Constitucional

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó por unanimidad la destitución de Alain Salas Cornejo, quien se desempeñaba como juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Acobamba, en Huancavelica. La medida disciplinaria está relacionada con la actuación del magistrado en junio de 2021, cuando declaró fundado en parte un recurso de hábeas corpus presentado a favor de Vladimir Cerrón Rojas y dejó sin efecto resoluciones judiciales vinculadas con una condena por corrupción. La decisión de la JNJ se encuentra contenida en la Resolución 268-2026-PLENO-JNJ, emitida dentro del Procedimiento Disciplinario Abreviado 011-2025-JNJ. El Pleno del organismo concluyó que el magistrado incurrió en faltas muy graves relacionadas con el incumplimiento de sus deberes judiciales y determinó que correspondía aplicar la máxima sanción disciplinaria. La actuación del juez en el hábeas corpus de 2021 Los hechos que dieron origen al procedimiento disciplinario se remontan al 9 de junio de 2021, cuando Alain Salas emitió una resolución dentro del expediente de hábeas corpus 00786-2020-0-1102-JR-PE-01, presentado por Randy Félix de la Cruz a favor de Vladimir Cerrón. En aquella resolución, el magistrado declaró la nulidad de la sentencia de primera instancia que había condenado a Cerrón por el delito de negociación incompatible, relacionado con la obra de agua potable de La Oroya. También dejó sin efecto la sentencia de vista que había confirmado dicha condena. La decisión generó cuestionamientos desde el ámbito judicial. En su momento, la Procuraduría del Poder Judicial anunció que apelaría la resolución que había declarado nulas las sentencias contra el entonces exgobernador regional de Junín. JNJ cuestionó la reevaluación de medios probatorios Uno de los principales cuestionamientos analizados por la JNJ estuvo relacionado con la forma en que el juez constitucional abordó los elementos probatorios del proceso penal. Según la resolución disciplinaria, el magistrado habría realizado una reevaluación o reexamen de los medios probatorios que ya habían sido analizados por los jueces competentes dentro de la vía penal ordinaria. Para la JNJ, esta actuación contravenía la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre los límites que tiene la justicia constitucional frente a procesos penales. El organismo sostuvo que un juez constitucional no puede asumir funciones propias de la jurisdicción penal ordinaria mediante un nuevo análisis de las pruebas que fueron valoradas dentro del proceso correspondiente. Cuestionamientos a la motivación de la resolución La JNJ también identificó deficiencias en la motivación de la decisión emitida por el magistrado. De acuerdo con el organismo, la resolución cuestionada presentaba una motivación aparente y deficiencias de motivación externa. El Pleno señaló que determinados fundamentos utilizados por el juez se sustentaban en supuestos que no habían sido corroborados adecuadamente. Además, cuestionó la forma en que se valoró la actuación de los jueces penales que habían intervenido previamente en el proceso. Para la JNJ, estas circunstancias demostraban un incumplimiento de los deberes que corresponden a un magistrado, particularmente aquellos relacionados con la independencia, imparcialidad, razonabilidad y respeto del debido proceso. La JNJ consideró que la falta fue muy grave Tras evaluar los hechos y los argumentos de defensa presentados por el magistrado, la Junta Nacional de Justicia determinó que la conducta atribuida a Salas Cornejo tenía una gravedad suficiente para justificar su destitución. El organismo sostuvo que la actuación cuestionada afectó la credibilidad del Poder Judicial y podía generar desconfianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. Por ello, consideró que una sanción menor no resultaba suficiente frente a la gravedad de las infracciones determinadas. La decisión se sustentó en las obligaciones establecidas para los jueces por la Ley de la Carrera Judicial, Ley N.° 29277, particularmente en lo relacionado con el deber de impartir justicia con independencia, imparcialidad, razonabilidad y respeto al debido proceso. La condena de Vladimir Cerrón volvió a tener vigencia en 2021 La decisión del juez Alain Salas no se mantuvo de manera definitiva. Posteriormente, una instancia superior de Huancavelica revocó la resolución que había dejado sin efecto la condena contra Vladimir Cerrón. Entre los argumentos considerados estuvo que el proceso penal todavía se encontraba en trámite y que existían recursos pendientes, por lo que no correspondía que el hábeas corpus interviniera de esa manera sobre una sentencia que todavía no tenía carácter firme. De esta manera, la controversia generada por la decisión de 2021 terminó convirtiéndose posteriormente en uno de los elementos analizados dentro de las investigaciones contra el magistrado. Alain Salas también fue condenado por prevaricato La situación del juez Alain Salas no se limitó al procedimiento disciplinario ante la JNJ. En febrero de 2026, se informó que la Corte Suprema confirmó una condena