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  La Presidencia del Consejo de Ministros del Perú (PCM), mediante la Resolución PCM/SGP 006-2026, aprobó la implementación del sistema informático denominado SIGCAL, orientado al seguimiento y gestión de la calidad en las entidades públicas. La medida busca fortalecer los procesos de supervisión, control y mejora continua dentro de la administración pública. ¿Qué es el SIGCAL? El Sistema Informático de Seguimiento para la Gestión de la Calidad (SIGCAL) es una herramienta tecnológica diseñada para facilitar el monitoreo y evaluación de procesos vinculados a estándares de calidad institucional. Su implementación permitirá centralizar información y optimizar la gestión administrativa. Objetivo de la medida La aprobación del SIGCAL tiene como finalidad mejorar la eficiencia en los procedimientos internos y fortalecer la toma de decisiones basada en indicadores y seguimiento permanente. Asimismo, busca promover una cultura de mejora continua en las entidades públicas. Modernización de la gestión pública La PCM señaló que la incorporación de herramientas digitales forma parte de las estrategias de modernización del Estado y transformación digital de la administración pública. Especialistas destacan que la automatización puede contribuir a optimizar servicios y procesos institucionales. Beneficios para las entidades públicas El sistema permitirá realizar seguimiento de metas, supervisar indicadores de desempeño y fortalecer mecanismos de control de calidad. También facilitará la recopilación y análisis de información para la evaluación institucional. Importancia de la transformación digital La implementación de plataformas tecnológicas en el sector público es considerada clave para mejorar la transparencia, eficiencia y capacidad de respuesta de las instituciones. El uso de sistemas integrados busca reducir tiempos y optimizar recursos. Aplicación de la resolución Las entidades involucradas deberán adecuar sus procesos y mecanismos internos para implementar el uso del SIGCAL conforme a los lineamientos establecidos en la resolución. La PCM continuará supervisando el desarrollo y funcionamiento del sistema. Próximos pasos Las autoridades realizarán acciones de capacitación y asistencia técnica para asegurar la correcta implementación del sistema informático. Finalmente, la aprobación del SIGCAL representa un nuevo avance en la digitalización y fortalecimiento de la gestión de calidad dentro del sector público peruano. Noticias Relacionadas Aprueban sistema informático SIGCAL para el seguimiento y gestión junio 3, 2026   El político y exministro Roberto Sánchez viene siendo cuestionado por diversos sectores debido a su gestión al frente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (Mincetur), mientras Roberto Sánchez es cuestionado por su gestión en Mincetur junio 2, 2026   El político y exministro Roberto Sánchez viene siendo cuestionado por diversos sectores debido a su gestión al frente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (Mincetur), mientras Sunat actualiza normativa sobre guías de remisión para adecuarla junio 1, 2026   La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) actualizó la normativa relacionada con las guías de remisión con el objetivo de adecuarla a las necesidades operativas

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Desde hoy, 23 de enero, entra en vigencia el Reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial en el Perú, una norma aprobada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que establece los lineamientos para el desarrollo, implementación y uso responsable de la IA en el país. Este marco normativo busca alinear el avance tecnológico con la protección de los derechos fundamentales de las personas. El reglamento fija principios como la seguridad, la ética, la transparencia, la sostenibilidad y la inclusión, con el objetivo de prevenir riesgos asociados al uso indebido de sistemas de inteligencia artificial. Asimismo, promueve un enfoque centrado en la persona, asegurando que estas tecnologías no vulneren derechos humanos ni generen discriminación. La norma también establece responsabilidades para las entidades públicas y privadas que desarrollen o utilicen sistemas de IA, fomentando buenas prácticas, supervisión y mecanismos de control. De esta manera, se busca fortalecer la confianza ciudadana en el uso de tecnologías emergentes dentro de un marco legal claro. Finalmente, la entrada en vigencia de este reglamento representa un paso importante en la transformación digital del país, posicionando al Perú como una nación que impulsa la innovación tecnológica sin dejar de lado la ética, la legalidad y el respeto a los derechos humanos.     