TC deja sin efecto órdenes de captura contra Alan Azizollahoff tras prescribir su condena en caso Utopía
Proponen nuevas agravantes penales vinculadas al uso de plataformas digitales Una propuesta legislativa plantea incorporar nuevas circunstancias agravantes al Código Penal para determinados delitos cuando estos sean cometidos mediante plataformas digitales, redes sociales u otros medios tecnológicos, así como cuando intervengan personas que desarrollan actividades como creadores de contenido. La iniciativa busca adaptar la legislación penal a nuevas formas de comisión de delitos que han surgido como consecuencia del crecimiento de las plataformas digitales y del alcance que pueden tener los contenidos difundidos a través de internet. El planteamiento parte de la necesidad de considerar que determinados actos ilícitos pueden generar un impacto mayor cuando son ejecutados utilizando herramientas digitales capaces de llegar rápidamente a un número elevado de personas. Creadores de contenido estarían comprendidos en la propuesta Uno de los aspectos que genera mayor interés es la posibilidad de considerar como circunstancia agravante que el delito sea cometido por un creador de contenido aprovechando su actividad, audiencia o capacidad de difusión. La propuesta busca diferenciar aquellas situaciones en las que una persona utiliza deliberadamente su posición o alcance en internet para facilitar la comisión de un delito, incrementar su difusión o generar un mayor impacto sobre la víctima. El planteamiento no significa que la condición de creador de contenido convierta automáticamente una conducta en delito ni que toda publicación realizada por un influencer tenga consecuencias penales. La agravante estaría vinculada con las circunstancias específicas en las que se cometa el ilícito y con el aprovechamiento de los medios digitales. Las plataformas digitales como nuevo escenario delictivo Las redes sociales y plataformas digitales se han convertido en espacios de comunicación masiva. Millones de personas utilizan diariamente estos servicios para compartir información, realizar transmisiones en vivo, publicar fotografías, producir videos y establecer relaciones comerciales. Este crecimiento también ha generado nuevos escenarios para la comisión de conductas ilícitas, debido a la posibilidad de difundir contenidos de manera inmediata y alcanzar a un número considerable de usuarios. La propuesta legislativa busca que estas características puedan ser consideradas por los jueces cuando determinadas conductas delictivas se desarrollen utilizando plataformas digitales como medio para cometer el delito. El alcance de internet puede aumentar el impacto de un delito Una de las razones detrás de la propuesta está relacionada con el potencial de difusión de las plataformas digitales. Mientras una conducta ilícita cometida en un ámbito privado puede tener un alcance limitado, una acción realizada mediante una red social o plataforma digital puede ser visualizada, compartida y replicada por miles de usuarios en cuestión de minutos. Esta capacidad de multiplicar el alcance de determinados contenidos puede incrementar el daño ocasionado a una víctima, especialmente cuando se trata de información falsa, contenido que afecta la reputación de una persona, amenazas, acoso u otras conductas ilícitas. La propuesta busca responder a nuevas modalidades delictivas El desarrollo tecnológico ha generado cambios importantes en la manera en que las personas se comunican y desarrollan actividades económicas y sociales. En consecuencia, determinadas modalidades delictivas también han encontrado en internet nuevas herramientas para su ejecución. Las plataformas digitales pueden ser utilizadas para contactar víctimas, difundir información, realizar amenazas, organizar determinadas actividades o ampliar rápidamente el alcance de una conducta ilícita. Ante este escenario, la propuesta plantea que el derecho penal debe contar con herramientas adecuadas para responder a estas nuevas circunstancias, siempre respetando los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso. No toda conducta realizada en internet constituye una agravante Un aspecto importante del debate será determinar con precisión en qué circunstancias el uso de una plataforma digital debe generar una consecuencia penal más grave. El simple hecho de utilizar internet para comunicarse no debería convertirse automáticamente en una circunstancia agravante. Para que una conducta pueda recibir un tratamiento más severo tendría que existir una relación concreta entre el uso de la plataforma y la comisión del delito. Este punto será fundamental durante el debate legislativo, debido a que cualquier modificación del Código Penal debe establecer de manera clara los supuestos en los que se aplicaría la agravante. La propuesta también considera el impacto de la difusión El alcance de las publicaciones digitales constituye otro elemento relevante. Un contenido publicado en internet puede permanecer disponible durante largos periodos y continuar circulando incluso después de haber sido eliminado de la cuenta original. La posibilidad de descargar, copiar y volver a publicar contenidos puede aumentar las consecuencias para las personas afectadas. Por ello, la iniciativa busca que el medio empleado para cometer determinados delitos pueda ser valorado cuando contribuya significativamente a incrementar el daño, la exposición o la difusión de la conducta ilícita. Debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido La propuesta también abre una discusión sobre la responsabilidad que deben asumir quienes cuentan con grandes audiencias en internet. Los creadores de contenido tienen una capacidad de comunicación que puede alcanzar a miles o incluso millones de usuarios. Esta situación puede generar oportunidades económicas y sociales, pero también puede incrementar las consecuencias de determinadas conductas cuando se utiliza esa capacidad de difusión con fines ilícitos. El debate legislativo deberá establecer criterios objetivos para evitar que la norma termine afectando injustificadamente la libertad de expresión o la actividad legítima de quienes producen contenido digital. Libertad de expresión y límites del derecho penal Cualquier modificación relacionada con contenidos publicados en internet deberá considerar la protección constitucional de la libertad de expresión. La posibilidad de establecer agravantes por delitos cometidos mediante plataformas digitales no debería confundirse con la penalización de opiniones, críticas o expresiones que se encuentren protegidas por el ordenamiento jurídico. Por ello, la aplicación de la eventual norma tendría que limitarse a conductas que previamente hayan sido establecidas como delitos y que cumplan los requisitos específicos para considerar la existencia de una circunstancia agravante. La tecnología plantea nuevos desafíos para la justicia La expansión de las plataformas digitales también representa nuevos desafíos para fiscales, jueces y policías. Las investigaciones de delitos cometidos en internet pueden requerir la obtención de información digital, identificación de usuarios, análisis de publicaciones y preservación de evidencias electrónicas.