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José Jerí rinde homenaje a los veteranos de guerra y llama a la unidad para recuperar la paz nacional

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Ceremonia en la Plaza a la Bandera conmemoró el Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional. El presidente exhortó a las Fuerzas Armadas y a la ciudadanía a unirse en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Pueblo Libre, 26 de octubre de 2025. — En una emotiva ceremonia celebrada en la Plaza a la Bandera, el presidente de la República, José Jerí Oré, rindió homenaje a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional, destacando su entrega y sacrificio en defensa de la soberanía, la democracia y la paz del Perú. El acto, conmemorativo por el Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional, reunió a las más altas autoridades del Estado y a representantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP). Un llamado a la unidad en tiempos difíciles Durante su discurso, el jefe de Estado expresó su reconocimiento a los héroes nacionales, subrayando que “la paz no es un regalo, sino un legado de peruanos valientes que han vestido el uniforme”. Jerí exhortó a los miembros de las fuerzas del orden y a toda la ciudadanía a recuperar la unidad y el compromiso patriótico frente a las nuevas amenazas que enfrenta el país. “El Perú hoy les rinde honores por siempre, y su legado nos inspira a seguir luchando con firmeza contra el enemigo común que hoy tenemos: el crimen y la delincuencia”, señaló el mandatario. “Hago un llamamiento ante los tiempos oscuros y difíciles que vivimos, a todo el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía. Es momento de volver a pacificar el país”, añadió. Participación de las principales autoridades del Estado El acto fue encabezado por el presidente José Jerí Oré, acompañado del ministro de Defensa, César Díaz Peche; el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda; y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo. También estuvieron presentes el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército David Ojeda Parra, y los comandantes generales del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. El premier Ernesto Álvarez resaltó el deber del actual Gobierno de Transición y Reconciliación de restablecer la autoridad del Estado y asegurar la paz social. “En los años oscuros de la violencia, cuando el miedo pretendía arrodillar a la república, ellos se mantuvieron en pie, guiados por el juramento de defender la Constitución y la democracia”, manifestó. Reconocimiento a los héroes de la soberanía y la pacificación La ceremonia incluyó la entrega de diplomas de honor a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional, en reconocimiento a su valiosa contribución a la patria. Entre los homenajeados se encontraban excombatientes de la Campaña Militar de 1941, de la Cordillera del Cóndor (1981) y del Alto Cenepa (1995), así como miembros del Comando Chavín de Huántar y del GEIN-DIRCOTE-PNP, quienes desempeñaron un papel crucial en la lucha contra el terrorismo. Estos reconocimientos se realizan conforme a la Ley N° 30826, Ley del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional, promulgada el 19 de julio de 2018, que establece los derechos, beneficios y homenajes oficiales destinados a quienes participaron en la defensa de la nación y en la pacificación del país. “Volver a pacificar el país” El presidente Jerí destacó que la lucha por la paz no pertenece al pasado, sino que continúa en el presente, frente a nuevas formas de violencia como el crimen organizado, la extorsión y el sicariato. “Necesitamos redoblar los esfuerzos, asumir los compromisos y dejar todo en la defensa de la tranquilidad de nuestros ciudadanos”, declaró. Asimismo, el mandatario insistió en que la memoria de los veteranos debe ser faro moral para las nuevas generaciones. “Cada progreso que hemos logrado como país tiene sus raíces en el sacrificio de quienes defendieron nuestra patria. Ellos son la historia viva del Perú”, expresó ante los presentes. Una jornada de memoria y compromiso La conmemoración en la Plaza a la Bandera no solo evocó los hechos históricos de las campañas militares y la lucha contra el terrorismo, sino que también buscó reafirmar el compromiso nacional con la paz y la seguridad interna. Entre los asistentes se encontraban familiares de los veteranos, delegaciones militares, cadetes y estudiantes, quienes rindieron homenaje con aplausos y ofrendas florales. Con este acto, el Gobierno reafirmó su voluntad de reconocer el sacrificio de quienes defendieron la patria y de inspirar un nuevo pacto social de unidad, disciplina y amor al Perú. “La paz no se hereda en discursos, se defiende con actos y con memoria. Esa es la lección de nuestros veteranos”, concluyó el presidente Jerí ante un público que lo ovacionó en pie.     Noticias Relacionadas José Jerí rinde homenaje a los veteranos de guerra octubre 27, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La Corte Suprema de Justicia resolvió de manera definitiva la demanda interpuesta por Dina Boluarte contra el Registro Nacional de Identificación y Corte Suprema confirma que Reniec deberá pagar más de octubre 25, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La Corte Suprema de Justicia resolvió de manera definitiva la demanda interpuesta por Dina Boluarte contra el Registro Nacional de Identificación y Congreso aprueba incorporación de trabajadores CAS del Poder Judicial octubre 24, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Congreso de la República aprobó con 84 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención el dictamen que dispone la incorporación progresiva de los

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Corte Suprema confirma que Reniec deberá pagar más de S/213 mil a Dina Boluarte tras fallo definitivo

