14 de julio de 2025

💸 Gratificación por Fiestas Patrias: empresas deben prever pagos o arriesgan fuertes multas de Sunafil

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A pocos días del 15 de julio, fecha límite para el pago de la gratificación por Fiestas Patrias, expertos advierten que las empresas del sector privado deben prever con anticipación este desembolso para evitar sanciones por parte de Sunafil, que ya ha anunciado operativos de fiscalización. El abogado laboralista Brian Ávalos Rodríguez subraya la importancia de provisionar mensualmente este beneficio legal. “Muchas empresas no planifican y esperan cobrar de sus clientes en julio, lo cual puede generar retrasos que derivan en multas de hasta S/140,000”, advierte. La gratificación equivale a una remuneración completa, más una bonificación extraordinaria del 9% (si el trabajador está en EsSalud) o 6.75% (si pertenece a una EPS). En promedio, el ingreso adicional puede superar el 22% del sueldo mensual. No está sujeta a descuentos previsionales, pero su omisión o pago tardío se considera una infracción grave. Según David Corthorn, abogado de la Editorial Economía y Finanzas, tienen derecho a este pago todos los trabajadores sujetos al régimen de actividad privada (D. Leg. 728), excepto practicantes y empleados de microempresas registradas en el Remype. También lo perciben quienes estén de vacaciones, con descanso médico o licencia con goce de haber, siempre que tengan vínculo vigente al 15 de julio. Además, si el vínculo se extinguió antes de esa fecha, el trabajador recibirá la gratificación proporcional a los meses trabajados durante el semestre enero-junio, siempre que haya laborado al menos un mes. Sunafil puede solicitar boletas, planillas y constancias de depósito para verificar el cumplimiento del pago. Si este es parcial o fuera de plazo, se genera una infracción. Y si la empresa no responde el requerimiento de pago, incurre en una falta muy grave, insubsanable y sancionada aparte. Ávalos enfatiza que además de las gratificaciones, las empresas deben prever pagos de CTS, vacaciones y liquidaciones, especialmente en julio y diciembre cuando se duplican los costos laborales. “Prever el pago protege a la empresa y respalda los derechos del trabajador”, concluye. 🔔 Evitar multas no solo es cuestión de liquidez, sino de planificación responsable.

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🔴 Imponen 36 meses de impedimento de salida a Susana Villarán por caso Odebrecht y OAS: juicio arranca en septiembre

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El juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Nacional, dictó este jueves 10 de julio 36 meses de impedimento de salida del país contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, en el marco del proceso que enfrenta por presunta asociación ilícita y lavado de activos, debido a millonarios aportes irregulares de las constructoras Odebrecht y OAS a sus campañas políticas de 2010 y 2014. La medida, solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, busca evitar una eventual fuga y asegurar la sujeción al proceso judicial, cuya etapa de juicio oral se iniciará el próximo 23 de septiembre. En la audiencia, realizada de forma presencial en la Corte Superior Nacional, Villarán participó virtualmente y se allanó a la medida, asegurando no tener intención de huir y afirmando que reside “prácticamente todo el tiempo” en su domicilio. No obstante, la exburgomaestre calificó de «bastante grave» que se la considere en riesgo procesal, señalando que el reciente fallecimiento del exgerente municipal José Miguel Castro, colaborador eficaz en el caso, no puede ser usado como argumento en su contra. También denunció que colectivos radicales, como La Resistencia, han hostigado su domicilio tras el fallecimiento de Castro, acusándola sin pruebas. El juez desestimó el pedido fiscal para prohibirle comunicarse con testigos o coacusados, al considerarlo desproporcionado en esta etapa del proceso. Así, se mantiene únicamente el impedimento de salida y las restricciones previas dictadas en su contra. Villarán enfrenta un pedido fiscal de 29 años de prisión, en una investigación que incluye a otros 17 implicados, entre ellos varios exfuncionarios municipales. Según la tesis del Ministerio Público, las campañas del «No a la revocatoria» (2013) y de reelección (2014) fueron financiadas ilegalmente con fondos brasileños a cambio de favorecer contratos de gran envergadura como Línea Amarilla y otros proyectos viales. El caso, considerado uno de los más complejos del capítulo Lava Jato en el Perú, sigue desarrollándose con medidas clave que marcan la antesala de un juicio que podría tener importantes repercusiones políticas y judiciales.

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Congreso aprueba Ley de Amnistía para militares y policías: alerta por riesgo de impunidad en más de 600 casos de violaciones de derechos humanos

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El Congreso de la República aprobó este miércoles 9 de julio de 2025, en segunda votación, la controvertida Ley de Amnistía con 16 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención. La norma, impulsada por el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), otorga amnistía a militares, policías y comités de autodefensa investigados por presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000, siempre que no cuenten con sentencia firme. También contempla beneficios para sentenciados mayores de 70 años, incluso en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta. La aprobación ha generado una fuerte ola de críticas. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó la norma señalando que podría dejar impunes más de 150 sentencias firmes y 600 procesos en curso por tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. La entidad advirtió además que la ley contraviene disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya había ordenado al Perú abstenerse de aprobar leyes similares. En el debate, el congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia) defendió la norma como “una deuda moral del Estado” con sus fuerzas del orden, aunque reconoció que hubo excesos. En cambio, congresistas como Isaac Mita y Ruth Luque denunciaron que la norma representa un encubrimiento legal para responsables de crímenes de lesa humanidad. Luque ha solicitado la reconsideración de la segunda votación para buscar su anulación. Entre los 16 votos a favor figuran congresistas de Fuerza Popular, APP, Renovación Popular, Podemos Perú, Avanza País y Honor y Democracia. En contra, se manifestaron legisladores del Bloque Democrático y bancadas de izquierda. Organismos de derechos humanos, abogados constitucionalistas y familiares de víctimas alertan que esta ley no solo viola tratados internacionales, sino que abre un camino peligroso hacia la impunidad, debilitando el sistema de justicia y el derecho de las víctimas a la verdad y reparación. La promulgación de esta norma marcaría un retroceso histórico en la lucha contra las violaciones a los derechos humanos en el país.

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