Noticias Relacionadas Entra en vigencia el reglamento de la ley de enero 26, 2026 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Diversos actores políticos solicitaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que verifique si Mario Vizcarra se encuentra plenamente rehabilitado Solicitan al JNE verificar rehabilitación de Mario Vizcarra por enero 25, 2026 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Diversos actores políticos solicitaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que verifique si Mario Vizcarra se encuentra plenamente rehabilitado Jurado Nacional de Elecciones advierte multas fuertes a encuestadoras enero 24, 2026 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reiteró que la publicación y difusión de encuestas electorales fuera de los plazos legales constituye una

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Aprobación de la Resolución Regulatoria de OsiptelEl Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones —Osiptel— aprobó mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 134-2025-CD/OSIPTEL una nueva norma que establece el procedimiento obligatorio, acelerado y expedito para la baja de servicios públicos móviles y el bloqueo de equipos terminales celulares utilizados o vinculados a la comisión de delitos. La norma fue oficialmente publicada en el Diario Oficial El Peruano el 25 de diciembre de 2025, entrando en vigencia inmediatamente para su aplicación por las empresas operadoras de servicios móviles en todo el territorio nacional.​ Esta regulación representa una formalización permanente de medidas que venían siendo implementadas de manera temporal durante el estado de emergencia decretado en distintas regiones del país. La aprobación de esta norma institucionaliza la respuesta rápida y coordenada entre el regulador de telecomunicaciones, las empresas operadoras y las autoridades competentes en materia de seguridad ciudadana, permitiendo una lucha más efectiva contra el uso ilícito de líneas móviles en la comisión de delitos organizados.​ Marco Legal Habilitante y Decreto Supremo ComplementarioLa Resolución 134-2025-CD/OSIPTEL encuentra su habilitación legal en el Decreto Legislativo Nº 1338, que creó en 2017 el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad —RENTESEG—, y en su norma complementaria que faculta expresamente al Osiptel para requerir la baja de servicios y bloqueo de equipos cuando exista reporte de vinculación a actividades delictivas.​ Adicionalmente, la norma se enmarca en el Decreto Supremo Nº 018-2025-IN, emitido por el Ministerio del Interior el cual establece los lineamientos generales para la implementación de medidas dirigidas a prevenir el uso de líneas móviles en la comisión de delitos como estafas, extorsiones, sicariato, secuestro y otros crímenes. Esta arquitectura legal multisectorial demuestra la coordinación entre el sector telecomunicaciones, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial para enfrentar de manera integral la inseguridad ciudadana.​ Entidades Competentes Autorizadas para Solicitar MedidasLa regulación de Osiptel limita expresamente el círculo de autoridades competentes que pueden solicitar la baja de líneas móviles o el bloqueo de equipos terminales. Conforme a la Resolución 134-2025-CD/OSIPTEL, únicamente las siguientes instituciones pueden formular requerimientos a Osiptel:​ Ministerio del Interior Policía Nacional del Perú Ministerio Público Poder Judicial Instituto Nacional Penitenciario —INPE— Esta limitación es importante desde la perspectiva del estado de derecho y protección de derechos fundamentales, puesto que impide que entidades privadas o autoridades menores realicen solicitudes de bloqueo sin coordinación con instancias de investigación criminal competentes. La norma requiere expresamente que los reportes provengan de estas cinco instituciones, garantizando un mínimo de institucionalidad en las decisiones que afectan el derecho al acceso a servicios de telecomunicaciones.​ Procedimiento Acelerado de Baja y Bloqueo: Plazos Máximos de Un Día CalendarioEl aspecto más distintivo de la Resolución 134-2025-CD/OSIPTEL radica en la imposición de plazos extraordinariamente breves para la ejecución de la baja del servicio o el bloqueo del equipo terminal. Conforme a la norma, una vez que Osiptel recibe el reporte de la autoridad competente a través del RENTESEG, debe trasladar de inmediato la orden a la empresa operadora correspondiente.