Política

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: En un movimiento que ha generado considerable atención en la escena política nacional, cuatro miembros de la familia del expresidente Pedro Castillo fueron inscritos como candidatos a través del partido Juntos por el Perú para participar en las elecciones generales de 2026. La decisión de la agrupación política, liderada por Roberto Sánchez Palomino, de incluir a los hermanos, cuñada y sobrino del exmandatario en sus listas congresales representa un giro significativo en el panorama electoral peruano y ha suscitado debates respecto al rol de los vínculos familiares en la política nacional. Los candidatos que competirán bajo la bandera de Juntos por el Perú incluyen a Irma Castillo Terrones, hermana del expresidente, quien postula a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana en la posición número cuatro de la lista. Según su expediente electoral, Irma Castillo posee estudios en Contabilidad y Finanzas, así como un grado en Contaduría Pública por la Universidad Privada del Norte. Actualmente, desempeña funciones como coordinadora administrativa en la Municipalidad de Lurigancho-Chosica, aunque reportes de medios especializados han documentado que fue captada realizando actividades de campaña a favor de su hermano durante el horario laboral. José Mercedes Castillo Terrones, el otro hermano del exmandatario, encabeza la lista de candidatos al Senado por el distrito único electoral representando a Juntos por el Perú. Su inclusión en la posición número uno de la nómina senatorial evidencia la relevancia que la agrupación política ha otorgado a la familia Castillo dentro de su estructura organizativa para el proceso electoral de 2026. La inclusión de Yenifer Paredes, identificada como hermana de Lilia Paredes y cuñada del expresidente, constituye otro aspecto relevante del registro de candidaturas. Paredes postula a la Cámara de Diputados por la región de Cajamarca con el número dos de la lista. Es pertinente recordar que Yenifer y su hermana fueron objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía en el marco de los procedimientos relativos al caso Anguía, lo que ha mantenido el escrutinio público sobre su participación política. Cledin Vásquez Castillo, sobrino del expresidente e identificado como hermano de Fray Vásquez, completa el grupo de parientes que buscarán acceso a la Cámara de Diputados. Vásquez Castillo postula por la circunscripción del Callao en la posición número dos de la lista de diputados de Juntos por el Perú. Es relevante destacar que el expresidente Pedro Castillo no podrá participar como candidato en los comicios de 2026, a pesar de haber manifestado inicialmente su intención de encabezar la lista senatorial de Juntos por el Perú. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo condenó el 27 de noviembre a once años, cinco meses y quince días de reclusión por el delito de conspiración para la rebelión, asociado al intento de golpe de Estado ejecutado el siete de diciembre de 2022. Durante su autodefensa en audiencia, Castillo exhibió el logo de Juntos por el Perú, manifestando públicamente su adhesión a la agrupación política. La composición de las listas de Juntos por el Perú incluye además a otros personajes vinculados al anterior gobierno, como exministros castillistas tales como Anahí Durand, Hernando Cevallos e Iber Maraví. También figuran en la nómina parlamentarios actuales como Silvana Robles, Jaime Quito y Pasión Dávila, quienes durante su permanencia en el Congreso han respaldado públicamente al expresidente. Walter Ayala, exministro de Defensa y abogado defensor de Castillo, aparece como candidato a senador por Lima Metropolitana en la posición número uno. La inscripción de estas candidaturas se formalizó días antes del vencimiento del plazo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones para el registro de listas ante el próximo proceso electoral. Las elecciones generales de 2026 se realizarán el domingo doce de abril, jornada en la que más de veintisiete millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir autoridades ejecutivas, legislativas y representantes al Parlamento Andino. La participación de los familiares de Pedro Castillo ha generado reacciones diversas en sectores políticos y académicos. Analistas advierten que estas candidaturas podrían reavivar debates sobre el rol de criterios meritocráticos versus vínculos familiares en la selección de candidatos para cargos públicos, así como sobre la persistencia de lo que algunos denominan como el «castillismo» en la política nacional. El Jurado Nacional de Elecciones deberá completar su evaluación del cumplimiento de requisitos legales para oficializar la participación de estos candidatos en la contienda electoral que se aproxima.     