El juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Nacional, dictó este jueves 10 de julio 36 meses de impedimento de salida del país contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, en el marco del proceso que enfrenta por presunta asociación ilícita y lavado de activos, debido a millonarios aportes irregulares de las constructoras Odebrecht y OAS a sus campañas políticas de 2010 y 2014.
La medida, solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, busca evitar una eventual fuga y asegurar la sujeción al proceso judicial, cuya etapa de juicio oral se iniciará el próximo 23 de septiembre. En la audiencia, realizada de forma presencial en la Corte Superior Nacional, Villarán participó virtualmente y se allanó a la medida, asegurando no tener intención de huir y afirmando que reside “prácticamente todo el tiempo” en su domicilio.
No obstante, la exburgomaestre calificó de «bastante grave» que se la considere en riesgo procesal, señalando que el reciente fallecimiento del exgerente municipal José Miguel Castro, colaborador eficaz en el caso, no puede ser usado como argumento en su contra. También denunció que colectivos radicales, como La Resistencia, han hostigado su domicilio tras el fallecimiento de Castro, acusándola sin pruebas.
El juez desestimó el pedido fiscal para prohibirle comunicarse con testigos o coacusados, al considerarlo desproporcionado en esta etapa del proceso. Así, se mantiene únicamente el impedimento de salida y las restricciones previas dictadas en su contra.
Villarán enfrenta un pedido fiscal de 29 años de prisión, en una investigación que incluye a otros 17 implicados, entre ellos varios exfuncionarios municipales. Según la tesis del Ministerio Público, las campañas del «No a la revocatoria» (2013) y de reelección (2014) fueron financiadas ilegalmente con fondos brasileños a cambio de favorecer contratos de gran envergadura como Línea Amarilla y otros proyectos viales.
El caso, considerado uno de los más complejos del capítulo Lava Jato en el Perú, sigue desarrollándose con medidas clave que marcan la antesala de un juicio que podría tener importantes repercusiones políticas y judiciales.
