29 de octubre de 2025

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una medida judicial con impacto inmediato El Poder Judicial dispuso que la empresa Rutas de Lima S.A.C. suspenda de forma inmediata el cobro de peajes en las estaciones de Villa y Punta Negra, ubicadas en la Panamericana Sur, mientras dure el proceso judicial que enfrenta con la Municipalidad de Santa María del Mar. La orden, dictada bajo multas sucesivas en caso de incumplimiento, representa un nuevo revés para la concesionaria y marca otro episodio en la larga controversia entre la empresa y distintas autoridades municipales. La decisión se basa en el habeas corpus presentado por la comuna de Santa María del Mar, que sostiene que los cobros en dichos puntos vulneran el derecho al libre tránsito de los ciudadanos, tal como lo establece la Constitución Política del Perú. Un precedente del Tribunal Constitucional Esta nueva medida judicial encuentra sustento en el precedente establecido por el Tribunal Constitucional (TC) en marzo de 2024, cuando ordenó a Rutas de Lima suspender el cobro de peaje en el tramo de Puente Piedra, bajo el expediente N.º 01072-2023-PHC/TC. En aquella ocasión, el máximo intérprete de la Constitución señaló que la falta de vías alternas adecuadas hacía que el cobro fuera injustificado y atentara contra los derechos fundamentales de los residentes y usuarios. Aunque el TC aclaró que no se cuestionaba la validez del contrato de concesión suscrito con la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán, sí advirtió que el cumplimiento del mismo debía respetar las condiciones de libre tránsito y servicio público. Esa sentencia, ahora, sirve como fundamento jurídico para que el Poder Judicial extienda la suspensión a otras zonas concesionadas del sur de Lima. El conflicto económico detrás del peaje El cobro de peajes en la Panamericana Sur representa para Rutas de Lima una recaudación anual aproximada de 130 millones de dólares, lo que explica la magnitud del impacto económico de esta nueva decisión. Desde junio de 2025, la empresa y la Municipalidad de Santa María del Mar han sostenido un enfrentamiento judicial respecto a la obligación de garantizar vías alternas y la legitimidad del contrato de concesión. La controversia ha crecido en medio de un ambiente de creciente desconfianza hacia las concesionarias viales, especialmente por la percepción de que los ciudadanos pagan sumas elevadas por un servicio deficiente, con demoras, congestión y carencia de mantenimiento en las zonas aledañas. Posición de la Municipalidad de Lima El alcalde Renzo Reggiardo celebró la medida y afirmó que se trata de un paso importante en la defensa del libre tránsito de los ciudadanos. “Las vías han estado secuestradas durante demasiado tiempo. Los vecinos han sido obligados a pagar montos desproporcionados por un servicio que no cumple con los estándares básicos de calidad”, declaró. Reggiardo también cuestionó el estado de las garitas y la falta de mantenimiento en las zonas bajo concesión. Según indicó, el sistema de peajes ha generado un verdadero “calvario” para los conductores, quienes deben esperar hasta una hora en colas extensas para pasar por las garitas. La respuesta de Rutas de Lima Por su parte, Rutas de Lima calificó la decisión del Poder Judicial como “ilegal, arbitraria y abusiva”, señalando que vulnera tanto sus derechos como las obligaciones internacionales del Estado peruano con los inversionistas. En un comunicado, la empresa denunció una “campaña de hostilidad sin precedentes” encabezada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el apoyo de otras entidades del Estado, que estaría afectando directamente su estabilidad financiera. “Esta nueva decisión judicial priva a Rutas de Lima del 100% de los ingresos que le restaban después de sucesivas medidas del Estado peruano”, indicó la concesionaria, advirtiendo que la medida pone en riesgo su capacidad de mantener las vías y cumplir con sus compromisos contractuales. Un escenario aún incierto Con esta decisión, la disputa entre el Estado y Rutas de Lima ingresa en una nueva etapa. Mientras el Poder Judicial busca garantizar los derechos ciudadanos, la concesionaria argumenta una afectación a la seguridad jurídica y a la inversión privada. En medio de este debate, los usuarios celebran la suspensión del cobro, aunque la incertidumbre sobre el futuro del contrato y la gestión de las vías continúa abierta. El caso de los peajes del sur se perfila, así, como un nuevo capítulo en la discusión sobre el modelo de concesiones viales en el Perú y los límites entre la rentabilidad privada y el interés público.     Noticias Relacionadas Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender cobro octubre 30, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) atraviesa uno de los periodos más inestables de su historia reciente. Seis jefes en menos de dos años: la inestabilidad octubre 30, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) atraviesa uno de los periodos más inestables de su historia reciente. 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