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Corte Suprema confirma que Reniec deberá pagar más de S/213 mil a Dina Boluarte tras fallo definitivo

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La Corte Suprema de Justicia resolvió de manera definitiva la demanda interpuesta por Dina Boluarte contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), poniendo fin a un largo proceso judicial que se remontaba a los años en que la exmandataria laboró en dicha institución. Con este fallo, el máximo tribunal ordenó que el Reniec pague un monto total de S/213 174,63 a favor de Boluarte, cifra que representa una reducción frente a los S/286 mil que se le habían reconocido en instancias previas. Un caso laboral que se remonta al 2007 La controversia judicial tiene su origen en la relación laboral que Dina Boluarte mantuvo con el Reniec desde 2007, años antes de ingresar a la vida política. Según la demanda, la entonces trabajadora alegó que su vínculo contractual con la entidad se desnaturalizó, pues —aunque figuraba como contratada bajo la modalidad de locación de servicios o régimen CAS— en realidad cumplía funciones de carácter permanente y subordinado, propias de un contrato a plazo indeterminado. En ese sentido, solicitó el reconocimiento de diversos beneficios sociales y sindicales que, según su defensa, no le fueron otorgados durante todo el periodo laboral. En su cálculo inicial, la exmandataria reclamaba más de S/428 mil por conceptos de compensación por tiempo de servicios (CTS), gratificaciones, vacaciones, escolaridad y beneficios colectivos derivados de los laudos arbitrales de 2011 y 2012. De los S/428 mil reclamados a los S/213 mil definitivos En primera instancia, el Poder Judicial le dio la razón de manera parcial, fijando la compensación en S/286 mil. Luego, la Primera Sala Laboral Permanente de Lima ratificó el fallo pero redujo el monto a S/239 674,63, al precisar que ciertos beneficios sindicales no correspondían a la totalidad del periodo reclamado. El Reniec interpuso posteriormente un recurso de casación ante la Corte Suprema, solicitando que se excluyeran los pagos por beneficios colectivos en los periodos de octubre de 2010 a noviembre de 2011 y desde enero de 2015 en adelante, argumentando que en esos lapsos Boluarte ocupó un cargo de confianza como jefa de oficina registral, función a la que no le corresponde percibir beneficios sindicales. La Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema acogió este argumento, reduciendo la suma final a S/213 174,63. El fallo es definitivo y de cumplimiento obligatorio, por lo que el juzgado correspondiente deberá requerir al Reniec el depósito del monto en las cuentas bancarias de la exmandataria. Argumentos del fallo supremo En su resolución, la Corte Suprema precisó que no era necesaria una designación formal para determinar que Boluarte desempeñaba un cargo de confianza, pues las funciones y responsabilidades inherentes a su puesto evidenciaban dicha condición. “El jefe de oficina registral tiene como funciones, entre otras, elaborar cuadros de información estadística que sirvan para la toma de decisiones de la jefatura regional. Es decir, la demandante realizaba informes que contribuían a la adopción de decisiones institucionales de alto nivel, propias de un cargo de confianza”, indica el fallo. Por ello, el tribunal concluyó que durante los periodos mencionados, Boluarte no tenía derecho a beneficios colectivos, ya que estos están reservados para trabajadores sujetos a negociación sindical, situación incompatible con los cargos de confianza. Un cierre judicial tras años de controversia Con esta decisión, la Corte Suprema pone punto final a un proceso que se prolongó por más de una década, en el que se debatió la verdadera naturaleza del vínculo laboral entre Dina Boluarte y el Reniec. El fallo reafirma que, si bien existió una relación laboral que generó derechos a determinados beneficios, no todos los reclamos fueron procedentes por la naturaleza jerárquica del puesto que ocupó la exmandataria en ciertos periodos. El Reniec deberá ahora cumplir con efectuar el pago ordenado por el Poder Judicial, una vez sea notificado formalmente por el juzgado competente. Con ello, Dina Boluarte recibirá más de S/213 mil soles como liquidación definitiva por los años trabajados en la institución, cerrando así un capítulo que combinó elementos laborales, administrativos y políticos en torno a su paso por la administración pública.     Noticias Relacionadas Corte Suprema confirma que Reniec deberá pagar más de octubre 26, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Congreso de la República aprobó con 84 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención el dictamen que dispone la incorporación progresiva de los Congreso aprueba incorporación de trabajadores CAS del Poder Judicial octubre 25, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Congreso de la República aprobó con 84 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención el dictamen que dispone la incorporación progresiva de los Presidente José Jerí decreta estado de emergencia en Lima octubre 22, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La medida busca contener la ola de violencia y extorsión que azota la capital. Policía y Fuerzas Armadas asumirán control conjunto del orden

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Presidente José Jerí decreta estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días ante crisis de inseguridad

