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Cámara de Diputados aprueba restablecer la autonomía de la extinción de dominio

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La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que propone modificar el Decreto Legislativo 1373, Ley de Extinción de Dominio, con la finalidad de restablecer la autonomía de este procedimiento y fortalecer las garantías procesales de las personas afectadas por la investigación y recuperación de bienes vinculados con actividades ilícitas. La propuesta legislativa fue aprobada el 10 de noviembre de 2026 con 66 votos a favor, ninguno en contra y 36 abstenciones. El texto aprobado reúne cinco iniciativas legislativas y plantea modificar las reglas que actualmente regulan este mecanismo de recuperación patrimonial. Con esta decisión, la propuesta continuará su trámite parlamentario en el Senado, por lo que todavía no constituye una ley vigente. ¿QUÉ CAMBIA CON EL RESTABLECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO? Uno de los principales cambios planteados consiste en recuperar la independencia del proceso de extinción de dominio frente a los procesos penales, civiles u otros procedimientos jurisdiccionales o arbitrales. Para ello, el dictamen propone modificar el artículo II del Título Preliminar del Decreto Legislativo 1373, estableciendo expresamente que el proceso de extinción de dominio es independiente y autónomo. En consecuencia, la emisión de una sentencia o laudo en otro procedimiento no podría invocarse, por sí sola, para suspender o impedir que el juez emita una decisión dentro del proceso de extinción de dominio. La finalidad es permitir que las investigaciones patrimoniales puedan avanzar sin depender necesariamente de una sentencia penal definitiva, siempre dentro de las condiciones y garantías previstas en la legislación. EL MINISTERIO PÚBLICO DEBERÁ ACREDITAR EL ORIGEN O DESTINO ILÍCITO DE LOS BIENES El dictamen también plantea precisar las reglas relacionadas con la carga de la prueba. De acuerdo con la propuesta, corresponde al fiscal ofrecer pruebas o indicios concurrentes y razonables que sustenten el origen o destino ilícito del bien cuya extinción se solicita. Asimismo, establece que la persona requerida deberá probar los hechos que invoque en su contestación, mientras que los terceros tendrán que acreditar la existencia y el alcance del derecho que aleguen sobre los bienes. Sin embargo, la propuesta precisa que estas cargas procesales no eximen al Ministerio Público de demostrar los hechos que sustentan su pretensión. De esta manera, se busca establecer reglas expresas sobre las responsabilidades probatorias de las partes y evitar que la obligación de acreditar la pretensión fiscal sea trasladada íntegramente al propietario. INCORPORAN PROTECCIÓN PARA LOS TERCEROS DE BUENA FE Otro aspecto importante es la incorporación del artículo 31-A, denominado «incidente de exclusión de tercero de buena fe». Esta disposición permitiría que las personas que acrediten derechos reales de propiedad o garantía válidamente adquiridos, de origen lícito y de buena fe, soliciten su exclusión del proceso de extinción de dominio. El pedido podría formularse desde la materialización de la medida cautelar o la notificación del auto admisorio hasta la audiencia inicial. Además, el dictamen precisa que la falta de inscripción registral no impedirá solicitar dicha exclusión. El juez deberá evaluar la licitud de la adquisición, la buena fe del tercero y la inexistencia de vinculación con los hechos ilícitos investigados. La propuesta establece un plazo máximo de 30 días hábiles para resolver el incidente. ESTABLECEN REGLAS PARA EVITAR PROCESOS DUPLICADOS SOBRE UN MISMO BIEN El texto aprobado también plantea incorporar el artículo 7-A para regular la coordinación entre el proceso de extinción de dominio y el decomiso penal. Según la propuesta, no procederá presentar una demanda de extinción de dominio sobre un bien sometido a una medida de coerción real con fines de decomiso dentro de un proceso penal en trámite, siempre que en dicho procedimiento corresponda emitir un pronunciamiento definitivo sobre su decomiso. Asimismo, se establece que no procederá la extinción de dominio respecto de un bien sobre el cual exista una resolución judicial firme que haya dispuesto su decomiso. Esta modificación busca evitar la duplicidad de procedimientos sobre un mismo patrimonio y establecer criterios de coordinación entre las vías judiciales. INCORPORAN UN MECANISMO DE REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES El dictamen propone incorporar el artículo 40-B, que contempla un mecanismo excepcional de revisión de sentencias firmes de extinción de dominio. Este recurso podría utilizarse cuando exista una sentencia absolutoria firme o un auto de sobreseimiento con autoridad de cosa juzgada respecto del hecho que sustentó la extinción, siempre que dicha decisión desvirtúe el supuesto que justificó la medida patrimonial. La solicitud deberá presentarse ante la Sala Civil de la Corte Suprema y podrá ser promovida por la persona requerida, el tercero directamente afectado o sus sucesores, dentro del plazo previsto en la propuesta. Si la revisión es declarada fundada, se dejará sin efecto la sentencia de extinción de dominio en el extremo correspondiente y se ordenará la devolución del bien o la restitución del derecho afectado. Cuando la restitución no resulte posible, se contempla una compensación equivalente al valor de mercado del bien o derecho afectado, más los intereses legales correspondientes. PRONABI NO PODRÁ DISPONER DE LOS BIENES ANTES DE QUE LA SENTENCIA QUEDE FIRME Entre las garantías contempladas también figura la limitación de las facultades de disposición del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI). La propuesta establece que los bienes sometidos a un proceso de extinción de dominio no podrán ser dispuestos antes de que la sentencia correspondiente adquiera la calidad de cosa juzgada. Asimismo, contempla reglas para los casos en los que los bienes hayan sido objeto de subasta anticipada, estableciendo mecanismos de devolución de su valor equivalente cuando corresponda. Estas disposiciones buscan reforzar la protección patrimonial durante la tramitación del procedimiento. ¿QUÉ PASARÁ CON LOS PROCESOS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN TRÁMITE? El dictamen establece que las modificaciones de carácter procesal se aplicarían inmediatamente a los procesos en trámite, conservándose la validez de los actos procesales realizados. También contempla la posibilidad de reiniciar, a solicitud del fiscal especializado o del procurador público, determinados procesos que fueron archivados, suspendidos o declarados improcedentes por aplicación exclusiva de las disposiciones incorporadas por la Ley 32326, siempre que las decisiones correspondientes no hayan adquirido firmeza. La revisión excepcional de sentencias prevista en el

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Proponen incorporar educación vial y normas de tránsito en los colegios

