Lex Digital

Designan a Juan Falconí como nuevo miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado

Deja un comentario / Constitucional, Política /

Juan Falconí ha sido designado como nuevo miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado (PGE), una instancia vinculada con la conducción y fortalecimiento del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. Su incorporación se produce en el marco de las decisiones adoptadas para la conformación de este órgano directivo. La designación incorpora a Falconí a un espacio institucional que cumple funciones relevantes dentro del sistema de defensa jurídica estatal, debido a que el Consejo Directivo participa en la definición de lineamientos y en la orientación de las políticas relacionadas con la representación y defensa de los intereses del Estado. Nuevo integrante del Consejo Directivo La incorporación de Juan Falconí permitirá completar la composición del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado conforme a las disposiciones que regulan el funcionamiento de esta institución. El Consejo Directivo constituye uno de los órganos de gobierno de la PGE y desarrolla funciones relacionadas con la conducción del sistema de defensa jurídica. Sus integrantes participan en decisiones institucionales vinculadas con el fortalecimiento de las procuradurías públicas y la adecuada defensa de los intereses del Estado. La participación de sus miembros resulta relevante debido a que las decisiones adoptadas en este nivel tienen incidencia en el funcionamiento de las diferentes procuradurías que forman parte del sistema. Funciones del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado La Procuraduría General del Estado tiene entre sus principales funciones dirigir, supervisar y evaluar el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. Dentro de esta estructura, el Consejo Directivo cumple un papel importante en la definición de políticas y lineamientos institucionales. Su labor se relaciona con el fortalecimiento de la defensa jurídica y con la búsqueda de una actuación coordinada de las procuradurías públicas. El objetivo es que la representación y defensa jurídica de las entidades estatales se desarrolle bajo criterios comunes y dentro del marco establecido por las normas que regulan el sistema. La importancia de la defensa jurídica del Estado La defensa jurídica del Estado constituye un componente fundamental para proteger los intereses y recursos públicos frente a procesos judiciales, arbitrales, administrativos y otros procedimientos en los que las entidades públicas intervienen. Las procuradurías públicas representan a las diferentes instituciones estatales y ejercen la defensa jurídica correspondiente de acuerdo con sus competencias. La existencia de un sistema articulado permite establecer criterios comunes y fortalecer las capacidades de los abogados que representan al Estado. En este contexto, el Consejo Directivo tiene la responsabilidad de contribuir a que las políticas institucionales respondan a las necesidades de las procuradurías y permitan mejorar el funcionamiento del sistema. Un nuevo reto dentro de la gestión institucional La designación de Juan Falconí representa también un nuevo reto dentro de su trayectoria profesional, al asumir responsabilidades relacionadas con la conducción del sistema de defensa jurídica estatal. Como integrante del Consejo Directivo, deberá participar en las decisiones que correspondan a este órgano y contribuir al desarrollo de las políticas institucionales de la Procuraduría General del Estado. La labor del Consejo requiere coordinación entre sus integrantes y conocimiento de las principales necesidades que enfrentan las procuradurías públicas en el ejercicio de sus funciones de representación y defensa del Estado. Fortalecimiento del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica Uno de los principales desafíos de la Procuraduría General del Estado consiste en continuar fortaleciendo el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. Este proceso comprende el desarrollo de capacidades institucionales, la mejora de los mecanismos de coordinación y el establecimiento de criterios que permitan una defensa jurídica más eficiente de los intereses públicos. La actuación coordinada de las procuradurías resulta especialmente importante debido a la diversidad de materias en las que interviene el Estado, desde procesos judiciales hasta controversias administrativas y procedimientos arbitrales. El papel de las procuradurías públicas Las procuradurías públicas cumplen una función especializada dentro de las entidades del Estado. Sus abogados tienen la responsabilidad de representar y defender jurídicamente los intereses de las instituciones a las que pertenecen. Esta labor puede involucrar procesos judiciales, investigaciones, procedimientos administrativos, arbitrajes y otros mecanismos de solución de controversias. Por ello, el fortalecimiento de estas instituciones constituye una tarea permanente y requiere contar con políticas que permitan mejorar su capacidad de respuesta y garantizar una adecuada defensa de los intereses estatales. La incorporación de Falconí en el órgano directivo Con la designación de Juan Falconí, el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado incorpora a un nuevo integrante que participará en las decisiones correspondientes a este órgano. Su participación se desarrollará dentro de las competencias establecidas por la normativa que regula a la Procuraduría General del Estado y el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. La nueva conformación del órgano directivo permitirá continuar con el desarrollo de las funciones institucionales y con la implementación de las políticas destinadas a fortalecer la defensa jurídica estatal. Retos para la Procuraduría General del Estado Entre los principales desafíos institucionales se encuentra continuar mejorando la coordinación entre las procuradurías públicas, fortalecer sus capacidades profesionales y establecer mecanismos que permitan una defensa más eficiente de los intereses del Estado. También resulta importante garantizar que las decisiones institucionales se encuentren orientadas a la protección del patrimonio público y al cumplimiento de las funciones asignadas a la defensa jurídica estatal. En este escenario, la participación del Consejo Directivo resulta fundamental para orientar las políticas del sistema y establecer acciones que contribuyan a mejorar su funcionamiento. Nueva etapa para el Consejo Directivo La incorporación de Juan Falconí se suma a las acciones orientadas a fortalecer la estructura directiva de la Procuraduría General del Estado. El Consejo Directivo tendrá la responsabilidad de continuar impulsando medidas destinadas a consolidar el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y mejorar la articulación entre las diferentes procuradurías públicas. La designación marca así una nueva etapa dentro de la gestión del órgano directivo, cuya labor estará vinculada con el fortalecimiento de la defensa jurídica de los intereses del Estado y la consolidación de un sistema institucional más articulado y eficiente. . Noticias Relacionadas Designan a Juan Falconí

Designan a Juan Falconí como nuevo miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado Leer más »

Destituyen a juez por levantar prisión preventiva contra joven de 19 años por abuso sexual a una menor de 12 años: «El joven creía que tenía 15 años»