Noticias Relacionadas La Dinastía Política: Los Familiares de Pedro Castillo Buscan diciembre 27, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Aprobación de la Resolución Regulatoria de OsiptelEl Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones —Osiptel— aprobó mediante la Osiptel Formaliza Norma Acelerada para Baja de Líneas Móviles diciembre 26, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Aprobación de la Resolución Regulatoria de OsiptelEl Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones —Osiptel— aprobó mediante la Poder Judicial Confirma Libertad de Tránsito de Dina Boluarte: diciembre 24, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Confirmación Judicial del Derecho al Libre TránsitoLa Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial confirmó mediante resolución

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Designación Formal como Candidato al Senado por Libertad PopularEl abogado Raúl Canelo Rabanal, actual decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima —CAL—, fue designado oficialmente como candidato al Senado de la República en la lista de candidatos del partido político Libertad Popular para las Elecciones Generales 2026. Conforme a resolución emitida por la organización política, Canelo fue inscrito en la posición número 3 de la lista de candidatos senatoriales por el distrito único nacional, lo que implica una colocación de privilegio dentro de la plancha que busca participación parlamentaria en la segunda cámara legislativa.​ La designación responde a los criterios de selección de Libertad Popular, agrupación política liderada por el candidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa, exministro de Energía y Minas y fundador de la organización. Junto a Canelo, el partido designó otros candidatos senatoriales de relieve, incluyendo al excongresista y exministro del Interior Gino Costa, así como al reconocido jurista Diego Pomareda, quien encabeza la lista de diputados por Lima Metropolitana.​ La plataforma presidencial de Libertad Popular la conforman Rafael Belaúnde Llosa como candidato presidencial, acompañado por el exprimer ministro Pedro Cateriano en la vicepresidencia primera y Tania Porles en la vicepresidencia segunda. Esta fórmula se inscribió ante la autoridad electoral competente dentro del plazo reglamentario para participar en los comicios de 2026.​ Trayectoria Académica y Profesional del Abogado CaneloRaúl Canelo Rabanal es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú —PUCP—, donde se formó académicamente como futuro profesional del derecho. Posteriormente, obtuvo una Maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario —UNR— en Argentina, ampliando su especialización en el campo del derecho procesal civil. Adicionalmente, realizó estudios de Doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos —UNMSM—, consolidando su formación en el máximo nivel académico de la disciplina jurídica.​ En el ámbito profesional privado, Canelo es fundador y socio principal del Estudio Raúl Canelo Rabanal Abogados, entidad constituida desde el año 2004 que se especializa en materia de derecho civil, procesal civil, familia, arbitraje, derecho penal, administrativo y ambiental. El estudio jurídico ha desarrollado práctica profesional significativa en estas áreas durante más de dos décadas, consolidando al abogado como figura de reconocimiento en la litigación y asesoría en materias especializadas.