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La Corte Suprema de Justicia resolvió de manera definitiva la demanda interpuesta por Dina Boluarte contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), poniendo fin a un largo proceso judicial que se remontaba a los años en que la exmandataria laboró en dicha institución. Con este fallo, el máximo tribunal ordenó que el Reniec pague un monto total de S/213 174,63 a favor de Boluarte, cifra que representa una reducción frente a los S/286 mil que se le habían reconocido en instancias previas. Un caso laboral que se remonta al 2007 La controversia judicial tiene su origen en la relación laboral que Dina Boluarte mantuvo con el Reniec desde 2007, años antes de ingresar a la vida política. Según la demanda, la entonces trabajadora alegó que su vínculo contractual con la entidad se desnaturalizó, pues —aunque figuraba como contratada bajo la modalidad de locación de servicios o régimen CAS— en realidad cumplía funciones de carácter permanente y subordinado, propias de un contrato a plazo indeterminado. En ese sentido, solicitó el reconocimiento de diversos beneficios sociales y sindicales que, según su defensa, no le fueron otorgados durante todo el periodo laboral. En su cálculo inicial, la exmandataria reclamaba más de S/428 mil por conceptos de compensación por tiempo de servicios (CTS), gratificaciones, vacaciones, escolaridad y beneficios colectivos derivados de los laudos arbitrales de 2011 y 2012. De los S/428 mil reclamados a los S/213 mil definitivos En primera instancia, el Poder Judicial le dio la razón de manera parcial, fijando la compensación en S/286 mil. Luego, la Primera Sala Laboral Permanente de Lima ratificó el fallo pero redujo el monto a S/239 674,63, al precisar que ciertos beneficios sindicales no correspondían a la totalidad del periodo reclamado. El Reniec interpuso posteriormente un recurso de casación ante la Corte Suprema, solicitando que se excluyeran los pagos por beneficios colectivos en los periodos de octubre de 2010 a noviembre de 2011 y desde enero de 2015 en adelante, argumentando que en esos lapsos Boluarte ocupó un cargo de confianza como jefa de oficina registral, función a la que no le corresponde percibir beneficios sindicales. La Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema acogió este argumento, reduciendo la suma final a S/213 174,63. El fallo es definitivo y de cumplimiento obligatorio, por lo que el juzgado correspondiente deberá requerir al Reniec el depósito del monto en las cuentas bancarias de la exmandataria. Argumentos del fallo supremo En su resolución, la Corte Suprema precisó que no era necesaria una designación formal para determinar que Boluarte desempeñaba un cargo de confianza, pues las funciones y responsabilidades inherentes a su puesto evidenciaban dicha condición. “El jefe de oficina registral tiene como funciones, entre otras, elaborar cuadros de información estadística que sirvan para la toma de decisiones de la jefatura regional. Es decir, la demandante realizaba informes que contribuían a la adopción de decisiones institucionales de alto nivel, propias de un cargo de confianza”, indica el fallo. Por ello, el tribunal concluyó que durante los periodos mencionados, Boluarte no tenía derecho a beneficios colectivos, ya que estos están reservados para trabajadores sujetos a negociación sindical, situación incompatible con los cargos de confianza. Un cierre judicial tras años de controversia Con esta decisión, la Corte Suprema pone punto final a un proceso que se prolongó por más de una década, en el que se debatió la verdadera naturaleza del vínculo laboral entre Dina Boluarte y el Reniec. El fallo reafirma que, si bien existió una relación laboral que generó derechos a determinados beneficios, no todos los reclamos fueron procedentes por la naturaleza jerárquica del puesto que ocupó la exmandataria en ciertos periodos. El Reniec deberá ahora cumplir con efectuar el pago ordenado por el Poder Judicial, una vez sea notificado formalmente por el juzgado competente. Con ello, Dina Boluarte recibirá más de S/213 mil soles como liquidación definitiva por los años trabajados en la institución, cerrando así un capítulo que combinó elementos laborales, administrativos y políticos en torno a su paso por la administración pública.     Noticias Relacionadas Corte Suprema confirma que Reniec deberá pagar más de octubre 26, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Congreso de la República aprobó con 84 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención el dictamen que dispone la incorporación progresiva de los Congreso aprueba incorporación de trabajadores CAS del Poder Judicial octubre 25, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Congreso de la República aprobó con 84 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención el dictamen que dispone la incorporación progresiva de los Presidente José Jerí decreta estado de emergencia en Lima octubre 22, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La medida busca contener la ola de violencia y extorsión que azota la capital. Policía y Fuerzas Armadas asumirán control conjunto del orden

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Congreso aprueba incorporación de trabajadores CAS del Poder Judicial al régimen laboral 728