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La medida busca contener la ola de violencia y extorsión que azota la capital. Policía y Fuerzas Armadas asumirán control conjunto del orden interno. Un país bajo tensión El presidente del Perú, José Jerí Oré, anunció la declaratoria del estado de emergencia por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao, una medida que entra en vigencia desde la medianoche del miércoles 22 de octubre de 2025. La decisión, adoptada con aprobación del Consejo de Ministros, responde a la grave crisis de inseguridad ciudadana que ha dejado múltiples víctimas y un creciente clima de temor entre los peruanos. El anuncio fue transmitido en un mensaje a la Nación en el que Jerí, flanqueado por su gabinete, aseguró que el país ha llegado a un punto de inflexión en su lucha contra la delincuencia. “Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”, declaró con tono firme. “Pasamos de la defensiva a la ofensiva. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”. El nuevo mandatario, quien asumió la presidencia el 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte, enfrenta una compleja coyuntura política y social. Las manifestaciones no han cesado desde su toma de mando y, según reportes oficiales, más de 100 personas han resultado heridas en enfrentamientos entre civiles y fuerzas del orden, además de un fallecido en las protestas del 15 de octubre. Pese a ello, Jerí reafirmó que no renunciará al cargo y que su prioridad será restablecer el orden interno. Restricciones y medidas excepcionales De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial El Peruano, el estado de emergencia implica la suspensión de ciertos derechos constitucionales, entre ellos la libertad de tránsito y de reunión. Asimismo, se dispone la intervención conjunta de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, que patrullarán las calles de Lima y el Callao durante la vigencia de la medida. Entre las principales disposiciones se encuentran: Prohibición del tránsito de dos adultos en motocicleta lineal, con el fin de evitar asaltos y sicariato. Suspensión de visitas penitenciarias y apagón eléctrico en las celdas, medida que busca neutralizar las comunicaciones ilícitas desde las cárceles. Destrucción de antenas de comunicación ilegales y operativos masivos de fiscalización y control en zonas identificadas como focos de venta de drogas, tráfico de armas, autopartes robadas y celulares de procedencia dudosa. Limitación de eventos masivos: las actividades religiosas, culturales o deportivas deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes. Además, el Ejecutivo anunció la intervención en mercados informales vinculados a la trata de personas y la extorsión, así como la persecución directa de redes criminales que operan en distritos críticos del área metropolitana. Una respuesta ante la desconfianza social La medida, aunque drástica, busca recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad, gravemente deterioradas tras años de corrupción, ineficiencia y violencia estructural. En su discurso, Jerí reconoció que “la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor a miles de familias”, y prometió que su gobierno adoptará “acciones firmes, dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos humanos”. Sin embargo, la declaratoria también ha suscitado críticas de organizaciones civiles y analistas, quienes advierten que la presencia militar en las calles no garantiza una solución estructural. Recuerdan que durante el gobierno de Boluarte se decretaron cuatro estados de emergencia similares, sin resultados sostenibles. “El problema no es la ausencia de autoridad, sino la falta de coordinación institucional y una estrategia integral contra el crimen organizado”, señaló un especialista en seguridad consultado por medios locales. Entre el orden y la legitimidad El gobierno de José Jerí, que surgió del voto congresal tras la destitución de su predecesora, enfrenta una débil legitimidad popular. Su ascenso, calificado por algunos sectores como “transitorio”, se ve ahora puesto a prueba por la implementación de esta medida de excepción. Pese a ello, el mandatario ha buscado proyectar una imagen de liderazgo decidido, apelando a la idea de una “reconstrucción moral del país”. Mientras tanto, colectivos ciudadanos y gremios sociales han anunciado que continuarán en las calles para exigir nuevas elecciones. Las tensiones, lejos de apaciguarse, parecen intensificarse en un contexto de militarización parcial de la capital. Un desafío de 30 días El estado de emergencia en Lima y Callao no solo será una prueba de fuerza para el gobierno, sino también un test de respeto institucional. Su éxito dependerá de la coordinación entre la Policía, las Fuerzas Armadas y las autoridades locales, así como de la capacidad del Ejecutivo para evitar abusos de autoridad y violaciones de derechos humanos. El presidente Jerí ha prometido “acciones, no palabras”. Pero el país, marcado por la desconfianza y la violencia, espera que esas acciones no sean solo reactivas, sino transformadoras. Los próximos 30 días serán decisivos para saber si el nuevo gobierno logra imponer el orden sin sacrificar la libertad, o si, como tantas veces, el Perú vuelve a confundir la fuerza con la justicia.     Noticias Relacionadas Presidente José Jerí decreta estado de emergencia en Lima octubre 22, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) ha dado un paso decisivo hacia la modernización y la transparencia con la aprobación Sunarp lanza plataforma digital “Mire-Ya” para fortalecer la transparencia octubre 21, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) ha dado un paso decisivo hacia la modernización y la transparencia con la aprobación Fin del blindaje: Dina Boluarte enfrentará 11 investigaciones fiscales octubre 20, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Los casos abarcan desde homicidio calificado y cohecho pasivo hasta falsedad y encubrimiento. La exmandataria afronta el mayor proceso judicial

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Fin del blindaje: Dina Boluarte enfrentará 11 investigaciones fiscales tras perder la inmunidad presidencial