​ Las empresas operadoras disponen de un plazo máximo de un día calendario para ejecutar la baja de la línea móvil y/o el bloqueo del equipo terminal mobile. Este plazo extraordinariamente corto responde a la necesidad de interrumpir de forma inmediata el uso de dispositivos móviles en la ejecución de delitos, particularmente en casos de extorsión, secuestro, estafa y sicariato donde la rapidez es determinante para evitar mayor daño a las víctimas.​ Para facilitar el cumplimiento de este plazo reducido, la norma especifica que Osiptel realizará hasta tres intentos de comunicación con la empresa operadora en caso de que los sistemas de esta se encuentren temporalmente indisponibles e impidan la recepción del reporte remitido a través del RENTESEG. Esta disposición reconoce la posibilidad de indisponibilidades técnicas y establece un mecanismo de contingencia para garantizar que la medida se ejecute aún en contextos de falla de sistemas.​ Obligaciones de Información al Usuario AfectadoLa norma impone obligaciones explícitas a las empresas operadoras respecto de la comunicación con los usuarios cuyos servicios sean dados de baja o cuyos equipos sean bloqueados. Las operadoras deben informar al usuario, por todos los canales de atención disponibles, los siguientes datos:​ Fecha exacta de la baja o bloqueo Motivo específico por el cual se ejecutó la medida Entidad competente que solicitó la acción Canales y procedimientos disponibles para presentar consultas u objeciones a la medida Esta obligación de transparencia informativa constituye una salvaguarda importante de derechos procesales, permitiendo que usuarios afectados por decisiones eróneas o injustificadas puedan impugnar la medida ante la entidad competente que la solicitó. Es relevante destacar que cualquier objeción o recurso en contra de la baja o bloqueo debe ser presentado ante la entidad que solicitó la medida, no ante Osiptel.​ Reactivación del Servicio o Desbloqueo del EquipoLa norma contempla un procedimiento inverso que permite la reactivación del servicio o el desbloqueo del equipo terminal cuando la investigación o procedimiento que motivó la medida culmina. La reactivación o desbloqueo puede ejecutarse únicamente a solicitud expresa de la entidad competente que solicitó la medida inicial, y debe realizarse dentro de un plazo máximo de 90 días calendario contados desde la fecha en que se hizo efectiva la baja del servicio.​ La empresa operadora tiene nuevamente un plazo máximo de un día calendario para ejecutar la reactivación o desbloqueo una vez que Osiptel le transmite el requerimiento de la entidad competente. Esta simetría procedimental permite que servicios legítimamente suspendidos sean restablecidos de manera rápida cuando la situación delictiva se resuelve, evitando afectaciones indefinidas a usuarios que fueron injustamente sancionados.​ Régimen Sancionador y Sanciones AdministrativasLa Resolución 134-2025-CD/OSIPTEL establece un régimen de infracciones y sanciones administrativas para las empresas operadoras que incumplan las obligaciones establecidas en la norma. Las infracciones tipificadas incluyen:​ Incumplimiento de plazos para la ejecución de la baja o bloqueo dentro del plazo de un día calendario Omisión en la información al usuario respecto de la fecha, motivo, entidad solicitante

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Un paso decisivo hacia un ecosistema digital seguro y transparente El Gobierno del Perú ha oficializado la ratificación del Reglamento del Decreto de Urgencia N.º 007-2020, norma que establece el denominado Marco de Confianza Digital. Con esta medida, el país da un paso fundamental en la consolidación de un entorno digital seguro, transparente y predecible, en el que ciudadanos, empresas e instituciones públicas puedan interactuar con garantías éticas y jurídicas. El reglamento, publicado recientemente en el diario oficial El Peruano, desarrolla los principios y lineamientos que regirán la relación digital entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado, en consonancia con la Política Nacional de Transformación Digital al 2030. Su propósito central es generar condiciones que fortalezcan la confianza en los servicios digitales, fomentando la cooperación interinstitucional y la protección de los derechos fundamentales en el entorno virtual. 2.Hacia una cultura de confianza y seguridad digital El reglamento define la Confianza Digital como el estado resultante de interacciones seguras, éticas e inclusivas entre las partes que conforman el ecosistema digital. En esa línea, establece normas y mecanismos destinados a garantizar que los servicios digitales sean veraces, transparentes y predecibles, priorizando la protección de los usuarios frente a riesgos tecnológicos y cibernéticos. Entre los objetivos estratégicos de la norma se encuentran: -Fortalecer la seguridad digital y la protección de datos personales.