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Congreso de la República aprobó con 84 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención el dictamen que dispone la incorporación progresiva de los trabajadores del Poder Judicial contratados bajo el régimen CAS (Decreto Legislativo N.º 1057) al régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 728, conocido como Ley de Fomento del Empleo. La medida, exonerada de segunda votación, marca un hito en la búsqueda de equidad y estabilidad laboral dentro del sistema judicial peruano. Hacia un trato laboral equitativo La iniciativa fue sustentada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el congresista Flavio Cruz Mamani (Perú Libre), quien señaló que el dictamen busca reconocer los derechos laborales de miles de servidores judiciales que, pese a realizar funciones permanentes, se mantienen bajo un régimen de contratación temporal y precario. “El régimen CAS fue concebido como una modalidad transitoria. Sin embargo, con el tiempo se ha convertido en una forma de empleo permanente sin los beneficios ni la estabilidad que otorga el régimen 728”, manifestó Cruz Mamani durante el debate. Asimismo, destacó que el cambio no solo busca corregir una desigualdad, sino también dignificar la función pública en un sector clave como el Poder Judicial, donde la rotación constante y la inseguridad laboral han afectado la continuidad institucional y la calidad del servicio. Argumentos a favor de la reforma Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso), respaldó la medida al advertir que la coexistencia de distintos regímenes laborales dentro del Poder Judicial ha generado tratos diferenciados, incluso entre trabajadores con idéntico perfil y funciones. “El problema es estructural. Existen profesionales que realizan las mismas labores, pero bajo regímenes distintos y con derechos dispares. Esta situación no solo es injusta, sino también ineficiente desde el punto de vista administrativo”, explicó. El dictamen aprobado consolida una demanda histórica de los servidores CAS, que por años reclamaron la eliminación de la dualidad laboral y la equiparación de derechos con los trabajadores del régimen privado del Estado. Incorporación gradual y bajo control presupuestal La nueva ley autoriza al Poder Judicial a iniciar un proceso progresivo de incorporación al régimen 728 de los trabajadores que actualmente laboran bajo contratos CAS a plazo indeterminado. No obstante, esta medida estará sujeta a la disponibilidad presupuestal de la entidad y se desarrollará en un plazo máximo de cinco años desde su entrada en vigor. El orden de prelación se establecerá según la antigüedad de los contratos, priorizando a quienes llevan más tiempo de servicio continuo. Además, para acceder a la incorporación, los beneficiarios deberán haber ingresado al Poder Judicial mediante concurso público de méritos y ocupar una plaza con presupuesto sostenible. Un paso hacia la estabilidad laboral en el Estado La aprobación del dictamen constituye un avance significativo en la formalización del empleo público, especialmente en una de las instituciones más sensibles del sistema democrático. Con esta decisión, el Congreso busca no solo mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadores, sino también fortalecer la institucionalidad del Poder Judicial mediante la estabilidad y continuidad de su personal. El régimen CAS, instaurado en 2008, fue concebido como un mecanismo temporal de contratación administrativa de servicios. Sin embargo, su prolongada vigencia y expansión hacia casi todos los sectores del Estado generaron múltiples cuestionamientos y demandas por discriminación laboral. La transición hacia el régimen 728 representa, por tanto, un reconocimiento al carácter permanente de las funciones que desempeñan los servidores judiciales y una apuesta por la meritocracia y la justicia laboral. Con esta medida, el Parlamento abre la puerta a una reforma más amplia en el empleo público peruano, que podría inspirar cambios similares en otros sectores donde aún prevalece la precariedad contractual. La implementación, no obstante, dependerá de la capacidad presupuestal del Estado y de la voluntad política para garantizar que la promesa de equidad laboral no se quede solo en el papel.     Noticias Relacionadas Corte Suprema confirma que Reniec deberá pagar más de octubre 26, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La Corte Suprema de Justicia resolvió de manera definitiva la demanda interpuesta por Dina Boluarte contra el Registro Nacional de Identificación y Congreso aprueba incorporación de trabajadores CAS del Poder Judicial octubre 25, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Congreso de la República aprobó con 84 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención el dictamen que dispone la incorporación progresiva de los Presidente José Jerí decreta estado de emergencia en Lima octubre 22, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La medida busca contener la ola de violencia y extorsión que azota la capital. Policía y Fuerzas Armadas asumirán control conjunto del orden

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Presidente José Jerí decreta estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días ante crisis de inseguridad

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La medida busca contener la ola de violencia y extorsión que azota la capital. Policía y Fuerzas Armadas asumirán control conjunto del orden interno. Un país bajo tensión El presidente del Perú, José Jerí Oré, anunció la declaratoria del estado de emergencia por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao, una medida que entra en vigencia desde la medianoche del miércoles 22 de octubre de 2025. La decisión, adoptada con aprobación del Consejo de Ministros, responde a la grave crisis de inseguridad ciudadana que ha dejado múltiples víctimas y un creciente clima de temor entre los peruanos. El anuncio fue transmitido en un mensaje a la Nación en el que Jerí, flanqueado por su gabinete, aseguró que el país ha llegado a un punto de inflexión en su lucha contra la delincuencia. “Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”, declaró con tono firme. “Pasamos de la defensiva a la ofensiva. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”. El nuevo mandatario, quien asumió la presidencia el 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte, enfrenta una compleja coyuntura política y social. Las manifestaciones no han cesado desde su toma de mando y, según reportes oficiales, más de 100 personas han resultado heridas en enfrentamientos entre civiles y fuerzas del orden, además de un fallecido en las protestas del 15 de octubre. Pese a ello, Jerí reafirmó que no renunciará al cargo y que su prioridad será restablecer el orden interno. Restricciones y medidas excepcionales De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial El Peruano, el estado de emergencia implica la suspensión de ciertos derechos constitucionales, entre ellos la libertad de tránsito y de reunión. Asimismo, se dispone la intervención conjunta de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, que patrullarán las calles de Lima y el Callao durante la vigencia de la medida. Entre las principales disposiciones se encuentran: Prohibición del tránsito de dos adultos en motocicleta lineal, con el fin de evitar asaltos y sicariato. Suspensión de visitas penitenciarias y apagón eléctrico en las celdas, medida que busca neutralizar las comunicaciones ilícitas desde las cárceles. Destrucción de antenas de comunicación ilegales y operativos masivos de fiscalización y control en zonas identificadas como focos de venta de drogas, tráfico de armas, autopartes robadas y celulares de procedencia dudosa. Limitación de eventos masivos: las actividades religiosas, culturales o deportivas deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes. Además, el Ejecutivo anunció la intervención en mercados informales vinculados a la trata de personas y la extorsión, así como la persecución directa de redes criminales que operan en distritos críticos del área metropolitana. Una respuesta ante la desconfianza social La medida, aunque drástica, busca recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad, gravemente deterioradas tras años de corrupción, ineficiencia y violencia estructural. En su discurso, Jerí reconoció que “la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor a miles de familias”, y prometió que su gobierno adoptará “acciones firmes, dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos humanos”. Sin embargo, la declaratoria también ha suscitado críticas de organizaciones civiles y analistas, quienes advierten que la presencia militar en las calles no garantiza una solución estructural. Recuerdan que durante el gobierno de Boluarte se decretaron cuatro estados de emergencia similares, sin resultados sostenibles. “El problema no es la ausencia de autoridad, sino la falta de coordinación institucional y una estrategia integral contra el crimen organizado”, señaló un especialista en seguridad consultado por medios locales. Entre el orden y la legitimidad El gobierno de José Jerí, que surgió del voto congresal tras la destitución de su predecesora, enfrenta una débil legitimidad popular. Su ascenso, calificado por algunos sectores como “transitorio”, se ve ahora puesto a prueba por la implementación de esta medida de excepción. Pese a ello, el mandatario ha buscado proyectar una imagen de liderazgo decidido, apelando a la idea de una “reconstrucción moral del país”. Mientras tanto, colectivos ciudadanos y gremios sociales han anunciado que continuarán en las calles para exigir nuevas elecciones. Las tensiones, lejos de apaciguarse, parecen intensificarse en un contexto de militarización parcial de la capital. Un desafío de 30 días El estado de emergencia en Lima y Callao no solo será una prueba de fuerza para el gobierno, sino también un test de respeto institucional. Su éxito dependerá de la coordinación entre la Policía, las Fuerzas Armadas y las autoridades locales, así como de la capacidad del Ejecutivo para evitar abusos de autoridad y violaciones de derechos humanos. El presidente Jerí ha prometido “acciones, no palabras”. Pero el país, marcado por la desconfianza y la violencia, espera que esas acciones no sean solo reactivas, sino transformadoras. Los próximos 30 días serán decisivos para saber si el nuevo gobierno logra imponer el orden sin sacrificar la libertad, o si, como tantas veces, el Perú vuelve a confundir la fuerza con la justicia.     Noticias Relacionadas Presidente José Jerí decreta estado de emergencia en Lima octubre 22, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) ha dado un paso decisivo hacia la modernización y la transparencia con la aprobación Sunarp lanza plataforma digital “Mire-Ya” para fortalecer la transparencia octubre 21, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) ha dado un paso decisivo hacia la modernización y la transparencia con la aprobación Fin del blindaje: Dina Boluarte enfrentará 11 investigaciones fiscales octubre 20, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Los casos abarcan desde homicidio calificado y cohecho pasivo hasta falsedad y encubrimiento. La exmandataria afronta el mayor proceso judicial

