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En un movimiento judicial de alto impacto geopolítico, el fiscal federal argentino Carlos Stornelli solicitó este lunes 5 de enero de 2026 la extradición inmediata del expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien se encuentra actualmente detenido en Nueva York bajo custodia de las autoridades estadounidenses. La petición abre un inesperado frente legal que podría enfrentar a los tribunales de Buenos Aires con la justicia norteamericana por el juzgamiento del exdictador.
El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, y busca que Maduro sea trasladado a la Argentina para rendir indagatoria en la causa que investiga la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, incluyendo torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
El Fundamento Legal: Justicia Universal
La solicitud del fiscal Stornelli no es un hecho aislado, sino la culminación de un proceso iniciado en 2023 por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD). En septiembre de 2024, en un fallo histórico, la Cámara Federal de Buenos Aires ya había ordenado la «inmediata detención» de Nicolás Maduro y de su entonces hombre fuerte, Diosdado Cabello, activando las alertas rojas de Interpol bajo el principio de justicia universal.
«Ha tomado estado público la situación de detención que pesa sobre el imputado en territorio de los Estados Unidos», argumentó Stornelli en su dictamen, calificando como «urgente» el inicio del trámite de extradición activa. Para la fiscalía argentina, aunque Maduro enfrente cargos por narcotráfico en Estados Unidos, la gravedad de los delitos de sangre investigados en Buenos Aires —que incluyen testimonios de víctimas torturadas en el centro de detención El Helicoide— amerita su juzgamiento en tribunales argentinos.
Un Conflicto de Jurisdicciones
La petición argentina introduce una complejidad diplomática en el escenario internacional. Nicolás Maduro fue capturado en la madrugada del 3 de enero por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas y trasladado a Nueva York, donde ya compareció ante un tribunal federal declarándose «no culpable» de cargos de narcoterrorismo.
Mientras Estados Unidos prioriza los delitos vinculados al tráfico de drogas y la corrupción, la causa argentina se centra exclusivamente en la violación de Derechos Humanos. Waldo Wolff, presidente del FADD y uno de los impulsores de la denuncia, sostuvo que «las víctimas venezolanas merecen justicia por los crímenes atroces sufridos, más allá de los delitos económicos o de narcotráfico que persiga el norte».
El juez Sebastián Ramos deberá ahora decidir si cursa el exhorto diplomático a la Cancillería argentina para formalizar el pedido ante el Departamento de Estado de los EE.UU.. Analistas internacionales consideran poco probable que Washington ceda la custodia de su «prisionero de alto valor», pero reconocen que la movida argentina presiona para que los crímenes de lesa humanidad no queden opacados por la agenda antinarcóticos.
Las Víctimas en el Centro del Proceso
El expediente argentino cuenta con decenas de testimonios desgarradores de exiliados venezolanos que relataron ante la justicia federal los tormentos sufridos bajo el régimen chavista. La decisión de la Cámara Federal de 2024 consideró probado que existía un «plan sistemático de represión» ejecutado desde las más altas esferas del poder en Miraflores.
Si el proceso avanza, Argentina podría convertirse en el primer país latinoamericano en intentar juzgar efectivamente a un exjefe de Estado extranjero por crímenes de lesa humanidad cometidos en su propio territorio, reafirmando su tradición jurídica en materia de Derechos Humanos.