de tres años de pena privativa de libertad suspendida en su contra por el delito de prevaricato de derecho, en agravio del Estado. Este antecedente forma parte del contexto judicial relacionado con el magistrado y su actuación al momento de emitir la resolución que afectó las condenas contra Vladimir Cerrón. JNJ ordena su destitución definitiva Con la decisión adoptada por unanimidad, la Junta Nacional de Justicia resolvió aceptar el pedido de destitución formulado por la Presidencia del Poder Judicial y dispuso la separación definitiva de Alain Salas Cornejo de la carrera judicial. Asimismo, ordenó registrar la sanción correspondiente en el expediente personal del magistrado, comunicar la decisión a las entidades competentes y cancelar el título que le permitía ejercer como juez. El caso vuelve a poner en debate los límites del hábeas corpus La decisión de la JNJ también reabre el debate sobre los límites de los procesos constitucionales frente a las decisiones adoptadas por la justicia penal ordinaria. El hábeas corpus constituye una herramienta destinada a proteger derechos fundamentales vinculados con la libertad individual y otros derechos conexos. Sin embargo, su utilización dentro de procesos penales no implica que el juez constitucional pueda reemplazar a los jueces ordinarios en la valoración de pruebas o en la determinación de responsabilidad penal. Precisamente, este fue uno de los aspectos centrales considerados por la JNJ al evaluar la actuación del magistrado en el caso relacionado con Vladimir Cerrón. Una decisión que genera repercusiones en el sistema de justicia

El Consejo de Ministros del Perú evaluará solicitar al Congreso de la República del Perú facultades legislativas con el propósito de aprobar medidas en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. La propuesta busca permitir que el Poder Ejecutivo pueda emitir normas con rango de ley, por un plazo determinado y sobre materias específicas, conforme a lo previsto en la Constitución. ¿Qué facultades se solicitarían? De prosperar la iniciativa, el Ejecutivo solicitaría autorización para legislar en temas relacionados con la prevención del delito, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la persecución de organizaciones criminales y otras medidas destinadas a mejorar la respuesta del Estado frente a la delincuencia. El alcance de las facultades dependerá del proyecto que sea presentado al Congreso. Objetivo de la iniciativa El Gobierno sostiene que la delegación de facultades permitiría adoptar reformas de manera más rápida para enfrentar el incremento de la criminalidad y fortalecer las acciones de las instituciones encargadas del orden interno. Asimismo, se busca optimizar el marco normativo vigente en materia de seguridad. Procedimiento constitucional La Constitución establece que el Congreso puede delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre materias específicas y por un plazo determinado mediante una ley autoritativa. Una vez otorgadas las facultades, el Ejecutivo puede emitir decretos legislativos dentro de los límites fijados por el Parlamento. Debate político La eventual solicitud de facultades legislativas podría generar un amplio debate entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, las cuales deberán evaluar la necesidad, el alcance y los temas comprendidos en la delegación solicitada. Especialistas también analizarán el impacto de las reformas propuestas. Impacto esperado El Gobierno considera que la aprobación de estas facultades permitiría acelerar la implementación de medidas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar las herramientas legales para combatir la delincuencia organizada y otros fenómenos criminales. No obstante, su aplicación dependerá de la aprobación del Congreso. Próximos pasos El Consejo de Ministros deberá definir si formaliza el pedido de delegación de facultades legislativas y, de ser así, remitir el proyecto de ley al Congreso para su evaluación y eventual aprobación. Finalmente, la iniciativa refleja la intención del Ejecutivo de impulsar reformas en materia de seguridad ciudadana mediante el mecanismo constitucional de delegación de facultades, cuyo otorgamiento dependerá de la decisión del Parlamento. Noticias Relacionadas Consejo de Ministros evaluará pedir facultades para legislar en agosto 2, 2026 El Consejo de Ministros del Perú evaluará solicitar al Congreso de la República del Perú facultades legislativas con el propósito de aprobar medidas en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la Tribunal Constitucional anula el proceso penal contra Ollanta Humala julio 31, 2026 El Tribunal Constitucional del Perú declaró la nulidad del proceso penal seguido contra el expresidente Ollanta Humala por el presunto delito de lavado de activos, al estimar que se produjeron Gobierno oficializa el incremento de la remuneración mínima vital julio 30, 2026 El Poder Ejecutivo del Perú oficializó el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/ 1,300, medida que beneficiará a miles de trabajadores del sector privado sujetos al salario mínimo.