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El diputado Marco Antonio Pacheco Quispe, integrante de la bancada de Fuerza Popular, presentó el Proyecto de Ley N.º 00821-2026-2031-CD, que propone incorporar la educación vial y de tránsito como contenido obligatorio del Currículo Nacional de la Educación Básica. La iniciativa legislativa plantea modificar el artículo 33 de la Ley N.º 28044, Ley General de Educación, con la finalidad de promover desde las instituciones educativas el conocimiento y respeto de las normas de tránsito, la prevención de siniestros viales y el desarrollo de hábitos de movilidad segura y responsable. La propuesta fue presentada el 10 de noviembre de 2026 y cuenta con la firma de seis diputados de Fuerza Popular. Hasta el momento de su presentación, se encuentra en etapa de proyecto y deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente. ¿QUÉ PROPONE MODIFICAR EL PROYECTO DE LEY? El proyecto plantea incorporar un último párrafo al artículo 33 de la Ley General de Educación, estableciendo que el Currículo Nacional de la Educación Básica incluya, de manera transversal y progresiva, contenidos relacionados con la educación vial y las normas de tránsito. Estos conocimientos deberán desarrollarse dentro de las competencias y áreas curriculares correspondientes, considerando las características, necesidades y edades de los estudiantes, así como las distintas modalidades y niveles de la educación básica. La iniciativa busca que los escolares comprendan la importancia de respetar las señales de tránsito, reconocer los riesgos en las vías públicas y adoptar comportamientos responsables como peatones, pasajeros y futuros conductores. NO SE CREARÁ UN NUEVO CURSO DE EDUCACIÓN VIAL Uno de los aspectos importantes de la propuesta es que la incorporación de estos contenidos no implicará la creación de una asignatura independiente dentro del plan de estudios. Tampoco contempla incrementar las horas académicas ni establecer cursos de conducción para los estudiantes. En el caso del nivel secundario, los contenidos estarán orientados al conocimiento de las normas de tránsito y la formación de una cultura de prevención, sin modificar los requisitos legales para obtener una licencia de conducir. Asimismo, el Ministerio de Educación conservará sus competencias para determinar los contenidos pedagógicos, las competencias, los desempeños y las estrategias de enseñanza que correspondan a cada nivel educativo. ACCIDENTES DE TRÁNSITO SUSTENTAN LA INICIATIVA En su exposición de motivos, el autor del proyecto advierte sobre la magnitud de los siniestros viales registrados en el país y la necesidad de fortalecer las acciones preventivas desde la educación. Según las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial citadas en la propuesta, durante el año 2025 se registraron 88 243 siniestros de tránsito, que dejaron 55 329 personas lesionadas y 3428 fallecidas. Entre las víctimas mortales se encontraban 321 niñas, niños y adolescentes, mientras que otros 6834 menores resultaron lesionados. El documento también señala que las muertes por siniestros viales aumentaron de 3002 en 2024 a 3428 en 2025, lo que representa un incremento del 14,2 %. A partir de estos datos, la iniciativa plantea fortalecer la formación preventiva de los estudiantes, aunque reconoce que las cifras de siniestralidad no demuestran por sí solas que la falta de educación vial en las escuelas sea la causa de los accidentes. ¿QUÉ RESPONSABILIDAD TENDRÁ EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN? De aprobarse la propuesta, el Ministerio de Educación deberá adecuar los instrumentos curriculares necesarios para incorporar progresivamente los contenidos de educación vial y tránsito. Asimismo, deberá coordinar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones las acciones de orientación y asistencia técnica para facilitar la implementación de la medida. La propuesta busca que ambas instituciones desarrollen un trabajo articulado, de manera que los contenidos educativos respondan a criterios técnicos y pedagógicos relacionados con la seguridad vial. ¿LA IMPLEMENTACIÓN GENERARÁ GASTOS ADICIONALES AL ESTADO? El proyecto establece que la implementación de la medida se realizará con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, de acuerdo con sus competencias y disponibilidad presupuestaria. En ese sentido, señala que su aplicación no deberá demandar recursos adicionales al Tesoro Público. ¿QUÉ SIGUE PARA ESTA PROPUESTA LEGISLATIVA? El Proyecto de Ley N.º 00821-2026-2031-CD todavía debe continuar su trámite en el Congreso de la República. Su presentación no significa que la educación vial ya sea un contenido obligatorio incorporado mediante esta modificación legal. La iniciativa deberá ser evaluada en las instancias legislativas correspondientes y, de obtener la aprobación requerida, continuar con el procedimiento constitucional para convertirse en ley. De aprobarse, la propuesta establecería un mandato legal para incorporar progresivamente la educación vial y las normas de tránsito en la formación escolar, con el objetivo de promover una cultura de prevención y responsabilidad en el uso de las vías públicas. Noticias Relacionadas Proponen incorporar educación vial y normas de tránsito en noviembre 11, 2026 El Poder Judicial dictó medidas urgentes de protección a favor de una mujer gestante de 35 años que denunció a su expareja por presuntamente ejercer presiones psicológicas para que interrumpiera su Juez ordena a expareja cubrir gastos del embarazo tras noviembre 10, 2026 El Poder Judicial dictó medidas urgentes de protección a favor de una mujer gestante de 35 años que denunció a su expareja por presuntamente ejercer presiones psicológicas para que interrumpiera su JNE impide que exalcaldes asuman alcaldías como primeros regidores noviembre 9, 2026 El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que los alcaldes que ejercieron el cargo durante el periodo municipal 2023-2026 y postularon como primeros regidores en las Elecciones

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Juez ordena a expareja cubrir gastos del embarazo tras presiones para abortar