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Sunarp lanza plataforma digital “Mire-Ya” para fortalecer la transparencia en los trámites registrales

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) ha dado un paso decisivo hacia la modernización y la transparencia con la aprobación de la plataforma digital “Mire-Ya, seguimiento transparente de expedientes”, una herramienta que permitirá a los ciudadanos conocer en tiempo real el estado de sus procedimientos administrativos registrales a nivel nacional. La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 00155-2025-SUNARP/SN, publicada este 17 de octubre en el diario oficial El Peruano, y representa un avance significativo en la digitalización del sistema registral peruano. La plataforma busca reducir la burocracia, fomentar la fiscalización ciudadana y fortalecer la confianza en la administración pública. Un sistema de acceso libre y permanente “Mire-Ya” estará disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, desde la sede digital de la Sunarp. A través de este sistema gratuito, los usuarios podrán acceder a la trazabilidad completa de sus expedientes, conocer las etapas del trámite, identificar a los responsables institucionales y descargar los documentos generados durante el proceso, como memorándums, oficios, informes técnicos y resoluciones. Además, el sistema permitirá solicitar audiencias virtuales o presenciales con las áreas encargadas de cada procedimiento, lo que refuerza el principio del debido procedimiento administrativo y la atención directa al ciudadano. Este enfoque busca garantizar que toda persona pueda presentar argumentos o resolver observaciones sin intermediarios ni demoras excesivas. Un paso hacia la modernización del Estado De acuerdo con la resolución firmada por el superintendente nacional Armando Miguel Subauste Bracesco, la creación de “Mire-Ya” responde a los principios establecidos en la Ley N° 26366, que regula la Sunarp, así como a las disposiciones de la Ley de Gobierno Digital (Decreto Legislativo N° 1412) y la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado (Ley N° 27658). Estas normas orientan al Estado peruano hacia una gestión pública más eficiente, democrática y centrada en el ciudadano. En esa línea, “Mire-Ya” busca acercar los servicios registrales a la población, eliminando las barreras físicas y burocráticas que durante años caracterizaron los trámites ante la Sunarp. “Esta herramienta responde al principio de acceso permanente al procedimiento administrativo y promueve la transparencia en cada etapa del proceso registral”, señala el documento oficial. Alcances y beneficios para el ciudadano Entre las principales ventajas del nuevo sistema se destacan: Seguimiento en tiempo real de los procedimientos administrativos registrales en primera y segunda instancia. Descarga digital de documentos oficiales, incluyendo resoluciones y oficios. Solicitudes de audiencias virtuales o presenciales, fortaleciendo el contacto directo entre el ciudadano y la institución. Disponibilidad nacional, lo que elimina la necesidad de desplazamientos físicos a las oficinas registrales. En su etapa inicial, la plataforma permitirá el seguimiento de procedimientos como cierre de partidas por duplicidad, reproducción o reconstrucción de partidas registrales, y revisión de títulos archivados, pero se prevé que en los próximos meses se amplíe su cobertura a más tipos de trámites. Periodo de adaptación y supervisión La resolución establece un periodo de adaptación y mejora que se extenderá hasta el 5 de noviembre de 2025, durante el cual la Dirección Técnica Registral y la Oficina de Tecnologías de la Información supervisarán el funcionamiento de la plataforma, recogiendo observaciones y realizando ajustes técnicos para garantizar su operatividad óptima. Este proceso busca asegurar que “Mire-Ya” funcione sin interrupciones y cumpla los más altos estándares de accesibilidad, seguridad digital y eficiencia administrativa. Transparencia y confianza en la era digital Con la implementación de “Mire-Ya”, la Sunarp se consolida como una de las entidades públicas que más ha avanzado en la transformación digital del Estado peruano. El sistema no solo permitirá al ciudadano ejercer un control activo sobre sus trámites, sino que también fortalece la rendición de cuentas y la confianza institucional, pilares fundamentales para una gestión pública moderna y abierta. En tiempos en que la eficiencia y la transparencia son exigencias ciudadanas ineludibles, “Mire-Ya” marca un antes y un después en la historia registral del país: un modelo digital que promete acercar el Estado a la gente y garantizar que cada trámite sea visible, verificable y justo.     Noticias Relacionadas Sunarp lanza plataforma digital “Mire-Ya” para fortalecer la transparencia octubre 21, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Los casos abarcan desde homicidio calificado y cohecho pasivo hasta falsedad y encubrimiento. La exmandataria afronta el mayor proceso judicial Fin del blindaje: Dina Boluarte enfrentará 11 investigaciones fiscales octubre 20, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Los casos abarcan desde homicidio calificado y cohecho pasivo hasta falsedad y encubrimiento. La exmandataria afronta el mayor proceso judicial Osiptel recuerda a operadoras que deben ofrecer planes pospago octubre 20, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Medida busca garantizar la inclusión digital y el acceso equitativo a servicios de telecomunicaciones en todo el país. El Organismo Supervisor de

