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La gestión del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, bajo la dirección de Rafael López Aliaga, adquirió 40,000 raciones alimenticias importadas desde Estados Unidos para atender a damnificados de 16 distritos afectados por las lluvias intensas en la capital peruana. La operación se realizó sin licitación previa, provocando cuestionamientos por el alto costo y la idoneidad del menú para la población beneficiaria.
Compra directa y sobreprecio en las raciones
Los alimentos fueron comprados directamente a la empresa peruana Lealto EIRL, que importó los kits desde la compañía estadounidense XMRE, con sede en Miami. Cada ración costó S/ 69.50 (alrededor de 20 dólares estadounidenses), lo que elevó el presupuesto total a aproximadamente S/ 2,780,000. Esta cifra es considerada por especialistas y medios de comunicación como demasiado alta, duplicando el valor promedio de productos nacionales que usualmente se destinan para emergencias alimentarias.
La contratación directa y la exclusión de un proceso de licitación pública aumentaron la controversia en torno a la adjudicación del contrato, especialmente considerando que existían empresas locales que podían proveer productos alimentarios a costos más accesibles.
Menús poco comunes y ajenos a la dieta local
Los kits alimenticios, categorizados como “raciones frías”, contenían platos que no corresponden a la alimentación tradicional peruana ni a la preferencia de los residentes de los distritos vulnerables beneficiados. Entre los alimentos se encontraron pavo enchilado, tacos Tex-Mex y tortellini con queso, opciones poco habituales para la dieta local que también generaron críticas sobre su pertinencia y aceptación.
La decisión de importar menús estadounidenses en lugar de optar por alimentos tradicionales peruanos ha generado un debate que cuestiona si estas raciones cumplen efectivamente el objetivo de satisfacer las necesidades alimenticias de los damnificados.
Fallas en el etiquetado y riesgos sanitarios
Otro foco de preocupación ha sido la discrepancia en el etiquetado de los productos importados. Las instrucciones y detalles nutricionales estaban redactados únicamente en inglés, contraviniendo normas sanitarias peruanas que exigen información clara y accesible para los consumidores, sobre todo en situaciones de emergencia.
La falta de etiquetas en español podría dificultar la comprensión de las indicaciones para el consumo seguro, exponiendo a la población vulnerable a posibles riesgos sanitarios y de salud. Las autoridades están siendo llamadas a verificar el cumplimiento de las normativas vigentes de etiquetado e información al consumidor.
Distribución y cobertura en Lima Metropolitana
Las raciones alimenticias fueron distribuidas en diversos distritos declarados en estado de emergencia debido a las intensas lluvias, entre ellos Ate, Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Los Olivos, Lurigancho, Lurín, Pachacámac, Puente Piedra, Punta Hermosa, Rímac, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres.
Según declaraciones oficiales, hasta la fecha 22,000 raciones han sido entregadas, mientras que unas 18,000 permanecen en almacenes de ayuda humanitaria para futuros reabastecimientos.
Reacciones oficiales y de la empresa proveedora
Luis Alvarado Ato, gerente general de Lealto EIRL, defendió la compra afirmando que las raciones importadas son comidas listas para emergencias utilizadas por entidades como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en Estados Unidos. Según él, el costo de cada ración sería justificado por la calidad y duración prolongada de hasta tres años.
Por su parte, la Municipalidad de Lima, a través del gerente de Riesgo de Desastres Mario Casaretto La Torre, aclaró que su función se limitó a la distribución, sin intervenir en los procesos de contratación ni en la elaboración de bases para la compra.
Críticas y dudas sobre gestión pública
El caso ha generado un fuerte debate público sobre la gestión de recursos públicos destinados a emergencias, la transparencia en la contratación pública y el respeto a las normativas sanitarias y alimentarias nacionales. La adquisición de alimentos importados a precios elevados y menús poco adecuados ha sido vista con preocupación por la opinión pública, organizaciones de consumidores y medios de comunicación.
Además, el incumplimiento en el etiquetado correcto pone en cuestión la supervisión de la autoridad encargada de proteger al consumidor en situaciones de emergencia.