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El Poder Judicial dictó medidas urgentes de protección a favor de una mujer gestante de 35 años que denunció a su expareja por presuntamente ejercer presiones psicológicas para que interrumpiera su embarazo. Como parte de las disposiciones, el juzgado ordenó que el denunciado asuma la totalidad de los gastos que demande la gestación y el parto, además de establecer restricciones de acercamiento y comunicación con la agraviada. La decisión fue adoptada por el juez Giancarlo Torreblanca Gonzales, del Quinto Juzgado de Familia especializado en Violencia Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en aplicación de la Ley N.° 30364, norma que establece mecanismos de prevención, protección y sanción frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. ¿QUÉ OCURRIÓ? De acuerdo con la denuncia presentada por la mujer, su expareja la habría llamado constantemente para presionarla a interrumpir el embarazo. Durante estas comunicaciones, presuntamente le manifestaba que no asumiría ningún gasto relacionado con la gestación ni tampoco la manutención del futuro bebé. Según lo señalado por la agraviada, el denunciado habría indicado que únicamente estaba dispuesto a cubrir el costo de un aborto, argumentando que de esa manera evitarían problemas futuros. Ante estos hechos, la gestante solicitó protección judicial frente a las presuntas conductas de violencia psicológica que, según su denuncia, afectaban su estabilidad emocional durante el embarazo. JUZGADO ORDENA QUE EL EXENAMORADO ASUMA LOS GASTOS DEL EMBARAZO Y PARTO Una de las principales disposiciones establecidas por el magistrado fue ordenar que el denunciado asuma todos los gastos que demande el embarazo y el parto de la mujer. Esta medida forma parte del conjunto de disposiciones urgentes adoptadas para proteger a la gestante frente a la situación denunciada y evitar que tenga que afrontar sola los gastos relacionados con esta etapa. PROHÍBEN AL DENUNCIADO ACERCARSE A MENOS DE 100 METROS El juzgado también estableció una distancia mínima de 100 metros que el denunciado deberá mantener respecto del domicilio, centro de trabajo o cualquier otro lugar donde se encuentre la agraviada. La disposición busca evitar situaciones de acercamiento que puedan generar nuevos episodios de intimidación, presión o afectación psicológica contra la mujer. PROHIBICIÓN DE COMUNICACIÓN Y ACTOS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA Otra de las medidas dictadas establece que el denunciado deberá abstenerse de realizar cualquier manifestación de violencia psicológica contra la gestante. La prohibición comprende insultos, amenazas, expresiones ofensivas, humillaciones y cualquier otra conducta que pueda afectar su integridad emocional. Asimismo, se dispuso que no mantenga ningún tipo de comunicación con la agraviada, salvo las excepciones expresamente contempladas en la resolución judicial. MINISTERIO PÚBLICO Y POLICÍA NACIONAL INTERVENDRÁN EN EL SEGUIMIENTO Como parte de las disposiciones, el juzgado ordenó comunicar los hechos al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones. Además, se ofició a la Policía Nacional del Perú para ejecutar y realizar el seguimiento de las medidas de protección, así como coordinar con las autoridades competentes las acciones necesarias para garantizar su cumplimiento. APLICACIÓN DE LA LEY N.° 30364 La decisión judicial se sustenta en la Ley N.° 30364, que establece mecanismos para prevenir, atender y proteger a las mujeres y a los integrantes del grupo familiar frente a situaciones de violencia. En este caso, las medidas fueron dictadas con el propósito de salvaguardar la integridad psicológica de la gestante y evitar que continúe expuesta a las presiones denunciadas durante el desarrollo de su embarazo. La resolución constituye una medida de protección frente a los hechos comunicados al juzgado, sin que ello implique por sí mismo una declaración definitiva de responsabilidad penal del denunciado. Noticias Relacionadas Juez ordena a expareja cubrir gastos del embarazo tras noviembre 10, 2026 El Tribunal Constitucional (TC), mediante resolución de fecha 26 de febrero de 2026, declaró improcedente el recurso de agravio constitucional presentado en el proceso promovido por jueces de la Corte JNE impide que exalcaldes asuman alcaldías como primeros regidores noviembre 9, 2026 El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que los alcaldes que ejercieron el cargo durante el periodo municipal 2023-2026 y postularon como primeros regidores en las Elecciones TC declara improcedente demanda de jueces de Lambayeque por noviembre 6, 2026 El Tribunal Constitucional (TC), mediante resolución de fecha 26 de febrero de 2026, declaró improcedente el recurso de agravio constitucional presentado en el proceso promovido por jueces de la Corte

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JNE impide que exalcaldes asuman alcaldías como primeros regidores en 2027-2030

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El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que los alcaldes que ejercieron el cargo durante el periodo municipal 2023-2026 y postularon como primeros regidores en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no podrán asumir nuevamente la alcaldía en la misma circunscripción durante el periodo 2027-2030. La decisión, contenida en la Resolución N.° 4557-2026-JNE, establece que la condición de primer regidor no habilita a una persona comprendida en la prohibición constitucional de reelección inmediata para volver a ejercer la alcaldía mediante mecanismos indirectos de sucesión o reemplazo. ¿Qué establece la Resolución N.° 4557-2026-JNE? El numeral tercero de la resolución establece expresamente que quien ejerció el mandato de alcalde durante el periodo municipal inmediato anterior, aun cuando haya postulado como primer regidor, no podrá postular ni ser proclamado alcalde de la misma circunscripción para el periodo inmediato siguiente. Esta restricción se sustenta en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, que establece la prohibición de reelección inmediata de alcaldes. Tampoco podrán asumir mediante renuncia, exclusión o sucesión Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento es que el impedimento no se limita a la proclamación directa como alcalde. El JNE precisó que los exalcaldes comprendidos en esta prohibición tampoco podrán asumir el cargo como consecuencia de: La renuncia del candidato a alcalde. La exclusión o tacha del candidato a alcalde. Una eventual suspensión de la autoridad municipal. La vacancia del alcalde durante el periodo de gobierno. Cualquier mecanismo de sucesión o reemplazo durante el mandato. De esta manera, el organismo electoral busca evitar que la prohibición constitucional de reelección inmediata sea eludida mediante mecanismos indirectos. ¿Quién asumirá la alcaldía si el primer regidor está impedido? La resolución establece que, en estos supuestos, corresponderá proclamar o convocar, según el caso, al primer regidor hábil que siga en el orden de precedencia de la propia lista electoral y que no se encuentre sujeto a impedimento constitucional o legal para ejercer la alcaldía. Asimismo, el JNE precisa que esta restricción no afecta, por ese solo motivo, la condición de regidor de la persona impedida para asumir la alcaldía. Es decir, el exalcalde podrá conservar su condición de regidor, pero no podrá acceder nuevamente al cargo de alcalde durante el periodo municipal inmediato siguiente en la misma circunscripción. JNE revisó 427 actas de proclamación La resolución fue emitida en el marco de la revisión de oficio de las actas de proclamación de resultados expedidas por los Jurados Electorales Especiales (JEE), correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Según informó el organismo electoral, el Pleno revisó 427 actas de proclamación y encontró nueve que requerían observaciones o correcciones, conforme a los criterios jurisdiccionales establecidos. El pronunciamiento también busca uniformizar los criterios aplicados por los JEE en la proclamación de autoridades municipales. ¿Cuál es el fundamento constitucional? El criterio del JNE se fundamenta en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes. En esa línea, el organismo electoral distingue entre la posibilidad de postular como regidor y la posibilidad de asumir posteriormente la alcaldía. Aunque un exalcalde pueda participar como candidato a regidor, ello no significa que esté habilitado para volver a ejercer la alcaldía en el periodo municipal inmediato siguiente. Una disposición aplicable al periodo municipal 2027-2030 Con este pronunciamiento, el JNE establece un criterio que deberá ser observado por los Jurados Electorales Especiales al revisar y corregir las proclamaciones de autoridades municipales. La medida busca garantizar el cumplimiento de las restricciones constitucionales sobre la reelección inmediata y evitar que una autoridad vuelva a ejercer la misma alcaldía mediante mecanismos de sucesión o reemplazo. Noticias Relacionadas JNE impide que exalcaldes asuman alcaldías como primeros regidores noviembre 9, 2026 El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que los alcaldes que ejercieron el cargo durante el periodo municipal 2023-2026 y postularon como primeros regidores en las Elecciones TC declara improcedente demanda de jueces de Lambayeque por noviembre 6, 2026 El Tribunal Constitucional (TC), mediante resolución de fecha 26 de febrero de 2026, declaró improcedente el recurso de agravio constitucional presentado en el proceso promovido por jueces de la Corte JEE rechaza reelección encubierta y proclama a segunda regidora noviembre 5, 2026 El Jurado Electoral Especial (JEE) de Ica rechazó la posibilidad de que el actual alcalde del distrito de San Juan Bautista, Jorge Luis Quispe Saavedra, vuelva a ejercer inmediatamente dicho cargo

