13 de noviembre de 2025

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El expresidente Pedro Castillo Terrones encabezará la lista al Senado de la República por el partido Juntos por el Perú (JPP) en las Elecciones Generales 2026, con el número 1 de la nómina nacional. El anuncio, oficializado el 11 de noviembre de 2025 a través de las redes sociales del partido, ha desatado un intenso debate político en momentos en que el exmandatario enfrenta la recta final del juicio oral por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y simultáneamente afronta un proceso de inhabilitación parlamentaria.​ Una candidatura anunciada desde el juicio oralLa postulación de Castillo al Senado no fue sorpresiva para quienes han seguido de cerca su situación legal y política. Durante la audiencia del 28 de octubre de 2025, en pleno desarrollo del juicio oral que se le sigue por presunta rebelión, el expresidente aprovechó su participación para respaldar públicamente la fórmula presidencial de Juntos por el Perú, encabezada por el congresista Roberto Sánchez Palomino, Analí Márquez Huanca y Brígida Curo Bustincio. «Juntos con el Perú y juntos con el pueblo, vamos a recuperar el gobierno», declaró entonces ante el tribunal.​ El congresista Roberto Sánchez, líder de JPP y exministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Castillo, confirmó la candidatura del expresidente y aseguró que esta «representa el respaldo mayoritario del pueblo que sigue reclamando justicia, dignidad y libertad, tras una persecución política que todos conocemos». Sánchez expresó su convicción de que Castillo «alcanzará una votación histórica» y podría presidir la nueva Cámara de Senadores «como símbolo del retorno de la voz popular a los espacios de poder».​ Los obstáculos legales: entre la sentencia y la inhabilitaciónLa candidatura de Pedro Castillo enfrenta serios obstáculos que podrían impedir su concreción. El más inmediato proviene del proceso judicial en su contra. El Ministerio Público solicitó 34 años de prisión por los presuntos delitos de rebelión (25 años), abuso de autoridad (3 años) y grave perturbación de la tranquilidad pública (6 años). Alternativamente, si el tribunal optara por el delito de conspiración para la rebelión, la fiscalía requirió 19 años y 30 días de cárcel.​ Según su abogado defensor, Javier Adrianzén, el veredicto del juicio oral podría conocerse antes del 7 de diciembre de 2025, fecha crucial porque marcaría el cumplimiento de 36 meses de prisión preventiva que cumple Castillo desde su detención el 7 de diciembre de 2022. De acuerdo con la legislación peruana, una persona no puede permanecer más de tres años en prisión preventiva sin sentencia judicial.​ El segundo obstáculo proviene del Congreso de la República. El 6 de noviembre de 2025, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó por mayoría —con 10 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención— el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a Pedro Castillo, junto a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez y al exministro del Interior Willy Huerta.​ El documento, sustentado por la congresista Ana Zegarra (Somos Perú) y presidido por Lady Camones (APP), acusa a los exfuncionarios de infringir 18 artículos de la Constitución Política por su participación en el mensaje presidencial del 7 de diciembre de 2022, considerado un acto de ruptura del orden constitucional. El informe será remitido a la Comisión Permanente y posteriormente al Pleno del Congreso, donde se debatirá y votará la inhabilitación definitiva.​ El marco electoral: el retorno del Congreso bicameralLa postulación de Castillo se inscribe en un contexto electoral inédito: las Elecciones Generales 2026 marcarán el retorno del sistema bicameral en el Perú después de más de tres décadas. El nuevo Congreso estará compuesto por 60 senadores y 130 diputados, con reglas diferenciadas para cada cámara.​ Para el Senado, 30 escaños se elegirán mediante distrito electoral único nacional (con representación proporcional y voto preferencial opcional por dos candidatos), mientras que los otros 30 se elegirán en distritos electorales múltiples, donde cada departamento elige un senador mediante sistema mayoritario, excepto Lima Metropolitana que elige cuatro por representación proporcional.​ Los requisitos para ser senador incluyen ser peruano de nacimiento, haber cumplido 45 años o haber sido congresista o diputado previamente, y gozar del derecho de sufragio. Sin embargo, están impedidos de postular quienes tengan sentencia condenatoria con pena privativa de libertad, inhabilitación de derechos políticos o inhabilitación impuesta por el Congreso conforme al artículo 100 de la Constitución.​​ Una estrategia política con alto respaldo popularA pesar de sus problemas legales, Castillo mantiene un importante respaldo en sectores rurales y del sur andino, base social que fue determinante en su triunfo electoral de 2021. La decisión de postularlo como número 1 al Senado responde a una estrategia de movilización electoral que busca capitalizar ese apoyo popular y el sentimiento de rechazo hacia lo que sus simpatizantes consideran una «persecución política».​ Juntos por el Perú apuesta a que la figura de Castillo genere un voto de arrastre que favorezca tanto a la fórmula presidencial encabezada por Roberto Sánchez como a las listas parlamentarias completas. Sin embargo, analistas políticos advierten que la viabilidad de esta estrategia depende enteramente de la resolución de los procesos judiciales y parlamentarios pendientes.​ La encrucijada legal y políticaEl desenlace de esta singular candidatura se definirá en las próximas semanas. Si el Poder Judicial emite una sentencia condenatoria contra Castillo antes de la inscripción definitiva de candidaturas, o si el Pleno del Congreso ratifica su inhabilitación por 10 años, el expresidente no podrá concretar su postulación al Senado.​ Por el contrario, si el veredicto judicial se demora más allá del 7 de diciembre y Castillo recupera su libertad por vencimiento de la prisión preventiva, o si el Congreso no logra aprobar la inhabilitación, la candidatura podría prosperar formalmente, aunque quedaría suspendida en caso de una sentencia condenatoria posterior.​ Esta situación sin precedentes pone de relieve las tensiones entre el sistema de justicia, el poder legislativo y los derechos político-electorales en el Perú. Mientras tanto, Pedro Castillo continúa recluido en el penal de Barbadillo, desde donde mantiene