Deja un comentario / Penal /

Un juez fue destituido debido a su actuación en un proceso judicial por un presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad. La decisión disciplinaria estuvo relacionada con el cese de la prisión preventiva que había sido dictada contra el investigado, medida que generó cuestionamientos debido a los fundamentos utilizados por el magistrado para modificar la situación jurídica del acusado. El caso adquirió especial relevancia por tratarse de una víctima menor de edad y por las consideraciones efectuadas por el juez al momento de resolver sobre la prisión preventiva. Entre los aspectos cuestionados se encuentra la apreciación relacionada con la edad de la menor, pues el magistrado habría considerado que tenía 15 años cuando en realidad tenía 12. El juez dispuso el cese de la prisión preventiva La controversia se originó a partir de una resolución judicial mediante la cual el magistrado decidió cesar la prisión preventiva que pesaba sobre el investigado por el caso de abuso sexual. La prisión preventiva es una medida cautelar que puede ser dictada durante un proceso penal cuando se cumplen determinados requisitos establecidos por la legislación. Su finalidad es asegurar la presencia del investigado durante el proceso y evitar determinados riesgos que puedan afectar la investigación o el desarrollo del procedimiento judicial. En este caso, la decisión de dejar sin efecto dicha medida fue posteriormente objeto de cuestionamientos en el ámbito disciplinario, debido a los criterios utilizados por el juez para fundamentar su resolución. La edad de la víctima fue uno de los puntos centrales Uno de los aspectos que generó mayor preocupación estuvo relacionado con la edad de la menor agraviada. De acuerdo con los cuestionamientos formulados contra el magistrado, este habría considerado que la víctima tenía 15 años, cuando los documentos del caso establecían que tenía 12 años. La diferencia no resulta menor dentro de un proceso relacionado con delitos sexuales contra menores de edad, debido a que la edad de la víctima puede tener consecuencias jurídicas relevantes para la calificación de los hechos y para la valoración de las circunstancias del caso. Por ello, la correcta identificación de la edad de la víctima constituye un elemento fundamental que debe ser considerado por los órganos jurisdiccionales al momento de adoptar decisiones dentro de una investigación penal. Cuestionamientos a la actuación del magistrado La actuación del juez fue sometida a un procedimiento disciplinario en el que se evaluaron los fundamentos utilizados para disponer el cese de la prisión preventiva. El análisis disciplinario buscó determinar si la resolución judicial se encontraba debidamente fundamentada y si el magistrado había cumplido con los deberes que corresponden a su función jurisdiccional. En este tipo de procedimientos, la evaluación no se limita únicamente al resultado de una decisión judicial, sino que también considera la conducta funcional del magistrado, el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto de las normas que regulan el ejercicio de la función judicial. La protección de los menores frente a delitos sexuales Los casos de violencia y abuso sexual contra menores de edad requieren una actuación especialmente diligente por parte de las instituciones encargadas de administrar justicia. La condición de vulnerabilidad de las víctimas menores de edad exige que las autoridades adopten decisiones teniendo en cuenta la protección de sus derechos y evitando actuaciones que puedan generar una nueva afectación durante el desarrollo del proceso. Además, la investigación de estos hechos debe desarrollarse respetando las garantías tanto de la víctima como del investigado, dentro de los límites establecidos por la legislación penal y procesal. La prisión preventiva debe sustentarse en criterios establecidos por la ley La decisión sobre la prisión preventiva corresponde al órgano jurisdiccional y debe encontrarse sustentada en los requisitos previstos por la legislación procesal penal. Cuando una autoridad judicial decide mantener, modificar o cesar una medida de este tipo, debe explicar de manera suficiente las razones que sustentan su decisión y valorar los elementos relevantes que obran en el expediente. En el caso analizado, precisamente la forma en que fueron valorados determinados elementos relacionados con la víctima y las circunstancias de la investigación fue uno de los aspectos que generó cuestionamientos sobre la actuación del juez. La importancia de una adecuada motivación judicial Las resoluciones judiciales deben explicar de manera clara las razones que llevan al juez a adoptar una determinada decisión. La motivación permite que las partes conozcan los fundamentos de la resolución y, cuando corresponda, puedan ejercer los mecanismos de impugnación establecidos por la ley. Una adecuada motivación también constituye una garantía frente a decisiones arbitrarias, debido a que obliga al magistrado a explicar cómo llegó a sus conclusiones a partir de los hechos acreditados y de las normas aplicables. En procesos relacionados con delitos sexuales y víctimas menores de edad, esta exigencia adquiere especial importancia debido a las consecuencias que pueden producir las decisiones adoptadas durante la investigación y el proceso penal. La destitución como consecuencia disciplinaria Luego de evaluar la actuación del magistrado, la autoridad competente determinó imponer la máxima sanción disciplinaria correspondiente a la destitución. La medida implica la separación del juez de la función jurisdiccional y refleja la gravedad atribuida a las conductas analizadas dentro del procedimiento disciplinario. La decisión también pone de manifiesto que los jueces están sujetos a mecanismos de control y responsabilidad funcional cuando existen indicios de incumplimiento de los deberes establecidos para el ejercicio de la magistratura. Un caso que genera debate sobre las decisiones judiciales El caso vuelve a colocar en el centro del debate la responsabilidad de los magistrados al momento de adoptar decisiones que pueden tener consecuencias importantes dentro de una investigación penal. La administración de justicia requiere que las resoluciones sean emitidas con base en los hechos acreditados, las normas correspondientes y una valoración adecuada de los elementos disponibles en el expediente. En situaciones que involucran a menores de edad, además, las autoridades deben actuar con especial cuidado para garantizar que sus decisiones respeten los derechos de las víctimas y las garantías procesales de todas las partes. La protección de las víctimas debe ser

Destituyen a juez por levantar prisión preventiva contra joven de 19 años por abuso sexual a una menor de 12 años: «El joven creía que tenía 15 años» Leer más »

Destituyen a juez que anuló condenas de Vladimir Cerrón en 2021 tras «reevaluar medios de prueba» en hábeas corpus

