20 de octubre de 2025

Fin del blindaje: Dina Boluarte enfrentará 11 investigaciones fiscales tras perder la inmunidad presidencial

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Los casos abarcan desde homicidio calificado y cohecho pasivo hasta falsedad y encubrimiento. La exmandataria afronta el mayor proceso judicial contra un jefe de Estado en la historia reciente del Perú. El Congreso de la República marcó un antes y un después en la política peruana al aprobar la vacancia de Dina Boluarte, quien, tras casi tres años en el poder, perdió la inmunidad presidencial. Con esta decisión, la exmandataria deberá enfrentar once carpetas fiscales activas, de las cuales ocho corresponden a presuntos delitos cometidos durante su gestión.Su abogado, Juan Carlos Portugal, confirmó que todas las investigaciones se encuentran en distintas etapas: desde diligencias preliminares hasta procesos reabiertos por decisión de la Fiscalía. El caso más grave: muertes durante las protestas El expediente más sensible es el que involucra a las más de 60 muertes ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023, durante las protestas contra el gobierno de Boluarte.El Ministerio Público la investiga por homicidio calificado, lesiones graves y leves, delitos que podrían acarrearle penas de hasta 25 años de prisión.A pesar de la gravedad del caso, la Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia constitucional presentada por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena Campana, al considerar que “no existen pruebas irrefutables” de que la presidenta haya ordenado la represión. La decisión fue sustentada por Lady Camones (APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El caso Rolex: joyas, favores y poder Uno de los procesos más mediáticos es el denominado “caso Rolex”, en el que la Fiscalía investiga a Boluarte por cohecho pasivo impropio.El Ministerio Público sostiene que la entonces mandataria habría recibido relojes y joyas de lujo por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de presupuestos adicionales para su región.Aunque el Congreso volvió a blindarla archivando la denuncia, la Fiscalía solicitó reconsiderar la decisión, dejando abierta la posibilidad de ampliar la investigación si aparecen nuevas evidencias. El caso Cirugía: ausencias y presunta falsificación La exmandataria también enfrenta dos carpetas vinculadas a su intervención quirúrgica del 28 de junio de 2023, realizada sin solicitar licencia al Parlamento.Durante los días posteriores a la operación, se emitieron resoluciones supremas con firmas presuntamente falsificadas, lo que derivó en investigaciones por abandono de cargo y falsedad genérica.El 18 de junio de 2025, la Comisión de Fiscalización del Congreso recomendó su vacancia por incapacidad moral permanente, alegando que Boluarte se ausentó del país entre el 28 de junio y el 9 de julio de 2023 sin informar ni delegar funciones.Ese informe fue la base política que culminó en su destitución definitiva. El caso Cofre: el vehículo presidencial y el traslado de un prófugo Otra carpeta fiscal investiga el presunto uso indebido del vehículo presidencial, conocido como “el cofre”, para facilitar el traslado del prófugo Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre.La denuncia fue presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el 16 de mayo de 2025.Su defensa sostiene que “el caso ya está bajo trámite parlamentario” y que Boluarte no tiene pendiente ninguna citación ante la Fiscalía por ese hecho. Encubrimiento y alianza con Patricia Benavides En abril de 2025, la Fiscalía archivó preliminarmente una investigación sobre un presunto acuerdo entre Boluarte y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides para mantener en el cargo al excomandante general de la PNP, Raúl Alfaro Alvarado.Aunque el caso fue cerrado por falta de pruebas, la Fiscalía advirtió que el archivo no equivale a una absolución definitiva, dejando abierta la posibilidad de reapertura si surgen nuevas pruebas. Efficcop y presunto encubrimiento familiar Otro expediente apunta a la disolución del equipo policial que colaboraba con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Efficcop).Según la hipótesis fiscal, Boluarte habría buscado neutralizar investigaciones contra su hermano, Nicanor Boluarte, configurando los delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad.El Poder Judicial rechazó el pedido de anulación de la denuncia interpuesto por su defensa, por lo que el proceso continúa abierto. Investigaciones previas a su mandato A estas causas se suman tres investigaciones por hechos anteriores a su gobierno:1. Presunto financiamiento ilícito de la campaña de Perú Libre en 2021.2. Contratación irregular de Víctor Torres Merino en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.3. Posible favorecimiento a empresas proveedoras del programa alimentario Qali Warma. El fin de la inmunidad y el inicio de una nueva etapa judicial Con el levantamiento de su inmunidad, Dina Boluarte enfrenta el mayor desafío de su carrera política y judicial.Los expedientes que antes eran archivados o bloqueados por decisiones parlamentarias ahora vuelven a la competencia directa de la justicia.La caída de la expresidenta deja un mensaje claro para el país: ningún cargo público, por alto que sea, garantiza impunidad.En palabras de un analista político, “el Congreso que la protegió terminó entregándola al sistema judicial que siempre quiso evitar”. El proceso recién empieza, pero el desenlace marcará el precedente más contundente en la historia política reciente del Perú.     Noticias Relacionadas Fin del blindaje: Dina Boluarte enfrentará 11 investigaciones fiscales octubre 20, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Medida busca garantizar la inclusión digital y el acceso equitativo a servicios de telecomunicaciones en todo el país. 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Osiptel recuerda a operadoras que deben ofrecer planes pospago desde S/15 para personas con discapacidad

