Constitucional

Un proyecto de ley plantea impedir que menores de 16 años creen o mantengan cuentas personales en redes sociales. También propone controles de edad, restricciones a la publicidad basada en el comportamiento y medidas para reducir los riesgos digitales. La iniciativa legislativa aún debe continuar su trámite parlamentario. CONTENIDO DE LA NOTICIA Proyecto de ley plantea restringir las redes sociales a menores de 16 años Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados del Perú propone establecer una edad mínima de 16 años para crear y administrar cuentas personales en redes sociales, como parte de una iniciativa destinada a fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. La propuesta corresponde a la Proposición Legislativa N.° 00498-2026-2031-CD, denominada “Proposición legislativa que establece medidas de protección y una edad mínima para el uso de cuentas en redes sociales por niñas, niños y adolescentes”. La iniciativa figura en estado de comisión, por lo que todavía debe continuar su procedimiento legislativo. <Cite refs={[«turn898829search1″,»turn898829search0»]}/> ¿Qué propone la iniciativa legislativa? El proyecto plantea establecer los 16 años como edad mínima para utilizar cuentas personales en redes sociales dentro del territorio peruano. La finalidad es reducir la exposición de los menores a situaciones de ciberacoso, violencia digital, suplantación de identidad, uso indebido de datos personales y otros riesgos asociados con determinadas prácticas de las plataformas digitales. La propuesta busca que las empresas responsables de estos servicios adopten medidas concretas para impedir que los menores que no alcancen la edad establecida creen o mantengan cuentas personales. Verificación de edad para acceder a las plataformas Uno de los principales componentes de la iniciativa es la implementación de mecanismos de aseguramiento de edad por parte de los proveedores de redes sociales. Estos mecanismos deberán ser eficaces y proporcionales, pero también respetar la privacidad de los usuarios. Según el contenido difundido sobre el proyecto, no se pretende limitar la verificación exclusivamente a la presentación del DNI o pasaporte, sino contemplar alternativas que permitan comprobar la edad sin generar una recopilación innecesaria de información personal. <Cite refs={[«turn898829search0»]}/> La finalidad es evitar que los menores eludan las restricciones mediante información falsa al momento de registrarse o utilizar una cuenta. ¿Qué plataformas podrían estar comprendidas? La iniciativa está dirigida al uso de cuentas personales en redes sociales. En el debate público sobre la propuesta se mencionan servicios como Facebook, Instagram, TikTok y otras plataformas que permiten crear perfiles, publicar contenidos e interactuar con otros usuarios. La aplicación concreta dependerá del alcance que finalmente establezca el texto aprobado, así como de las definiciones y condiciones que se incorporen durante el trámite legislativo. Protección de los datos personales de los menores El proyecto también plantea salvaguardas para evitar que la verificación de edad se convierta en un mecanismo de recopilación excesiva de información. Los datos personales obtenidos para comprobar la edad no deberían utilizarse con fines publicitarios ni entregarse a terceros para finalidades ajenas a esa verificación, conforme a las condiciones previstas en la propuesta. <Cite refs={[«turn898829search0»]}/> Este aspecto resulta relevante porque los menores constituyen un grupo que requiere especial protección frente al tratamiento de sus datos personales y la elaboración de perfiles sobre sus preferencias y comportamientos. Publicidad dirigida y seguimiento del comportamiento Otra medida propuesta consiste en prohibir la publicidad dirigida a menores de edad cuando se base en el seguimiento de su comportamiento en línea. Este planteamiento busca limitar las prácticas que utilizan información sobre las actividades, preferencias e interacciones digitales de los usuarios para mostrarles anuncios personalizados. La iniciativa pretende reforzar la protección de niños y adolescentes frente a estrategias comerciales que pueden aprovechar sus hábitos de navegación y su actividad en las plataformas digitales. <Cite refs={[«turn898829search0»]}/> Restricciones a los diseños que fomentan el uso compulsivo El proyecto también propone medidas para reducir las características de diseño que pueden incentivar