Deja un comentario / Constitucional, Penal /

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó por unanimidad la destitución de Alain Salas Cornejo, quien se desempeñaba como juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Acobamba, en Huancavelica. La medida disciplinaria está relacionada con la actuación del magistrado en junio de 2021, cuando declaró fundado en parte un recurso de hábeas corpus presentado a favor de Vladimir Cerrón Rojas y dejó sin efecto resoluciones judiciales vinculadas con una condena por corrupción. La decisión de la JNJ se encuentra contenida en la Resolución 268-2026-PLENO-JNJ, emitida dentro del Procedimiento Disciplinario Abreviado 011-2025-JNJ. El Pleno del organismo concluyó que el magistrado incurrió en faltas muy graves relacionadas con el incumplimiento de sus deberes judiciales y determinó que correspondía aplicar la máxima sanción disciplinaria. La actuación del juez en el hábeas corpus de 2021 Los hechos que dieron origen al procedimiento disciplinario se remontan al 9 de junio de 2021, cuando Alain Salas emitió una resolución dentro del expediente de hábeas corpus 00786-2020-0-1102-JR-PE-01, presentado por Randy Félix de la Cruz a favor de Vladimir Cerrón. En aquella resolución, el magistrado declaró la nulidad de la sentencia de primera instancia que había condenado a Cerrón por el delito de negociación incompatible, relacionado con la obra de agua potable de La Oroya. También dejó sin efecto la sentencia de vista que había confirmado dicha condena. La decisión generó cuestionamientos desde el ámbito judicial. En su momento, la Procuraduría del Poder Judicial anunció que apelaría la resolución que había declarado nulas las sentencias contra el entonces exgobernador regional de Junín. JNJ cuestionó la reevaluación de medios probatorios Uno de los principales cuestionamientos analizados por la JNJ estuvo relacionado con la forma en que el juez constitucional abordó los elementos probatorios del proceso penal. Según la resolución disciplinaria, el magistrado habría realizado una reevaluación o reexamen de los medios probatorios que ya habían sido analizados por los jueces competentes dentro de la vía penal ordinaria. Para la JNJ, esta actuación contravenía la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre los límites que tiene la justicia constitucional frente a procesos penales. El organismo sostuvo que un juez constitucional no puede asumir funciones propias de la jurisdicción penal ordinaria mediante un nuevo análisis de las pruebas que fueron valoradas dentro del proceso correspondiente. Cuestionamientos a la motivación de la resolución La JNJ también identificó deficiencias en la motivación de la decisión emitida por el magistrado. De acuerdo con el organismo, la resolución cuestionada presentaba una motivación aparente y deficiencias de motivación externa. El Pleno señaló que determinados fundamentos utilizados por el juez se sustentaban en supuestos que no habían sido corroborados adecuadamente. Además, cuestionó la forma en que se valoró la actuación de los jueces penales que habían intervenido previamente en el proceso. Para la JNJ, estas circunstancias demostraban un incumplimiento de los deberes que corresponden a un magistrado, particularmente aquellos relacionados con la independencia, imparcialidad, razonabilidad y respeto del debido proceso. La JNJ consideró que la falta fue muy grave Tras evaluar los hechos y los argumentos de defensa presentados por el magistrado, la Junta Nacional de Justicia determinó que la conducta atribuida a Salas Cornejo tenía una gravedad suficiente para justificar su destitución. El organismo sostuvo que la actuación cuestionada afectó la credibilidad del Poder Judicial y podía generar desconfianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. Por ello, consideró que una sanción menor no resultaba suficiente frente a la gravedad de las infracciones determinadas. La decisión se sustentó en las obligaciones establecidas para los jueces por la Ley de la Carrera Judicial, Ley N.° 29277, particularmente en lo relacionado con el deber de impartir justicia con independencia, imparcialidad, razonabilidad y respeto al debido proceso. La condena de Vladimir Cerrón volvió a tener vigencia en 2021 La decisión del juez Alain Salas no se mantuvo de manera definitiva. Posteriormente, una instancia superior de Huancavelica revocó la resolución que había dejado sin efecto la condena contra Vladimir Cerrón. Entre los argumentos considerados estuvo que el proceso penal todavía se encontraba en trámite y que existían recursos pendientes, por lo que no correspondía que el hábeas corpus interviniera de esa manera sobre una sentencia que todavía no tenía carácter firme. De esta manera, la controversia generada por la decisión de 2021 terminó convirtiéndose posteriormente en uno de los elementos analizados dentro de las investigaciones contra el magistrado. Alain Salas también fue condenado por prevaricato La situación del juez Alain Salas no se limitó al procedimiento disciplinario ante la JNJ. En febrero de 2026, se informó que la Corte Suprema confirmó una condena de tres años de pena privativa de libertad suspendida en su contra por el delito de prevaricato de derecho, en agravio del Estado. Este antecedente forma parte del contexto judicial relacionado con el magistrado y su actuación al momento de emitir la resolución que afectó las condenas contra Vladimir Cerrón. JNJ ordena su destitución definitiva Con la decisión adoptada por unanimidad, la Junta Nacional de Justicia resolvió aceptar el pedido de destitución formulado por la Presidencia del Poder Judicial y dispuso la separación definitiva de Alain Salas Cornejo de la carrera judicial. Asimismo, ordenó registrar la sanción correspondiente en el expediente personal del magistrado, comunicar la decisión a las entidades competentes y cancelar el título que le permitía ejercer como juez. El caso vuelve a poner en debate los límites del hábeas corpus La decisión de la JNJ también reabre el debate sobre los límites de los procesos constitucionales frente a las decisiones adoptadas por la justicia penal ordinaria. El hábeas corpus constituye una herramienta destinada a proteger derechos fundamentales vinculados con la libertad individual y otros derechos conexos. Sin embargo, su utilización dentro de procesos penales no implica que el juez constitucional pueda reemplazar a los jueces ordinarios en la valoración de pruebas o en la determinación de responsabilidad penal. Precisamente, este fue uno de los aspectos centrales considerados por la JNJ al evaluar la actuación del magistrado en el caso relacionado con Vladimir Cerrón. Una decisión que genera repercusiones en el sistema de justicia

Destituyen a juez que anuló condenas de Vladimir Cerrón en 2021 tras «reevaluar medios de prueba» en hábeas corpus Leer más »

Plantean hasta seis años de cárcel por crear contenido sexual mediante inteligencia artificial

