25 de julio de 2025

Artículo:Una reciente resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral (TFL) marca un cambio clave en la forma en que se sancionan los retrasos en la entrega de información a los inspectores de SUNAFIL. A través de la Resolución N.° 005-2025-SUNAFIL/TFL, el colegiado establece que no toda demora debe considerarse automáticamente una infracción. El documento, publicado en El Peruano, precisa que el principio de razonabilidad debe guiar la actuación inspectiva. Es decir, el inspector debe analizar si el retraso estuvo justificado, si finalmente se entregó toda la documentación solicitada, y si la demora no afectó el cumplimiento de la función fiscalizadora. En resumen, no habrá sanción si se cumplen tres condiciones clave: El criterio busca evitar penalidades automáticas y promover un enfoque más justo, reconociendo casos en que la empresa actúa con buena fe y responsabilidad. Así, la SUNAFIL reafirma que su labor fiscalizadora debe equilibrar el respeto de los derechos laborales con las garantías del debido proceso para los empleadores.

Artículo:El Colegio de Abogados de Lima (CAL) sancionó a una abogada con una amonestación escrita y una multa de cinco unidades de referencia procesal (URP) por haber participado en una audiencia judicial cuando se encontraba suspendida del ejercicio profesional. La letrada había sido suspendida por cinco años mediante una resolución firme, luego de que su apelación fuera declarada improcedente por presentarse fuera de plazo. Sin embargo, el 14 de mayo de 2014, durante la vigencia de dicha sanción, participó como patrocinante en una audiencia judicial. Este hecho fue denunciado por otro abogado, dando inicio a un nuevo procedimiento disciplinario por infracción al artículo 109 del Código de Ética del Abogado. El Consejo de Ética del CAL inicialmente impuso una nueva sanción de suspensión por un año. No obstante, tras el recurso de apelación presentado por la abogada, el Tribunal de Honor evaluó el caso y halló que si bien sí había intervenido en una audiencia, lo hizo en calidad de apoderada y no como abogada patrocinante, además de encontrarse en ese momento litigando un amparo y un proceso contencioso contra su sanción previa. El Tribunal concluyó que existió una infracción ética, pero con circunstancias atenuantes, como la falta de reincidencia, la inexistencia de perjuicio grave a los justiciables y la expectativa de que su acción judicial contra la sanción tuviera éxito. Por ello, revocó la suspensión y la reemplazó por una amonestación escrita y una multa económica. La decisión quedó firme con la resolución emitida por el Tribunal de Honor del CAL el 23 de enero de 2023, correspondiente al Expediente N.º 294-2014-DO.