el uso prolongado o compulsivo de servicios digitales. Entre las funciones mencionadas se encuentran la reproducción automática de contenidos, las notificaciones persistentes y el desplazamiento infinito, conocido como infinite scroll. La propuesta busca que las plataformas adopten medidas para mitigar estos mecanismos, especialmente cuando puedan afectar el bienestar y los hábitos digitales de niños y adolescentes. <Cite refs={[«turn898829search0»]}/> ¿Qué ocurriría con los adolescentes de 16 y 17 años? La iniciativa contempla medidas de protección específicas para los adolescentes que tengan entre 16 y 17 años y puedan utilizar cuentas personales en redes sociales. Entre las medidas planteadas figuran la configuración privada de los perfiles por defecto, la restricción de mensajes procedentes de usuarios desconocidos y la desactivación predeterminada de la geolocalización. Asimismo, se propone facilitar herramientas para denunciar, bloquear y responder ante comportamientos inapropiados dentro de las plataformas. <Cite refs={[«turn898829search0»]}/> Medidas para prevenir el ciberacoso y la violencia digital La propuesta se sustenta en la necesidad de reforzar la protección de los menores frente a situaciones de violencia que pueden producirse a través de internet. El ciberacoso, la suplantación de identidad y el contacto con personas que buscan perjudicar a niños y adolescentes son algunos de los riesgos considerados en el debate sobre la regulación de las redes sociales. Mediante las medidas planteadas, se busca reducir las oportunidades para que los menores queden expuestos a estas situaciones y mejorar las herramientas disponibles para actuar frente a ellas. Protección de la salud y el bienestar digital La iniciativa también se relaciona con las preocupaciones sobre el impacto que determinados patrones de uso de las redes sociales pueden tener en el bienestar de niños y adolescentes. El uso de estas plataformas puede facilitar la comunicación, el aprendizaje y el acceso a información; sin embargo, también puede exponer a los menores a contenidos perjudiciales, interacciones hostiles o prácticas diseñadas para prolongar el tiempo de permanencia en línea. En ese contexto, el proyecto plantea medidas preventivas dirigidas tanto a las plataformas como a la protección de los usuarios menores de edad. ¿Qué entidades fiscalizarían el cumplimiento? De acuerdo con la información difundida sobre la iniciativa, se plantea la participación de Indecopi y la Autoridad Nacional de Protección de Datos

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó una nueva sanción de destitución contra Delia Milagros Espinoza Valenzuela por hechos vinculados con su actuación como fiscal de la Nación y la investigación preliminar seguida contra el excongresista Alejandro Soto Reyes. La decisión fue adoptada en el marco del Procedimiento Disciplinario N.° 022-2026-JNJ, en el que el pleno analizó dos cargos considerados faltas muy graves conforme a la Ley de la Carrera Fiscal. Los dos cargos atribuidos a Delia Espinoza De acuerdo con la decisión publicada por el Diario Oficial El Peruano, uno de los cargos está relacionado con la demora injustificada en la tramitación de la Carpeta Fiscal N.° 247-2023, seguida contra Alejandro Soto. La JNJ consideró que existió un periodo de aproximadamente siete meses de inactividad en la conducción de dicha investigación y determinó que esta situación no podía ser justificada únicamente por la carga procesal que afrontaba Espinoza durante su gestión. El segundo cargo estuvo relacionado con una reunión que Delia Espinoza sostuvo con Alejandro Soto el 2 de septiembre de 2025, cuando la investigación fiscal todavía se encontraba en trámite. Según la JNJ, testimonios incorporados al procedimiento disciplinario señalaron que durante el encuentro se hizo referencia a la existencia de la carpeta fiscal correspondiente al entonces parlamentario. La reunión con Alejandro Soto La reunión cuestionada tuvo lugar en el despacho congresal de Alejandro Soto, quien en ese momento presidía la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. La defensa de Espinoza sostuvo que el encuentro tuvo un carácter institucional y estuvo relacionado con asuntos presupuestales del Ministerio Público. Sin embargo, la ponencia sometida a consideración del pleno de la JNJ concluyó que existían elementos para considerar que se produjo una relación extraprocesal. La resolución señala que tres testimonios