Proponen prohibir corridas de toros y peleas de gallos por maltrato animal

Un nuevo proyecto de ley plantea prohibir las corridas de toros, las peleas de toros, las peleas de gallos y otros espectáculos similares cuando su realización implique actos de crueldad, sufrimiento innecesario, lesiones o muerte de animales. La iniciativa busca modificar la Ley N.° 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal, para ampliar el alcance de las disposiciones de protección animal que actualmente contemplan excepciones para determinadas actividades reconocidas como culturales. La propuesta fue presentada por la diputada Azucena Isla Rojas, de la bancada de Juntos por el Perú, mediante el Proyecto de Ley N.° 00675/2026-CD. El planteamiento propone que el reconocimiento cultural de un espectáculo no impida aplicar las normas de protección y bienestar animal cuando se acrediten las afectaciones descritas en la iniciativa. ¿QUÉ ESPECTÁCULOS BUSCAN PROHIBIR? El proyecto incluye expresamente las corridas de toros, las peleas de toros y las peleas de gallos. También contempla otros espectáculos de naturaleza similar cuando su ejecución implique crueldad, sufrimiento innecesario, lesiones o muerte del animal. La propuesta busca establecer un criterio que atienda a las consecuencias de estas actividades sobre los animales, independientemente del nombre con el que se presenten o de la tradición a la que se encuentren asociadas. De aprobarse el proyecto en los términos planteados, la evaluación de estas actividades tendría que considerar si su desarrollo produce las afectaciones descritas en la futura norma. Por ahora, se trata de un cambio legislativo propuesto y no de una prohibición que ya se encuentre en vigor. ¿QUÉ ARTÍCULO DE LA LEY N.° 30407 SE MODIFICARÍA? La iniciativa propone modificar el literal b) del artículo 22 de la Ley N.° 30407, referido a las actividades prohibidas dentro del marco de protección y bienestar animal. El texto planteado incorpora expresamente las corridas de toros, las peleas de toros, las peleas de gallos y los espectáculos similares cuando impliquen actos de crueldad, sufrimiento innecesario, lesiones o muerte del animal. El objetivo es que estas actividades queden comprendidas dentro de la prohibición en los supuestos señalados por el proyecto, en lugar de permanecer excluidas por el solo hecho de haber sido declaradas de carácter cultural por la autoridad competente. EL PROYECTO BUSCA ELIMINAR UNA EXCEPCIÓN LEGAL La Ley N.° 30407 contiene una disposición complementaria que excluye de su ámbito de aplicación a las corridas de toros, las peleas de toros, las peleas de gallos y otros espectáculos declarados culturales por la autoridad competente, los cuales se regulan mediante legislación especial. El proyecto pretende eliminar esa excepción para que la protección prevista en la ley pueda aplicarse a los espectáculos comprendidos en la propuesta cuando se presenten las conductas descritas. La modificación tendría importancia porque cambiaría el marco jurídico aplicable a estas actividades. En lugar de mantener una exclusión basada en su reconocimiento cultural, la iniciativa plantea considerar la crueldad, el sufrimiento innecesario, las lesiones o la muerte como criterios para determinar la aplicación de la prohibición. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR CRUELDAD Y SUFRIMIENTO ANIMAL? La exposición de motivos sostiene que el bienestar animal debe comprender tanto las condiciones físicas como las mentales de los animales. Desde esa perspectiva, la protección no debería limitarse a evitar la muerte, sino que también tendría que considerar el dolor, el sufrimiento y otras afectaciones derivadas de determinadas prácticas. Para fundamentar esta posición, el proyecto recoge referencias a la Organización Mundial de Sanidad Animal y a normas comparadas de otros países que han establecido restricciones o prohibiciones a determinadas actividades con animales. La iniciativa propone que el criterio determinante sea la existencia de crueldad, sufrimiento innecesario, lesión o muerte, sin que la denominación o el carácter tradicional del evento impida examinar sus consecuencias. No obstante, la definición y aplicación concreta de estos criterios dependería del texto legal que eventualmente se apruebe y de las disposiciones que correspondan para su implementación. ¿EL RECONOCIMIENTO CULTURAL IMPEDIRÍA APLICAR LA PROHIBICIÓN? Uno de los principales argumentos del proyecto es que el reconocimiento de una actividad como manifestación cultural no debería excluirla automáticamente de toda regulación estatal destinada a proteger a los animales. La exposición de motivos reconoce que el Tribunal Constitucional, en el Expediente N.° 00017-2010-PI/TC, examinó la tauromaquia en el marco de la discusión sobre las manifestaciones culturales. Sin embargo, la iniciativa sostiene que ese reconocimiento debe analizarse junto con las obligaciones estatales de protección del bienestar animal. En ese sentido, la propuesta busca que el carácter cultural de un espectáculo no opere como una excepción absoluta frente a las medidas de protección cuando se produzcan las afectaciones previstas en el proyecto. La iniciativa también menciona como antecedente el proceso de inconstitucionalidad relacionado con la excepción de la Ley N.° 30407, en el que no se alcanzó la mayoría calificada necesaria para declarar su inconstitucionalidad. Este antecedente forma parte de la discusión jurídica que el proyecto pretende abordar mediante una modificación legislativa. ¿QUÉ ACTIVIDADES Y SECTORES PODRÍAN VERSE AFECTADOS? La propuesta tendría consecuencias para los organizadores de espectáculos taurinos, las peleas de toros y las peleas de gallos, así como para las personas que participan en estas actividades y los establecimientos donde se realizan. También podría requerir actuaciones de las autoridades públicas encargadas de aplicar las normas de protección animal dentro de sus respectivas competencias. El proyecto menciona al Ministerio de Cultura, los gobiernos regionales y locales, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Si la iniciativa se convierte en ley, los sectores involucrados tendrían que adecuar sus actividades al nuevo marco normativo y observar las restricciones que finalmente se establezcan. La aplicación concreta dependerá del contenido definitivo de la norma, de las competencias de cada institución y de las disposiciones que regulen la fiscalización y el cumplimiento de la prohibición. ¿EL PROYECTO CONTEMPLA NUEVAS ENTIDADES O GASTOS PÚBLICOS? Según la exposición de motivos, la iniciativa no contempla crear nuevas entidades públicas ni establecer subsidios permanentes con cargo al Tesoro Público. Los costos previstos estarían relacionados principalmente con la adecuación de procedimientos, los criterios de fiscalización y las actuaciones administrativas necesarias para aplicar las nuevas disposiciones. Este planteamiento

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