El Poder Judicial dictó medidas urgentes de protección a favor de una mujer gestante de 35 años que denunció a su expareja por presuntamente ejercer presiones psicológicas para que interrumpiera su embarazo. Como parte de las disposiciones, el juzgado ordenó que el denunciado asuma la totalidad de los gastos que demande la gestación y el parto, además de establecer restricciones de acercamiento y comunicación con la agraviada.
La decisión fue adoptada por el juez Giancarlo Torreblanca Gonzales, del Quinto Juzgado de Familia especializado en Violencia Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en aplicación de la Ley N.° 30364, norma que establece mecanismos de prevención, protección y sanción frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
¿QUÉ OCURRIÓ?
De acuerdo con la denuncia presentada por la mujer, su expareja la habría llamado constantemente para presionarla a interrumpir el embarazo. Durante estas comunicaciones, presuntamente le manifestaba que no asumiría ningún gasto relacionado con la gestación ni tampoco la manutención del futuro bebé.
Según lo señalado por la agraviada, el denunciado habría indicado que únicamente estaba dispuesto a cubrir el costo de un aborto, argumentando que de esa manera evitarían problemas futuros.
Ante estos hechos, la gestante solicitó protección judicial frente a las presuntas conductas de violencia psicológica que, según su denuncia, afectaban su estabilidad emocional durante el embarazo.
JUZGADO ORDENA QUE EL EXENAMORADO ASUMA LOS GASTOS DEL EMBARAZO Y PARTO
Una de las principales disposiciones establecidas por el magistrado fue ordenar que el denunciado asuma todos los gastos que demande el embarazo y el parto de la mujer.
Esta medida forma parte del conjunto de disposiciones urgentes adoptadas para proteger a la gestante frente a la situación denunciada y evitar que tenga que afrontar sola los gastos relacionados con esta etapa.
PROHÍBEN AL DENUNCIADO ACERCARSE A MENOS DE 100 METROS
El juzgado también estableció una distancia mínima de 100 metros que el denunciado deberá mantener respecto del domicilio, centro de trabajo o cualquier otro lugar donde se encuentre la agraviada.
La disposición busca evitar situaciones de acercamiento que puedan generar nuevos episodios de intimidación, presión o afectación psicológica contra la mujer.
PROHIBICIÓN DE COMUNICACIÓN Y ACTOS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA
Otra de las medidas dictadas establece que el denunciado deberá abstenerse de realizar cualquier manifestación de violencia psicológica contra la gestante.
La prohibición comprende insultos, amenazas, expresiones ofensivas, humillaciones y cualquier otra conducta que pueda afectar su integridad emocional.
Asimismo, se dispuso que no mantenga ningún tipo de comunicación con la agraviada, salvo las excepciones expresamente contempladas en la resolución judicial.
MINISTERIO PÚBLICO Y POLICÍA NACIONAL INTERVENDRÁN EN EL SEGUIMIENTO
Como parte de las disposiciones, el juzgado ordenó comunicar los hechos al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones.
Además, se ofició a la Policía Nacional del Perú para ejecutar y realizar el seguimiento de las medidas de protección, así como coordinar con las autoridades competentes las acciones necesarias para garantizar su cumplimiento.
APLICACIÓN DE LA LEY N.° 30364
La decisión judicial se sustenta en la Ley N.° 30364, que establece mecanismos para prevenir, atender y proteger a las mujeres y a los integrantes del grupo familiar frente a situaciones de violencia.
En este caso, las medidas fueron dictadas con el propósito de salvaguardar la integridad psicológica de la gestante y evitar que continúe expuesta a las presiones denunciadas durante el desarrollo de su embarazo.
La resolución constituye una medida de protección frente a los hechos comunicados al juzgado, sin que ello implique por sí mismo una declaración definitiva de responsabilidad penal del denunciado.