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Los casos abarcan desde homicidio calificado y cohecho pasivo hasta falsedad y encubrimiento. La exmandataria afronta el mayor proceso judicial contra un jefe de Estado en la historia reciente del Perú. El Congreso de la República marcó un antes y un después en la política peruana al aprobar la vacancia de Dina Boluarte, quien, tras casi tres años en el poder, perdió la inmunidad presidencial. Con esta decisión, la exmandataria deberá enfrentar once carpetas fiscales activas, de las cuales ocho corresponden a presuntos delitos cometidos durante su gestión.Su abogado, Juan Carlos Portugal, confirmó que todas las investigaciones se encuentran en distintas etapas: desde diligencias preliminares hasta procesos reabiertos por decisión de la Fiscalía. El caso más grave: muertes durante las protestas El expediente más sensible es el que involucra a las más de 60 muertes ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023, durante las protestas contra el gobierno de Boluarte.El Ministerio Público la investiga por homicidio calificado, lesiones graves y leves, delitos que podrían acarrearle penas de hasta 25 años de prisión.A pesar de la gravedad del caso, la Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia constitucional presentada por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena Campana, al considerar que “no existen pruebas irrefutables” de que la presidenta haya ordenado la represión. La decisión fue sustentada por Lady Camones (APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El caso Rolex: joyas, favores y poder Uno de los procesos más mediáticos es el denominado “caso Rolex”, en el que la Fiscalía investiga a Boluarte por cohecho pasivo impropio.El Ministerio Público sostiene que la entonces mandataria habría recibido relojes y joyas de lujo por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de presupuestos adicionales para su región.Aunque el Congreso volvió a blindarla archivando la denuncia, la Fiscalía solicitó reconsiderar la decisión, dejando abierta la posibilidad de ampliar la investigación si aparecen nuevas evidencias. El caso Cirugía: ausencias y presunta falsificación La exmandataria también enfrenta dos carpetas vinculadas a su intervención quirúrgica del 28 de junio de 2023, realizada sin solicitar licencia al Parlamento.Durante los días posteriores a la operación, se emitieron resoluciones supremas con firmas presuntamente falsificadas, lo que derivó en investigaciones por abandono de cargo y falsedad genérica.El 18 de junio de 2025, la Comisión de Fiscalización del Congreso recomendó su vacancia por incapacidad moral permanente, alegando que Boluarte se ausentó del país entre el 28 de junio y el 9 de julio de 2023 sin informar ni delegar funciones.Ese informe fue la base política que culminó en su destitución definitiva. El caso Cofre: el vehículo presidencial y el traslado de un prófugo Otra carpeta fiscal investiga el presunto uso indebido del vehículo presidencial, conocido como “el cofre”, para facilitar el traslado del prófugo Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre.La denuncia fue presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el 16 de mayo de 2025.Su defensa sostiene que “el caso ya está bajo trámite parlamentario” y que Boluarte no tiene pendiente ninguna citación ante la Fiscalía por ese hecho. Encubrimiento y alianza con Patricia Benavides En abril de 2025, la Fiscalía archivó preliminarmente una investigación sobre un presunto acuerdo entre Boluarte y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides para mantener en el cargo al excomandante general de la PNP, Raúl Alfaro Alvarado.Aunque el caso fue cerrado por falta de pruebas, la Fiscalía advirtió que el archivo no equivale a una absolución definitiva, dejando abierta la posibilidad de reapertura si surgen nuevas pruebas. Efficcop y presunto encubrimiento familiar Otro expediente apunta a la disolución del equipo policial que colaboraba con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Efficcop).Según la hipótesis fiscal, Boluarte habría buscado neutralizar investigaciones contra su hermano, Nicanor Boluarte, configurando los delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad.El Poder Judicial rechazó el pedido de anulación de la denuncia interpuesto por su defensa, por lo que el proceso continúa abierto. Investigaciones previas a su mandato A estas causas se suman tres investigaciones por hechos anteriores a su gobierno:1. Presunto financiamiento ilícito de la campaña de Perú Libre en 2021.2. Contratación irregular de Víctor Torres Merino en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.3. Posible favorecimiento a empresas proveedoras del programa alimentario Qali Warma. El fin de la inmunidad y el inicio de una nueva etapa judicial Con el levantamiento de su inmunidad, Dina Boluarte enfrenta el mayor desafío de su carrera política y judicial.Los expedientes que antes eran archivados o bloqueados por decisiones parlamentarias ahora vuelven a la competencia directa de la justicia.La caída de la expresidenta deja un mensaje claro para el país: ningún cargo público, por alto que sea, garantiza impunidad.En palabras de un analista político, “el Congreso que la protegió terminó entregándola al sistema judicial que siempre quiso evitar”. El proceso recién empieza, pero el desenlace marcará el precedente más contundente en la historia política reciente del Perú.     Noticias Relacionadas Fin del blindaje: Dina Boluarte enfrentará 11 investigaciones fiscales octubre 20, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Medida busca garantizar la inclusión digital y el acceso equitativo a servicios de telecomunicaciones en todo el país. El Organismo Supervisor de Osiptel recuerda a operadoras que deben ofrecer planes pospago octubre 20, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Medida busca garantizar la inclusión digital y el acceso equitativo a servicios de telecomunicaciones en todo el país. El Organismo Supervisor de Plantean Denuncian constitucionalmente a José Jeri, Ernesto Álvarez y octubre 19, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La congresista Sigrid Bazán responsabiliza al Ejecutivo y al Ministerio del Interior por la represión durante las protestas. La congresista Sigrid

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Plantean Denuncian constitucionalmente a José Jeri, Ernesto Álvarez y Vicente Tiburcio por la muerte del manifestante Eduardo Ruizpase libre de policías solo a actos de servicio y emergencias

