Juntos por el Perú (JP) plantea la derogación de la Ley N.° 32054, norma que modificó el marco legal relacionado con la responsabilidad de los partidos políticos frente a hechos ilícitos cometidos dentro de sus organizaciones. La propuesta busca restituir un régimen que permita atribuir consecuencias a las propias organizaciones políticas, además de la responsabilidad individual que corresponda a las personas involucradas.
La iniciativa forma parte de las propuestas de la agrupación política en materia de lucha contra la corrupción y fortalecimiento de las instituciones. El planteamiento busca modificar el escenario establecido desde junio de 2024, cuando fue publicada la Ley 32054, que introdujo cambios al Código Penal y a la legislación sobre responsabilidad de las personas jurídicas.
¿Qué establece actualmente la Ley 32054?
La Ley N.° 32054 modificó el artículo 105 del Código Penal y estableció una regulación específica para los partidos políticos. La norma señala que a estas organizaciones se les aplica el régimen sancionador previsto en la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas.
Asimismo, establece que la responsabilidad penal se aplica de manera individual a los sujetos involucrados en el ilícito. De esta manera, la norma diferencia la responsabilidad de las personas que participan en un delito de las consecuencias que pueden recaer directamente sobre la organización política.
La modificación fue presentada en su momento como una medida destinada a optimizar la democracia representativa y establecer disposiciones relacionadas con la lucha contra la corrupción dentro de las organizaciones políticas.
La propuesta de JP busca modificar este escenario
Frente al régimen actualmente vigente, Juntos por el Perú plantea derogar la Ley 32054 y recuperar un esquema que permita establecer responsabilidad y consecuencias jurídicas para los partidos políticos cuando determinados delitos sean cometidos utilizando su estructura u organización.
La propuesta parte de la consideración de que la responsabilidad no debería limitarse exclusivamente a las personas que participaron directamente en los hechos, especialmente cuando existen elementos que vinculan a la propia estructura de una organización política con determinadas actividades ilícitas.
El planteamiento coloca nuevamente en el debate público la discusión sobre hasta dónde debe llegar la responsabilidad de una organización política y cuál debe ser el alcance de las sanciones aplicables cuando se utiliza una estructura partidaria para cometer o favorecer hechos delictivos.
Responsabilidad individual y responsabilidad de la organización
Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con la diferencia entre responsabilizar penalmente a una persona y establecer consecuencias jurídicas para una organización.
La Ley 32054 mantiene la responsabilidad individual de quienes intervienen en un delito. Sin embargo, establece un tratamiento particular para los partidos políticos respecto de las medidas aplicables a las personas jurídicas.
La propuesta de derogación busca modificar precisamente ese tratamiento, de modo que la existencia de una responsabilidad individual no impida analizar también las consecuencias que puedan corresponder a la organización política cuando los hechos ilícitos estén relacionados con su estructura o funcionamiento.
El debate sobre el financiamiento de los partidos
La discusión adquiere especial relevancia en investigaciones relacionadas con el financiamiento de organizaciones políticas.
En los últimos años, diferentes investigaciones fiscales y procesos judiciales han analizado presuntos aportes irregulares y el uso de recursos de origen ilícito para financiar actividades partidarias. Estos casos han generado un debate sobre los mecanismos que deben existir para prevenir, investigar y sancionar el financiamiento ilegal de las organizaciones políticas.
La propia Constitución establece que el financiamiento ilegal genera las sanciones correspondientes, mientras que la legislación establece diferentes mecanismos de control sobre los recursos utilizados por los partidos.
La propuesta también se vincula con la lucha contra la corrupción
Para JP, la revisión de la Ley 32054 forma parte de una política más amplia orientada a fortalecer la lucha contra la corrupción y evitar espacios de impunidad.
El debate no se limita a determinar quién debe responder por un delito, sino que también involucra la necesidad de establecer mecanismos que permitan evitar que las estructuras partidarias sean utilizadas para facilitar, encubrir o beneficiarse de actividades ilícitas.
Desde esta perspectiva, la derogación de la norma buscaría fortalecer los instrumentos jurídicos disponibles para investigar hechos vinculados con organizaciones políticas.
Antecedentes de la Ley 32054
La Ley 32054 fue promulgada y publicada en junio de 2024 después de ser aprobada por el Congreso de la República. La norma modificó disposiciones del Código Penal y de la Ley 30424, relacionada con la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal.
Entre los cambios introducidos se estableció que a los partidos políticos solo se les aplicaría el régimen sancionador previsto en la Ley de Organizaciones Políticas y que la responsabilidad penal recaería individualmente en las personas involucradas en los hechos ilícitos.
La modificación generó desde su aprobación un debate jurídico y político sobre el tratamiento diferenciado otorgado a las organizaciones políticas frente a otras personas jurídicas.
