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Gremios y organizaciones profesionales cierren filas ante demandas históricas de precariedad laboral
Los trabajadores del Ministerio Público ejecutaron durante las últimas cuarenta y ocho horas una medida de protesta nacional de alcance multirregional, iniciada el martes 25 de noviembre y extendida hasta la jornada del miércoles 26 del mismo mes. La movilización, que ha sido respaldada de manera contundente por el Colegio de Abogados de Puno y otros gremios de la profesión legal, representa un punto de inflexión en la histórica reivindicación de derechos laborales en la institución fiscal.
Dimensión de la medida de protesta y cobertura territorial
Según reportes de medios locales especializados, la medida de cese de labores ha sido acatada de manera significativa en múltiples jurisdicciones territoriales, abarcando departamentos como Huánuco, Puno, Arequipa, Cajamarca, Cusco y Huancayo, entre otros. La Federación de Trabajadores del Ministerio Público movilizó aproximadamente dieciocho mil trabajadores en Lima y Callao, mientras que otros dieciocho mil más distribuidos en el resto del territorio nacional también participaron en la acción colectiva.
Pliego de demandas y reclamos específicos
Los trabajadores del Ministerio Público articularon un conjunto de reclamos específicos que han permanecido sin resolución durante períodos prolongados. Entre las exigencias principales destaca el pase de los servidores bajo régimen CAS al Régimen Laboral 728, una demanda que adquiere particular relevancia considerando que aproximadamente veinte mil trabajadores se encuentran bajo la modalidad de contratación administrativa de servicios. Según declaraciones de dirigentes sindicales regionales, esta población de trabajadores CAS permanece en condiciones de notoria precariedad salarial.
Yerson Chaupis Soto, dirigente sindical de Huánuco, expresó durante la movilización: «Ya nuestros pares del Poder Judicial lo han conseguido, no entendemos por qué a nosotros se nos sigue postergando». Su declaración refleja la frustración acumulada ante la implementación de beneficios similares en instituciones del sistema de justicia que no se han extendido proporcionalmente al Ministerio Público.
Adicionalmente, los trabajadores exigen el incremento presupuestal institucional a la Fiscalía, el cumplimiento íntegro de los compromisos establecidos en el convenio colectivo vigente, la entrega de uniformes institucionales 2025 y, de manera particular en regiones como Puno, la implementación del cuarto tramo de la escala remunerativa. Valentín Huayllapuma Lima, dirigente sindical de la región de Puno, informó que aproximadamente trescientos trabajadores bajo régimen CAS ejercen sus funciones en esa circunscripción territorial.
Respaldo institucional del Colegio de Abogados de Puno
El Colegio de Abogados de Puno emitió un pronunciamiento oficial donde expresó su «respaldo de manera contundente» a la medida de huelga nacional, rechazando simultáneamente cualquier intento de amedrentamiento, presión o represalia contra los participantes. El documento institucional enfatizó que el derecho constitucional de huelga no puede ser criminalizado ni minimizado, conforme a los marcos constitucionales y convencionales internacionales suscritos por el Estado peruano.
Argumentación del respaldo gremial
La institución colegial fundamentó su respaldo en la premisa de que sin trabajadores dignificados no es posible contar con un Ministerio Público efectivo. El pronunciamiento señaló que la indiferencia estatal sistemática hacia los trabajadores de la institución fiscal no solo vulnera derechos laborales fundamentales, sino que debilita peligrosamente la capacidad institucional de lucha contra la criminalidad y la corrupción.
El Colegio exhortó al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Justicia y al propio Ministerio Público a inaugurar «sin demora» procesos negociadores serios, responsables y orientados hacia resultados concretos, advirtiendo que la inacción perpetúa el conflicto y afecta directamente a la población nacional.