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La congresista Sigrid Bazán responsabiliza al Ejecutivo y al Ministerio del Interior por la represión durante las protestas. La congresista Sigrid Bazán, integrante del Bloque Democrático Popular, presentó una denuncia constitucional contra José Enrique Jeri Oré, actual presidente del Congreso y encargado de la Presidencia de la República; Ernesto Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros; y Vicente Tiburcio Orbezo, ministro del Interior. La medida se sustenta en su presunta responsabilidad política en la muerte del manifestante Eduardo Mauricio Ruiz Sanz —conocido artísticamente como Trvko— y en los actos de represión ejercidos contra civiles durante las movilizaciones del pasado 15 de octubre en Lima. Una muerte que remeció la protesta Eduardo Ruiz, de 32 años, músico urbano y vecino del distrito de San Martín de Porres, falleció tras recibir un disparo en el tórax durante una protesta nacional realizada en la Plaza Francia, en el centro histórico de Lima.De acuerdo con el Ministerio Público, Ruiz fue trasladado sin vida al Hospital Arzobispo Loayza. La jornada, que comenzó de manera pacífica, terminó con enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden cerca de la avenida Abancay, donde varios testigos reportaron el uso de armas de fuego por parte de policías vestidos de civil. Horas más tarde, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó la identificación del suboficial Luis Magallanes, miembro de la División de Investigación Criminal, como autor de los disparos que provocaron la muerte del manifestante. El agente fue detenido y puesto bajo investigación por la División de Homicidios, junto con otro efectivo presuntamente implicado. La denuncia de Bazán El documento presentado por Bazán ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso imputa a los altos funcionarios una infracción de los artículos 2, 3, 39 y 44 de la Constitución Política del Perú. Estos artículos garantizan, respectivamente, el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la protesta, el deber de los funcionarios de servir a la Nación y la obligación del Estado de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Según la congresista, el Gobierno habría tolerado o promovido un uso desproporcionado de la fuerza pública, lo que compromete la responsabilidad política y constitucional de las máximas autoridades. “No se trata solo de un exceso policial, sino de un patrón de represión que debe ser investigado”, señaló Bazán en declaraciones a la prensa. Reacciones y proceso en curso La denuncia ha sido recibida en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que deberá evaluar su admisibilidad antes de ser remitida a la Comisión Permanente y eventualmente al Pleno del Congreso. De ser admitida, se abrirá una investigación política que podría derivar en la inhabilitación de los funcionarios denunciados. Por su parte, el Ejecutivo aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Sin embargo, fuentes cercanas al Consejo de Ministros indicaron que se ha dispuesto la revisión de los protocolos de actuación policial en manifestaciones públicas. Mientras tanto, la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos abrió una investigación preliminar por homicidio calificado contra los efectivos policiales implicados. La fiscalía ha solicitado los planes operativos, informes de intervención, la lista de agentes presentes y los videos de seguridad de la zona, además de la autopsia e historial clínico de la víctima. Un símbolo de indignación La muerte de Eduardo Ruiz ha generado consternación y protestas en distintas regiones del país. Diversos colectivos sociales y organizaciones de derechos humanos han exigido justicia y transparencia en la investigación. “No puede haber impunidad cuando se pierde una vida por ejercer el derecho a protestar”, expresó una representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El caso de Ruiz se ha convertido en símbolo del debate sobre el uso de la fuerza estatal y la rendición de cuentas del poder político. En medio de un clima de desconfianza hacia las instituciones, la denuncia presentada por Bazán abre una nueva etapa de escrutinio al gobierno transitorio de José Jeri, cuyo manejo de las protestas será ahora evaluado no solo en el ámbito político, sino también en el constitucional y penal.     Noticias Relacionadas Plantean Denuncian constitucionalmente a José Jeri, Ernesto Álvarez y octubre 19, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La congresista Susel Paredes Piquer, del Bloque Democrático Popular, presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley N.º 26271, norma que Plantean restringir pase libre de policías solo a actos octubre 16, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La congresista Susel Paredes Piquer, del Bloque Democrático Popular, presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley N.º 26271, norma que MUNICIPALIDAD COBRABA A INMOBILIARIAS POR MANTENIMIENTO DE PARQUES PÚBLICOS. octubre 16, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una inmobiliaria denunció que la Municipalidad de Lima y Serpar le exigían pagos adicionales por cada edificio multifamiliar construido,

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Plantean restringir pase libre de policías solo a actos de servicio y emergencias