​ Desde la perspectiva académica, Canelo se desempeñó como profesor universitario en diversas instituciones de educación superior, incluyendo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos —UNMSM—, la Pontificia Universidad Católica del Perú —PUCP— y la Universidad de Lima. Fue además Exsecretario de la PUCP durante el periodo 1987-2000, lo que implica desempeño de funciones administrativo-académicas de relieve institucional. Su experiencia docente comprende dictado de cátedras especializadas en derecho civil y procesal a nivel de pregrado y postgrado.​ Canelo es autor de publicaciones académicas sobre materias de derecho civil y derecho procesal, contribuyendo mediante literatura jurídica al desarrollo científico de estas disciplinas. Asimismo, ocupa cargos institucionales en el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y el Instituto Panamericano de Derecho Procesal, organismos internacionales dedicados al estudio y difusión del derecho procesal en el continente americano.​ Elección como Decano del CAL: Proceso Electoral Reñido y Mandato InstitucionalRaúl Canelo fue elegido decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima mediante proceso electoral celebrado el 9 de marzo de 2024, en el cual participó en segunda vuelta electoral contra el candidato Víctor Gastón Soto Vallenas. El resultado electoral fue sumamente reñido: Canelo obtuvo 19,170 votos (43.42%), superando por apenas 495 votos a su contrincante que logró 18,675 votos (42.30%), en una contienda que reflejó profunda polarización dentro de la institución colegial.​ Como decano del CAL, Canelo asumió responsabilidades institucionales de considerable envergadura. Fue elegido por unanimidad como Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú —JUDECAP— el 17 de mayo de 2025, posición en la cual fue propuesto como único candidato por los decanos de los colegios de abogados de las jurisdicciones del país, reconociendo su liderazgo y trabajo en defensa del Estado de Derecho y la comunidad jurídica nacional.​ Controversias y Desafíos Administrativos en su Gestión DecanalNo obstante lo anterior, la gestión de Canelo como decano ha enfrentado controversias significativas que reflejan tensiones internas en la institución colegial. En mayo de 2025, el Consejo de Ética del CAL lo sancionó con suspensión de seis meses tanto en su cargo como en el ejercicio profesional, por presuntas vulneraciones a los estatutos del gremio. Las acusaciones incluían supuestamente haber excedido sus facultades en materia de nombramientos y creación de oficinas internas dentro de la estructura organizacional del Colegio.​ Canelo denunció públicamente que tal sanción constituía un intento de desestabilización de su gestión, y aunque la sanción fue formalmente impuesta, nunca surtió efectos prácticos en la realidad. De hecho, agremiados del CAL que se oponen a Canelo acudieron al Poder Judicial para lograr que la medida disciplinaria fuera efectivamente aplicada, sin embargo no obtuvieron éxito en sus acciones judiciales. Esta circunstancia evidencia que existen sectores dentro de la comunidad de abogados que se oponen a la continuación de Canelo en el cargo de decano.​ Posicionamiento Institucional sobre Legislación de SeguridadUn aspecto relevante de la gestión de Canelo ha sido su pronunciamiento explícito contra las denominadas «leyes procrimen» aprobadas por el Congreso en años anteriores y promulgadas mayormente durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte. Estas normas, que modifican el Código Penal y otras leyes penales, fueron cuestionadas por amplios sectores de la comunidad jurídica por considerarse que vulneran principios de proporcionalidad penal y garantías procesales.​ Su oposición a estas leyes refleja un posicionamiento del CAL contrario a ciertos lineamientos legislativos en materia penal, demostrando capacidad de la institución colegial para expresar posiciones críticas respecto a decisiones normativas del Estado. Este rol de fiscalización legislativa desde las instituciones gremiales constituye un componente importante de la defensa del Estado de Derecho.​ Candidatura Senatorial: Expectativas sobre Solicitud de LicenciaDe relevancia práctica es el hecho de que aún no se conoce públicamente si Canelo solicitará licencia formal como decano del CAL para desarrollar actividades de campaña política electoral.