Deja un comentario / Digital, Penal /

El avance de las herramientas de inteligencia artificial ha generado nuevos desafíos para los sistemas de justicia, especialmente frente a la posibilidad de crear o modificar imágenes y materiales audiovisuales de personas sin su autorización. Ante este escenario, se plantean medidas para fortalecer la protección de la privacidad y sancionar determinadas conductas relacionadas con la generación y difusión de contenido sexual mediante tecnologías digitales. La discusión adquiere especial importancia debido al crecimiento de las herramientas capaces de alterar imágenes y producir contenidos que pueden atribuirse falsamente a una persona. Estas tecnologías pueden ser utilizadas para vulnerar la intimidad, afectar la reputación y generar situaciones de violencia digital, especialmente cuando el material es elaborado o difundido sin consentimiento. La inteligencia artificial plantea nuevos retos para el derecho El desarrollo de la inteligencia artificial ha permitido ampliar las posibilidades de creación y modificación de contenidos digitales. Sin embargo, estas mismas herramientas también pueden ser utilizadas para cometer conductas que afectan derechos fundamentales, entre ellos la intimidad, la dignidad y la imagen de las personas. Uno de los principales retos para las autoridades consiste en establecer mecanismos legales que permitan responder adecuadamente cuando una persona utiliza herramientas tecnológicas para elaborar o alterar material de contenido sexual sin autorización. En este contexto, las modificaciones al marco legal buscan adaptar la legislación a nuevas formas de violencia y delitos que pueden producirse mediante plataformas digitales y herramientas de inteligencia artificial. Penas de cárcel para determinadas conductas La normativa peruana contempla sanciones para determinadas conductas relacionadas con la difusión no autorizada de imágenes, materiales audiovisuales o audios de contenido sexual. El marco legal también considera materiales que hayan sido elaborados o modificados mediante medios tecnológicos. Las penas pueden variar de acuerdo con las características del hecho, la conducta realizada y las circunstancias en las que se produjo. Por ello, la aplicación de una determinada sanción debe analizarse de acuerdo con cada caso y conforme a lo establecido por la legislación vigente. Protección frente a la violencia digital Uno de los objetivos de estas medidas es fortalecer la protección de las personas frente a nuevas modalidades de violencia que pueden desarrollarse en entornos digitales. La creación de contenido manipulado mediante inteligencia artificial puede generar consecuencias que van más allá del ámbito virtual. Las personas afectadas pueden enfrentar daños a su privacidad, imagen y reputación, además de situaciones de hostigamiento o exposición no consentida. Por ello, la respuesta del sistema de justicia busca considerar las características particulares de los delitos cometidos utilizando tecnologías digitales. El contenido generado o alterado mediante tecnología también puede ser sancionado El marco normativo peruano incorporó disposiciones relacionadas con materiales elaborados o modificados mediante medios digitales o tecnológicos. De esta manera, la utilización de herramientas tecnológicas para modificar material de carácter sexual no impide que determinadas conductas puedan ser investigadas y sancionadas penalmente. La regulación representa un intento por adecuar las normas existentes a una realidad tecnológica que cambia rápidamente. Las herramientas de inteligencia artificial permiten generar contenidos cada vez más realistas, lo que dificulta distinguir entre material auténtico y material manipulado. El consentimiento como elemento fundamental La autorización de la persona involucrada constituye un elemento central en la protección de la intimidad y la privacidad. La utilización o difusión de material de contenido sexual sin autorización puede generar responsabilidad penal cuando se cumplen los elementos establecidos por la ley. En ese sentido, la existencia de herramientas de inteligencia artificial no modifica el principio básico de respeto a los derechos de las personas. La tecnología puede ser utilizada legítimamente para diferentes actividades, pero su utilización para vulnerar derechos puede generar consecuencias legales. Un desafío para las autoridades y las plataformas digitales La expansión de estas tecnologías también plantea nuevos desafíos para las autoridades encargadas de investigar delitos informáticos. La identificación del origen de un contenido, la determinación de quién lo creó o modificó y la recopilación de evidencia digital pueden requerir conocimientos especializados. Asimismo, las plataformas digitales enfrentan el reto de responder ante la circulación de contenidos que vulneran la privacidad de las personas. La rapidez con la que puede compartirse un material en internet hace que la prevención y la atención oportuna de estos casos sean especialmente relevantes. La legislación busca adaptarse a los nuevos delitos digitales Las modificaciones legales relacionadas con el contenido sexual y las tecnologías digitales forman parte de un proceso de adaptación del derecho frente a los cambios tecnológicos. El Decreto Legislativo N.° 1625 modificó disposiciones del Código Penal e incorporó una regulación específica en la Ley de Delitos Informáticos relacionada con determinadas conductas vinculadas con contenido sexual y medios tecnológicos. Esta actualización busca ofrecer herramientas jurídicas frente a conductas que anteriormente podían presentar dificultades de encuadre debido a la evolución de las tecnologías utilizadas para crear, modificar o difundir contenidos. La inteligencia artificial abre un nuevo debate jurídico La aparición de herramientas capaces de generar contenidos cada vez más realistas plantea un debate sobre los límites del uso de la inteligencia artificial y la necesidad de establecer mecanismos efectivos para proteger los derechos de las personas. El desafío no consiste únicamente en sancionar a quienes utilizan estas herramientas de manera ilícita, sino también en fortalecer la prevención, la educación digital y los mecanismos de respuesta ante posibles vulneraciones. En este escenario, las autoridades deberán continuar evaluando si el marco jurídico existente resulta suficiente para enfrentar las nuevas modalidades de violencia y delitos que pueden surgir a partir del desarrollo de la inteligencia artificial. Protección de la privacidad frente a las nuevas tecnologías La regulación de estas conductas busca reforzar la protección de derechos fundamentales en un entorno donde la información y los contenidos pueden difundirse rápidamente. La posibilidad de crear o modificar material mediante inteligencia artificial hace necesario que los ciudadanos conozcan los riesgos asociados al uso indebido de estas herramientas y que las instituciones cuenten con mecanismos adecuados para investigar y sancionar las conductas que correspondan. La incorporación de estas disposiciones representa, por tanto, un paso dentro del proceso de actualización de la legislación frente a

Plantean hasta seis años de cárcel por crear contenido sexual mediante inteligencia artificial Leer más »

Nuevos viceministros del MTPE presentan estrategia para reducir la informalidad y promover el empleo formal

