AHORA NACIÓN PROPONE HASTA 8 AÑOS DE PRISIÓN POR GRANJAS DE BOTS Y TROLLS

La bancada Ahora Nación presentó una iniciativa legislativa que busca prevenir y sancionar las denominadas granjas de trolls y bots, cuando sean utilizadas de manera coordinada para afectar la integridad de los procesos electorales. El proyecto corresponde a la Proposición Legislativa N.° 00198-2026-2031-CD, presentada el 11 de setiembre de 2026 y actualmente registrada en comisión en la Cámara de Diputados. Proyecto propone incorporar un nuevo delito informático La iniciativa, impulsada por el diputado César Augusto Muedas Balbiese, propone incorporar el artículo 12-B a la Ley N.° 30096, Ley de Delitos Informáticos. El objetivo es establecer responsabilidad penal frente a determinadas operaciones digitales coordinadas e ilícitas que recurran a redes automatizadas o cuentas inauténticas para alterar información de relevancia electoral. Pena base de 4 a 6 años de prisión De acuerdo con el proyecto, quienes creen, administren, financien, operen, dirijan o contraten granjas de bots y trolls podrían recibir una pena privativa de libertad de 4 a 6 años cuando estas estructuras sean utilizadas con la finalidad de difundir acusaciones falsas o manipular la voluntad del electorado. La propuesta busca abarcar tanto a quienes gestionen directamente estas redes como a quienes financien o contraten sus servicios. Pena podría llegar hasta 8 años La iniciativa contempla circunstancias agravantes que elevarían la sanción a un rango de 5 a 8 años de prisión. Entre estas situaciones se encuentra el financiamiento mediante fuentes prohibidas por la legislación electoral, la participación de autoridades electas o funcionarios públicos y el uso de recursos o infraestructura del Estado. Uso de inteligencia artificial también sería agravante El proyecto también considera como agravante que estas operaciones sean ejecutadas mediante inteligencia artificial y deepfakes destinados a atribuir declaraciones falsas a candidatos. De esta manera, la propuesta busca incorporar dentro de la regulación penal una modalidad de manipulación digital que puede utilizar contenidos generados o alterados artificialmente para presentar como reales declaraciones que una persona no realizó. Organizaciones criminales también estarían comprendidas Otra de las circunstancias que elevarían la pena se produciría cuando la red de bots o trolls opere como parte de una organización criminal. La propuesta pretende diferenciar así las operaciones digitales coordinadas utilizadas con fines ilícitos de otros usos legítimos de herramientas automatizadas en internet. Proyecto busca proteger la integridad electoral El nombre oficial de la iniciativa señala que su finalidad es fortalecer la integridad de los procesos electorales. La propuesta parte de la preocupación por el uso coordinado de cuentas falsas, automatizadas o inauténticas para alterar la circulación de información y afectar la percepción de los ciudadanos durante una campaña electoral. También plantea responsabilidades para funcionarios públicos La iniciativa no se limita a establecer una nueva figura penal. También propone modificaciones relacionadas con la responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Según el proyecto, la creación, administración o financiamiento de una red de cuentas falsas utilizando recursos públicos podría constituir una falta disciplinaria, susceptible de sanciones como suspensión o destitución. Partidos políticos podrían enfrentar sanciones La propuesta también plantea modificar la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, para considerar como infracción muy grave que una organización política cree, financie o contrate este tipo de redes digitales para difundir imputaciones falsas contra autoridades o candidatos. De esta manera, el proyecto plantea responsabilidades en distintos niveles: penal para determinados operadores, administrativa para servidores públicos y electoral para organizaciones políticas. Candidatos y partidos deberían declarar gastos digitales Otra medida contemplada en la iniciativa establece que los partidos y candidatos deberán declarar ante la ONPE determinados gastos relacionados con publicidad digital. Entre ellos se encuentran los pagos destinados a agencias de comunicación, administración de cuentas y contratación de sistemas de inteligencia artificial, según la información difundida sobre el proyecto. ONPE, JNE, Fiscalía y Policía participarían en la prevención El proyecto también plantea mecanismos de coordinación entre diferentes instituciones del Estado. La ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú tendrían participación en acciones destinadas a prevenir, investigar y perseguir las operaciones digitales ilícitas comprendidas por la propuesta. La iniciativa surge en medio del debate sobre desinformación electoral La propuesta se presenta en un contexto de creciente discusión sobre el uso de herramientas digitales para influir en procesos electorales. Según la información citada en la exposición del proyecto, el Jurado Nacional de Elecciones reportó 704 alertas de desinformación electoral durante los once meses previos a febrero de 2026. De ese total, 242 correspondieron a diciembre de 2025 y 215 a enero de 2026. El proyecto también aborda contenidos falsos La iniciativa no apunta únicamente al volumen de cuentas utilizadas, sino al propósito y contenido de las operaciones. Entre las conductas que pretende sancionar se encuentran aquellas dirigidas a difundir imputaciones falsas, simular identidades o atribuir hechos falsos con relevancia electoral mediante redes digitales coordinadas. Diferencia entre bots, trolls y operaciones coordinadas Las llamadas granjas de bots y trolls pueden utilizar numerosas cuentas para amplificar determinados contenidos en redes sociales. Sin embargo, el proyecto busca concentrar la respuesta penal en aquellos casos en los que estas herramientas sean utilizadas de manera coordinada con una finalidad ilícita relacionada con el proceso electoral. Por ello, la propuesta deberá ser analizada durante su trámite legislativo para determinar el alcance exacto de las conductas que quedarían comprendidas y los elementos necesarios para establecer responsabilidad. La propuesta todavía no es una ley El proyecto no se encuentra vigente como norma penal. El registro oficial de la Cámara de Diputados señala que la Proposición Legislativa N.° 00198-2026-2031-CD se encuentra en comisión, por lo que todavía debe continuar su procedimiento parlamentario. En consecuencia, las penas planteadas no pueden aplicarse actualmente como una nueva figura penal hasta que, de corresponder, la iniciativa sea aprobada y promulgada conforme al procedimiento constitucional. Debate sobre inteligencia artificial y elecciones Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la inclusión de la inteligencia artificial dentro de las circunstancias agravantes. El proyecto busca responder a un escenario en el que las herramientas de generación y manipulación de contenidos pueden utilizarse para producir imágenes, audios o videos falsos

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