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La congresista Susel Paredes Piquer, del Bloque Democrático Popular, presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley N.º 26271, norma que regula el derecho a pases libres y pasajes preferenciales en el transporte público urbano e interurbano. La propuesta plantea que los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) solo puedan acceder al pase libre cuando se encuentren en actos de servicio, tareas de emergencia o en operativos oficiales, dejando fuera los desplazamientos personales o de descanso. De aprobarse, esta reforma redefiniría un beneficio que, según el planteamiento, ha perdido su sentido original al haberse prestado a abusos e interpretaciones erróneas. En palabras de Paredes, el objetivo no es eliminar un reconocimiento legítimo al servicio policial, sino reorientarlo hacia su propósito esencial: facilitar la labor operativa y la atención de emergencias, garantizando al mismo tiempo la equidad en el uso de los servicios públicos. Antecedentes y justificación El pase libre policial fue concebido como un mecanismo de apoyo funcional, destinado a permitir que los agentes puedan movilizarse sin obstáculos cuando la situación lo exija. Sin embargo, en los últimos años se han registrado casos en los que este beneficio habría sido empleado de manera indebida, incluso extendiéndose a familiares o en situaciones personales. Uno de los ejemplos más comentados fue el de una suboficial que exigió transporte gratuito para su familia, incidente ocurrido en 2025 que terminó en un altercado con un conductor de transporte urbano. Casos como este generaron controversia y motivaron una revisión profunda del beneficio, tanto desde el punto de vista jurídico como social. En la exposición de motivos del proyecto, la parlamentaria sostiene que “el uso indiscriminado del pase libre afecta la relación entre la ciudadanía y las fuerzas del orden, y distorsiona la finalidad pública del beneficio”. La propuesta, por tanto, busca restablecer la confianza y legitimidad del reconocimiento, alineándolo con los principios de justicia, proporcionalidad y transparencia que deben regir toda política pública. Modificaciones propuestas a la ley El proyecto plantea una modificación precisa de los artículos 1 y 2 de la Ley N.º 26271, delimitando el alcance del beneficio: El artículo 1 quedaría redactado para que el pase libre a los miembros de la Policía Nacional del Perú solo se aplique en actos de servicio, emergencias o operativos policiales oficiales. El artículo 2 incorporaría una definición explícita del “pase libre policial restringido”, excluyendo su uso durante vacaciones, descansos o desplazamientos personales. Asimismo, las disposiciones complementarias del proyecto disponen que el Ministerio del Interior, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y las municipalidades provinciales y distritales adecúen, en un plazo de 60 días, sus instrumentos de control y supervisión para garantizar el cumplimiento de la nueva norma, incluyendo la creación de protocolos de resolución de conflictos. Implicancias y alcances de la medida La iniciativa no genera gastos adicionales para el Estado ni elimina el reconocimiento simbólico al rol de la policía, sino que lo adapta a los estándares contemporáneos de equidad y eficiencia. Desde una perspectiva institucional, busca evitar fricciones con transportistas, fortalecer la imagen pública de la PNP y establecer una relación de respeto mutuo entre autoridades y ciudadanos. En un país donde la seguridad ciudadana continúa siendo uno de los principales retos del Estado, garantizar la movilidad operativa de los agentes resulta fundamental. No obstante, la propuesta enfatiza que dicha facilidad no debe confundirse con un privilegio, sino entenderse como una herramienta de servicio. La clave, según sus promotores, radica en equilibrar la autoridad con la responsabilidad. Un paso hacia la transparencia en los beneficios públicos Esta reforma, de aprobarse, representaría un precedente importante en la regulación de beneficios estatales otorgados a las fuerzas del orden. Más allá de su impacto inmediato, el proyecto plantea una reflexión sobre cómo equilibrar el reconocimiento institucional con la rendición de cuentas. En un contexto donde la ciudadanía exige transparencia y trato igualitario, limitar el pase libre policial a las circunstancias estrictamente necesarias no solo responde a una exigencia legal, sino también a una demanda ética: que los beneficios públicos sean usados con responsabilidad y orientados al bien común. Así, la propuesta de la congresista Paredes no busca debilitar a la institución policial, sino fortalecer su legitimidad, recordando que el servicio público, en cualquiera de sus formas, encuentra su sentido más alto cuando se ejerce con sobriedad, justicia y vocación de servicio.     Noticias Relacionadas Plantean restringir pase libre de policías solo a actos octubre 16, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una inmobiliaria denunció que la Municipalidad de Lima y Serpar le exigían pagos adicionales por cada edificio multifamiliar construido, MUNICIPALIDAD COBRABA A INMOBILIARIAS POR MANTENIMIENTO DE PARQUES PÚBLICOS. octubre 16, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una inmobiliaria denunció que la Municipalidad de Lima y Serpar le exigían pagos adicionales por cada edificio multifamiliar construido, José Jerí retrasa la formación de su gabinete y octubre 15, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: A cuatro días de haber asumido la Presidencia de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, José Jerí enfrenta su primera gran prueba política:

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MUNICIPALIDAD COBRABA A INMOBILIARIAS POR MANTENIMIENTO DE PARQUES PÚBLICOS.

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una inmobiliaria denunció que la Municipalidad de Lima y Serpar le exigían pagos adicionales por cada edificio multifamiliar construido, supuestamente para financiar el mantenimiento de parques zonales. Estas entidades amparaban el cobro en la Ordenanza 1188-MML y en decretos antiguos, pero no en la Ley 29090, que es la norma vigente para habilitaciones urbanas y edificaciones. El Indecopi determinó que dichos cargos carecían de respaldo legal, pues la normativa nacional no autoriza tributos extras para parques públicos. Además, estableció que la autonomía municipal no puede utilizarse para imponer obligaciones que contravengan leyes superiores. En consecuencia, ordenó que la Municipalidad y Serpar se abstengan de seguir aplicando esos cargos ilegítimos.     Noticias Relacionadas MUNICIPALIDAD COBRABA A INMOBILIARIAS POR MANTENIMIENTO DE PARQUES PÚBLICOS. octubre 16, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: A cuatro días de haber asumido la Presidencia de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, José Jerí enfrenta su primera gran prueba política: José Jerí retrasa la formación de su gabinete y octubre 15, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: A cuatro días de haber asumido la Presidencia de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, José Jerí enfrenta su primera gran prueba política: Susel Paredes oficializa su candidatura a la Alcaldía de octubre 14, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: En medio del reacomodo político que siguió a la vacancia presidencial de Dina Boluarte, la congresista y abogada Susel Paredes anunció oficialmente

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José Jerí retrasa la formación de su gabinete y agudiza la incertidumbre política en el país