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Fin del blindaje: Dina Boluarte enfrentará 11 investigaciones fiscales tras perder la inmunidad presidencial

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Los casos abarcan desde homicidio calificado y cohecho pasivo hasta falsedad y encubrimiento. La exmandataria afronta el mayor proceso judicial contra un jefe de Estado en la historia reciente del Perú. El Congreso de la República marcó un antes y un después en la política peruana al aprobar la vacancia de Dina Boluarte, quien, tras casi tres años en el poder, perdió la inmunidad presidencial. Con esta decisión, la exmandataria deberá enfrentar once carpetas fiscales activas, de las cuales ocho corresponden a presuntos delitos cometidos durante su gestión.Su abogado, Juan Carlos Portugal, confirmó que todas las investigaciones se encuentran en distintas etapas: desde diligencias preliminares hasta procesos reabiertos por decisión de la Fiscalía. El caso más grave: muertes durante las protestas El expediente más sensible es el que involucra a las más de 60 muertes ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023, durante las protestas contra el gobierno de Boluarte.El Ministerio Público la investiga por homicidio calificado, lesiones graves y leves, delitos que podrían acarrearle penas de hasta 25 años de prisión.A pesar de la gravedad del caso, la Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia constitucional presentada por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena Campana, al considerar que “no existen pruebas irrefutables” de que la presidenta haya ordenado la represión. La decisión fue sustentada por Lady Camones (APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El caso Rolex: joyas, favores y poder Uno de los procesos más mediáticos es el denominado “caso Rolex”, en el que la Fiscalía investiga a Boluarte por cohecho pasivo impropio.El Ministerio Público sostiene que la entonces mandataria habría recibido relojes y joyas de lujo por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de presupuestos adicionales para su región.Aunque el Congreso volvió a blindarla archivando la denuncia, la Fiscalía solicitó reconsiderar la decisión, dejando abierta la posibilidad de ampliar la investigación si aparecen nuevas evidencias. El caso Cirugía: ausencias y presunta falsificación La exmandataria también enfrenta dos carpetas vinculadas a su intervención quirúrgica del 28 de junio de 2023, realizada sin solicitar licencia al Parlamento.Durante los días posteriores a la operación, se emitieron resoluciones supremas con firmas presuntamente falsificadas, lo que derivó en investigaciones por abandono de cargo y falsedad genérica.El 18 de junio de 2025, la Comisión de Fiscalización del Congreso recomendó su vacancia por incapacidad moral permanente, alegando que Boluarte se ausentó del país entre el 28 de junio y el 9 de julio de 2023 sin informar ni delegar funciones.Ese informe fue la base política que culminó en su destitución definitiva. El caso Cofre: el vehículo presidencial y el traslado de un prófugo Otra carpeta fiscal investiga el presunto uso indebido del vehículo presidencial, conocido como “el cofre”, para facilitar el traslado del prófugo Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre.La denuncia fue presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el 16 de mayo de 2025.Su defensa sostiene que “el caso ya está bajo trámite parlamentario” y que Boluarte no tiene pendiente ninguna citación ante la Fiscalía por ese hecho. Encubrimiento y alianza con Patricia Benavides En abril de 2025, la Fiscalía archivó preliminarmente una investigación sobre un presunto acuerdo entre Boluarte y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides para mantener en el cargo al excomandante general de la PNP, Raúl Alfaro Alvarado.Aunque el caso fue cerrado por falta de pruebas, la Fiscalía advirtió que el archivo no equivale a una absolución definitiva, dejando abierta la posibilidad de reapertura si surgen nuevas pruebas. Efficcop y presunto encubrimiento familiar Otro expediente apunta a la disolución del equipo policial que colaboraba con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Efficcop).Según la hipótesis fiscal, Boluarte habría buscado neutralizar investigaciones contra su hermano, Nicanor Boluarte, configurando los delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad.El Poder Judicial rechazó el pedido de anulación de la denuncia interpuesto por su defensa, por lo que el proceso continúa abierto. Investigaciones previas a su mandato A estas causas se suman tres investigaciones por hechos anteriores a su gobierno:1. Presunto financiamiento ilícito de la campaña de Perú Libre en 2021.2. Contratación irregular de Víctor Torres Merino en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.3. Posible favorecimiento a empresas proveedoras del programa alimentario Qali Warma. El fin de la inmunidad y el inicio de una nueva etapa judicial Con el levantamiento de su inmunidad, Dina Boluarte enfrenta el mayor desafío de su carrera política y judicial.Los expedientes que antes eran archivados o bloqueados por decisiones parlamentarias ahora vuelven a la competencia directa de la justicia.La caída de la expresidenta deja un mensaje claro para el país: ningún cargo público, por alto que sea, garantiza impunidad.En palabras de un analista político, “el Congreso que la protegió terminó entregándola al sistema judicial que siempre quiso evitar”. El proceso recién empieza, pero el desenlace marcará el precedente más contundente en la historia política reciente del Perú.     Noticias Relacionadas Fin del blindaje: Dina Boluarte enfrentará 11 investigaciones fiscales octubre 20, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Medida busca garantizar la inclusión digital y el acceso equitativo a servicios de telecomunicaciones en todo el país. El Organismo Supervisor de Osiptel recuerda a operadoras que deben ofrecer planes pospago octubre 20, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Medida busca garantizar la inclusión digital y el acceso equitativo a servicios de telecomunicaciones en todo el país. El Organismo Supervisor de Plantean Denuncian constitucionalmente a José Jeri, Ernesto Álvarez y octubre 19, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La congresista Sigrid Bazán responsabiliza al Ejecutivo y al Ministerio del Interior por la represión durante las protestas. La congresista Sigrid

