Congreso aprueba Ley de Amnistía para militares y policías: alerta por riesgo de impunidad en más de 600 casos de violaciones de derechos humanos
El Congreso de la República aprobó este miércoles 9 de julio de 2025, en segunda votación, la controvertida Ley de Amnistía con 16 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención. La norma, impulsada por el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), otorga amnistía a militares, policías y comités de autodefensa investigados por presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000, siempre que no cuenten con sentencia firme. También contempla beneficios para sentenciados mayores de 70 años, incluso en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta. La aprobación ha generado una fuerte ola de críticas. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó la norma señalando que podría dejar impunes más de 150 sentencias firmes y 600 procesos en curso por tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. La entidad advirtió además que la ley contraviene disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya había ordenado al Perú abstenerse de aprobar leyes similares. En el debate, el congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia) defendió la norma como “una deuda moral del Estado” con sus fuerzas del orden, aunque reconoció que hubo excesos. En cambio, congresistas como Isaac Mita y Ruth Luque denunciaron que la norma representa un encubrimiento legal para responsables de crímenes de lesa humanidad. Luque ha solicitado la reconsideración de la segunda votación para buscar su anulación. Entre los 16 votos a favor figuran congresistas de Fuerza Popular, APP, Renovación Popular, Podemos Perú, Avanza País y Honor y Democracia. En contra, se manifestaron legisladores del Bloque Democrático y bancadas de izquierda. Organismos de derechos humanos, abogados constitucionalistas y familiares de víctimas alertan que esta ley no solo viola tratados internacionales, sino que abre un camino peligroso hacia la impunidad, debilitando el sistema de justicia y el derecho de las víctimas a la verdad y reparación. La promulgación de esta norma marcaría un retroceso histórico en la lucha contra las violaciones a los derechos humanos en el país.