Deja un comentario / Laboral /

Los nuevos viceministros del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) presentaron una estrategia orientada a reducir la informalidad laboral y promover la generación de empleo formal en el país. La propuesta forma parte de las prioridades planteadas para fortalecer las políticas públicas vinculadas al mercado laboral y mejorar las oportunidades de los trabajadores. La presentación de esta estrategia se produce en un contexto en el que la informalidad continúa siendo uno de los principales desafíos del mercado laboral peruano. Una parte importante de la población ocupada desarrolla sus actividades sin acceder plenamente a los beneficios y mecanismos de protección asociados a un empleo formal, situación que plantea importantes retos para las autoridades responsables de las políticas laborales. La informalidad laboral como desafío para el país La informalidad constituye un problema que no solamente está relacionado con las condiciones en las que trabajan las personas, sino también con la capacidad del país para generar empleos sostenibles y ampliar la cobertura de los derechos laborales. Los trabajadores que se encuentran fuera de la formalidad pueden enfrentar mayores dificultades para acceder a beneficios laborales, mecanismos de protección social y condiciones adecuadas de empleo. Al mismo tiempo, la informalidad representa un desafío para las empresas y para el Estado, debido a que dificulta la consolidación de un mercado laboral con reglas claras y mayores niveles de protección. Frente a este escenario, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo busca impulsar medidas que permitan avanzar progresivamente hacia una mayor formalización de las relaciones laborales, considerando las características de los trabajadores y empleadores de los diferentes sectores económicos. Promoción del empleo formal y mejores oportunidades laborales Uno de los principales objetivos de la estrategia presentada por los nuevos viceministros es promover la creación y fortalecimiento del empleo formal. Para ello, se plantea la necesidad de desarrollar políticas que favorezcan la incorporación de más trabajadores al mercado laboral formal y que, al mismo tiempo, permitan generar condiciones adecuadas para que las empresas puedan contratar dentro del marco establecido por la legislación. La promoción del empleo formal también está vinculada con la necesidad de mejorar las oportunidades de acceso al trabajo. En este sentido, las políticas públicas deben considerar aspectos como la capacitación, la empleabilidad, la intermediación laboral y la articulación entre las necesidades de los empleadores y las capacidades de los trabajadores. El fortalecimiento de estos mecanismos puede contribuir a que más personas encuentren oportunidades de empleo y cuenten con mejores condiciones para desarrollar sus actividades laborales. Una estrategia que busca fortalecer las políticas de empleo La nueva estrategia del MTPE plantea la importancia de fortalecer las políticas públicas relacionadas con el empleo y las relaciones laborales. Para alcanzar este objetivo, resulta necesario articular las diferentes acciones del sector y establecer mecanismos que permitan evaluar los avances en materia de formalización. El trabajo del Ministerio también implica establecer una mayor coordinación con otros sectores del Estado, gobiernos regionales y locales, así como con representantes del sector privado y de los trabajadores. Esta articulación resulta importante debido a que la informalidad tiene múltiples causas y características que varían de acuerdo con la actividad económica y la realidad de cada región. En este escenario, las medidas destinadas a reducir la informalidad requieren una visión integral que combine la promoción del empleo, el fortalecimiento de las capacidades laborales y la generación de condiciones que favorezcan el crecimiento de las actividades económicas formales. El papel de las empresas en la formalización laboral La reducción de la informalidad también representa un desafío para las empresas, especialmente para aquellas unidades económicas que enfrentan dificultades para incorporarse plenamente al sistema formal. La generación de incentivos y mecanismos que faciliten el cumplimiento de las obligaciones laborales puede contribuir a que más empleadores puedan desarrollar sus actividades dentro del marco legal. De esta manera, la formalización no solamente debe ser entendida como una obligación, sino también como parte de un proceso que permita fortalecer la productividad y sostenibilidad de las empresas. En paralelo, los trabajadores necesitan contar con información adecuada sobre sus derechos y las condiciones que corresponden a un empleo formal. El acceso a esta información puede contribuir a una mayor comprensión de las obligaciones y responsabilidades que existen dentro de una relación laboral. Nuevos viceministros y los retos de la gestión laboral La presentación de esta estrategia representa uno de los primeros desafíos para los nuevos viceministros del MTPE, quienes tendrán la responsabilidad de impulsar las políticas correspondientes a sus respectivas áreas y contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos por el sector. Entre los principales retos se encuentra la necesidad de generar resultados concretos en materia de empleo y formalización, especialmente en un mercado laboral caracterizado por diferencias entre sectores económicos y regiones del país. El fortalecimiento de los servicios públicos de empleo, la capacitación de los trabajadores y la implementación de medidas que faciliten la formalización pueden constituir elementos importantes dentro de este proceso. La importancia de fortalecer el mercado laboral Contar con un mercado laboral más formal puede generar beneficios tanto para los trabajadores como para las empresas y el Estado. Para los trabajadores, representa mayores posibilidades de acceder a los derechos y beneficios establecidos por la legislación laboral. Para las empresas, puede contribuir a desarrollar relaciones laborales más estables y transparentes. Desde la perspectiva del Estado, una mayor formalización permite fortalecer los mecanismos de protección laboral y mejorar la capacidad institucional para implementar políticas públicas dirigidas a los trabajadores. Por ello, la reducción de la informalidad requiere acciones sostenidas y una evaluación permanente de los resultados obtenidos. Las estrategias deben responder a las características reales del mercado laboral y considerar las dificultades que enfrentan tanto los trabajadores como los empleadores. El desafío de generar empleo formal en el Perú El reto para el MTPE será convertir la estrategia anunciada en medidas concretas que permitan generar mayores oportunidades de empleo formal y reducir progresivamente la informalidad. La implementación de estas políticas requerirá coordinación entre las instituciones públicas, el sector privado y los trabajadores, además de mecanismos que

Nuevos viceministros del MTPE presentan estrategia para reducir la informalidad y promover el empleo formal Leer más »

Estudiante de la UNSCH sustenta tesis en quechua sobre la importancia del intérprete en las audiencias penales