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Osiptel recuerda a operadoras que deben ofrecer planes pospago desde S/15 para personas con discapacidad

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Medida busca garantizar la inclusión digital y el acceso equitativo a servicios de telecomunicaciones en todo el país. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) recordó a las empresas operadoras —entre ellas Claro, Entel, Bitel y Movistar— su obligación de ofrecer planes pospago accesibles desde S/15 mensuales dirigidos a personas con discapacidad, tal como lo dispone la normativa vigente. Esta disposición forma parte de las políticas de inclusión digital y accesibilidad, orientadas a eliminar barreras en el acceso a servicios esenciales de comunicación. Acceso garantizado y tarifas diferenciadas Según informó Osiptel, los planes especiales deben estar registrados y disponibles para contratación en todas las operadoras del país, ofreciendo servicios móviles e internet a precios preferenciales que oscilan entre S/15 y S/39 mensuales, según la cobertura y los paquetes de datos ofrecidos.Estas opciones incluyen entre 2 GB y 27 GB de navegación, además de beneficios complementarios como el uso ilimitado de redes sociales (WhatsApp y Facebook), según el plan elegido y la región donde se contrate el servicio. Para acceder a estos planes, las personas interesadas deben presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y el carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), documento que acredita formalmente su condición. De esta manera, el Estado busca garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a quienes lo requieren. Inclusión digital como política de equidad La directora de Atención y Protección del Usuario del Osiptel, Tatiana Piccini, destacó que la medida tiene un fin claramente social: “Esta iniciativa busca facilitar la inclusión digital de las personas con discapacidad, asegurando que puedan acceder a servicios de telecomunicaciones adaptados a sus necesidades y a precios accesibles”, explicó. En ese sentido, el organismo ha desarrollado herramientas digitales como la plataforma “Checa tu plan” (www.checatuplan.pe), donde los usuarios pueden comparar tarifas, servicios y beneficios de todas las empresas operadoras antes de decidir qué plan contratar.El sistema muestra de manera clara y actualizada los precios registrados por las operadoras en el Sistema de Información y Registro de Tarifas (SIRT), lo que permite una transparencia real en la oferta de servicios. Atención especializada y servicios accesibles Osiptel también recordó que las Condiciones de Uso establecen derechos específicos para los usuarios con discapacidad sensorial o física. Por ejemplo, quienes tienen discapacidad visual pueden solicitar que sus recibos sean enviados en formatos accesibles, mientras que las personas con discapacidad física que no puedan realizar la verificación biométrica de huella dactilar están exoneradas de este requisito, siempre que presenten su DNI y una declaración jurada. Del mismo modo, se ha implementado un servicio de orientación telefónica accesible para personas con discapacidad auditiva, disponible los miércoles de 4:00 p.m. a 5:00 p.m., previa cita virtual. Este canal permite resolver dudas sobre contratación, reclamos, suspensión de líneas o beneficios de los planes especiales. Capacitación y asistencia a nivel nacional Entre enero y setiembre de 2025, Osiptel atendió a más de 3.200 personas con discapacidad en temas relacionados con telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable. Estas atenciones se brindaron en 65 actividades presenciales realizadas en distintas regiones del país, siendo Junín, Loreto, Madre de Dios, Tumbes y Pasco las que registraron el mayor número de participantes. Durante estas jornadas, se ofreció información sobre los derechos de los usuarios, los procesos de migración o baja de servicios, y el uso de herramientas digitales como “Checa tu caso”, “Checa tu IMEI” y “Checa tus líneas”. Una medida que reduce brechas La implementación de planes especiales de bajo costo representa un paso clave hacia la equidad en la conectividad. En un contexto donde la comunicación digital se ha vuelto indispensable para la educación, el trabajo y la participación ciudadana, asegurar tarifas justas y servicios accesibles para las personas con discapacidad constituye no solo un acto de inclusión, sino una obligación legal y ética. Con esta medida, Osiptel reafirma su compromiso con un Perú más conectado e inclusivo, donde nadie quede excluido del acceso a la tecnología por razones económicas o físicas. El reto, sin embargo, recae ahora en las operadoras: cumplir y difundir activamente estos beneficios, garantizando que cada ciudadano pueda ejercer su derecho a comunicarse en igualdad de condiciones.     Noticias Relacionadas Osiptel recuerda a operadoras que deben ofrecer planes pospago octubre 20, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La congresista Sigrid Bazán responsabiliza al Ejecutivo y al Ministerio del Interior por la represión durante las protestas. La congresista Sigrid Plantean Denuncian constitucionalmente a José Jeri, Ernesto Álvarez y octubre 19, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La congresista Sigrid Bazán responsabiliza al Ejecutivo y al Ministerio del Interior por la represión durante las protestas. La congresista Sigrid Plantean restringir pase libre de policías solo a actos octubre 16, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La congresista Susel Paredes Piquer, del Bloque Democrático Popular, presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley N.º 26271, norma que

