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El Congreso de la República presentó una propuesta legislativa que busca anular la pensión vitalicia otorgada a los expresidentes que hayan sido vacados por el Parlamento o que cuenten con sentencias condenatorias firmes por delitos graves. La iniciativa surge en medio del debate sobre la responsabilidad política y penal de las más altas autoridades del país.
Según los promotores del proyecto, no resulta razonable que exmandatarios que hayan incurrido en faltas graves o delitos contra el Estado continúen recibiendo beneficios económicos financiados con recursos públicos. La propuesta plantea modificar el marco normativo vigente para establecer criterios claros de exclusión del beneficio.
El debate ha generado diversas reacciones en el ámbito político y jurídico. Mientras algunos sectores consideran que la medida fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, otros advierten sobre la necesidad de respetar el debido proceso y evitar normas con carácter retroactivo. El proyecto será evaluado en las comisiones correspondientes antes de su posible debate en el Pleno del Congreso.