corroboraron el encuentro y que las declarantes indicaron que durante la reunión se habría mencionado la carpeta fiscal relacionada con Soto. La posición de la defensa Durante el procedimiento, Delia Espinoza sostuvo argumentos relacionados con la carga procesal que afrontaba mientras ejercía como fiscal de la Nación. Asimismo, presentó elementos para sustentar su versión sobre la reunión con Alejandro Soto, entre ellos una grabación del encuentro. La ponencia analizada por la JNJ cuestionó determinados aspectos del material presentado por la defensa. Votación de la Junta Nacional de Justicia La sanción de destitución fue aprobada con tres votos a favor, correspondientes a Rafael Manuel Ruiz Hidalgo, Germán Alejandro Julio Serkovic González y Gino Augusto Tomás Ríos Patio. Por su parte, Jaime Pedro de la Puente Parodi y Cayo César Galindo Sandoval emitieron votos singulares. Ambos respaldaron la destitución respecto del cargo relacionado con la demora en la investigación, pero plantearon una posición distinta respecto de la reunión con Alejandro Soto. El vicepresidente de la JNJ, Víctor Hugo Chanduví Cornejo, votó por la absolución de Espinoza respecto de los cargos analizados. Una segunda destitución Esta decisión constituye una nueva destitución contra Delia Espinoza por parte de la JNJ. En enero de 2026, el organismo ya había aprobado su destitución del cargo de fiscal suprema por un procedimiento disciplinario relacionado con el cumplimiento de una resolución que ordenaba la reincorporación de Patricia Benavides. La primera decisión fue adoptada por unanimidad el 23 de enero de 2026. En ese procedimiento, la JNJ atribuyó a Espinoza faltas muy graves vinculadas con el incumplimiento de una resolución emitida por el propio organismo. El caso vinculado a Alejandro Soto El nuevo procedimiento disciplinario se concentra específicamente en la actuación de Espinoza respecto de la investigación fiscal contra Alejandro Soto. La Carpeta Fiscal N.° 247-2023 constituye uno de los elementos centrales del expediente disciplinario, debido al periodo de inactividad que la JNJ identificó durante su tramitación. La segunda imputación estuvo vinculada con la reunión del 2 de septiembre de 2025 y la presunta existencia de una relación extraprocesal mientras la investigación contra Soto permanecía abierta. La decisión y sus efectos Con la aprobación de la nueva sanción, la JNJ establece una segunda decisión de destitución contra Espinoza en el marco de sus procedimientos disciplinarios. El pronunciamiento corresponde al ejercicio de la potestad disciplinaria de la Junta respecto de jueces y fiscales y se fundamenta en las disposiciones de la Ley N.° 30483, Ley de la Carrera Fiscal. La decisión fue comunicada por la propia JNJ y posteriormente difundida por el Diario Oficial El Peruano, que precisó los cargos, la votación y los fundamentos considerados por el pleno. Conclusión La Junta Nacional de Justicia aprobó una nueva sanción de destitución contra Delia Espinoza en un procedimiento disciplinario relacionado con la investigación seguida contra Alejandro Soto. La medida se sustenta en dos cargos: la demora de aproximadamente siete meses en la tramitación de una carpeta fiscal y la reunión sostenida con Soto mientras la investigación se encontraba en curso. La decisión fue aprobada por tres integrantes de la JNJ, mientras otros miembros formularon posiciones distintas respecto de los cargos analizados. Noticias Relacionadas AHORA NACIÓN PROPONE HASTA 8 AÑOS DE PRISIÓN POR septiembre 23, 2026 La bancada Ahora Nación presentó una iniciativa legislativa que busca prevenir y sancionar las denominadas granjas de trolls y bots, cuando sean utilizadas de manera coordinada para afectar la JNJ destituye nuevamente a Delia Espinoza por caso Alejandro septiembre 23, 2026 La bancada Ahora Nación presentó una iniciativa legislativa que busca prevenir y sancionar las denominadas granjas de trolls y bots, cuando sean utilizadas de manera coordinada para afectar la Colegio de Periodistas rechaza difusión del nombre de menor septiembre 21, 2026 El Colegio de Periodistas de Lima (CPL) expresó su profunda preocupación y rechazo frente a la difusión pública del nombre de un menor de edad que habría sido víctima de un presunto hecho de violencia

