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Los principales gremios de transportistas de Lima y Callao confirmaron la realización de un paro de actividades para el miércoles 14 de enero, una medida que amenaza con paralizar parcialmente la movilidad urbana y generar serias complicaciones en los desplazamientos diarios de miles de ciudadanos. La protesta es liderada por la Cámara de Transporte Urbano (CTU) y cuenta con el respaldo de diversas organizaciones del sector formal.
Según los dirigentes, la decisión responde a la falta de respuestas concretas del Estado frente a problemas estructurales que afectan al transporte público, entre ellos el crecimiento de la informalidad y la piratería, fenómenos que —afirman— distorsionan el mercado, reducen la seguridad de los usuarios y colocan en desventaja a las empresas formales que cumplen con las exigencias legales y tributarias.
Uno de los ejes centrales del reclamo es la ausencia de un marco normativo claro y eficaz que permita una regulación real del servicio de transporte urbano. Los transportistas sostienen que la actual dispersión de competencias entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y los gobiernos locales ha generado vacíos que impiden una fiscalización efectiva y sostenida.
Asimismo, los gremios han puesto énfasis en la situación crítica del Corredor Morado, cuya operación —según señalan— enfrenta serios problemas financieros y administrativos que ponen en riesgo su continuidad. A ello se suma el rechazo a la Ley N.° 31928, norma que restituye el subsidio al diésel, pero que, de acuerdo con los transportistas urbanos, no tiene un impacto real en sus costos operativos, beneficiando principalmente a otros segmentos del transporte.
El paro anunciado se perfila como una medida de presión directa al Ejecutivo y al Congreso para que revisen el actual modelo de gestión del transporte público. Mientras tanto, las autoridades han advertido sobre el impacto negativo que la paralización tendrá en la economía y en la vida cotidiana de la población, en un contexto donde el transporte urbano sigue siendo un servicio esencial y altamente demandado.
La jornada del 14 de febrero se presenta así como una nueva prueba de la tensión persistente entre el Estado y los operadores del transporte, evidenciando la necesidad de soluciones estructurales que equilibren sostenibilidad económica, legalidad y calidad del servicio para los usuarios.