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Reconocimiento Oficial de la PresidenciaEl gobierno peruano distinguió con la Medalla al Mérito Ciudadano a la Academia Peruana de Derecho en una ceremonia oficial celebrada en el Palacio de Gobierno el 15 de diciembre de 2025. Esta condecoración fue otorgada por la Presidencia del Consejo de Ministros, con la participación del presidente de la República, José Jerí, y el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez. La distinción fue recibida por Oswaldo Hundskopf Exebio, presidente del consejo directivo de la institución académica.​ La Medalla al Mérito Ciudadano constituye un reconocimiento oficial de máxima importancia, otorgado exclusivamente a personas naturales o jurídicas, instituciones, iniciativas ciudadanas, colectivos u otros que hayan destacado de manera sobresaliente en el ejercicio de su profesión, oficio o en actividades de beneficio para la nación. En este caso, la Academia Peruana de Derecho fue honrada específicamente por su contribución al fortalecimiento del sistema jurídico nacional y la democracia.​ Una Trayectoria de Casi Seis Décadas al Servicio de la JusticiaLa Academia Peruana de Derecho posee un legado institucional sólido y prolongado, edificado a lo largo de décadas dedicadas al desarrollo y fortalecimiento del sistema jurídico peruano. Fue constituida el 8 de mayo de 1967 bajo el auspicio del Colegio de Abogados de Lima, siendo posteriormente reconocida como institución jurídica al servicio del país mediante la Resolución Suprema N.° 209 del 30 de junio de 1967. De esta manera, la institución se legitimó desde sus orígenes como una entidad de relevancia jurídica y académica en el país.​ Cabe destacar que la Academia Peruana de Derecho es sucesora de la Academia Peruana de Jurisprudencia y Legislación, que existió entre 1889 y 1906, lo que evidencia la continuidad histórica de una tradición académica que se remonta a finales del siglo XIX. Fue reinstalada en su forma actual el 18 de agosto de 1990, consolidándose nuevamente como espacio de reflexión y producción de conocimiento jurídico.​ Misión Institucional Orientada al Progreso del Ordenamiento LegalLa institución académica se ha caracterizado por desarrollar actividades sustanciales en beneficio del sistema legal peruano. Sus objetivos fundamentales comprenden contribuir a la investigación y al estudio de las diversas disciplinas jurídicas; publicar y difundir el pensamiento de los juristas del Perú a través de publicaciones especializadas, libros y revistas; promover el progreso de la legislación y el mejoramiento de la jurisprudencia; y constituir la biblioteca de obras jurídicas del Perú.​ El compromiso institucional con la excelencia académica y la difusión del pensamiento jurídico nacional ha permitido a la Academia posicionarse como referente en el análisis y desarrollo del derecho peruano, contribuyendo significativamente a la formación de abogados y operadores del derecho en el país. Además, la institución forma parte de la red internacional de Academias de Jurisprudencia, Legislación y Ciencias Jurídicas y Sociales de Iberoamérica, lo que amplía su perspectiva y permite el intercambio de conocimientos con instituciones similares en el continente.​ Significado de la Condecoración para el Sistema Jurídico PeruanoEl presidente José Jerí enfatizó durante la ceremonia que esta distinción reconoce formalmente la trayectoria sobresaliente de la Academia Peruana de Derecho y su contribución al fortalecimiento del sistema jurídico y la democracia en el país. Esta declaración presidencial subraya la importancia estratégica que el Estado atribuye al trabajo realizado por la institución académica en la consolidación del Estado de Derecho y el reforzamiento de las bases institucionales del sistema democrático peruano.​ La condecoración oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 346-2025-PCM del 11 de diciembre de 2025, representa un reconocimiento público del Estado hacia una institución que ha mantenido durante casi seis décadas un compromiso constante con la investigación jurídica, la formación de especialistas en derecho y la contribución al mejoramiento de la legislación nacional. Este acto ceremonial reafirma la importancia del trabajo académico y científico en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones democráticas y el estado de derecho que todo sistema jurídico moderno requiere para funcionar efectivamente.​     Noticias Relacionadas Academia Peruana de Derecho Recibe Histórica Condecoración: Medalla al diciembre 18, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ha resuelto una denuncia interpuesta por América Sanción Administrativa por Conducta Anticompetitiva: Indecopi Multa a Win diciembre 16, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ha resuelto una denuncia interpuesta por América Invalidación Total de Procesos Electorales Internos: El JNE Declara diciembre 15, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Jurado Nacional de Elecciones ha emitido la Resolución N° 0745-2025-JNE, mediante la cual declara nulas en su totalidad las elecciones primarias