-Fomentar la ética tecnológica y la transparencia en los servicios digitales.-Garantizar la protección del consumidor en el entorno digital.-Impulsar la economía y la transformación digital mediante un marco de confianza sólida entre los sectores público y privado. Estas disposiciones reflejan la convicción del Estado de que la transformación digital no puede avanzar sin legitimidad y confianza social, y que el desarrollo tecnológico debe alinearse con los valores democráticos y los derechos humanos. 3.Implementación y coordinación interinstitucional La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, será la encargada de coordinar y articular los diferentes ámbitos de aplicación del Marco de Confianza Digital. El reglamento involucra a entidades públicas, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y ciudadanía en general, promoviendo una gestión integral de la seguridad digital y una cultura de corresponsabilidad. Asimismo, el documento normativo contempla medidas concretas como: -La gestión y registro de incidentes de seguridad digital.-La promoción de una cultura de seguridad y ética tecnológica.-La evaluación sectorial de riesgos y la protección de activos nacionales críticos en tecnologías de información. Cabe destacar que la implementación del reglamento no generará gasto adicional para el Tesoro Público, ya que su ejecución se realizará con los presupuestos institucionales existentes. 4. Un nuevo estándar para la era digital peruana El reglamento no solo consolida un marco legal actualizado, sino que representa un compromiso político y ético para construir un espacio digital confiable, donde la innovación y la seguridad avancen de la mano. En palabras de especialistas del sector, este paso normativo coloca al Perú en sintonía con las tendencias internacionales de gobernanza digital, orientadas a garantizar la interoperabilidad, protección de datos y derechos digitales. Al fomentar la colaboración entre Estado, empresas y sociedad civil, el país sienta las bases para un desarrollo tecnológico sostenible, centrado en las personas. Finalmente, la publicación del reglamento en la plataforma digital única del Estado peruano, así como en los portales oficiales de la PCM y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, marca el inicio de una nueva etapa en la modernización del Estado y la consolidación de un ecosistema digital confiable, ético y resiliente. Con ello, el Perú reafirma su compromiso de avanzar hacia un futuro digital donde la tecnología sirva al ciudadano con seguridad, integridad y transparencia.     Noticias Relacionadas Gobierno ratifica el Reglamento del Marco de Confianza Digital noviembre 7, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Un nuevo marco tributario para impulsar la inversión y la transparencia El Perú y el Reino Unido suscribieron un convenio bilateral para evitar la Perú y Reino Unido sellan convenio para evitar la noviembre 6, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Un nuevo marco tributario para impulsar la inversión y la transparencia El Perú y el Reino Unido suscribieron un convenio bilateral para evitar la Ley N.º 32489: Incorporación progresiva de trabajadores CAS de noviembre 5, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La norma reconoce derechos laborales plenos y garantiza un proceso meritocrático, transparente y financieramente responsable para los servidores

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una exposición sin precedentes El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) enfrenta una de las crisis más graves en materia de ciberseguridad que haya vivido el Estado peruano. De acuerdo con diversas investigaciones periodísticas y fuentes del propio organismo, al menos tres hackers habrían logrado descargar información personal de millones de peruanos tras la publicación de la Lista del Padrón Inicial (LPI), habilitada el 27 de octubre como parte del proceso electoral 2026. El fallo permitió que cualquier ciudadano pudiera consultar datos sensibles —como nombre completo, número de DNI, fotografía y dirección— simplemente ingresando su propio número de documento y dígito de verificación. Esto, según expertos, facilitó el acceso masivo a información privada que ahora estaría siendo comercializada en foros clandestinos y canales de Telegram. La versión oficial y la réplica técnica El Reniec sostiene que no se ha producido una “descarga masiva” de datos y que la exposición se debió a un “uso indebido” del sistema por parte de terceros. No obstante, especialistas en ciberseguridad señalan que esta explicación resulta insuficiente frente