subjetivos necesarios para determinar cuándo una organización criminal podría quedar comprendida dentro de una eventual nueva regulación. Álvarez sostiene que la jurisprudencia puede adaptarse a nuevas circunstancias Otro de los argumentos expuestos por el ministro estuvo relacionado con la evolución de la jurisprudencia. Frente a los cuestionamientos basados en precedentes del Tribunal Constitucional, Álvarez sostuvo que los criterios jurídicos pueden desarrollarse de acuerdo con las circunstancias sociales y económicas de cada periodo, aunque señaló que los principios fundamentales del derecho permanecen. El ministro consideró que, frente a las características actuales de la criminalidad, corresponde analizar si los criterios jurídicos existentes requieren una adaptación proporcional y racional. Cuestionamientos sobre precedentes constitucionales Durante la entrevista también se le consultó al titular de Justicia sobre los precedentes del Tribunal Constitucional que podrían ser invocados frente a una eventual modificación de la legislación. Álvarez manifestó su confianza en que, si una futura norma o decreto legislativo llega al Tribunal Constitucional para su revisión, podría superar el control correspondiente. Esta afirmación constituye la posición expresada por el ministro respecto de un eventual escenario de control constitucional. La propuesta forma parte de un paquete de medidas contra el crimen La posibilidad de denominar terroristas a determinadas organizaciones criminales se encuentra dentro de un conjunto más amplio de medidas que el Ejecutivo viene planteando en materia de seguridad ciudadana. El pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno incluye propuestas relacionadas con la lucha contra la criminalidad organizada, el sistema penitenciario, las armas de fuego, la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en determinadas labores de seguridad y modificaciones a normas penales. El Ejecutivo busca fortalecer la respuesta frente a la extorsión El ministro también ha relacionado la problemática de la extorsión con actividades económicas desarrolladas en sectores informales, señalando que determinados grupos criminales aprovechan estos espacios para ampliar sus actividades. En ese escenario, Álvarez ha planteado una respuesta basada en inteligencia policial y militar, investigaciones especializadas y reformas legales que permitan mejorar la persecución de las organizaciones criminales. Una eventual modificación requeriría cambios legales La denominación jurídica de organizaciones criminales como organizaciones terroristas no depende únicamente de una declaración política, sino que requiere establecer el correspondiente marco normativo. Por ello, cualquier modificación deberá ser debatida y aprobada mediante los procedimientos legislativos correspondientes o, de existir delegación de facultades, dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley que otorgue dichas facultades. Debate jurídico y legislativo La propuesta del Ejecutivo plantea un debate sobre los criterios que deberían utilizarse para diferenciar las organizaciones criminales dedicadas a obtener beneficios económicos mediante violencia de aquellas organizaciones que encajan en el concepto jurídico de terrorismo. El alcance de una eventual reforma, sus elementos constitutivos, las consecuencias penales y las garantías procesales serían algunos de los