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La administración norteamericana ha anunciado su intención de expandir significativamente el alcance de sus medidas restrictivas en política migratoria, elevando de forma sustancial el número de países sujetos a prohibiciones o limitaciones para el acceso de sus ciudadanos al territorio estadounidense. Este plan, divulgado recientemente mediante declaraciones de funcionarios de alto nivel del ejecutivo federal, constituye el incremento más ambicioso en materia de vetos migratorios en tiempos recientes.​ Fundamentos Estratégicos de la Expansión ContempladaLa decisión de ampliar el marco de restricciones responde, en gran medida, a una serie de preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional y la deficiencia administrativa en procesos de verificación de antecedentes por parte de gobiernos extranjeros. Autoridades de la administración han expresado que los países potencialmente incluidos en la ampliación presentan características problemáticas: gobiernos con instituciones débiles, documentación de ciudadanía poco confiable, antecedentes documentados de colaboración insuficiente con organismos de inteligencia estadounidenses, y territorios donde operan actores no estatales calificados como potencialmente peligrosos.​ Un evento puntual ha acelerado la concreción de estos planes. Hace poco tiempo, un altercado violento en proximidades del palacio presidencial resultó en lesiones de efectivos de seguridad, circunstancia que fue atribuida a un sujeto asociado a procedimientos de solicitud de protección humanitaria procedente de una nación incluida en anteriores listas de veto. Este suceso ha generado presiones políticas internas significativas para reforzar inmediatamente los mecanismos de selección y filtración migratoria.​ Magnitud Esperada y Categorías de RestricciónSegún pronunciamientos de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la lista ampliada superará la cifra de treinta países, aunque la cantidad exacta permanece sujeta a deliberaciones internas. La metodología de restricción no será uniforme: mientras algunos territorios enfrentarán prohibiciones absolutas de entrada, otros experimentarán limitaciones selectivas dirigidas a categorías específicas de visa (turismo, empleo, reagrupación familiar, educación).​ Analistas de asuntos internacionales han identificado que los focos principales de la expansión posiblemente abarcarían jurisdicciones de los continentes africano, asiático y de Oriente Próximo, caracterizadas por conflictividad política, fragilidad estatal y, en varios casos, por ser origen de flujos irregulares de migración documentada por las autoridades estadounidenses.​ Implicaciones Diplomáticas y Consecuencias EconómicasLa ampliación de estas medidas restrictivas genera tensiones en las relaciones bilaterales con múltiples gobiernos extranjeros. Naciones potencialmente afectadas han señalado que tales medidas constituyen vulneraciones del principio de no discriminación y daños a sus economías dependientes de remesas, turismo y cooperación académica con instituciones estadounidenses.​ Organizaciones especializadas en derechos humanos y movilidad internacional han manifestado preocupación respecto a los impactos en familias transnacionales, capacidad de atracción de talento científico y académico, e inversión empresarial proveniente de los territorios alcanzados.​ Proceso Jurídico ProspectivoDada la experiencia de ciclos anteriores de medidas migratorias restrictivas, se anticipa que la expansión enfrentará impugnaciones ante la estructura judicial federal estadounidense. Sin embargo, tribunales han mostrado tendencia a deferencia hacia argumentaciones ejecutivas basadas en seguridad nacional. La administración ha construido sus argumentos para cimentarlos sobre discrecionalidad presidencial reconocida constitucionalmente en materia de admisión de extranjeros.     Noticias Relacionadas Ampliación de Políticas Restrictivas en Materia Migratoria: Washington Planea diciembre 6, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Congreso promulgó la Ley 32515, que autoriza el endeudamiento del sector público para 2026. Se aprueban US$ 2.840 millones en endeudamiento Ley 32515 Marca el Marco Financiero del Perú para diciembre 4, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Congreso promulgó la Ley 32515, que autoriza el endeudamiento del sector público para 2026. Se aprueban US$ 2.840 millones en endeudamiento Sanción administrativa contra Smartfit Perú por incumplimiento de estándares diciembre 3, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema decidió revocar la condena de ocho años de prisión efectiva impuesta contra Daniel Salaverry, ex