Deja un comentario / Política /

La sustentación de una tesis en lengua quechua por parte de la bachiller en Derecho Sheyla Gisela Huacause Robles, en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), constituye un hito en la reflexión sobre el acceso a la justicia para las personas quechuahablantes en el Perú. Su investigación, titulada El intérprete del idioma quechua en las audiencias de la Sala Penal Liquidadora de Pichari, 2023, analiza de manera específica el rol del intérprete en los procesos penales y las consecuencias que tiene su intervención —o sus deficiencias— sobre el ejercicio efectivo de los derechos de los usuarios del sistema judicial.   El eje central del trabajo consiste en discutir la necesidad de garantizar que las personas quechuahablantes comprendan y participen de manera efectiva en las audiencias penales donde se ventilan decisiones que pueden afectar su libertad, su patrimonio y otros derechos fundamentales. Para ello, la autora se centra en la figura del intérprete de quechua como puente imprescindible entre los ciudadanos y los operadores de justicia cuando una de las partes no domina adecuadamente el castellano, o lo maneja solo de forma limitada frente al lenguaje técnico propio del ámbito penal. En este contexto, la comunicación ya no se concibe como un mero requisito formal, sino como una condición material para que el imputado pueda entender los cargos, las decisiones y los argumentos que se discuten en su caso.   La investigación combina la revisión de expedientes con encuestas a operadores de justicia de la Sala Penal Liquidadora de Pichari, lo que le permite evaluar la intervención de los intérpretes en tres dimensiones: dominio del idioma, conocimiento de la normativa aplicable y fidelidad de la interpretación. Los resultados evidencian que la garantía ofrecida por los intérpretes es insuficiente: solo una minoría de jueces y fiscales califica positivamente su actuación, mientras que más de la mitad expresa una valoración negativa, especialmente en lo referente al manejo del quechua y de la terminología jurídica. La autora identifica, además, problemas como la intervención tardía o discontinua del intérprete, el uso de traducciones imprecisas y omisiones de contexto, así como un déficit significativo en la solicitud de pausas o aclaraciones cuando no se entiende la comunicación de los abogados o del tribunal.   Estos hallazgos se vinculan directamente con garantías fundamentales como el derecho de defensa, el debido proceso y el acceso a la justicia, pues una persona que no comprende lo que ocurre en la audiencia difícilmente puede ejercer sus derechos de manera plena. La tesis muestra que las dificultades en la interpretación no son solo un asunto lingüístico, sino un problema estructural que afecta la efectividad de la tutela jurisdiccional: la comprensión limitada puede influir en la aceptación de salidas alternativas, en la forma de declarar, en la imposibilidad de cuestionar decisiones y en la percepción de legitimidad del sistema judicial por parte de las comunidades quechuahablantes. Desde esta perspectiva, el intérprete deja de ser un elemento accesorio y se convierte en una pieza clave para que el proceso penal sea realmente comprensible y participativo.   La sustentación de la tesis íntegramente en quechua también supone un aporte simbólico y práctico al reconocimiento de las lenguas originarias en los espacios académicos y profesionales. Al utilizar el quechua tanto como objeto de estudio como lengua de producción científica, la autora visibiliza la importancia de incorporar la realidad lingüística y cultural de las comunidades en la investigación jurídica y contribuye a consolidar una justicia intercultural que no se limite a traducir palabras, sino que entienda y respete los modos propios de comunicación y comprensión. Esta apuesta por el quechua dialoga, además, con otros estudios sobre el uso de lenguas originarias en la administración de justicia penal en Ayacucho y en distintas regiones del país, que coinciden en señalar la necesidad de intérpretes competentes y de políticas institucionales que atiendan la diversidad lingüística.   En suma, la tesis de Huacause Robles aporta elementos concretos al debate sobre las barreras lingüísticas en los procesos penales y sobre la urgencia de fortalecer los mecanismos de interpretación en el sistema de justicia. Al poner en evidencia las brechas de capacitación, certificación y supervisión de los intérpretes de lenguas originarias, la investigación plantea la necesidad de ampliar su disponibilidad, mejorar su formación en terminología jurídica y garantizar su presencia efectiva desde las etapas iniciales del proceso. Ello resulta especialmente relevante en regiones con alta población quechuahablante, donde el acceso a una justicia comprensible depende, en gran medida, de que las personas puedan escuchar y responder en su propio idioma, con el apoyo de intérpretes que aseguren una comunicación fiel y respetuosa de sus derechos. Noticias Relacionadas Estudiante de la UNSCH sustenta tesis en quechua sobre agosto 7, 2026 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ratificó al secretario técnico del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, medida que busca fortalecer el funcionamiento de este ¡Aumento del sueldo mínimo avanza! MTPE ratifica al secretario agosto 5, 2026 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ratificó al secretario técnico del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, medida que busca fortalecer el funcionamiento de este Ratifican multa al BCP por remitir cartas notariales de agosto 4, 2026 La Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi confirmó la multa impuesta al **Banco de Crédito del Perú> (BCP) por remitir cartas notariales de cobranza a personas que no mantenían vínculo

Estudiante de la UNSCH sustenta tesis en quechua sobre la importancia del intérprete en las audiencias penales Leer más »

¡Aumento del sueldo mínimo avanza! MTPE ratifica al secretario del Consejo Nacional de Trabajo para impulsar el proceso