La Ley N.° 32107 vuelve a ocupar el centro del debate jurídico nacional a raíz de decisiones judiciales relacionadas con la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma en el Perú. La controversia se origina en la aplicación de una norma que establece que los hechos ocurridos antes del 1 de julio de 2002 deben ser analizados bajo las reglas previstas por el Código Penal de 1991, incluidos los plazos de prescripción correspondientes. El Tribunal Constitucional declaró constitucional la Ley 32107 En diciembre de 2025, el Tribunal Constitucional resolvió las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 32107. El TC informó que las demandas fueron declaradas infundadas debido a que no se alcanzaron los cinco votos conformes necesarios para declarar la inconstitucionalidad de la norma. Cuatro magistrados votaron por su constitucionalidad con criterio interpretativo, mientras que tres magistrados votaron por la inconstitucionalidad. En consecuencia, el Tribunal Constitucional señaló que, conforme a la normativa vigente, la Ley 32107 es constitucional tal como se encuentra redactada. ¿Qué establece la Ley 32107? La Ley 32107 precisa los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del ordenamiento jurídico peruano. Uno de sus principales efectos está relacionado con la fecha desde la cual pueden aplicarse las disposiciones del Estatuto de Roma en el Perú. De acuerdo con la explicación oficial del Tribunal Constitucional, los delitos cometidos después del 1 de julio de 2002, fecha de entrada en vigor del Estatuto de Roma para el Perú, se encuentran comprendidos dentro de sus reglas. Para hechos anteriores, la norma dispone que se apliquen las disposiciones del Código Penal de 1991, incluidos sus plazos de prescripción. La aplicación de la norma no significa que todos los casos anteriores al 2002 estén automáticamente prescritos Un aspecto importante es que la aplicación de la Ley 32107 no implica que todos los procesos por hechos ocurridos antes del 1 de julio de 2002 deban archivarse automáticamente. La determinación de la prescripción requiere analizar cada delito, las fechas correspondientes, las reglas del Código Penal aplicables y las circunstancias particulares de cada proceso. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso Cayara, donde una sala judicial aplicó la Ley 32107, pero concluyó que determinados delitos todavía no habían prescrito. Juez Jorge Chávez Tamariz decidió inaplicar la norma en un caso concreto En marzo de 2026, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, emitió una decisión en la que inaplicó la Ley 32107 mediante control constitucional y convencional. La resolución sostuvo que la regla de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad constituye una norma imperativa del derecho internacional, conocida como ius cogens, y cuestionó la compatibilidad de la Ley 32107 con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano. La decisión judicial cuestionó la aplicación de la Ley 32107 El juez sostuvo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en los casos Barrios Altos vs. Perú y La Cantuta vs. Perú, ha establecido criterios relacionados con la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos. A partir de esos antecedentes, la resolución consideró que la aplicación de la Ley 32107 podía entrar en conflicto con obligaciones internacionales y con el derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre los hechos investigados. El control difuso fue uno de los argumentos centrales Uno de los argumentos utilizados por el magistrado fue que los jueces pueden ejercer control difuso cuando, pese a existir una declaración abstracta de constitucionalidad, la aplicación de una norma a un caso concreto pudiera generar una incompatibilidad constitucional. La resolución citó jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional para sostener que la declaración de constitucionalidad de una norma no necesariamente impediría que, bajo determinadas circunstancias concretas, un juez evalúe su aplicación mediante control judicial de constitucionalidad. La controversia entre constitucionalidad y convencionalidad El caso evidencia una discusión jurídica de especial relevancia: por un lado, el Tribunal Constitucional ha señalado que la Ley 32107 es constitucional; por otro, una resolución judicial sostuvo que determinadas obligaciones internacionales vinculadas con la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad justificaban su inaplicación en un caso concreto. Esta diferencia plantea interrogantes sobre los límites del control difuso, el control de convencionalidad y la relación entre las