El Poder Judicial del Perú condenó a 35 años de prisión al empresario Rómulo Peñaranda por el delito de lavado de activos relacionado con el caso Odebrecht. De acuerdo con las investigaciones, Peñaranda, a través de su empresa Alpha Consult, habría servido como intermediario para canalizar pagos ilícitos vinculados a obras públicas. La sentencia también incluye el decomiso de bienes y medidas adicionales. Este fallo representa un avance importante en la lucha contra la corrupción en el país y demuestra el compromiso del sistema judicial para sancionar a quienes utilizaron empresas como fachadas para facilitar actos de corrupción en uno de los mayores escándalos de América Latina.
