
El diputado Marco Antonio Pacheco Quispe, integrante de la bancada de Fuerza Popular, presentó el Proyecto de Ley N.º 00821-2026-2031-CD, que propone incorporar la educación vial y de tránsito como contenido obligatorio del Currículo Nacional de la Educación Básica.
La iniciativa legislativa plantea modificar el artículo 33 de la Ley N.º 28044, Ley General de Educación, con la finalidad de promover desde las instituciones educativas el conocimiento y respeto de las normas de tránsito, la prevención de siniestros viales y el desarrollo de hábitos de movilidad segura y responsable.
La propuesta fue presentada el 10 de noviembre de 2026 y cuenta con la firma de seis diputados de Fuerza Popular. Hasta el momento de su presentación, se encuentra en etapa de proyecto y deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente.
¿QUÉ PROPONE MODIFICAR EL PROYECTO DE LEY?
El proyecto plantea incorporar un último párrafo al artículo 33 de la Ley General de Educación, estableciendo que el Currículo Nacional de la Educación Básica incluya, de manera transversal y progresiva, contenidos relacionados con la educación vial y las normas de tránsito.
Estos conocimientos deberán desarrollarse dentro de las competencias y áreas curriculares correspondientes, considerando las características, necesidades y edades de los estudiantes, así como las distintas modalidades y niveles de la educación básica.
La iniciativa busca que los escolares comprendan la importancia de respetar las señales de tránsito, reconocer los riesgos en las vías públicas y adoptar comportamientos responsables como peatones, pasajeros y futuros conductores.
NO SE CREARÁ UN NUEVO CURSO DE EDUCACIÓN VIAL
Uno de los aspectos importantes de la propuesta es que la incorporación de estos contenidos no implicará la creación de una asignatura independiente dentro del plan de estudios.
Tampoco contempla incrementar las horas académicas ni establecer cursos de conducción para los estudiantes.
En el caso del nivel secundario, los contenidos estarán orientados al conocimiento de las normas de tránsito y la formación de una cultura de prevención, sin modificar los requisitos legales para obtener una licencia de conducir.
Asimismo, el Ministerio de Educación conservará sus competencias para determinar los contenidos pedagógicos, las competencias, los desempeños y las estrategias de enseñanza que correspondan a cada nivel educativo.
ACCIDENTES DE TRÁNSITO SUSTENTAN LA INICIATIVA
En su exposición de motivos, el autor del proyecto advierte sobre la magnitud de los siniestros viales registrados en el país y la necesidad de fortalecer las acciones preventivas desde la educación.
Según las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial citadas en la propuesta, durante el año 2025 se registraron 88 243 siniestros de tránsito, que dejaron 55 329 personas lesionadas y 3428 fallecidas.
Entre las víctimas mortales se encontraban 321 niñas, niños y adolescentes, mientras que otros 6834 menores resultaron lesionados.
El documento también señala que las muertes por siniestros viales aumentaron de 3002 en 2024 a 3428 en 2025, lo que representa un incremento del 14,2 %.
A partir de estos datos, la iniciativa plantea fortalecer la formación preventiva de los estudiantes, aunque reconoce que las cifras de siniestralidad no demuestran por sí solas que la falta de educación vial en las escuelas sea la causa de los accidentes.
¿QUÉ RESPONSABILIDAD TENDRÁ EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN?
De aprobarse la propuesta, el Ministerio de Educación deberá adecuar los instrumentos curriculares necesarios para incorporar progresivamente los contenidos de educación vial y tránsito.
Asimismo, deberá coordinar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones las acciones de orientación y asistencia técnica para facilitar la implementación de la medida.
La propuesta busca que ambas instituciones desarrollen un trabajo articulado, de manera que los contenidos educativos respondan a criterios técnicos y pedagógicos relacionados con la seguridad vial.
¿LA IMPLEMENTACIÓN GENERARÁ GASTOS ADICIONALES AL ESTADO?
El proyecto establece que la implementación de la medida se realizará con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, de acuerdo con sus competencias y disponibilidad presupuestaria.
En ese sentido, señala que su aplicación no deberá demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
¿QUÉ SIGUE PARA ESTA PROPUESTA LEGISLATIVA?
El Proyecto de Ley N.º 00821-2026-2031-CD todavía debe continuar su trámite en el Congreso de la República. Su presentación no significa que la educación vial ya sea un contenido obligatorio incorporado mediante esta modificación legal.
La iniciativa deberá ser evaluada en las instancias legislativas correspondientes y, de obtener la aprobación requerida, continuar con el procedimiento constitucional para convertirse en ley.
De aprobarse, la propuesta establecería un mandato legal para incorporar progresivamente la educación vial y las normas de tránsito en la formación escolar, con el objetivo de promover una cultura de prevención y responsabilidad en el uso de las vías públicas.