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Plantean Denuncian constitucionalmente a José Jeri, Ernesto Álvarez y Vicente Tiburcio por la muerte del manifestante Eduardo Ruizpase libre de policías solo a actos de servicio y emergencias

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La congresista Sigrid Bazán responsabiliza al Ejecutivo y al Ministerio del Interior por la represión durante las protestas. La congresista Sigrid Bazán, integrante del Bloque Democrático Popular, presentó una denuncia constitucional contra José Enrique Jeri Oré, actual presidente del Congreso y encargado de la Presidencia de la República; Ernesto Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros; y Vicente Tiburcio Orbezo, ministro del Interior. La medida se sustenta en su presunta responsabilidad política en la muerte del manifestante Eduardo Mauricio Ruiz Sanz —conocido artísticamente como Trvko— y en los actos de represión ejercidos contra civiles durante las movilizaciones del pasado 15 de octubre en Lima. Una muerte que remeció la protesta Eduardo Ruiz, de 32 años, músico urbano y vecino del distrito de San Martín de Porres, falleció tras recibir un disparo en el tórax durante una protesta nacional realizada en la Plaza Francia, en el centro histórico de Lima.De acuerdo con el Ministerio Público, Ruiz fue trasladado sin vida al Hospital Arzobispo Loayza. La jornada, que comenzó de manera pacífica, terminó con enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden cerca de la avenida Abancay, donde varios testigos reportaron el uso de armas de fuego por parte de policías vestidos de civil. Horas más tarde, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó la identificación del suboficial Luis Magallanes, miembro de la División de Investigación Criminal, como autor de los disparos que provocaron la muerte del manifestante. El agente fue detenido y puesto bajo investigación por la División de Homicidios, junto con otro efectivo presuntamente implicado. La denuncia de Bazán El documento presentado por Bazán ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso imputa a los altos funcionarios una infracción de los artículos 2, 3, 39 y 44 de la Constitución Política del Perú. Estos artículos garantizan, respectivamente, el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la protesta, el deber de los funcionarios de servir a la Nación y la obligación del Estado de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Según la congresista, el Gobierno habría tolerado o promovido un uso desproporcionado de la fuerza pública, lo que compromete la responsabilidad política y constitucional de las máximas autoridades. “No se trata solo de un exceso policial, sino de un patrón de represión que debe ser investigado”, señaló Bazán en declaraciones a la prensa. Reacciones y proceso en curso La denuncia ha sido recibida en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que deberá evaluar su admisibilidad antes de ser remitida a la Comisión Permanente y eventualmente al Pleno del Congreso. De ser admitida, se abrirá una investigación política que podría derivar en la inhabilitación de los funcionarios denunciados. Por su parte, el Ejecutivo aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Sin embargo, fuentes cercanas al Consejo de Ministros indicaron que se ha dispuesto la revisión de los protocolos de actuación policial en manifestaciones públicas. Mientras tanto, la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos abrió una investigación preliminar por homicidio calificado contra los efectivos policiales implicados. La fiscalía ha solicitado los planes operativos, informes de intervención, la lista de agentes presentes y los videos de seguridad de la zona, además de la autopsia e historial clínico de la víctima. Un símbolo de indignación La muerte de Eduardo Ruiz ha generado consternación y protestas en distintas regiones del país. Diversos colectivos sociales y organizaciones de derechos humanos han exigido justicia y transparencia en la investigación. “No puede haber impunidad cuando se pierde una vida por ejercer el derecho a protestar”, expresó una representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El caso de Ruiz se ha convertido en símbolo del debate sobre el uso de la fuerza estatal y la rendición de cuentas del poder político. En medio de un clima de desconfianza hacia las instituciones, la denuncia presentada por Bazán abre una nueva etapa de escrutinio al gobierno transitorio de José Jeri, cuyo manejo de las protestas será ahora evaluado no solo en el ámbito político, sino también en el constitucional y penal.     Noticias Relacionadas Plantean Denuncian constitucionalmente a José Jeri, Ernesto Álvarez y octubre 19, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La congresista Susel Paredes Piquer, del Bloque Democrático Popular, presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley N.º 26271, norma que Plantean restringir pase libre de policías solo a actos octubre 16, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La congresista Susel Paredes Piquer, del Bloque Democrático Popular, presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley N.º 26271, norma que MUNICIPALIDAD COBRABA A INMOBILIARIAS POR MANTENIMIENTO DE PARQUES PÚBLICOS. octubre 16, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una inmobiliaria denunció que la Municipalidad de Lima y Serpar le exigían pagos adicionales por cada edificio multifamiliar construido,

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Plantean restringir pase libre de policías solo a actos de servicio y emergencias

