4 de julio de 2025

Municipalidad de Lima sufre revés judicial en EE.UU. por caso Rutas de Lima y López Aliaga anuncia «contraataque» contra Brookfield Washington D.C. / Lima, junio de 2025. La Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, confirmó el pasado 24 de junio que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) deberá pagar más de 200 millones de dólares al consorcio Rutas de Lima, actualmente controlado por la empresa canadiense Brookfield Infrastructure. La decisión ratifica dos laudos arbitrales internacionales emitidos en 2020 y 2022, como resultado de incumplimientos contractuales por parte de la comuna limeña, incluyendo la anulación del cobro de peajes en Puente Piedra y la suspensión de ajustes tarifarios contemplados en el contrato de concesión firmado en 2013. El proceso judicial se remonta a la gestión de Susana Villarán, durante la cual se suscribió el acuerdo con el consorcio. Desde entonces, diversas administraciones han intentado anular los efectos económicos del contrato, alegando que se gestó en un contexto de corrupción, en particular por los vínculos con la constructora Odebrecht. Sin embargo, la Corte estadounidense desestimó todos los recursos presentados por la Municipalidad de Lima, que incluían alegaciones de sobornos, ocultamiento de pruebas y mala conducta en los tribunales arbitrales. En su fallo, el tribunal sostuvo que “no hay evidencia suficiente que vincule los sobornos de Odebrecht con el contrato de concesión, la adenda de bancabilidad ni los memorandos de acuerdo de 2015 y 2016”. Asimismo, rechazó el pedido de suspender la ejecución de los laudos, al considerar que Lima no demostró una probabilidad real de éxito en sus argumentos. Argumentos desestimados por la Corte Entre los cuestionamientos desestimados figura el supuesto fraude en el primer arbitraje, por la omisión de los denominados “Contratos Meiggs”. La Corte concluyó que la MML no acreditó cómo la existencia de dichos contratos la habría perjudicado. También fue descartada la denuncia de “mala conducta” en el segundo tribunal arbitral, ya que, según el fallo, la comuna no solicitó adecuadamente la inclusión de los anexos relevantes de la acusación contra Susana Villarán, sino únicamente el documento principal. Rafael López Aliaga anuncia ofensiva legal contra Brookfield En respuesta al fallo adverso, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, declaró en el programa Panorama que su gestión emprenderá un “contraataque” legal contra Brookfield, matriz de Rutas de Lima. El burgomaestre insistió en que el origen del conflicto está en un acto de corrupción, y criticó que, tras casi ocho años, el sistema judicial peruano aún no haya iniciado el juicio oral del caso Villarán, lo que —según señaló— ha debilitado la posición de Lima ante las cortes extranjeras. “Confío en que en Estados Unidos, en lo que ya es la gestión de contraataque de la Municipalidad de Lima, hemos pedido básicamente que Brookfield muestre los documentos”, afirmó. López Aliaga sostuvo que la adquisición de Rutas de Lima por parte de Brookfield no fue realizada de buena fe, ya que se produjo cuando Marcelo Odebrecht ya había sido condenado a 18 años de cárcel, lo que —a juicio del alcalde— debería levantar sospechas sobre un posible caso de lavado de activos. “Estamos contraatacando en Estados Unidos, pidiendo transparencia a Brookfield para que muestre documentos de quién le dio la luz verde para comprar activos a Odebrecht estando presos y sentenciados. Eso, en cualquier parte del mundo, se llama lavado de activos”, enfatizó. Cambios en la estrategia legal El alcalde también cuestionó la estrategia legal adoptada por gestiones anteriores, particularmente la del exalcalde Jorge Muñoz, acusando que se contrató a un estudio de abogados con vínculos con Brookfield, lo que —dijo— representaba un evidente conflicto de interés. “¿Cómo usted va a contratar como abogado municipal al miembro de un estudio que trabaja para Brookfield? Eso lo hemos cambiado ya”, aseveró. La actual gestión ha iniciado, según explicó, una nueva estrategia legal paralela tanto en EE.UU. como en el ámbito nacional, que incluye demandas contra Brookfield y Odebrecht. Esta última fue previamente condenada en EE.UU. a pagar una multa de 3.500 millones de dólares por prácticas corruptas en diversos países. Una batalla judicial aún abierta Pese al revés judicial en segunda instancia, la MML ha anunciado que apelará ante la Corte Suprema de EE.UU., como parte de su obligación legal de agotar todas las vías. Paralelamente, la comuna continúa exigiendo mayor transparencia a Brookfield y busca nuevas pruebas que permitan demostrar la ilegitimidad de la adquisición de la concesión. En tanto, el caso Villarán —clave para sostener los argumentos de corrupción en los tribunales internacionales— permanece estancado en el Perú, sin que hasta la fecha se haya dictado sentencia firme. Esta situación ha sido duramente criticada por López Aliaga, quien acusa al Ministerio Público y al Poder Judicial de complicidad y negligencia, al demorar casi una década en llevar el caso a juicio.