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: 1. Medida adoptada por el Gobierno del Perú El Ejecutivo dispuso un nuevo toque de queda o inmovilización social obligatoria nocturna en tres distritos de la provincia de Pataz, en la región La Libertad. Esta medida rige diariamente desde las 18:00 hasta las 06:00 horas y forma parte de la reciente prórroga del Estado de Emergencia en la zona. La disposición refleja la gravedad del contexto y la necesidad de aplicar restricciones excepcionales para contener la situación. 2. Contexto de violencia y minería ilegal en la zona La provincia de Pataz ha experimentado un notable incremento en la violencia vinculada a actividades de minería ilegal y redes del crimen organizado. La situación llegó a un punto crítico tras el asesinato de 13 trabajadores, un hecho que provocó alarma nacional y evidenció el nivel de riesgo que enfrentan quienes operan en los campamentos mineros formales e informales. 3. Impacto en la población y derechos restringidos La decisión del Gobierno implica una restricción directa de derechos fundamentales, como el libre tránsito y la reunión. Si bien la medida busca proteger a los habitantes, también genera tensión entre la población que requiere movilizarse para trabajar o abastecerse. El toque de queda, sin embargo, se justifica por la necesidad de recuperar el control del orden interno. 4. Perspectivas y acciones que se prevén a corto plazo Las autoridades han anunciado que la presencia policial y militar se intensificará en los próximos días, con el objetivo de desarticular a los grupos ilegales que operan en la zona minera. Asimismo, se prevén operativos permanentes y una reevaluación del Estado de Emergencia para determinar si las restricciones continuarán o si se implementarán medidas alternativas de seguridad.     Noticias Relacionadas Toque de queda en Pataz por violencia minera: Gobierno noviembre 15, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: 1. Medida adoptada por el Gobierno del Perú El Ejecutivo dispuso un nuevo toque de queda o inmovilización social obligatoria nocturna en tres Pedro Castillo postulará al Senado desde la cárcel: entre noviembre 13, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El expresidente Pedro Castillo Terrones encabezará la lista al Senado de la República por el partido Juntos por el Perú (JPP) en las Elecciones Nuevo Reglamento contra la Contaminación Lumínica: Protección para personas noviembre 12, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El pasado 10 de noviembre de 2025, el Gobierno peruano aprobó el Decreto Supremo 021-2025-Minam, que reglamenta la Ley 31316 sobre la prevención y

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El expresidente Pedro Castillo Terrones encabezará la lista al Senado de la República por el partido Juntos por el Perú (JPP) en las Elecciones Generales 2026, con el número 1 de la nómina nacional. El anuncio, oficializado el 11 de noviembre de 2025 a través de las redes sociales del partido, ha desatado un intenso debate político en momentos en que el exmandatario enfrenta la recta final del juicio oral por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y simultáneamente afronta un proceso de inhabilitación parlamentaria.​ Una candidatura anunciada desde el juicio oralLa postulación de Castillo al Senado no fue sorpresiva para quienes han seguido de cerca su situación legal y política. Durante la audiencia del 28 de octubre de 2025, en pleno desarrollo del juicio oral que se le sigue por presunta rebelión, el expresidente aprovechó su participación para respaldar públicamente la fórmula presidencial de Juntos por el Perú, encabezada por el congresista Roberto Sánchez Palomino, Analí Márquez Huanca y Brígida Curo Bustincio. «Juntos con el Perú y juntos con el pueblo, vamos a recuperar el gobierno», declaró entonces ante el tribunal.​ El congresista Roberto Sánchez, líder de JPP y exministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Castillo, confirmó la candidatura del expresidente y aseguró que esta «representa el respaldo mayoritario del pueblo que sigue reclamando justicia, dignidad y libertad, tras una persecución política que todos conocemos». Sánchez expresó su convicción de que Castillo «alcanzará una votación histórica» y podría presidir la nueva Cámara de Senadores «como símbolo del retorno de la voz popular a los espacios de poder».