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TC declara improcedente demanda de jueces de Lambayeque por homologación salarial y 16 sueldos anuales

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El Tribunal Constitucional (TC), mediante resolución de fecha 26 de febrero de 2026, declaró improcedente el recurso de agravio constitucional presentado en el proceso promovido por jueces de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, quienes reclamaban la homologación de sus remuneraciones y el reconocimiento de 16 remuneraciones anuales. La controversia se originó en una demanda de cumplimiento presentada el 7 de febrero de 2013 contra el Poder Judicial, en la que los magistrados solicitaban la aplicación de determinados beneficios económicos contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Qué exigían los jueces de Lambayeque? Los magistrados solicitaron que sus remuneraciones fueran homologadas tomando como referencia los ingresos de un juez supremo titular, conforme a los siguientes porcentajes: 90 %: para jueces superiores. 80 %: para jueces especializados o mixtos. 70 %: para jueces de paz letrados. Asimismo, exigían el otorgamiento de 16 remuneraciones anuales, además del pago de las remuneraciones devengadas e intereses legales correspondientes. ¿Cómo se desarrolló el proceso judicial? El Sexto Juzgado Civil de Chiclayo, mediante Resolución N.° 26, del 24 de julio de 2015, declaró improcedente la demanda al considerar que las disposiciones invocadas habían sido modificadas por la Ley N.° 30125. Posteriormente, la Primera Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante Resolución N.° 34, del 4 de octubre de 2017, revocó dicha decisión y declaró fundada la demanda en todos sus extremos, ordenando efectuar los cálculos correspondientes y reconocer los conceptos reclamados. Sin embargo, durante la etapa de ejecución surgieron controversias respecto del cumplimiento de lo ordenado, lo que motivó que el caso llegara nuevamente al Tribunal Constitucional. ¿Qué resolvió el Tribunal Constitucional? Mediante el Expediente N.° 01690-2023-PC/TC, el TC evaluó el recurso de agravio constitucional interpuesto por uno de los magistrados demandantes y los antecedentes del proceso. La resolución aborda la controversia sobre la ejecución de la sentencia que había reconocido los conceptos remunerativos reclamados por los jueces de Lambayeque. ¿Qué implica la decisión? El pronunciamiento del Tribunal Constitucional resuelve el recurso presentado en este proceso concreto y se refiere a la controversia sobre la ejecución de la decisión judicial anterior. Por ello, resulta importante distinguir entre la pretensión original de los magistrados, lo resuelto en las distintas instancias y el alcance de la decisión emitida por el máximo intérprete de la Constitución. Datos de la resolución Órgano: Tribunal Constitucional. Expediente: N.° 01690-2023-PC/TC. Demandante: Pablo Díaz Piscoya y otros jueces de Lambayeque. Fecha de la resolución: 26 de febrero de 2026. Materia: Proceso de cumplimiento y controversia sobre beneficios remunerativos. Noticias Relacionadas TC declara improcedente demanda de jueces de Lambayeque por noviembre 6, 2026 El Jurado Electoral Especial (JEE) de Ica rechazó la posibilidad de que el actual alcalde del distrito de San Juan Bautista, Jorge Luis Quispe Saavedra, vuelva a ejercer inmediatamente dicho cargo JEE rechaza reelección encubierta y proclama a segunda regidora noviembre 5, 2026 El Jurado Electoral Especial (JEE) de Ica rechazó la posibilidad de que el actual alcalde del distrito de San Juan Bautista, Jorge Luis Quispe Saavedra, vuelva a ejercer inmediatamente dicho cargo Incendio en servidores de Reniec suspendió trámites y afectó noviembre 3, 2026 Una emergencia en la infraestructura tecnológica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) provocó la suspensión temporal de sus servicios a nivel nacional el lunes 2 de

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JEE rechaza reelección encubierta y proclama a segunda regidora como alcaldesa

