Artículo:
Una jornada decisiva en medio de la crisis política:
En una de las sesiones más tensas de los últimos años, el Congreso de la República oficializó, mediante la Resolución N.º 001-2025-2026-CR, la vacancia presidencial de Dina Ercilia Boluarte Zegarra por la causal de incapacidad moral permanente, prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. La medida fue aprobada con 121 votos a favor, cifra que superó ampliamente el mínimo constitucional requerido.
El proceso se inició el 9 de octubre con la presentación de cuatro mociones de vacancia que alegaban presuntas irregularidades en la gestión de la mandataria, así como un deterioro en la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento. La sesión plenaria, transmitida en vivo y seguida por miles de ciudadanos, se prolongó hasta la medianoche y concluyó con la aprobación de la medida que marcó el fin del gobierno de Boluarte.
Ante su ausencia en el hemiciclo para ejercer su defensa, el Congreso procedió conforme al artículo 89-A de su Reglamento. Minutos después, el presidente del Congreso, José Jerí Oré, fue designado jefe de Estado interino, conforme al régimen de sucesión establecido en el artículo 115 de la Constitución.
El mensaje final de Dina Boluarte:
Horas después de su destitución, la expresidenta ofreció un mensaje a la Nación desde Palacio de Gobierno. En su discurso, Boluarte hizo un recuento de los logros de su administración en materia social, económica y de seguridad ciudadana, y aseguró haber gobernado “con vocación de diálogo y compromiso con la unidad nacional”.
“No he hecho otra cosa que trabajar por el Perú, invocando siempre la unidad. Lamento profundamente que se haya violentado el debido proceso”, expresó visiblemente conmovida. Su equipo legal, encabezado por el abogado Juan Carlos Portugal, denunció que la mandataria fue notificada con apenas 50 minutos de anticipación, lo que consideró una vulneración a sus derechos constitucionales. “No convalidaremos un procedimiento arbitrario”, sostuvo el jurista.
Procesos fiscales y medidas cautelares:
La vacancia presidencial ocurre en paralelo a un panorama judicial complejo para Boluarte. El fiscal Ángel Astocondor, integrante de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, ha solicitado 36 meses de impedimento de salida del país contra la exmandataria por presunto lavado de activos en el caso Los Dinámicos del Centro.
De manera adicional, la Fiscalía de la Nación ha pedido 18 meses más por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, relacionado con la designación de funcionarios en EsSalud y la presunta gestión irregular de beneficios económicos a terceros.
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó en entrevista con Latina que la solicitud será presentada ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. “Estamos procediendo con las medidas correspondientes. La vacancia no detiene las investigaciones, las carpetas continúan”, declaró.
De ser admitido el requerimiento, Boluarte quedaría imposibilitada de abandonar el país mientras duren las pesquisas por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Esta sería la primera medida coercitiva adoptada contra una expresidenta en funciones inmediatas tras su destitución.
Implicancias políticas y constitucionales:
La decisión del Congreso reconfigura por completo el escenario político nacional. Con la asunción de José Jerí como presidente interino, se espera la convocatoria a elecciones generales anticipadas, un pedido respaldado por diversos sectores políticos y sociales que buscan poner fin a la inestabilidad que ha marcado los últimos años en el país.
Analistas coinciden en que este nuevo episodio refleja la crisis estructural del sistema político peruano, caracterizado por la sucesión de gobiernos truncos, la polarización y la pérdida de legitimidad de las instituciones. Sin embargo, también abre la posibilidad de un reordenamiento democrático, si el proceso de sucesión se desarrolla dentro de los cauces constitucionales y con respeto al Estado de derecho.
El futuro inmediato:
Mientras el nuevo gobierno transitorio define su hoja de ruta, Dina Boluarte enfrenta un panorama judicial incierto. Su defensa ha anunciado que interpondrá recursos ante el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando la vulneración del debido proceso parlamentario.
El país, por su parte, vuelve a situarse ante un punto de inflexión: un Congreso fortalecido frente a un Ejecutivo debilitado, un clima social expectante y una ciudadanía que, una vez más, observa cómo la política nacional se reescribe entre acusaciones, crisis y la esperanza —aún frágil— de una institucionalidad que recupere la confianza perdida.
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