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: A cuatro días de haber asumido la Presidencia de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, José Jerí enfrenta su primera gran prueba política: la demora en la designación de su Consejo de Ministros. El joven mandatario, que prometió un “gabinete de amplia base y de reconciliación nacional”, reconoció públicamente que aún no ha logrado conformarlo y pidió una “pausa” para elegir un equipo “proactivo y técnico”. La indefinición, sin embargo, ha abierto un período de incertidumbre institucional que preocupa tanto al Congreso como a los especialistas en derecho constitucional. Un vacío de poder técnico y legal Desde el lunes, el diario oficial El Peruano publicó las resoluciones supremas que aceptan las renuncias de todos los ministros del gobierno de Boluarte, quedando el Ejecutivo, en la práctica, sin premier ni titulares de cartera. La Constitución peruana no establece un plazo estricto para la designación del nuevo gabinete, pero sí dispone que los actos presidenciales carecen de validez sin el refrendo de un ministro. En otras palabras, Jerí se encuentra temporalmente limitado para emitir decisiones con fuerza legal. El constitucionalista Aníbal Quiroga advirtió que esta situación representa un riesgo serio para la gobernabilidad: “En este momento no tiene ministros, entonces no puede hacer nada, no puede tomar ninguna decisión. Es algo que tendría que solucionar hoy. No puede empezar la semana sin gabinete porque eso va a abonar a la protesta en contra de él”, explicó. Aunque el artículo 130 de la Carta Magna otorga hasta 30 días al nuevo Consejo de Ministros para solicitar el voto de confianza al Congreso, el problema inmediato es la ausencia misma del gabinete, lo que deja al Ejecutivo en un estado de parálisis política y administrativa. Intentos fallidos y resistencias políticas En su búsqueda de un primer ministro, Jerí ha enfrentado una serie de rechazos. Entre los nombres barajados estaban Raúl Pérez Reyes, exministro de Producción y voceado para la Presidencia del Consejo de Ministros, y Diego Bazán, congresista mencionado como posible ministro de Trabajo. Ambos fueron descartados luego de que el presidente anunciara que su gabinete no incluiría ni parlamentarios ni exministros de la gestión anterior. Otro de los convocados fue Jesús Salazar Nishi, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, quien finalmente declinó la propuesta. La dificultad para encontrar un premier de consenso refleja el complejo panorama de fragmentación política y la falta de cuadros con disposición a asumir el desafío en un contexto de alta volatilidad. Un anuncio que busca calmar el ambiente Durante una reunión con los alcaldes de Lima Metropolitana en Palacio de Gobierno, José Jerí aseguró que “en las próximas horas” tomará juramento al nuevo Consejo de Ministros. “Nuestro objetivo hoy es escuchar las propuestas que nos permitan tomar acciones concretas. Más tarde, cuando juramente el gabinete, tendremos esa coordinación adicional para aplicar lo que se acuerde en este diálogo”, declaró. El encuentro con los alcaldes buscó proyectar una imagen de gestión activa y de cercanía con los gobiernos locales. Jerí afirmó que su prioridad será enfrentar la inseguridad ciudadana y fortalecer la institucionalidad. “He declarado la guerra a la criminalidad y la delincuencia. Lo voy a hacer y lo estoy haciendo. Para ello, necesitamos un planteamiento colectivo”, expresó ante la prensa. Expectativas y desafíos El retraso en la designación del gabinete ocurre en medio de un clima político frágil, marcado por protestas regionales y un Congreso dividido. La ausencia de ministros no solo retrasa la ejecución de políticas urgentes, sino que debilita la posición del propio presidente ante los sectores que exigen señales de liderazgo. En el plano político, Jerí insiste en que su gabinete será plural y sin cuotas partidarias, aunque el peso de Somos Perú, su organización política, es innegable. El reto será conciliar esa promesa de amplitud con la necesidad de cohesión interna. Mientras tanto, la expectativa crece. Cada hora sin ministros erosiona la imagen de control del flamante mandatario, que llegó al poder con el discurso de reconciliación y eficiencia. En un país acostumbrado a transiciones abruptas, la demora en conformar el equipo ministerial puede marcar el tono —y los límites— del gobierno de José Jerí desde su primer día. Palacio de Gobierno asegura que la juramentación se realizará “a más tardar hoy por la noche”. Sin embargo, las dudas persisten: ¿será suficiente ese anuncio para contener la incertidumbre? El reloj político ya corre en contra del nuevo presidente.     Noticias Relacionadas José Jerí retrasa la formación de su gabinete y octubre 15, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: En medio del reacomodo político que siguió a la vacancia presidencial de Dina Boluarte, la congresista y abogada Susel Paredes anunció oficialmente Susel Paredes oficializa su candidatura a la Alcaldía de octubre 13, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: En medio del reacomodo político que siguió a la vacancia presidencial de Dina Boluarte, la congresista y abogada Susel Paredes anunció oficialmente José Jerí y el desafío de un gobierno de octubre 13, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Perú vive una nueva transición política. A sus 38 años, José Jerí Zegarra asumió la presidencia de la República tras la vacancia de Dina

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José Jerí y el desafío de un gobierno de “ancha base”: los primeros pasos del nuevo presidente