Deja un comentario / Laboral, Política /

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ratificó al secretario técnico del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, medida que busca fortalecer el funcionamiento de este espacio de diálogo social y avanzar en la discusión sobre un posible incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV). La decisión permitirá dar continuidad a las labores del Consejo, órgano consultivo en el que participan representantes del Estado, los empleadores y las organizaciones de trabajadores. Impulso al debate sobre el sueldo mínimo La ratificación del secretario técnico constituye un paso previo para reactivar las sesiones del Consejo Nacional de Trabajo, donde se analizan propuestas relacionadas con la política laboral, entre ellas la actualización de la remuneración mínima vital. En este espacio se evalúan criterios económicos, laborales y sociales antes de formular recomendaciones al Poder Ejecutivo. Función del Consejo Nacional de Trabajo El Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo es un mecanismo de diálogo tripartito que reúne a representantes del Gobierno, del sector empresarial y de los trabajadores para debatir temas vinculados al empleo, las relaciones laborales y la protección social. Su objetivo es promover consensos sobre políticas públicas en materia laboral. ¿Implica un aumento inmediato? La ratificación del secretario técnico no significa que el incremento del sueldo mínimo haya sido aprobado. Se trata de una medida administrativa que facilita el funcionamiento del Consejo y el desarrollo de las discusiones necesarias antes de que el Ejecutivo adopte una decisión. Cualquier modificación de la remuneración mínima deberá seguir el procedimiento correspondiente y ser oficializada mediante la norma respectiva. Importancia del diálogo social Especialistas destacan que la participación de trabajadores, empleadores y Estado contribuye a que las decisiones sobre el salario mínimo se adopten considerando variables como la inflación, la productividad, el costo de vida y la situación económica del país. Este mecanismo busca generar acuerdos que beneficien tanto a los trabajadores como a la actividad empresarial. Impacto esperado La reactivación de las labores del Consejo podría acelerar el análisis de propuestas relacionadas con la remuneración mínima vital y otras reformas laborales de interés nacional. Asimismo, fortalecería los espacios de concertación entre los principales actores del mercado laboral. Próximos pasos El Consejo Nacional de Trabajo deberá convocar nuevas sesiones para evaluar los temas pendientes de su agenda, incluyendo el eventual ajuste del sueldo mínimo y otras políticas laborales que requieran consenso entre las partes. Finalmente, la ratificación del secretario técnico representa un paso importante para reactivar el diálogo social y avanzar en el análisis de un posible incremento de la remuneración mínima vital, cuya aprobación dependerá de las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo conforme al marco legal vigente. Noticias Relacionadas ¡Aumento del sueldo mínimo avanza! MTPE ratifica al secretario agosto 5, 2026 La Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi confirmó la multa impuesta al **Banco de Crédito del Perú> (BCP) por remitir cartas notariales de cobranza a personas que no mantenían vínculo Ratifican multa al BCP por remitir cartas notariales de agosto 4, 2026 La Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi confirmó la multa impuesta al **Banco de Crédito del Perú> (BCP) por remitir cartas notariales de cobranza a personas que no mantenían vínculo ¿Se puede salir de casa durante el teletrabajo? Nueva agosto 3, 2026 La regulación vigente sobre el teletrabajo incorpora precisiones sobre las condiciones en las que un trabajador puede ausentarse temporalmente del lugar desde donde presta sus servicios durante la

¡Aumento del sueldo mínimo avanza! MTPE ratifica al secretario del Consejo Nacional de Trabajo para impulsar el proceso Leer más »

Ratifican multa al BCP por remitir cartas notariales de cobranza a personas sin vínculo con la deuda

Deja un comentario / Consumidor /

La Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi confirmó la multa impuesta al **Banco de Crédito del Perú> (BCP) por remitir cartas notariales de cobranza a personas que no mantenían vínculo con la deuda reclamada, conducta considerada contraria a las normas de protección al consumidor. La decisión reafirma que las gestiones de cobranza deben dirigirse únicamente al deudor o a quienes tengan una relación jurídica con la obligación, evitando afectar a terceros ajenos. ¿Qué ocurrió? Durante el procedimiento administrativo se acreditó que el BCP remitió comunicaciones notariales de cobranza a personas que no eran titulares de la deuda ni asumían responsabilidad alguna respecto de la obligación exigida. Indecopi concluyó que esta práctica podía generar afectaciones a terceros y vulnerar sus derechos como consumidores. Fundamentos de la sanción La autoridad sostuvo que las entidades financieras deben desarrollar sus acciones de cobranza respetando los principios de idoneidad, buena fe y protección al consumidor. Asimismo, precisó que no resulta válido involucrar a personas ajenas a la relación crediticia para ejercer presión sobre el deudor. Protección frente a cobranzas indebidas La resolución recuerda que las empresas no pueden emplear mecanismos de cobranza que afecten la tranquilidad, reputación o derechos de terceros sin vínculo con la deuda. Estas prácticas pueden constituir infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor. Importancia del precedente El pronunciamiento fortalece los criterios aplicables a las gestiones de cobranza en el sistema financiero y reafirma que las entidades deben respetar los derechos de consumidores y terceros durante el cobro de obligaciones. Especialistas consideran que la resolución contribuirá a prevenir prácticas similares. Impacto para las entidades financieras Las instituciones financieras deberán revisar sus procedimientos de cobranza para asegurar que las comunicaciones sean dirigidas exclusivamente a las personas legitimadas dentro de la relación obligacional. El incumplimiento de estas reglas puede dar lugar a sanciones administrativas. Próximos pasos Con la confirmación de la multa, la resolución administrativa queda firme en la vía correspondiente, sin perjuicio de los recursos que puedan contemplarse conforme al ordenamiento jurídico. Finalmente, el caso reafirma que las gestiones de cobranza deben ejercerse dentro de los límites de la legalidad y el respeto por los derechos de los consumidores, evitando involucrar a personas que no guardan relación con la deuda reclamada. Nota: En el texto original de tu solicitud se hace referencia a la Resolución N.° 352-2026/Indecopi-AQP, por lo que, si deseas una noticia totalmente ajustada a esa resolución (hechos, fundamentos y monto de la multa), puedo elaborarla con base en dicho pronunciamiento. Noticias Relacionadas Ratifican multa al BCP por remitir cartas notariales de agosto 4, 2026 La Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi confirmó la multa impuesta al **Banco de Crédito del Perú> (BCP) por remitir cartas notariales de cobranza a personas que no mantenían vínculo ¿Se puede salir de casa durante el teletrabajo? Nueva agosto 3, 2026 La regulación vigente sobre el teletrabajo incorpora precisiones sobre las condiciones en las que un trabajador puede ausentarse temporalmente del lugar desde donde presta sus servicios durante la Consejo de Ministros evaluará pedir facultades para legislar en agosto 2, 2026 El Consejo de Ministros del Perú evaluará solicitar al Congreso de la República del Perú facultades legislativas con el propósito de aprobar medidas en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la

Ratifican multa al BCP por remitir cartas notariales de cobranza a personas sin vínculo con la deuda Leer más »

¿Se puede salir de casa durante el teletrabajo? Nueva regulación precisa las reglas para los trabajadores