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Medida busca garantizar la inclusión digital y el acceso equitativo a servicios de telecomunicaciones en todo el país. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) recordó a las empresas operadoras —entre ellas Claro, Entel, Bitel y Movistar— su obligación de ofrecer planes pospago accesibles desde S/15 mensuales dirigidos a personas con discapacidad, tal como lo dispone la normativa vigente. Esta disposición forma parte de las políticas de inclusión digital y accesibilidad, orientadas a eliminar barreras en el acceso a servicios esenciales de comunicación. Acceso garantizado y tarifas diferenciadas Según informó Osiptel, los planes especiales deben estar registrados y disponibles para contratación en todas las operadoras del país, ofreciendo servicios móviles e internet a precios preferenciales que oscilan entre S/15 y S/39 mensuales, según la cobertura y los paquetes de datos ofrecidos.Estas opciones incluyen entre 2 GB y 27 GB de navegación, además de beneficios complementarios como el uso ilimitado de redes sociales (WhatsApp y Facebook), según el plan elegido y la región donde se contrate el servicio. Para acceder a estos planes, las personas interesadas deben presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y el carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), documento que acredita formalmente su condición. De esta manera, el Estado busca garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a quienes lo requieren. Inclusión digital como política de equidad La directora de Atención y Protección del Usuario del Osiptel, Tatiana Piccini, destacó que la medida tiene un fin claramente social: “Esta iniciativa busca facilitar la inclusión digital de las personas con discapacidad, asegurando que puedan acceder a servicios de telecomunicaciones adaptados a sus necesidades y a precios accesibles”, explicó. En ese sentido, el organismo ha desarrollado herramientas digitales como la plataforma “Checa tu plan” (www.checatuplan.pe), donde los usuarios pueden comparar tarifas, servicios y beneficios de todas las empresas operadoras antes de decidir qué plan contratar.El sistema muestra de manera clara y actualizada los precios registrados por las operadoras en el Sistema de Información y Registro de Tarifas (SIRT), lo que permite una transparencia real en la oferta de servicios. Atención especializada y servicios accesibles Osiptel también recordó que las Condiciones de Uso establecen derechos específicos para los usuarios con discapacidad sensorial o física. Por ejemplo, quienes tienen discapacidad visual pueden solicitar que sus recibos sean enviados en formatos accesibles, mientras que las personas con discapacidad física que no puedan realizar la verificación biométrica de huella dactilar están exoneradas de este requisito, siempre que presenten su DNI y una declaración jurada. Del mismo modo, se ha implementado un servicio de orientación telefónica accesible para personas con discapacidad auditiva, disponible los miércoles de 4:00 p.m. a 5:00 p.m., previa cita virtual. Este canal permite resolver dudas sobre contratación, reclamos, suspensión de líneas o beneficios de los planes especiales. Capacitación y asistencia a nivel nacional Entre enero y setiembre de 2025, Osiptel atendió a más de 3.200 personas con discapacidad en temas relacionados con telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable. Estas atenciones se brindaron en 65 actividades presenciales realizadas en distintas regiones del país, siendo Junín, Loreto, Madre de Dios, Tumbes y Pasco las que registraron el mayor número de participantes. Durante estas jornadas, se ofreció información sobre los derechos de los usuarios, los procesos de migración o baja de servicios, y el uso de herramientas digitales como “Checa tu caso”, “Checa tu IMEI” y “Checa tus líneas”. Una medida que reduce brechas La implementación de planes especiales de bajo costo representa un paso clave hacia la equidad en la conectividad. En un contexto donde la comunicación digital se ha vuelto indispensable para la educación, el trabajo y la participación ciudadana, asegurar tarifas justas y servicios accesibles para las personas con discapacidad constituye no solo un acto de inclusión, sino una obligación legal y ética. Con esta medida, Osiptel reafirma su compromiso con un Perú más conectado e inclusivo, donde nadie quede excluido del acceso a la tecnología por razones económicas o físicas. El reto, sin embargo, recae ahora en las operadoras: cumplir y difundir activamente estos beneficios, garantizando que cada ciudadano pueda ejercer su derecho a comunicarse en igualdad de condiciones.     Noticias Relacionadas Osiptel recuerda a operadoras que deben ofrecer planes pospago octubre 20, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La congresista Sigrid Bazán responsabiliza al Ejecutivo y al Ministerio del Interior por la represión durante las protestas. 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