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Perú vive una nueva transición política. A sus 38 años, José Jerí Zegarra asumió la presidencia de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, y lo hace con la promesa de formar un gobierno de “ancha base”, capaz de tender puentes entre distintas fuerzas políticas y sociales en medio de un país fatigado por la crisis y la inseguridad. Su principal reto, sin embargo, ha sido evidente desde el inicio: la conformación de un gabinete que refleje pluralidad sin perder cohesión. Pasadas más de 48 horas desde su juramentación, el mandatario aún no ha designado a su primer Consejo de Ministros. La demora, aunque justificada por la necesidad de alcanzar consensos, empieza a generar incertidumbre en un contexto de protestas anunciadas y demandas de acción inmediata. Según fuentes del Ejecutivo, la juramentación podría concretarse “a más tardar” este lunes, aunque el hermetismo en Palacio de Gobierno alimenta las especulaciones. Desde su llegada al poder, Jerí ha buscado proyectar autoridad y control político. Su primera reunión oficial fue con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, con quienes abordó estrategias conjuntas para enfrentar el crimen organizado. El encuentro, que se extendió por más de dos horas, fue interpretado como una señal de firmeza en un país donde la inseguridad ciudadana domina la agenda pública. El Ministerio del Interior se perfila, por eso, como el punto más sensible en la definición del nuevo gabinete. Entre los nombres que se barajan figuran el exministro Cluber Aliaga, militante de Somos Perú, además de Gastón Rodríguez, Marco Miyashiro y Víctor Zanabria. Cualquiera que asuma esa cartera enfrentará una presión inmediata: reducir la delincuencia sin recurrir a medidas populistas ni extralimitaciones institucionales. En paralelo, el presidente ha sostenido reuniones con representantes de su partido, Somos Perú, encabezados por Patricia Li, presidenta de la organización y figura clave en el armado político. Este sábado, el partido se reunirá para definir los cuadros técnicos que podrían integrar el Ejecutivo. Jerí insiste en que su gobierno no será “de un solo color”, aunque en los hechos la influencia de Somos Perú es innegable. El mandatario también convocó al Acuerdo Nacional, buscando abrir un espacio de diálogo entre el Estado y la sociedad civil para discutir tres ejes: seguridad, economía y garantías electorales. Sin embargo, la convocatoria generó tensiones, pues —según trascendió— fue anunciada sin previo consenso con el propio foro. Algunos miembros del AN expresaron su malestar por lo que consideraron una maniobra precipitada, motivada más por la necesidad de legitimidad que por una agenda sustantiva. Mientras tanto, Jerí mantiene una intensa agenda pública. Supervisó un operativo conjunto en los penales de Ancón I, Lurigancho, El Milagro y Challapalca, donde se decomisaron celulares, drogas y armas punzocortantes. Más tarde se reunió con gremios de transportistas, gobernadores regionales y autoridades locales, recibiendo compromisos de diálogo y cooperación. La escena final de su segundo día como presidente lo mostró en San Juan de Miraflores, en medio del humo y los escombros de un incendio en Pamplona. Allí, rodeado de ministros aún en funciones de la gestión anterior, prometió reconstrucción y apoyo. Cuando la prensa le preguntó por su gabinete, solo respondió que lo “están construyendo”. José Jerí ha llegado al poder en una coyuntura de alta volatilidad política. Su juventud y discurso conciliador generan expectativas, pero también dudas sobre su capacidad de sostener equilibrios reales. Un gabinete plural podría ofrecerle legitimidad, pero la demora en anunciarlo comienza a ponerlo a prueba. En un país acostumbrado a las transiciones abruptas, el nuevo presidente enfrenta la paradoja de tener el tiempo en contra para construir un gobierno que, precisamente, promete estabilidad.     Noticias Relacionadas José Jerí y el desafío de un gobierno de octubre 13, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Congreso de la República presentó un proyecto de ley que busca implementar la reserva automática de identidad para las personas que denuncien Proponen reserva automática de identidad para denunciantes de sicariato octubre 11, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Congreso de la República presentó un proyecto de ley que busca implementar la reserva automática de identidad para las personas que denuncien Congreso declara la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad octubre 10, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una jornada decisiva en medio de la crisis política: En una de las sesiones más tensas de los últimos años, el Congreso de la República oficializó,

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Congreso declara la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente y José Jerí asume la Presidencia de la República

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una jornada decisiva en medio de la crisis política: En una de las sesiones más tensas de los últimos años, el Congreso de la República oficializó, mediante la Resolución N.º 001-2025-2026-CR, la vacancia presidencial de Dina Ercilia Boluarte Zegarra por la causal de incapacidad moral permanente, prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. La medida fue aprobada con 121 votos a favor, cifra que superó ampliamente el mínimo constitucional requerido. El proceso se inició el 9 de octubre con la presentación de cuatro mociones de vacancia que alegaban presuntas irregularidades en la gestión de la mandataria, así como un deterioro en la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento. La sesión plenaria, transmitida en vivo y seguida por miles de ciudadanos, se prolongó hasta la medianoche y concluyó con la aprobación de la medida que marcó el fin del gobierno de Boluarte. Ante su ausencia en el hemiciclo para ejercer su defensa, el Congreso procedió conforme al artículo 89-A de su Reglamento. Minutos después, el presidente del Congreso, José Jerí Oré, fue designado jefe de Estado interino, conforme al régimen de sucesión establecido en el artículo 115 de la Constitución. El mensaje final de Dina Boluarte: Horas después de su destitución, la expresidenta ofreció un mensaje a la Nación desde Palacio de Gobierno. En su discurso, Boluarte hizo un recuento de los logros de su administración en materia social, económica y de seguridad ciudadana, y aseguró haber gobernado “con vocación de diálogo y compromiso con la unidad nacional”. “No he hecho otra cosa que trabajar por el Perú, invocando siempre la unidad. Lamento profundamente que se haya violentado el debido proceso”, expresó visiblemente conmovida. Su equipo legal, encabezado por el abogado Juan Carlos Portugal, denunció que la mandataria fue notificada con apenas 50 minutos de anticipación, lo que consideró una vulneración a sus derechos constitucionales. “No convalidaremos un procedimiento arbitrario”, sostuvo el jurista. Procesos fiscales y medidas cautelares: La vacancia presidencial ocurre en paralelo a un panorama judicial complejo para Boluarte. El fiscal Ángel Astocondor, integrante de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, ha solicitado 36 meses de impedimento de salida del país contra la exmandataria por presunto lavado de activos en el caso Los Dinámicos del Centro. De manera adicional, la Fiscalía de la Nación ha pedido 18 meses más por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, relacionado con la designación de funcionarios en EsSalud y la presunta gestión irregular de beneficios económicos a terceros. El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó en entrevista con Latina que la solicitud será presentada ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. “Estamos procediendo con las medidas correspondientes. La vacancia no detiene las investigaciones, las carpetas continúan”, declaró. De ser admitido el requerimiento, Boluarte quedaría imposibilitada de abandonar el país mientras duren las pesquisas por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Esta sería la primera medida coercitiva adoptada contra una expresidenta en funciones inmediatas tras su destitución. Implicancias políticas y constitucionales: La decisión del Congreso reconfigura por completo el escenario político nacional. Con la asunción de José Jerí como presidente interino, se espera la convocatoria a elecciones generales anticipadas, un pedido respaldado por diversos sectores políticos y sociales que buscan poner fin a la inestabilidad que ha marcado los últimos años en el país. Analistas coinciden en que este nuevo episodio refleja la crisis estructural del sistema político peruano, caracterizado por la sucesión de gobiernos truncos, la polarización y la pérdida de legitimidad de las instituciones. Sin embargo, también abre la posibilidad de un reordenamiento democrático, si el proceso de sucesión se desarrolla dentro de los cauces constitucionales y con respeto al Estado de derecho. El futuro inmediato: Mientras el nuevo gobierno transitorio define su hoja de ruta, Dina Boluarte enfrenta un panorama judicial incierto. Su defensa ha anunciado que interpondrá recursos ante el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando la vulneración del debido proceso parlamentario. El país, por su parte, vuelve a situarse ante un punto de inflexión: un Congreso fortalecido frente a un Ejecutivo debilitado, un clima social expectante y una ciudadanía que, una vez más, observa cómo la política nacional se reescribe entre acusaciones, crisis y la esperanza —aún frágil— de una institucionalidad que recupere la confianza perdida.     Noticias Relacionadas Congreso declara la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad octubre 10, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Ministerio del Interior (Mininter) expresó su firme rechazo ante el acoso físico y virtual sufrido por la suboficial Teresa Cuba Lara, integrante Mininter condena acoso a suboficial tras incidente por pase octubre 10, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Ministerio del Interior (Mininter) expresó su firme rechazo ante el acoso físico y virtual sufrido por la suboficial Teresa Cuba Lara, integrante Premier Arana exige a operadoras reforzar control en venta octubre 7, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, exhortó este lunes a las empresas operadoras de telefonía móvil a endurecer los controles