decisiones del Tribunal Constitucional y la obligación de los jueces de aplicar los tratados internacionales sobre derechos humanos. El TC sostuvo que no hubo los votos suficientes para declarar inconstitucional la ley La posición oficial del Tribunal Constitucional es que las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 32107 no alcanzaron los cinco votos requeridos para expulsar la norma del ordenamiento jurídico. Por ello, el TC comunicó que la ley mantiene su vigencia y constitucionalidad. La sentencia corresponde a los expedientes acumulados 00009-2024-PI/TC y 00023-2024-PI/TC. La posición del juez se apoyó en el derecho internacional En su resolución, el juez Chávez Tamariz sostuvo que las reglas internacionales sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad tendrían naturaleza de ius cogens, es decir, normas imperativas del derecho internacional que no pueden ser dejadas de lado mediante acuerdos o disposiciones internas. La decisión también invocó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana para fundamentar la necesidad de evaluar la compatibilidad de la norma nacional con las obligaciones internacionales del Estado peruano. El debate alcanza a numerosos procesos por violaciones de derechos humanos La Ley 32107 tiene especial importancia en procesos judiciales vinculados con hechos ocurridos durante el periodo de violencia interna registrado en el Perú, particularmente aquellos investigados como posibles graves violaciones de derechos humanos. Su aplicación puede modificar la calificación jurídica de determinados hechos y, dependiendo del delito y del momento en que ocurrieron los hechos, generar la necesidad de evaluar si la acción penal continúa vigente o si ha operado la prescripción. No todos los jueces han adoptado la misma posición Las decisiones judiciales producidas después de la sentencia del Tribunal Constitucional muestran que la aplicación de la Ley

Un juez dispuso la devolución de 171 inmuebles que habían sido incautados a la Universidad Alas Peruanas (UAP), como parte de una decisión judicial que modifica la situación de los bienes que permanecían bajo una medida de incautación. La resolución representa un nuevo capítulo dentro de las actuaciones judiciales relacionadas con el patrimonio de la Universidad Alas Peruanas y los bienes que fueron afectados por medidas adoptadas durante las investigaciones desarrolladas en años anteriores. La decisión judicial establece que los inmuebles comprendidos en la medida deberán ser devueltos a la universidad, conforme a los fundamentos expuestos en la resolución. La medida comprendía 171 inmuebles El pronunciamiento judicial alcanza un total de 171 inmuebles que habían sido objeto de una medida de incautación. Estos bienes forman parte del patrimonio relacionado con la Universidad Alas Peruanas y se encontraban sujetos a las disposiciones judiciales emitidas durante el desarrollo de las investigaciones correspondientes. Con la nueva decisión, el órgano jurisdiccional ordena que los inmuebles sean restituidos a la institución, dejando sin efecto las consecuencias prácticas que mantenía la medida sobre dichos bienes. ¿Qué significa la devolución de los inmuebles? La devolución implica que los bienes comprendidos en la resolución deberán retornar a la esfera patrimonial de la Universidad Alas Peruanas. La medida judicial modifica la situación que mantenían los inmuebles mientras permanecían incautados y permite que la institución recupere su disposición sobre los bienes, de acuerdo con los alcances establecidos por la resolución. La ejecución de la decisión deberá realizarse conforme a los procedimientos correspondientes y bajo la supervisión de las autoridades competentes. Los inmuebles habían sido incautados previamente La incautación de los bienes se produjo dentro de actuaciones judiciales relacionadas con investigaciones que involucraron el patrimonio y las actividades de la Universidad Alas Peruanas. Una medida de incautación tiene como finalidad asegurar determinados bienes durante el desarrollo de un proceso y evitar que puedan ser transferidos, ocultados o utilizados de una manera que afecte el resultado de las investigaciones. Sin embargo, este tipo de medidas se encuentra sujeta al control judicial y puede ser modificada o levantada cuando las circunstancias que justificaron su imposición dejan de existir o cuando el órgano jurisdiccional determina que corresponde adoptar otra decisión. La