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La congresista Susel Paredes Piquer, del Bloque Democrático Popular, presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley N.º 26271, norma que regula el derecho a pases libres y pasajes preferenciales en el transporte público urbano e interurbano. La propuesta plantea que los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) solo puedan acceder al pase libre cuando se encuentren en actos de servicio, tareas de emergencia o en operativos oficiales, dejando fuera los desplazamientos personales o de descanso. De aprobarse, esta reforma redefiniría un beneficio que, según el planteamiento, ha perdido su sentido original al haberse prestado a abusos e interpretaciones erróneas. En palabras de Paredes, el objetivo no es eliminar un reconocimiento legítimo al servicio policial, sino reorientarlo hacia su propósito esencial: facilitar la labor operativa y la atención de emergencias, garantizando al mismo tiempo la equidad en el uso de los servicios públicos. Antecedentes y justificación El pase libre policial fue concebido como un mecanismo de apoyo funcional, destinado a permitir que los agentes puedan movilizarse sin obstáculos cuando la situación lo exija. Sin embargo, en los últimos años se han registrado casos en los que este beneficio habría sido empleado de manera indebida, incluso extendiéndose a familiares o en situaciones personales. Uno de los ejemplos más comentados fue el de una suboficial que exigió transporte gratuito para su familia, incidente ocurrido en 2025 que terminó en un altercado con un conductor de transporte urbano. Casos como este generaron controversia y motivaron una revisión profunda del beneficio, tanto desde el punto de vista jurídico como social. En la exposición de motivos del proyecto, la parlamentaria sostiene que “el uso indiscriminado del pase libre afecta la relación entre la ciudadanía y las fuerzas del orden, y distorsiona la finalidad pública del beneficio”. La propuesta, por tanto, busca restablecer la confianza y legitimidad del reconocimiento, alineándolo con los principios de justicia, proporcionalidad y transparencia que deben regir toda política pública. Modificaciones propuestas a la ley El proyecto plantea una modificación precisa de los artículos 1 y 2 de la Ley N.º 26271, delimitando el alcance del beneficio: El artículo 1 quedaría redactado para que el pase libre a los miembros de la Policía Nacional del Perú solo se aplique en actos de servicio, emergencias o operativos policiales oficiales. El artículo 2 incorporaría una definición explícita del “pase libre policial restringido”, excluyendo su uso durante vacaciones, descansos o desplazamientos personales. Asimismo, las disposiciones complementarias del proyecto disponen que el Ministerio del Interior, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y las municipalidades provinciales y distritales adecúen, en un plazo de 60 días, sus instrumentos de control y supervisión para garantizar el cumplimiento de la nueva norma, incluyendo la creación de protocolos de resolución de conflictos. Implicancias y alcances de la medida La iniciativa no genera gastos adicionales para el Estado ni elimina el reconocimiento simbólico al rol de la policía, sino que lo adapta a los estándares contemporáneos de equidad y eficiencia. Desde una perspectiva institucional, busca evitar fricciones con transportistas, fortalecer la imagen pública de la PNP y establecer una relación de respeto mutuo entre autoridades y ciudadanos. En un país donde la seguridad ciudadana continúa siendo uno de los principales retos del Estado, garantizar la movilidad operativa de los agentes resulta fundamental. No obstante, la propuesta enfatiza que dicha facilidad no debe confundirse con un privilegio, sino entenderse como una herramienta de servicio. La clave, según sus promotores, radica en equilibrar la autoridad con la responsabilidad. Un paso hacia la transparencia en los beneficios públicos Esta reforma, de aprobarse, representaría un precedente importante en la regulación de beneficios estatales otorgados a las fuerzas del orden. Más allá de su impacto inmediato, el proyecto plantea una reflexión sobre cómo equilibrar el reconocimiento institucional con la rendición de cuentas. En un contexto donde la ciudadanía exige transparencia y trato igualitario, limitar el pase libre policial a las circunstancias estrictamente necesarias no solo responde a una exigencia legal, sino también a una demanda ética: que los beneficios públicos sean usados con responsabilidad y orientados al bien común. Así, la propuesta de la congresista Paredes no busca debilitar a la institución policial, sino fortalecer su legitimidad, recordando que el servicio público, en cualquiera de sus formas, encuentra su sentido más alto cuando se ejerce con sobriedad, justicia y vocación de servicio.     Noticias Relacionadas Plantean restringir pase libre de policías solo a actos octubre 16, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una inmobiliaria denunció que la Municipalidad de Lima y Serpar le exigían pagos adicionales por cada edificio multifamiliar construido, MUNICIPALIDAD COBRABA A INMOBILIARIAS POR MANTENIMIENTO DE PARQUES PÚBLICOS. octubre 16, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una inmobiliaria denunció que la Municipalidad de Lima y Serpar le exigían pagos adicionales por cada edificio multifamiliar construido, José Jerí retrasa la formación de su gabinete y octubre 15, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: A cuatro días de haber asumido la Presidencia de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, José Jerí enfrenta su primera gran prueba política:

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MUNICIPALIDAD COBRABA A INMOBILIARIAS POR MANTENIMIENTO DE PARQUES PÚBLICOS.

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una inmobiliaria denunció que la Municipalidad de Lima y Serpar le exigían pagos adicionales por cada edificio multifamiliar construido, supuestamente para financiar el mantenimiento de parques zonales. Estas entidades amparaban el cobro en la Ordenanza 1188-MML y en decretos antiguos, pero no en la Ley 29090, que es la norma vigente para habilitaciones urbanas y edificaciones. El Indecopi determinó que dichos cargos carecían de respaldo legal, pues la normativa nacional no autoriza tributos extras para parques públicos. Además, estableció que la autonomía municipal no puede utilizarse para imponer obligaciones que contravengan leyes superiores. En consecuencia, ordenó que la Municipalidad y Serpar se abstengan de seguir aplicando esos cargos ilegítimos.     Noticias Relacionadas MUNICIPALIDAD COBRABA A INMOBILIARIAS POR MANTENIMIENTO DE PARQUES PÚBLICOS. octubre 16, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: A cuatro días de haber asumido la Presidencia de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, José Jerí enfrenta su primera gran prueba política: José Jerí retrasa la formación de su gabinete y octubre 15, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: A cuatro días de haber asumido la Presidencia de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, José Jerí enfrenta su primera gran prueba política: Susel Paredes oficializa su candidatura a la Alcaldía de octubre 14, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: En medio del reacomodo político que siguió a la vacancia presidencial de Dina Boluarte, la congresista y abogada Susel Paredes anunció oficialmente

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