a las evidencias. El investigador digital conocido como Inkaroot explicó que el problema radica en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), la cual habría sido comprometida por el robo de APIs, tokens y contraseñas internas. “Ya ni siquiera es necesario hackear los servidores del Reniec; el acceso se obtiene a través de credenciales filtradas”, advirtió el experto. Además, se habría identificado la comercialización de la base de datos bajo el nombre ‘Padrón Reniec SISBI 2025’, que contendría información de más de 27 millones de ciudadanos. Un Estado digitalmente indefenso El especialista en ciberseguridad César Chávez responsabilizó a las entidades públicas por su falta de protocolos mínimos de defensa informática. “Un simple captcha bien diseñado habría impedido la automatización de descargas. La plataforma carecía incluso de esa barrera básica”, explicó. A esto se suma la denuncia sobre posibles casos de corrupción interna, en los que funcionarios venderían accesos institucionales a redes criminales. Esto convierte la filtración no solo en un fallo técnico, sino en una brecha estructural de seguridad y ética pública. Riesgos de suplantación y extorsión Los expertos advierten que el impacto de esta filtración va mucho más allá de la violación de la privacidad. La información obtenida puede ser utilizada para suplantar identidades, extorsionar o cometer fraudes financieros, afectando directamente a los ciudadanos. Además, la exposición de domicilios y fotografías de votantes podría tener consecuencias graves en el contexto electoral. “Se trata de una amenaza a la seguridad democrática. Con estos datos, es posible manipular procesos o vulnerar la confianza en las instituciones”, señalaron analistas. Un llamado urgente a la reforma digital Aunque el Reniec ha introducido nuevas medidas —como exigir la fecha de emisión del DNI y limitar el tiempo de consulta—, los expertos aseguran que estas acciones son paliativas. La magnitud del daño requiere una reforma integral de la ciberseguridad estatal, que incluya auditorías independientes, sanciones ejemplares y un rediseño del sistema de interoperabilidad nacional. La exposición del padrón electoral 2026 deja una lección dolorosa: el Perú carece de una infraestructura digital sólida capaz de proteger los datos de sus ciudadanos. Mientras la información personal siga circulando en el mercado negro, el riesgo no habrá desaparecido. En palabras de un especialista: “El problema no es si los hackers volverán a hacerlo, sino cuándo”.     Noticias Relacionadas Hackers vulneran datos del Reniec: expertos alertan sobre el noviembre 3, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Keiko Fujimori vuelve a la contienda presidencial Keiko Sofía Fujimori Higuchi, lideresa de Fuerza Popular, buscará nuevamente la presidencia del Keiko Fujimori confirma su cuarta candidatura presidencial y presenta octubre 30, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Keiko Fujimori vuelve a la contienda presidencial Keiko Sofía Fujimori Higuchi, lideresa de Fuerza Popular, buscará nuevamente la presidencia del Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender cobro octubre 29, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una medida judicial con impacto inmediato El Poder Judicial dispuso que la empresa Rutas de Lima S.A.C. suspenda de forma inmediata el cobro de

Artículo: El Gobierno del Perú oficializó el 9 de septiembre de 2025 el reglamento que regula el uso responsable de la inteligencia artificial (IA), a través del Decreto Supremo N.° 115-2025-PCM. La norma, publicada en El Peruano, desarrolla la Ley N.° 31814 y consta de seis títulos, 36 artículos y seis disposiciones complementarias. El reglamento busca impulsar la innovación tecnológica con un enfoque en la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales. Entre sus principales disposiciones destacan: la obligación de proteger datos personales desde el diseño de los sistemas, la transparencia en algoritmos de alto riesgo, la prohibición de usos como la vigilancia masiva sin sustento legal o el perfilamiento discriminatorio, y la exigencia de supervisión humana en decisiones automatizadas de gran impacto. El marco normativo alcanza a entidades públicas, privadas, académicas y de la sociedad civil, sin generar gasto adicional al Tesoro Público. Además, promueve la educación digital y la creación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial al 2030. Con este paso, Perú se incorpora al grupo de países que regulan la IA bajo principios de ética, inclusión y responsabilidad, estableciendo un modelo orientado a la innovación con garantías de seguridad y confianza ciudadana.