decisión fue adoptada por un órgano jurisdiccional La orden de devolución fue emitida por un juez dentro del marco de sus competencias jurisdiccionales. El magistrado evaluó la situación jurídica de los inmuebles y los argumentos presentados durante el proceso antes de disponer la restitución de los bienes. La resolución establece las condiciones bajo las cuales deberá ejecutarse la devolución y determina el alcance de la decisión respecto de los 171 inmuebles. La UAP recuperaría el control de sus bienes Con la decisión judicial, la Universidad Alas Peruanas podrá recuperar el control sobre los inmuebles comprendidos en la resolución. La restitución de los bienes representa una modificación importante en la situación patrimonial de la institución, debido al número de propiedades involucradas. La universidad deberá cumplir con los procedimientos administrativos y registrales que correspondan para hacer efectiva la recuperación de los inmuebles. La medida no debe confundirse con el cierre de una investigación La devolución de los bienes no necesariamente significa que todas las investigaciones relacionadas con la Universidad Alas Peruanas hayan concluido. Es importante diferenciar una decisión referida a una medida sobre determinados bienes de una eventual decisión definitiva respecto de las investigaciones o procesos judiciales vinculados con otros hechos. El alcance concreto de la resolución deberá ser determinado conforme a sus fundamentos y a las disposiciones establecidas por el órgano jurisdiccional. ¿Por qué se incautan bienes durante una investigación? La incautación constituye una herramienta utilizada dentro de determinados procesos judiciales para asegurar bienes que podrían estar vinculados con hechos materia de investigación. Su finalidad es evitar que los bienes sean ocultados, transferidos o afectados mientras las autoridades desarrollan las diligencias necesarias. Sin embargo, la medida tiene carácter procesal y debe estar sometida a los principios y garantías establecidos por la legislación. Cuando el órgano jurisdiccional considera que ya no corresponde mantenerla, puede disponer el levantamiento de la medida y ordenar la devolución de los bienes. El número de propiedades hace relevante la resolución La decisión adquiere especial relevancia debido a la cantidad de inmuebles involucrados. La devolución de 171 propiedades representa un cambio significativo en la situación patrimonial de la Universidad Alas Peruanas y requerirá la ejecución de diferentes actuaciones para materializar la entrega. Las autoridades correspondientes deberán identificar cada uno de los bienes comprendidos en la resolución y realizar las acciones necesarias para concretar su restitución. La resolución tendrá que ser ejecutada por las autoridades correspondientes Una vez emitida la orden judicial, corresponde a las entidades y funcionarios involucrados adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento. La ejecución puede comprender actuaciones relacionadas con la entrega material de los inmuebles, actualización de registros y levantamiento de las restricciones que pudieran mantenerse como consecuencia de la incautación. Todo ello deberá realizarse de acuerdo con los términos establecidos por la resolución judicial. La decisión modifica la situación patrimonial de la universidad Los inmuebles constituyen parte del patrimonio de la Universidad Alas Peruanas, por lo que su devolución tiene consecuencias directas sobre la situación patrimonial de la institución. La recuperación de los bienes permitirá que la universidad vuelva a ejercer las facultades que correspondan sobre ellos, siempre dentro del marco establecido por la legislación y las resoluciones judiciales vigentes. El impacto de la decisión dependerá también de la naturaleza y ubicación de cada uno de los inmuebles. El caso vuelve a poner atención sobre las medidas de incautación La resolución también genera interés respecto del uso de las medidas de incautación dentro de los procesos judiciales. Estas herramientas buscan garantizar que determinados bienes permanezcan disponibles para las investigaciones, pero su mantenimiento debe estar sustentado en razones jurídicas y procesales. Cuando un juez determina que corresponde devolver los bienes, las autoridades deben cumplir la decisión y restablecer la situación patrimonial que corresponda. La universidad deberá seguir los procedimientos establecidos La devolución de los inmuebles no significa