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El ordenamiento jurídico peruano establece sanciones severas para el delito de tráfico ilícito de datos informáticos, el cual puede ser castigado con penas privativas de la libertad de hasta 10 años, dependiendo de la gravedad del hecho y de las circunstancias en que se cometa. Este delito se encuentra regulado dentro de los crímenes informáticos contemplados en el Código Penal.
La norma sanciona conductas como la obtención, comercialización, difusión o transferencia no autorizada de datos informáticos, especialmente cuando se trata de información personal, confidencial o sensible. Las penas pueden agravarse si el delito es cometido por funcionarios públicos, si se afecta a un gran número de personas o si se utiliza la información para cometer otros ilícitos.
Especialistas señalan que el incremento de este tipo de delitos responde al uso masivo de plataformas digitales y al manejo constante de datos en entornos virtuales. En ese contexto, las autoridades exhortan a la ciudadanía y a las empresas a reforzar sus medidas de seguridad informática y recuerdan que la ley penal busca proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en el entorno digital.