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El Jurado Electoral Especial (JEE) de Ica rechazó la posibilidad de que el actual alcalde del distrito de San Juan Bautista, Jorge Luis Quispe Saavedra, vuelva a ejercer inmediatamente dicho cargo durante el periodo municipal 2027-2030, al considerar que esta situación configuraría una forma de reelección encubierta, prohibida por la Constitución Política del Perú. Mediante la Resolución N.º 01874-2026-JEE-ICA0/JNE, el organismo electoral dispuso proclamar a Rita del Carmen Guerrero Cajo, quien ocupaba el segundo lugar en la lista de regidores de Renovación Popular Perú, como alcaldesa electa de dicha jurisdicción. ¿CÓMO SE ORIGINÓ LA CONTROVERSIA? Jorge Luis Quispe Saavedra, quien ejercía como alcalde durante el periodo 2023-2026, participó en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 como primer regidor de la lista de Renovación Popular Perú. Sin embargo, la candidata que encabezaba originalmente la lista para la alcaldía, Juana del Socorro Quispe Quijaite, presentó su renuncia el 27 de julio de 2026, situación que generó la posibilidad de que el actual burgomaestre asumiera nuevamente la alcaldía al momento de la proclamación de resultados. Ante este escenario, el JEE evaluó si correspondía permitir que una autoridad municipal continuara ejerciendo el mismo cargo mediante su participación formal como candidato a regidor. ¿POR QUÉ EL JEE CONSIDERÓ QUE EXISTÍA UNA REELECCIÓN ENCUBIERTA? El organismo electoral sostuvo que la prohibición constitucional de reelección inmediata de alcaldes no puede ser eludida mediante mecanismos que permitan a una autoridad mantenerse en la misma alcaldía durante un periodo consecutivo. En ese sentido, tomó como referencia el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, que establece que los alcaldes no pueden ser reelegidos inmediatamente para el periodo siguiente. Bajo esta interpretación, el hecho de que el actual alcalde hubiera postulado formalmente como primer regidor no justificaba que posteriormente recibiera la credencial para ejercer nuevamente la alcaldía. RITA GUERRERO FUE PROCLAMADA ALCALDESA PARA EL PERIODO 2027-2030 Como consecuencia de su decisión, el JEE proclamó a Rita del Carmen Guerrero Cajo como alcaldesa electa del distrito de San Juan Bautista para el periodo municipal 2027-2030. Asimismo, dispuso que Jorge Luis Quispe Saavedra sea proclamado como primer regidor, en correspondencia con el cargo para el cual participó formalmente en el proceso electoral. De esta manera, la resolución determinó quién debía asumir la alcaldía, respetando la prohibición constitucional de reelección inmediata. LA DECISIÓN NO FUE UNÁNIME La resolución fue adoptada por mayoría y contó con un voto discrepante de la magistrada Hilda Graciela Montes Navidad. La posición en minoría sostuvo que la prohibición constitucional debía analizarse considerando el cargo al que la autoridad se presentó como candidato, en este caso, el de primer regidor. Esta discrepancia refleja la controversia jurídica existente sobre el alcance de la prohibición de reelección inmediata y la posibilidad de que una autoridad municipal vuelva a ejercer la alcaldía por una vía distinta a la postulación directa para dicho cargo. JNE EVALUARÁ LOS CRITERIOS SOBRE REELECCIÓN ENCUBIERTA El caso se enmarca en una controversia más amplia sobre las proclamaciones de alcaldes que participaron en las elecciones municipales de 2026 como candidatos a regidores. Ante la existencia de interpretaciones diferentes entre los Jurados Electorales Especiales, el Jurado Nacional de Elecciones anunció la revisión de oficio de las actas de proclamación, con el propósito de evaluar estos casos y establecer criterios uniformes. La controversia pone en discusión los alcances del artículo 194 de la Constitución y la aplicación de la prohibición de reelección inmediata de autoridades municipales. Noticias Relacionadas JEE rechaza reelección encubierta y proclama a segunda regidora noviembre 5, 2026 El Jurado Electoral Especial (JEE) de Ica rechazó la posibilidad de que el actual alcalde del distrito de San Juan Bautista, Jorge Luis Quispe Saavedra, vuelva a ejercer inmediatamente dicho cargo Incendio en servidores de Reniec suspendió trámites y afectó noviembre 3, 2026 Una emergencia en la infraestructura tecnológica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) provocó la suspensión temporal de sus servicios a nivel nacional el lunes 2 de Proponen que la ONPE implemente conteo rápido oficial para noviembre 2, 2026 El diputado César Augusto Muedas Balbiese, integrante del grupo parlamentario Ahora Nación, presentó el Proyecto de Ley N.° 717/2026-2031-CD, que propone encargar a la Oficina Nacional de Procesos

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Incendio en servidores de Reniec suspendió trámites y afectó a Migraciones

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Una emergencia en la infraestructura tecnológica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) provocó la suspensión temporal de sus servicios a nivel nacional el lunes 2 de noviembre de 2026. El incidente se originó por una sobrecarga eléctrica en las conexiones, que ocasionó un incendio controlado en sus servidores y afectó el funcionamiento de sus sistemas informáticos.A través de un comunicado, la entidad informó que dispuso la interrupción temporal e integral de sus servicios con la finalidad de proteger la información almacenada y evitar mayores inconvenientes en sus plataformas. Asimismo, señaló que sus equipos técnicos iniciaron los trabajos necesarios para recuperar la operatividad de los sistemas. ¿QUÉ SERVICIOS DE RENIEC RESULTARON AFECTADOS? La suspensión comprendió los servicios de identificación y registro civil que brinda la institución, entre ellos los trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI), la expedición de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, así como otros procedimientos que dependen de sus plataformas digitales.La interrupción generó inconvenientes para los ciudadanos que necesitaban realizar gestiones presenciales o virtuales vinculadas con la identificación y validación de sus datos personales. MIGRACIONES TAMBIÉN SUSPENDIÓ TEMPORALMENTE ALGUNOS SERVICIOS La falla tecnológica también repercutió en la Superintendencia Nacional de Migraciones, debido a la dependencia de sus sistemas respecto de la información proporcionada por Reniec.Entre las operaciones afectadas se encontraron el enrolamiento para la emisión de nuevos pasaportes, el acceso a la Agencia Digital de Migraciones y determinados mecanismos de pago de tasas.Sin embargo, la entidad precisó que el control migratorio continuó funcionando mediante procedimientos manuales, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y conforme a los protocolos de seguridad establecidos. Asimismo, se mantuvo la entrega de pasaportes que habían sido tramitados previamente. BANCO DE LA NACIÓN Y SUNARP TAMBIÉN REGISTRARON AFECTACIONES El incidente también ocasionó limitaciones en otras instituciones que utilizan los servicios de validación e interoperabilidad de Reniec.El Banco de la Nación informó que algunas operaciones que requieren verificación biométrica quedaron temporalmente restringidas. Entre ellas se encontraban la apertura de cuentas, entrega de tarjetas, gestión de préstamos y determinadas operaciones relacionadas con depósitos judiciales.Por su parte, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) advirtió que algunos de sus servicios podrían presentar demoras o intermitencias cuando necesitaran consultar información del sistema de identificación.RENIEC CONFIRMÓ EL RESTABLECIMIENTO DE SUS SERVICIOSDurante la noche del 2 de noviembre, Reniec comunicó que sus equipos técnicos habían culminado las labores necesarias para recuperar la operatividad de sus sistemas informáticos.De acuerdo con la institución, todas sus plataformas y servicios quedaron restablecidos y operativos con normalidad a nivel nacional, luego de las acciones ejecutadas para garantizar la continuidad de los servicios de identificación y registro civil.El incidente evidenció la importancia de contar con infraestructura tecnológica segura y mecanismos de contingencia que permitan mantener la continuidad de los servicios públicos digitales, especialmente cuando distintas entidades del Estado dependen de sistemas interconectados para atender a la ciudadanía. Noticias Relacionadas Incendio en servidores de Reniec suspendió trámites y afectó noviembre 3, 2026 Una emergencia en la infraestructura tecnológica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) provocó la suspensión temporal de sus servicios a nivel nacional el lunes 2 de Proponen que la ONPE implemente conteo rápido oficial para noviembre 2, 2026 El diputado César Augusto Muedas Balbiese, integrante del grupo parlamentario Ahora Nación, presentó el Proyecto de Ley N.° 717/2026-2031-CD, que propone encargar a la Oficina Nacional de Procesos Proponen que el Pleno del Congreso resuelva empates en octubre 29, 2026 Un proyecto de resolución legislativa plantea que el Pleno del Congreso de la República intervenga para resolver los empates absolutos que puedan producirse durante la elección de las mesas directivas

