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La congresista Sigrid Bazán responsabiliza al Ejecutivo y al Ministerio del Interior por la represión durante las protestas.
La congresista Sigrid Bazán, integrante del Bloque Democrático Popular, presentó una denuncia constitucional contra José Enrique Jeri Oré, actual presidente del Congreso y encargado de la Presidencia de la República; Ernesto Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros; y Vicente Tiburcio Orbezo, ministro del Interior. La medida se sustenta en su presunta responsabilidad política en la muerte del manifestante Eduardo Mauricio Ruiz Sanz —conocido artísticamente como Trvko— y en los actos de represión ejercidos contra civiles durante las movilizaciones del pasado 15 de octubre en Lima.
Una muerte que remeció la protesta
Eduardo Ruiz, de 32 años, músico urbano y vecino del distrito de San Martín de Porres, falleció tras recibir un disparo en el tórax durante una protesta nacional realizada en la Plaza Francia, en el centro histórico de Lima.
De acuerdo con el Ministerio Público, Ruiz fue trasladado sin vida al Hospital Arzobispo Loayza. La jornada, que comenzó de manera pacífica, terminó con enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden cerca de la avenida Abancay, donde varios testigos reportaron el uso de armas de fuego por parte de policías vestidos de civil.
Horas más tarde, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó la identificación del suboficial Luis Magallanes, miembro de la División de Investigación Criminal, como autor de los disparos que provocaron la muerte del manifestante. El agente fue detenido y puesto bajo investigación por la División de Homicidios, junto con otro efectivo presuntamente implicado.
La denuncia de Bazán
El documento presentado por Bazán ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso imputa a los altos funcionarios una infracción de los artículos 2, 3, 39 y 44 de la Constitución Política del Perú. Estos artículos garantizan, respectivamente, el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la protesta, el deber de los funcionarios de servir a la Nación y la obligación del Estado de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.
Según la congresista, el Gobierno habría tolerado o promovido un uso desproporcionado de la fuerza pública, lo que compromete la responsabilidad política y constitucional de las máximas autoridades. “No se trata solo de un exceso policial, sino de un patrón de represión que debe ser investigado”, señaló Bazán en declaraciones a la prensa.
Reacciones y proceso en curso
La denuncia ha sido recibida en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que deberá evaluar su admisibilidad antes de ser remitida a la Comisión Permanente y eventualmente al Pleno del Congreso. De ser admitida, se abrirá una investigación política que podría derivar en la inhabilitación de los funcionarios denunciados.
Por su parte, el Ejecutivo aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Sin embargo, fuentes cercanas al Consejo de Ministros indicaron que se ha dispuesto la revisión de los protocolos de actuación policial en manifestaciones públicas.
Mientras tanto, la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos abrió una investigación preliminar por homicidio calificado contra los efectivos policiales implicados. La fiscalía ha solicitado los planes operativos, informes de intervención, la lista de agentes presentes y los videos de seguridad de la zona, además de la autopsia e historial clínico de la víctima.
Un símbolo de indignación
La muerte de Eduardo Ruiz ha generado consternación y protestas en distintas regiones del país. Diversos colectivos sociales y organizaciones de derechos humanos han exigido justicia y transparencia en la investigación. “No puede haber impunidad cuando se pierde una vida por ejercer el derecho a protestar”, expresó una representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
El caso de Ruiz se ha convertido en símbolo del debate sobre el uso de la fuerza estatal y la rendición de cuentas del poder político. En medio de un clima de desconfianza hacia las instituciones, la denuncia presentada por Bazán abre una nueva etapa de escrutinio al gobierno transitorio de José Jeri, cuyo manejo de las protestas será ahora evaluado no solo en el ámbito político, sino también en el constitucional y penal.
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