2 de noviembre de 2026

El diputado César Augusto Muedas Balbiese, integrante del grupo parlamentario Ahora Nación, presentó el Proyecto de Ley N.° 717/2026-2031-CD, que propone encargar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la implementación de un sistema oficial de conteo rápido de votos para las elecciones generales. La iniciativa legislativa busca que la autoridad electoral procese una muestra representativa de actas de sufragio y difunda resultados preliminares durante el mismo día de los comicios, con la finalidad de proporcionar información oportuna a la ciudadanía y reducir la incertidumbre que se genera después del cierre de las mesas de votación. Proponen modificar la Ley Orgánica de Elecciones El proyecto plantea modificar el artículo 320 de la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, para incorporar entre las funciones de la ONPE la implementación de un sistema oficial de conteo rápido. La propuesta establece que este mecanismo tendrá carácter estadístico, preliminar, informativo y no vinculante. Asimismo, deberá sustentarse en una muestra probabilística de mesas de sufragio seleccionadas mediante una metodología técnica previamente aprobada y publicada. De esta manera, se busca incorporar un mecanismo institucional que permita conocer estimaciones de los resultados electorales antes de que concluya el procesamiento de la totalidad de las actas. Resultados preliminares se difundirían el mismo día Uno de los principales objetivos de la iniciativa es que la ONPE pueda transmitir y difundir las estimaciones estadísticas durante la misma jornada electoral, una vez concluida la votación. Para ello, el organismo electoral deberá seleccionar las mesas que integrarán la muestra, recopilar la información contenida en sus actas y procesar los datos mediante procedimientos estadísticos. El proyecto contempla que los resultados incluyan márgenes de error e intervalos de confianza, de acuerdo con la metodología técnica y el diseño muestral previamente establecidos. Conteo rápido no reemplazará los resultados oficiales La propuesta establece expresamente que los resultados del conteo rápido tendrán carácter informativo y no vinculante. Esto significa que las estimaciones difundidas por la ONPE no determinarán oficialmente quiénes resultaron elegidos ni sustituirán el procedimiento legal de cómputo de votos. El resultado definitivo continuará dependiendo del procesamiento de la totalidad de las actas electorales, así como de las resoluciones que correspondan a los Jurados Electorales Especiales y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Por tanto, el conteo rápido funcionaría como una herramienta complementaria para ofrecer información preliminar, sin modificar las competencias de los organismos electorales encargados de validar los resultados. Diferencias entre conteo rápido y encuesta a boca de urna La iniciativa también distingue el conteo rápido de las encuestas a boca de urna que realizan las empresas encuestadoras. Mientras que las encuestas a boca de urna recogen las respuestas voluntarias de los ciudadanos después de emitir su voto, el conteo rápido utiliza información de las actas electorales elaboradas por los miembros de mesa al finalizar el escrutinio. En ese sentido, el mecanismo propuesto se basaría en resultados reales registrados en una muestra estadística de mesas de sufragio y no en las declaraciones de los electores. Proyecto busca reducir la incertidumbre electoral En la exposición de motivos, el autor de la iniciativa sostiene que la ausencia de un mecanismo oficial de estimación estadística genera un periodo de incertidumbre durante las horas posteriores al cierre de las votaciones. El documento señala que esta situación ha favorecido la dependencia de la ciudadanía respecto de los conteos rápidos difundidos por organizaciones privadas y empresas encuestadoras, como la Asociación Civil Transparencia, IPSOS y Datum. Frente a ello, se plantea que la ONPE asuma directamente esta función, mediante un sistema regulado y respaldado institucionalmente, que permita proporcionar información preliminar con criterios técnicos previamente establecidos. ONPE y JNE tendrían 120 días para aprobar protocolos El proyecto incorpora una disposición complementaria final que establece que la ONPE, en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones y dentro del ámbito de sus respectivas competencias, deberá aprobar las disposiciones reglamentarias y los protocolos técnicos necesarios para implementar el sistema. Para ello, se propone un plazo máximo de 120 días, contabilizado desde la entrada en vigencia de la eventual ley. Estos instrumentos deberán establecer los procedimientos para seleccionar las muestras, procesar la información electoral, garantizar la seguridad de los datos y difundir los resultados preliminares. Iniciativa toma como referencia experiencias internacionales La exposición de motivos también menciona experiencias de otros países que cuentan con mecanismos de preconteo o difusión de resultados preliminares, entre ellos Colombia, México, República Dominicana y Panamá. Estos sistemas permiten proporcionar estimaciones durante las jornadas electorales, manteniendo la diferencia entre los resultados preliminares y aquellos que adquieren validez jurídica mediante el escrutinio definitivo. La propuesta busca incorporar una herramienta similar en el sistema electoral peruano, bajo la responsabilidad de la autoridad encargada de organizar los procesos electorales. Proyecto deberá continuar su trámite en el Congreso La iniciativa legislativa plantea fortalecer la transparencia electoral mediante la difusión institucional de estimaciones preliminares el mismo día de las elecciones. Sin embargo, el Proyecto de Ley N.° 717/2026-2031-CD se encuentra en etapa de presentación y deberá continuar el procedimiento legislativo correspondiente antes de convertirse en ley. De aprobarse, la ONPE asumiría una nueva función relacionada con el procesamiento y difusión de resultados preliminares, mientras que el cómputo oficial definitivo y la proclamación de autoridades continuarían sujetos a las reglas y competencias establecidas en la legislación electoral vigente. 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