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Proponen que la ONPE implemente conteo rápido oficial para difundir resultados electorales

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El diputado César Augusto Muedas Balbiese, integrante del grupo parlamentario Ahora Nación, presentó el Proyecto de Ley N.° 717/2026-2031-CD, que propone encargar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la implementación de un sistema oficial de conteo rápido de votos para las elecciones generales. La iniciativa legislativa busca que la autoridad electoral procese una muestra representativa de actas de sufragio y difunda resultados preliminares durante el mismo día de los comicios, con la finalidad de proporcionar información oportuna a la ciudadanía y reducir la incertidumbre que se genera después del cierre de las mesas de votación. Proponen modificar la Ley Orgánica de Elecciones El proyecto plantea modificar el artículo 320 de la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, para incorporar entre las funciones de la ONPE la implementación de un sistema oficial de conteo rápido. La propuesta establece que este mecanismo tendrá carácter estadístico, preliminar, informativo y no vinculante. Asimismo, deberá sustentarse en una muestra probabilística de mesas de sufragio seleccionadas mediante una metodología técnica previamente aprobada y publicada. De esta manera, se busca incorporar un mecanismo institucional que permita conocer estimaciones de los resultados electorales antes de que concluya el procesamiento de la totalidad de las actas. Resultados preliminares se difundirían el mismo día Uno de los principales objetivos de la iniciativa es que la ONPE pueda transmitir y difundir las estimaciones estadísticas durante la misma jornada electoral, una vez concluida la votación. Para ello, el organismo electoral deberá seleccionar las mesas que integrarán la muestra, recopilar la información contenida en sus actas y procesar los datos mediante procedimientos estadísticos. El proyecto contempla que los resultados incluyan márgenes de error e intervalos de confianza, de acuerdo con la metodología técnica y el diseño muestral previamente establecidos. Conteo rápido no reemplazará los resultados oficiales La propuesta establece expresamente que los resultados del conteo rápido tendrán carácter informativo y no vinculante. Esto significa que las estimaciones difundidas por la ONPE no determinarán oficialmente quiénes resultaron elegidos ni sustituirán el procedimiento legal de cómputo de votos. El resultado definitivo continuará dependiendo del procesamiento de la totalidad de las actas electorales, así como de las resoluciones que correspondan a los Jurados Electorales Especiales y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Por tanto, el conteo rápido funcionaría como una herramienta complementaria para ofrecer información preliminar, sin modificar las competencias de los organismos electorales encargados de validar los resultados. Diferencias entre conteo rápido y encuesta a boca de urna La iniciativa también distingue el conteo rápido de las encuestas a boca de urna que realizan las empresas encuestadoras. Mientras que las encuestas a boca de urna recogen las respuestas voluntarias de los ciudadanos después de emitir su voto, el conteo rápido utiliza información de las actas electorales elaboradas por los miembros de mesa al finalizar el escrutinio. En ese sentido, el mecanismo propuesto se basaría en resultados reales registrados en una muestra estadística de mesas de sufragio y no en las declaraciones de los electores. Proyecto busca reducir la incertidumbre electoral En la exposición de motivos, el autor de la iniciativa sostiene que la ausencia de un mecanismo oficial de estimación estadística genera un periodo de incertidumbre durante las horas posteriores al cierre de las votaciones. El documento señala que esta situación ha favorecido la dependencia de la ciudadanía respecto de los conteos rápidos difundidos por organizaciones privadas y empresas encuestadoras, como la Asociación Civil Transparencia, IPSOS y Datum. Frente a ello, se plantea que la ONPE asuma directamente esta función, mediante un sistema regulado y respaldado institucionalmente, que permita proporcionar información preliminar con criterios técnicos previamente establecidos. ONPE y JNE tendrían 120 días para aprobar protocolos El proyecto incorpora una disposición complementaria final que establece que la ONPE, en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones y dentro del ámbito de sus respectivas competencias, deberá aprobar las disposiciones reglamentarias y los protocolos técnicos necesarios para implementar el sistema. Para ello, se propone un plazo máximo de 120 días, contabilizado desde la entrada en vigencia de la eventual ley. Estos instrumentos deberán establecer los procedimientos para seleccionar las muestras, procesar la información electoral, garantizar la seguridad de los datos y difundir los resultados preliminares. Iniciativa toma como referencia experiencias internacionales La exposición de motivos también menciona experiencias de otros países que cuentan con mecanismos de preconteo o difusión de resultados preliminares, entre ellos Colombia, México, República Dominicana y Panamá. Estos sistemas permiten proporcionar estimaciones durante las jornadas electorales, manteniendo la diferencia entre los resultados preliminares y aquellos que adquieren validez jurídica mediante el escrutinio definitivo. La propuesta busca incorporar una herramienta similar en el sistema electoral peruano, bajo la responsabilidad de la autoridad encargada de organizar los procesos electorales. Proyecto deberá continuar su trámite en el Congreso La iniciativa legislativa plantea fortalecer la transparencia electoral mediante la difusión institucional de estimaciones preliminares el mismo día de las elecciones. Sin embargo, el Proyecto de Ley N.° 717/2026-2031-CD se encuentra en etapa de presentación y deberá continuar el procedimiento legislativo correspondiente antes de convertirse en ley. De aprobarse, la ONPE asumiría una nueva función relacionada con el procesamiento y difusión de resultados preliminares, mientras que el cómputo oficial definitivo y la proclamación de autoridades continuarían sujetos a las reglas y competencias establecidas en la legislación electoral vigente. Noticias Relacionadas Proponen que la ONPE implemente conteo rápido oficial para noviembre 2, 2026 Un proyecto de resolución legislativa plantea que el Pleno del Congreso de la República intervenga para resolver los empates absolutos que puedan producirse durante la elección de las mesas directivas Proponen que el Pleno del Congreso resuelva empates en octubre 29, 2026 Un proyecto de resolución legislativa plantea que el Pleno del Congreso de la República intervenga para resolver los empates absolutos que puedan producirse durante la elección de las mesas directivas Proponen prohibir corridas de toros y peleas de gallos octubre 28, 2026 Un nuevo proyecto de ley plantea prohibir las corridas de toros, las peleas de toros, las peleas de gallos y otros espectáculos similares cuando su realización implique actos de