El Poder Judicial ya analizó los efectos de la norma
La Ley 32054 también ha sido materia de discusión dentro de procesos judiciales relacionados con organizaciones políticas.
En junio de 2024, el Poder Judicial rechazó aplicar la norma en favor del Partido Nacionalista Peruano dentro del juicio seguido contra Ollanta Humala y otros por el caso relacionado con Odebrecht. En aquella oportunidad, el tribunal señaló que los efectos y la interpretación de la nueva ley serían analizados al momento de emitir la sentencia correspondiente.
Posteriormente, decisiones judiciales han continuado interpretando los alcances de la norma y sus efectos sobre la responsabilidad de las organizaciones políticas. Una resolución publicada en 2026 sostuvo que, bajo la Ley 32054, un partido político no puede ser considerado organización criminal como sujeto colectivo por los hechos cometidos por sus integrantes, sin perjuicio de la responsabilidad penal individual.
Una norma que continúa generando debate jurídico
La discusión sobre la Ley 32054 no se limita al ámbito político. También existe un debate jurídico respecto de la relación entre la responsabilidad de las personas jurídicas, la responsabilidad individual y el tratamiento especial que reciben las organizaciones políticas.
Un análisis académico publicado por la revista THEMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú examinó precisamente la relación entre corrupción y responsabilidad penal o administrativa de los partidos políticos, incluyendo los cambios introducidos por la Ley 32054.
El debate plantea interrogantes sobre si las organizaciones políticas deben contar con un régimen diferenciado frente a otras personas jurídicas y cuáles deberían ser las sanciones aplicables cuando una estructura partidaria se encuentra vinculada con hechos ilícitos.
¿Qué busca cambiar JP con la derogación?
La propuesta de Juntos por el Perú busca modificar el marco actualmente vigente para que los partidos políticos puedan enfrentar consecuencias jurídicas por hechos delictivos vinculados con sus organizaciones, sin eliminar la responsabilidad individual de los integrantes que hayan participado en los ilícitos.
El objetivo planteado es evitar que la responsabilidad quede limitada únicamente a personas naturales cuando existan elementos que permitan establecer una relación entre el delito y la estructura partidaria.
De concretarse una derogación, correspondería al Congreso debatir qué régimen específico debería aplicarse a las organizaciones políticas y bajo qué condiciones podrían imponerse sanciones.
El debate sobre las sanciones a los partidos políticos
La discusión también comprende las posibles consecuencias que podrían aplicarse a una organización política. Dependiendo del marco legal que finalmente se apruebe, estas podrían estar relacionadas con medidas administrativas, sanciones vinculadas con su funcionamiento u otras consecuencias previstas expresamente por la legislación.
El objetivo de establecer responsabilidad para las organizaciones no implica necesariamente que toda conducta ilícita de uno de sus integrantes genere automáticamente responsabilidad para el partido. Para ello deberían determinarse las condiciones, vínculos y elementos jurídicos exigibles conforme a la legislación.
Por esta razón, una eventual derogación de la Ley 32054 tendría que ir acompañada de una regulación clara que determine cuándo y bajo qué circunstancias una organización política podría ser responsabilizada.
La propuesta abre nuevamente el debate sobre la responsabilidad partidaria
El planteamiento de JP vuelve a colocar en la agenda política y jurídica una discusión que se intensificó con la aprobación de la Ley 32054: determinar si los partidos políticos deben responder únicamente a través de sus integrantes o si también deben asumir consecuencias cuando sus estructuras sean utilizadas para favorecer actividades ilícitas.
La respuesta a esta cuestión tendrá implicancias para futuras investigaciones sobre corrupción, lavado de activos, financiamiento ilegal y otros delitos relacionados con organizaciones políticas.
La eventual derogación de la Ley 32054 requeriría ahora un debate legislativo sobre los alcances de la responsabilidad de los partidos, las sanciones aplicables y las garantías que deben respetarse dentro de los procesos penales.
JP propone recuperar responsabilidad penal de las organizaciones políticas
Con su propuesta, Juntos por el Perú plantea modificar el actual régimen establecido por la Ley 32054 y fortalecer las herramientas legales para investigar y sancionar posibles actos ilícitos vinculados con organizaciones políticas.
La iniciativa coloca nuevamente sobre la mesa la discusión acerca de la responsabilidad de los partidos políticos y el equilibrio entre la persecución de delitos, la protección de la democracia representativa y las garantías del debido proceso.
El eventual cambio de la legislación dependerá del debate y de la decisión que adopte el Congreso, donde deberá analizarse si corresponde derogar la Ley 32054, modificarla o mantener el régimen actualmente vigente.