Deja un comentario / Laboral /

La regulación vigente sobre el teletrabajo incorpora precisiones sobre las condiciones en las que un trabajador puede ausentarse temporalmente del lugar desde donde presta sus servicios durante la jornada laboral, reforzando el equilibrio entre la flexibilidad de esta modalidad y el cumplimiento de las obligaciones laborales. La norma recuerda que el teletrabajo no elimina los deberes propios de la relación laboral ni la obligación de cumplir con la jornada pactada y las funciones asignadas por el empleador. ¿Está permitido salir de casa? La regulación no establece una prohibición absoluta para que el teletrabajador salga de su domicilio durante la jornada. Sin embargo, cualquier desplazamiento debe ser compatible con el cumplimiento de las labores encomendadas y no afectar la disponibilidad, productividad o atención de las responsabilidades propias del puesto. Cada situación deberá analizarse de acuerdo con las condiciones pactadas entre el empleador y el trabajador. Cumplimiento de la jornada laboral El trabajador continúa obligado a respetar el horario acordado, atender las comunicaciones relacionadas con sus funciones y desarrollar las actividades propias de su cargo durante la jornada de trabajo. El incumplimiento injustificado de estas obligaciones puede dar lugar a medidas disciplinarias conforme a la legislación laboral y al reglamento interno de la empresa. Facultades del empleador El empleador mantiene la facultad de supervisar el cumplimiento de las obligaciones laborales mediante mecanismos permitidos por la ley, siempre que se respeten los derechos fundamentales del trabajador, como la intimidad, la privacidad y la protección de sus datos personales. Toda medida de control debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Flexibilidad y responsabilidad La modalidad de teletrabajo ofrece mayor flexibilidad para la organización del tiempo; sin embargo, ello no significa que el trabajador pueda disponer libremente de la jornada para realizar actividades personales que interfieran con el desarrollo de sus funciones. La confianza y el cumplimiento de los objetivos siguen siendo elementos esenciales de esta modalidad. Recomendaciones para trabajadores y empleadores Especialistas recomiendan que las empresas establezcan políticas claras sobre teletrabajo, definiendo horarios, mecanismos de supervisión y procedimientos para solicitar permisos o comunicar ausencias temporales. Asimismo, los trabajadores deben informar oportunamente cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo de sus labores. Importancia de la nueva regulación Las precisiones incorporadas buscan reducir conflictos laborales, brindar mayor seguridad jurídica a empleadores y trabajadores y promover una adecuada aplicación del teletrabajo en el sector público y privado. También contribuyen a uniformizar criterios respecto al cumplimiento de la jornada laboral en entornos remotos. Próximos pasos Las empresas deberán revisar sus políticas internas para adecuarlas a la normativa vigente, mientras que los trabajadores deberán conocer las nuevas disposiciones para cumplir correctamente sus obligaciones durante el teletrabajo. Finalmente, la regulación reafirma que el teletrabajo combina flexibilidad con responsabilidad, permitiendo ciertas libertades en la organización del trabajo siempre que no se incumplan las obligaciones laborales ni se afecte la prestación efectiva del servicio. Noticias Relacionadas ¿Se puede salir de casa durante el teletrabajo? Nueva agosto 3, 2026 El Consejo de Ministros del Perú evaluará solicitar al Congreso de la República del Perú facultades legislativas con el propósito de aprobar medidas en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la Consejo de Ministros evaluará pedir facultades para legislar en agosto 2, 2026 El Consejo de Ministros del Perú evaluará solicitar al Congreso de la República del Perú facultades legislativas con el propósito de aprobar medidas en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la Tribunal Constitucional anula el proceso penal contra Ollanta Humala julio 31, 2026 El Tribunal Constitucional del Perú declaró la nulidad del proceso penal seguido contra el expresidente Ollanta Humala por el presunto delito de lavado de activos, al estimar que se produjeron

¿Se puede salir de casa durante el teletrabajo? Nueva regulación precisa las reglas para los trabajadores Leer más »

Consejo de Ministros evaluará pedir facultades para legislar en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Deja un comentario / Constitucional, Penal /

El Consejo de Ministros del Perú evaluará solicitar al Congreso de la República del Perú facultades legislativas con el propósito de aprobar medidas en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. La propuesta busca permitir que el Poder Ejecutivo pueda emitir normas con rango de ley, por un plazo determinado y sobre materias específicas, conforme a lo previsto en la Constitución. ¿Qué facultades se solicitarían? De prosperar la iniciativa, el Ejecutivo solicitaría autorización para legislar en temas relacionados con la prevención del delito, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la persecución de organizaciones criminales y otras medidas destinadas a mejorar la respuesta del Estado frente a la delincuencia. El alcance de las facultades dependerá del proyecto que sea presentado al Congreso. Objetivo de la iniciativa El Gobierno sostiene que la delegación de facultades permitiría adoptar reformas de manera más rápida para enfrentar el incremento de la criminalidad y fortalecer las acciones de las instituciones encargadas del orden interno. Asimismo, se busca optimizar el marco normativo vigente en materia de seguridad. Procedimiento constitucional La Constitución establece que el Congreso puede delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre materias específicas y por un plazo determinado mediante una ley autoritativa. Una vez otorgadas las facultades, el Ejecutivo puede emitir decretos legislativos dentro de los límites fijados por el Parlamento. Debate político La eventual solicitud de facultades legislativas podría generar un amplio debate entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, las cuales deberán evaluar la necesidad, el alcance y los temas comprendidos en la delegación solicitada. Especialistas también analizarán el impacto de las reformas propuestas. Impacto esperado El Gobierno considera que la aprobación de estas facultades permitiría acelerar la implementación de medidas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar las herramientas legales para combatir la delincuencia organizada y otros fenómenos criminales. No obstante, su aplicación dependerá de la aprobación del Congreso. Próximos pasos El Consejo de Ministros deberá definir si formaliza el pedido de delegación de facultades legislativas y, de ser así, remitir el proyecto de ley al Congreso para su evaluación y eventual aprobación. Finalmente, la iniciativa refleja la intención del Ejecutivo de impulsar reformas en materia de seguridad ciudadana mediante el mecanismo constitucional de delegación de facultades, cuyo otorgamiento dependerá de la decisión del Parlamento. Noticias Relacionadas Consejo de Ministros evaluará pedir facultades para legislar en agosto 2, 2026 El Consejo de Ministros del Perú evaluará solicitar al Congreso de la República del Perú facultades legislativas con el propósito de aprobar medidas en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la Tribunal Constitucional anula el proceso penal contra Ollanta Humala julio 31, 2026 El Tribunal Constitucional del Perú declaró la nulidad del proceso penal seguido contra el expresidente Ollanta Humala por el presunto delito de lavado de activos, al estimar que se produjeron Gobierno oficializa el incremento de la remuneración mínima vital julio 30, 2026 El Poder Ejecutivo del Perú oficializó el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/ 1,300, medida que beneficiará a miles de trabajadores del sector privado sujetos al salario mínimo.

Consejo de Ministros evaluará pedir facultades para legislar en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad Leer más »