29 de agosto de 2026

  El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de ley mediante el cual solicita facultades legislativas para implementar diversas medidas destinadas a fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la criminalidad organizada. Entre las propuestas destaca la creación de un marco legal que permita declarar a determinadas organizaciones criminales como organizaciones terroristas. La iniciativa forma parte de un amplio paquete de reformas que comprende materias penales, procesales, penitenciarias, policiales, migratorias y de seguridad ciudadana. El Gobierno busca obtener facultades para legislar durante 120 días calendario en los ámbitos planteados en su solicitud. La propuesta pretende establecer criterios específicos para determinar cuándo una organización criminal puede recibir la clasificación de organización terrorista, además de contemplar mecanismos para su clasificación y registro. La propuesta busca establecer un nuevo marco legal De acuerdo con el planteamiento presentado por el Ejecutivo, la iniciativa busca establecer reglas que permitan diferenciar y clasificar determinadas organizaciones criminales en función de la gravedad de sus actividades y de las características de los métodos utilizados. El objetivo sería dotar al Estado de nuevas herramientas jurídicas para enfrentar estructuras delictivas que generan graves afectaciones a la seguridad y tranquilidad de la población. La propuesta deberá ser evaluada por el Congreso antes de que el Poder Ejecutivo pueda ejercer las facultades solicitadas en esta materia. La medida forma parte de un paquete contra la criminalidad La posibilidad de considerar terroristas a determinadas organizaciones criminales no constituye una medida aislada. El proyecto presentado por el Gobierno incluye modificaciones al Código Penal y al Nuevo Código Procesal Penal, así como cambios relacionados con la investigación y juzgamiento de delitos vinculados con la criminalidad organizada y las bandas criminales. El Ejecutivo también plantea medidas relacionadas con el sistema penitenciario, el control de comunicaciones desde los penales, el uso de armas y explosivos, la actuación de las Fuerzas Armadas y otras herramientas de seguridad. ¿Qué busca el Gobierno con esta propuesta? La iniciativa tiene como finalidad fortalecer la capacidad del Estado para prevenir, investigar, perseguir y sancionar delitos vinculados con organizaciones criminales. El Gobierno considera necesario actualizar las herramientas legales frente a modalidades delictivas que han adquirido mayor capacidad de organización y que pueden generar situaciones de violencia, intimidación y temor entre la población. La propuesta busca que el marco jurídico permita una respuesta más contundente frente a estructuras criminales que, por la naturaleza de sus acciones, puedan superar los mecanismos tradicionales de persecución del delito. La clasificación no alcanzaría automáticamente a todas las organizaciones criminales La propuesta plantea establecer un marco para la clasificación y registro de las organizaciones que eventualmente sean consideradas terroristas. Por ello, la medida no significa que cualquier organización criminal pueda ser automáticamente considerada terrorista. Será necesario establecer criterios legales que permitan determinar qué organizaciones cumplen las condiciones previstas por la eventual normativa. Este aspecto será uno de los principales puntos que deberá analizar el Congreso durante el debate de la propuesta. El Congreso deberá evaluar los alcances de la iniciativa El proyecto fue presentado como parte de la solicitud de facultades legislativas del Poder Ejecutivo, por lo que corresponde al Congreso analizar el contenido de la propuesta. Los parlamentarios deberán evaluar los alcances jurídicos de la medida, sus posibles efectos y la compatibilidad de las nuevas disposiciones con el marco constitucional. El debate podría incluir la participación de especialistas en derecho penal, seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado y derecho constitucional. La propuesta se relaciona con la lucha contra el crimen organizado Uno de los principales argumentos para impulsar esta medida es la necesidad de fortalecer la respuesta frente a organizaciones criminales que utilizan métodos particularmente violentos. El Gobierno busca ampliar las herramientas disponibles para enfrentar estructuras dedicadas a actividades ilícitas y que puedan generar un impacto significativo sobre la seguridad de la población. La propuesta se enmarca en una política más amplia de endurecimiento de las medidas contra la criminalidad organizada. El terrorismo y la criminalidad organizada deberán diferenciarse jurídicamente Uno de los principales desafíos de la propuesta será establecer con claridad los criterios que permitan diferenciar una organización criminal convencional de una organización que pueda recibir la calificación de terrorista. Esta distinción resulta importante debido a las consecuencias jurídicas que puede generar la aplicación de la legislación antiterrorista. Por ello, la eventual regulación deberá precisar los elementos objetivos que permitan determinar cuándo corresponde aplicar una u otra categoría. La iniciativa también contempla mecanismos de registro Además de establecer la posibilidad de declarar a determinadas organizaciones como terroristas, la propuesta contempla regular mecanismos para su clasificación y registro. La existencia de un registro permitiría identificar formalmente a las organizaciones comprendidas dentro de esta categoría y facilitar la actuación coordinada de las instituciones encargadas de combatirlas. Los detalles de este mecanismo deberán ser definidos en la legislación que eventualmente sea aprobada. La propuesta incluye otras medidas de seguridad El paquete presentado por el Gobierno incorpora diversas medidas adicionales para enfrentar la criminalidad. Entre ellas se encuentran modificaciones relacionadas con el control, rastreo y bloqueo de equipos móviles utilizados ilícitamente, así como medidas para enfrentar las comunicaciones ilegales realizadas desde establecimientos penitenciarios. También se plantean modificaciones al marco normativo relacionado con armas de fuego, municiones, explosivos y otros elementos de uso civil. Se plantea fortalecer el control de las comunicaciones desde penales Otro de los componentes de la propuesta está relacionado con el uso de celulares y otros medios de comunicación desde los establecimientos penitenciarios. El Gobierno plantea modificar las reglas sobre rastreo, localización, geolocalización, control y bloqueo de equipos utilizados para actividades ilícitas. La medida busca evitar que las organizaciones criminales continúen utilizando las comunicaciones desde los penales para coordinar actividades delictivas. También se plantean cambios en materia penitenciaria La propuesta contempla una reforma del sistema penitenciario orientada a fortalecer la seguridad y la reinserción social. Asimismo, se plantea regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en determinadas acciones de seguridad externa y apoyo operativo dentro del sistema penitenciario, conforme al marco constitucional. El Gobierno también propone mecanismos de seguimiento para personas condenadas