El Congreso de la República del Perú aprobó en segunda votación el proyecto de ley que incorpora el delito de lesa humanidad al Código Penal Peruano, fortaleciendo el marco normativo para la investigación y sanción de este tipo de conductas. Con esta decisión, el Parlamento culminó el trámite legislativo requerido para este tipo de reformas, quedando pendiente su promulgación y publicación conforme al procedimiento constitucional correspondiente. ¿Qué establece la reforma? La iniciativa incorpora expresamente el delito de lesa humanidad dentro del Código Penal, estableciendo un marco legal para su persecución y sanción de acuerdo con los principios del derecho penal y los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano. La norma busca otorgar mayor claridad jurídica respecto a este tipo de delitos. Aprobación en segunda votación Al tratarse de una modificación legislativa, el proyecto fue sometido a una segunda votación en el Pleno del Congreso, etapa que permitió su aprobación definitiva dentro del procedimiento parlamentario. Con ello, la propuesta avanza hacia su entrada en vigencia conforme al proceso legal correspondiente. Alcance del delito de lesa humanidad Los delitos de lesa humanidad comprenden conductas de extrema gravedad que, conforme al derecho internacional, pueden ser cometidas como parte de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil. Su regulación responde a estándares ampliamente reconocidos en el ámbito internacional. Impacto en el sistema penal Especialistas consideran que la incorporación de esta figura jurídica fortalecerá el marco legal peruano y brindará mayores herramientas para la investigación y sanción de hechos que puedan configurar este tipo de delitos. Asimismo, permitirá una mayor armonización con el derecho internacional. Debate jurídico Durante el análisis del proyecto se expusieron diversas posiciones sobre el alcance de la reforma, su aplicación y su compatibilidad con los principios constitucionales y las obligaciones internacionales del Estado. El debate continuará en los ámbitos académico y jurídico. Próximos pasos Tras su aprobación en segunda votación, la autógrafa será remitida al Poder Ejecutivo para el trámite correspondiente de promulgación u observación, conforme a lo previsto en la Constitución. Finalmente, la reforma representa un cambio relevante en la legislación penal peruana al incorporar de manera expresa el delito de lesa humanidad dentro del Código Penal y adecuar el ordenamiento jurídico a estándares internacionales. Noticias Relacionadas Congreso aprueba en segunda votación la incorporación del delito julio 10, 2026 El Congreso de la República del Perú aprobó en segunda votación el proyecto de ley que incorpora el delito de lesa humanidad al Código Penal Peruano, fortaleciendo el marco normativo para la Gobierno oficializa el aguinaldo de S/ 300 por Fiestas julio 9, 2026   El Poder Ejecutivo del Perú oficializó el otorgamiento del aguinaldo de S/ 300 por Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público, beneficio económico que será entregado conforme a los Fiscalía investiga a colegio por presunto abuso sexual entre julio 8, 2026   El Ministerio Público del Perú inició una investigación a una institución educativa tras conocerse una denuncia por un presunto caso de abuso sexual entre menores de edad ocurrido en los servicios

El Colegio de Abogados de Ica expresó su preocupación respecto a diversos proyectos e iniciativas que, según señaló, podrían afectar la independencia judicial y la autonomía de los órganos encargados de administrar justicia en el país. La institución consideró que cualquier reforma vinculada al sistema judicial debe garantizar el respeto de los principios constitucionales y el equilibrio entre los poderes del Estado. Preocupación por las iniciativas propuestas De acuerdo con el pronunciamiento, algunas propuestas legislativas podrían generar impactos en la autonomía funcional de jueces y magistrados, elemento considerado esencial para el adecuado funcionamiento del sistema democrático. El gremio jurídico exhortó a analizar cuidadosamente las consecuencias de las reformas planteadas. Importancia de la independencia judicial La independencia judicial constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho, ya que permite que los jueces adopten decisiones libres de presiones políticas, económicas o de cualquier otra naturaleza. Este principio se encuentra reconocido en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales. Llamado al debate técnico y jurídico El Colegio de Abogados de Ica solicitó que cualquier modificación relacionada con el sistema de justicia sea debatida desde una perspectiva técnica, jurídica e institucional, priorizando el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Asimismo, pidió promover espacios de diálogo entre los distintos actores involucrados. Rol de las instituciones jurídicas Los colegios profesionales y organizaciones vinculadas al sector justicia cumplen un papel importante en el análisis y seguimiento de las reformas que afectan la administración de justicia y el funcionamiento del sistema judicial. Sus opiniones suelen contribuir al debate público y académico. Reacciones en el ámbito jurídico El pronunciamiento generó atención entre especialistas y operadores del sistema de justicia, quienes continúan analizando el alcance de las propuestas cuestionadas y sus posibles efectos institucionales. Diversos sectores coinciden en la necesidad de preservar la autonomía judicial. Equilibrio entre reforma e independencia Expertos señalan que las reformas orientadas a mejorar la eficiencia del sistema judicial deben implementarse respetando las garantías institucionales y la separación de poderes. La modernización del sistema no debe comprometer la independencia de los magistrados. Próximos pasos Se espera que el debate continúe en los espacios legislativos y académicos correspondientes, con la participación de instituciones y especialistas del sector justicia. Finalmente, el Colegio de Abogados de Ica reiteró la importancia de proteger la independencia judicial como garantía esencial para la defensa de los derechos y el fortalecimiento del Estado de derecho en el Perú. Noticias Relacionadas Colegio de Ica alerta sobre proyectos que afectarían la junio 29, 2026 El Colegio de Abogados de Ica expresó su preocupación respecto a diversos proyectos e iniciativas que, según señaló, podrían afectar la independencia judicial y la autonomía de los órganos encargados Poder Judicial: Consejo Ejecutivo suspende, con eficacia anticipada, los junio 28, 2026 El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso la suspensión de los plazos procesales y administrativos en todo el país, medida que tendrá efectos con carácter anticipado conforme a lo establecido en Poder Ejecutivo del Perú refuerza el control y establece junio 27, 2026 El Poder Ejecutivo del Perú aprobó nuevas medidas destinadas a reforzar los mecanismos de control y supervisión sobre la comercialización de combustibles a nivel nacional. La iniciativa busca