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Poder Judicial inicia control de acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por el Caso Gasoducto Sur Peruano

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Artículo: El próximo 27 de octubre a las 3:00 p.m., el Poder Judicial dará inicio al control de acusación fiscal contra el expresidente Ollanta Humala Tasso y la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón, en el marco del Caso Gasoducto Sur Peruano, un proceso que se ha convertido en símbolo de la lucha contra la impunidad en los más altos niveles del poder político. La medida fue dispuesta por el juez Leodan Cristóbal Ayala, titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, según la Resolución N.º 12 del expediente 0003-2017-189-5001-JRPE-02. En dicho documento, el magistrado da curso al requerimiento mixto formulado por la Fiscal Provincial del Segundo Despacho del Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en cumplimiento del Código Procesal Penal. El caso involucra a 23 imputados y ha sido catalogado por el Ministerio Público como un proceso de alta complejidad, dada la magnitud del proyecto y las presuntas irregularidades detectadas durante su ejecución. Humala y Heredia son investigados por los delitos de colusión agravada y asociación ilícita para delinquir, cargos que reflejan el presunto uso indebido del poder político en beneficio de intereses empresariales vinculados al consorcio encargado del megaproyecto energético. El Gasoducto Sur Peruano, concebido como una de las obras más ambiciosas del país para el transporte de gas natural desde Camisea hacia el sur del Perú, se vio envuelto en controversias tras revelarse que habría sido manipulado para favorecer a Odebrecht y sus socios. Estas presuntas maniobras, según la acusación fiscal, implicaron concertaciones irregulares y decisiones administrativas direccionadas desde el más alto nivel del gobierno de turno. La situación de Nadine Heredia agrega un elemento de complejidad internacional, dado que actualmente se encuentra asilada en Brasil, tras dictarse en su contra una condena de quince años de prisión por el caso de los aportes ilícitos al Partido Nacionalista. En tanto, Ollanta Humala deberá responder ante la justicia peruana por su presunta participación directa en los acuerdos colusorios que habrían comprometido el patrimonio del Estado. Más allá de las responsabilidades individuales, este juicio representa una oportunidad decisiva para el sistema judicial peruano. La apertura del control de acusación no solo busca determinar si existen fundamentos suficientes para llevar a juicio oral a los imputados, sino también reafirmar el compromiso del Estado con la transparencia y la rendición de cuentas. El desarrollo del proceso será observado de cerca por la ciudadanía y por organismos de control nacionales e internacionales, en un contexto donde la confianza pública en las instituciones continúa siendo una deuda pendiente. El resultado de este caso marcará, sin duda, un precedente en la lucha contra la corrupción que ha lastrado por décadas la política peruana.     Noticias Relacionadas Poder Judicial inicia control de acusación contra Ollanta Humala octubre 7, 2025 Artículo: En una jornada legislativa marcada por decisiones de gran impacto social, el Pleno del Congreso aprobó la incorporación progresiva de los trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Congreso aprueba pase progresivo de trabajadores CAS de Sunarp octubre 5, 2025 Artículo: En una jornada legislativa marcada por decisiones de gran impacto social, el Pleno del Congreso aprobó la incorporación progresiva de los trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Indecopi ordena a cines permitir ingreso de hamburguesas al octubre 3, 2025 Artículo: La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Piura resolvió que los cines no pueden impedir el ingreso de hamburguesas adquiridas fuera de sus establecimientos si estas son similares a

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