​ Los obstáculos legales: entre la sentencia y la inhabilitaciónLa candidatura de Pedro Castillo enfrenta serios obstáculos que podrían impedir su concreción. El más inmediato proviene del proceso judicial en su contra. El Ministerio Público solicitó 34 años de prisión por los presuntos delitos de rebelión (25 años), abuso de autoridad (3 años) y grave perturbación de la tranquilidad pública (6 años). Alternativamente, si el tribunal optara por el delito de conspiración para la rebelión, la fiscalía requirió 19 años y 30 días de cárcel.​ Según su abogado defensor, Javier Adrianzén, el veredicto del juicio oral podría conocerse antes del 7 de diciembre de 2025, fecha crucial porque marcaría el cumplimiento de 36 meses de prisión preventiva que cumple Castillo desde su detención el 7 de diciembre de 2022. De acuerdo con la legislación peruana, una persona no puede permanecer más de tres años en prisión preventiva sin sentencia judicial.​ El segundo obstáculo proviene del Congreso de la República. El 6 de noviembre de 2025, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó por mayoría —con 10 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención— el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a Pedro Castillo, junto a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez y al exministro del Interior Willy Huerta.​ El documento, sustentado por la congresista Ana Zegarra (Somos Perú) y presidido por Lady Camones (APP), acusa a los exfuncionarios de infringir 18 artículos de la Constitución Política por su participación en el mensaje presidencial del 7 de diciembre de 2022, considerado un acto de ruptura del orden constitucional. El informe será remitido a la Comisión Permanente y posteriormente al Pleno del Congreso, donde se debatirá y votará la inhabilitación definitiva.​ El marco electoral: el retorno del Congreso bicameralLa postulación de Castillo se inscribe en un contexto electoral inédito: las Elecciones Generales 2026 marcarán el retorno del sistema bicameral en el Perú después de más de tres décadas. El nuevo Congreso estará compuesto por 60 senadores y 130 diputados, con reglas diferenciadas para cada cámara.​ Para el Senado, 30 escaños se elegirán mediante distrito electoral único nacional (con representación proporcional y voto preferencial opcional por dos candidatos), mientras que los otros 30 se elegirán en distritos electorales múltiples, donde cada departamento elige un senador mediante sistema mayoritario, excepto Lima Metropolitana que elige cuatro por representación proporcional.​ Los requisitos para ser senador incluyen ser peruano de nacimiento, haber cumplido 45 años o haber sido congresista o diputado previamente, y gozar del derecho de sufragio. Sin embargo, están impedidos de postular quienes tengan sentencia condenatoria con pena privativa de libertad, inhabilitación de derechos políticos o inhabilitación impuesta por el Congreso conforme al artículo 100 de la Constitución.​​ Una estrategia política con alto respaldo popularA pesar de sus problemas legales, Castillo mantiene un importante respaldo en sectores rurales y del sur andino, base social que fue determinante en su triunfo electoral de 2021. La decisión de postularlo como número 1 al Senado responde a una estrategia de movilización electoral que busca capitalizar ese apoyo popular y el sentimiento de rechazo hacia lo que sus simpatizantes consideran una «persecución política».​ Juntos por el Perú apuesta a que la figura de Castillo genere un voto de arrastre que favorezca tanto a la fórmula presidencial encabezada por Roberto Sánchez como a las listas parlamentarias completas. Sin embargo, analistas políticos advierten que la viabilidad de esta estrategia depende enteramente de la resolución de los procesos judiciales y parlamentarios pendientes.​ La encrucijada legal y políticaEl desenlace de esta singular candidatura se definirá en las próximas semanas. Si el Poder Judicial emite una sentencia condenatoria contra Castillo antes de la inscripción definitiva de candidaturas, o si el Pleno del Congreso ratifica su inhabilitación por 10 años, el expresidente no podrá concretar su postulación al Senado.​ Por el contrario, si el veredicto judicial se demora más allá del 7 de diciembre y Castillo recupera su libertad por vencimiento de la prisión preventiva, o si el Congreso no logra aprobar la inhabilitación, la candidatura podría prosperar formalmente, aunque quedaría suspendida en caso de una sentencia condenatoria posterior.​ Esta situación sin precedentes pone de relieve las tensiones entre el sistema de justicia, el poder legislativo y los derechos político-electorales en el Perú. Mientras tanto, Pedro Castillo continúa recluido en el penal de Barbadillo, desde donde mantiene