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Proponen que el Pleno del Congreso resuelva empates en elección de presidentes de las cámaras

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Un proyecto de resolución legislativa plantea que el Pleno del Congreso de la República intervenga para resolver los empates absolutos que puedan producirse durante la elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados. La iniciativa busca incorporar un procedimiento excepcional al Reglamento del Congreso para evitar que una igualdad de votos entre las listas finalistas impida definir quién presidirá una de las cámaras legislativas. La propuesta está contenida en el Proyecto de Resolución Legislativa N.° 00689/2026-2031-CD, presentado el 27 de octubre de 2026 por el diputado Héctor Guillén Valencia, de la bancada de Juntos por el Perú, junto con otros parlamentarios. El planteamiento propone incorporar el artículo 53-A al Reglamento del Congreso de la República. ¿QUÉ BUSCA CAMBIAR EL PROYECTO? La iniciativa pretende establecer una regla específica para los casos en los que las dos listas finalistas obtengan exactamente el mismo número de votos durante la segunda votación para elegir la mesa directiva de una de las cámaras. El proyecto parte de la necesidad de contar con un mecanismo que permita resolver una situación de empate absoluto cuando las reglas electorales ordinarias no ofrecen una solución expresa para ese escenario. De aprobarse, la modificación establecería una secuencia de actuaciones que comenzaría con la búsqueda de consensos parlamentarios y, si esta no permite resolver el empate, terminaría con la intervención del Pleno del Congreso, integrado por senadores y diputados reunidos en sesión conjunta. ¿CÓMO SE RESOLVERÍA UN EMPATE ABSOLUTO? La propuesta contempla un procedimiento excepcional con varias etapas sucesivas. Su aplicación dependería de que se produzca un empate absoluto entre las dos listas finalistas y de que las instancias ordinarias de votación no permitan definir al ganador. En primer lugar, quien presida la sesión electoral declararía un cuarto intermedio de hasta 24 horas para promover acuerdos entre los parlamentarios. Después de ese periodo, se convocaría a una nueva votación en la cámara correspondiente. Si las listas volvieran a obtener el mismo número de votos, se activaría el mecanismo extraordinario previsto en el proyecto: convocar al Pleno del Congreso, reunido en sesión conjunta, para resolver la elección pendiente. EL CUARTO INTERMEDIO BUSCARÍA FACILITAR ACUERDOS El primer paso del procedimiento sería conceder un cuarto intermedio de hasta 24 horas. Durante ese periodo, los parlamentarios podrían dialogar y buscar consensos que permitan superar la igualdad de votos. La iniciativa plantea esta etapa como una oportunidad para que las listas participantes alcancen acuerdos antes de recurrir a una decisión adoptada por el conjunto del Congreso. Concluido el cuarto intermedio, la cámara correspondiente volvería a votar. Si una de las listas obtiene más votos que la otra, se resolvería la elección mediante el procedimiento ordinario. El mecanismo extraordinario solo se utilizaría si el empate absoluto persistiera. ¿QUÉ PASARÍA SI EL EMPATE CONTINÚA? Si la nueva votación no permite determinar un ganador, quien presida la sesión electoral convocaría de inmediato al Pleno del Congreso, reunido conjuntamente con los senadores y diputados. La reunión tendría como único objetivo resolver la elección de la mesa directiva de la cámara afectada por el empate. De esta manera, la votación conjunta no sustituiría el procedimiento ordinario en todos los casos, sino que funcionaría como una instancia excepcional de cierre. El proyecto busca que la falta de una mayoría diferenciada en la segunda votación no deje sin solución la elección de la presidencia y de los demás integrantes de la mesa directiva correspondiente. LA VOTACIÓN DEL PLENO SERÍA NOMINAL, PÚBLICA Y OBLIGATORIA La propuesta establece que la decisión del Pleno se adopte mediante una votación nominal, pública y obligatoria. Esto supone que el voto de cada parlamentario quedaría registrado individualmente. Además, la lista que resulte ganadora tendría que obtener más de la mitad del número legal de integrantes del Congreso de la República, conforme al umbral previsto en la iniciativa. El proyecto señala que la decisión adoptada en sesión conjunta tendría carácter definitivo dentro del procedimiento electoral planteado y permitiría determinar la elección e inmediata instalación de la mesa directiva de la cámara correspondiente. ¿POR QUÉ SE PLANTEA ESTA MODIFICACIÓN? La exposición de motivos sostiene que los reglamentos parlamentarios contienen disposiciones para elegir las mesas directivas y regular las votaciones, pero no contemplan expresamente un mecanismo especial de cierre para resolver un empate absoluto entre las dos listas finalistas en la segunda votación. Según los autores, la ausencia de una regla específica para esa situación podría generar dificultades institucionales si ninguna lista logra superar a la otra y no existe una mayoría que permita proclamar a los ganadores. Por ello, la propuesta busca establecer anticipadamente un procedimiento conocido por los participantes, con etapas definidas y una instancia final de decisión. El propósito declarado es preservar la continuidad del funcionamiento del Poder Legislativo y brindar seguridad jurídica a la elección de sus órganos directivos. EL ANTECEDENTE DE LA ELECCIÓN DEL SENADO EN JULIO DE 2026 La exposición de motivos menciona como antecedente la elección de la Mesa Directiva del Senado realizada el 26 de julio de 2026. De acuerdo con el documento, en la primera votación una lista obtuvo 30 votos y la otra alcanzó 29. Como ninguna consiguió la mayoría requerida en esa etapa, se procedió a una segunda votación, en la que la primera lista obtuvo 30 votos y fue proclamada ganadora. Los autores reconocen que ese episodio no constituyó un empate absoluto, pero lo mencionan para ilustrar la importancia de contar con reglas claras para las sucesivas etapas del procedimiento electoral. La propuesta busca anticiparse a un escenario distinto: que ambas listas obtengan exactamente la misma cantidad de votos en la segunda votación. ¿A QUIÉNES SE APLICARÍA EL NUEVO PROCEDIMIENTO? La modificación propuesta comprendería la elección de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados. Por tanto, el mecanismo podría utilizarse en cualquiera de las dos cámaras si se cumplen las condiciones previstas en el nuevo artículo 53-A. La iniciativa no plantea que el Pleno del Congreso intervenga en todas las elecciones de las mesas directivas. Su participación estaría condicionada a que

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Proponen prohibir corridas de toros y peleas de gallos por maltrato animal

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Un nuevo proyecto de ley plantea prohibir las corridas de toros, las peleas de toros, las peleas de gallos y otros espectáculos similares cuando su realización implique actos de crueldad, sufrimiento innecesario, lesiones o muerte de animales. La iniciativa busca modificar la Ley N.° 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal, para ampliar el alcance de las disposiciones de protección animal que actualmente contemplan excepciones para determinadas actividades reconocidas como culturales. La propuesta fue presentada por la diputada Azucena Isla Rojas, de la bancada de Juntos por el Perú, mediante el Proyecto de Ley N.° 00675/2026-CD. El planteamiento propone que el reconocimiento cultural de un espectáculo no impida aplicar las normas de protección y bienestar animal cuando se acrediten las afectaciones descritas en la iniciativa. ¿QUÉ ESPECTÁCULOS BUSCAN PROHIBIR? El proyecto incluye expresamente las corridas de toros, las peleas de toros y las peleas de gallos. También contempla otros espectáculos de naturaleza similar cuando su ejecución implique crueldad, sufrimiento innecesario, lesiones o muerte del animal. La propuesta busca establecer un criterio que atienda a las consecuencias de estas actividades sobre los animales, independientemente del nombre con el que se presenten o de la tradición a la que se encuentren asociadas. De aprobarse el proyecto en los términos planteados, la evaluación de estas actividades tendría que considerar si su desarrollo produce las afectaciones descritas en la futura norma. Por ahora, se trata de un cambio legislativo propuesto y no de una prohibición que ya se encuentre en vigor. ¿QUÉ ARTÍCULO DE LA LEY N.° 30407 SE MODIFICARÍA? La iniciativa propone modificar el literal b) del artículo 22 de la Ley N.° 30407, referido a las actividades prohibidas dentro del marco de protección y bienestar animal. El texto planteado incorpora expresamente las corridas de toros, las peleas de toros, las peleas de gallos y los espectáculos similares cuando impliquen actos de crueldad, sufrimiento innecesario, lesiones o muerte del animal. El objetivo es que estas actividades queden comprendidas dentro de la prohibición en los supuestos señalados por el proyecto, en lugar de permanecer excluidas por el solo hecho de haber sido declaradas de carácter cultural por la autoridad competente. EL PROYECTO BUSCA ELIMINAR UNA EXCEPCIÓN LEGAL La Ley N.° 30407 contiene una disposición complementaria que excluye de su ámbito de aplicación a las corridas de toros, las peleas de toros, las peleas de gallos y otros espectáculos declarados culturales por la autoridad competente, los cuales se regulan mediante legislación especial. El proyecto pretende eliminar esa excepción para que la protección prevista en la ley pueda aplicarse a los espectáculos comprendidos en la propuesta cuando se presenten las conductas descritas. La modificación tendría importancia porque cambiaría el marco jurídico aplicable a estas actividades. En lugar de mantener una exclusión basada en su reconocimiento cultural, la iniciativa plantea considerar la crueldad, el sufrimiento innecesario, las lesiones o la muerte como criterios para determinar la aplicación de la prohibición. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR CRUELDAD Y SUFRIMIENTO ANIMAL? La exposición de motivos sostiene que el bienestar animal debe comprender tanto las condiciones físicas como las mentales de los animales. Desde esa perspectiva, la protección no debería limitarse a evitar la muerte, sino que también tendría que considerar el dolor, el sufrimiento y otras afectaciones derivadas de determinadas prácticas. Para fundamentar esta posición, el proyecto recoge referencias a la Organización Mundial de Sanidad Animal y a normas comparadas de otros países que han establecido restricciones o prohibiciones a determinadas actividades con animales. La iniciativa propone que el criterio determinante sea la existencia de crueldad, sufrimiento innecesario, lesión o muerte, sin que la denominación o el carácter tradicional del evento impida examinar sus consecuencias. No obstante, la definición y aplicación concreta de estos criterios dependería del texto legal que eventualmente se apruebe y de las disposiciones que correspondan para su implementación. ¿EL RECONOCIMIENTO CULTURAL IMPEDIRÍA APLICAR LA PROHIBICIÓN? Uno de los principales argumentos del proyecto es que el reconocimiento de una actividad como manifestación cultural no debería excluirla automáticamente de toda regulación estatal destinada a proteger a los animales. La exposición de motivos reconoce que el Tribunal Constitucional, en el Expediente N.° 00017-2010-PI/TC, examinó la tauromaquia en el marco de la discusión sobre las manifestaciones culturales. Sin embargo, la iniciativa sostiene que ese reconocimiento debe analizarse junto con las obligaciones estatales de protección del bienestar animal. En ese sentido, la propuesta busca que el carácter cultural de un espectáculo no opere como una excepción absoluta frente a las medidas de protección cuando se produzcan las afectaciones previstas en el proyecto. La iniciativa también menciona como antecedente el proceso de inconstitucionalidad relacionado con la excepción de la Ley N.° 30407, en el que no se alcanzó la mayoría calificada necesaria para declarar su inconstitucionalidad. Este antecedente forma parte de la discusión jurídica que el proyecto pretende abordar mediante una modificación legislativa. ¿QUÉ ACTIVIDADES Y SECTORES PODRÍAN VERSE AFECTADOS? La propuesta tendría consecuencias para los organizadores de espectáculos taurinos, las peleas de toros y las peleas de gallos, así como para las personas que participan en estas actividades y los establecimientos donde se realizan. También podría requerir actuaciones de las autoridades públicas encargadas de aplicar las normas de protección animal dentro de sus respectivas competencias. El proyecto menciona al Ministerio de Cultura, los gobiernos regionales y locales, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Si la iniciativa se convierte en ley, los sectores involucrados tendrían que adecuar sus actividades al nuevo marco normativo y observar las restricciones que finalmente se establezcan. La aplicación concreta dependerá del contenido definitivo de la norma, de las competencias de cada institución y de las disposiciones que regulen la fiscalización y el cumplimiento de la prohibición. ¿EL PROYECTO CONTEMPLA NUEVAS ENTIDADES O GASTOS PÚBLICOS? Según la exposición de motivos, la iniciativa no contempla crear nuevas entidades públicas ni establecer subsidios permanentes con cargo al Tesoro Público. Los costos previstos estarían relacionados principalmente con la adecuación de procedimientos, los criterios de fiscalización y las actuaciones administrativas necesarias para aplicar las nuevas disposiciones. Este planteamiento

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