31 de agosto de 2026

  El Gobierno presentó ante el Congreso una propuesta para establecer incentivos económicos dirigidos a los servidores públicos que decidan voluntariamente dejar sus puestos de trabajo, como parte de un proceso de reorganización y modernización del servicio civil. La medida forma parte del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. La iniciativa busca reorganizar los recursos humanos de las entidades públicas y determinar con mayor precisión cuáles son las plazas que realmente resultan necesarias para el funcionamiento del Estado. De acuerdo con la propuesta, el beneficio económico estaría dirigido exclusivamente a quienes decidan acogerse libremente a la salida. Es decir, el mecanismo planteado no sería un despido automático ni permitiría, por sí mismo, separar unilateralmente a trabajadores que cuentan con estabilidad laboral. La propuesta busca reducir y reorganizar la planilla estatal Uno de los objetivos centrales de la iniciativa es reorganizar la estructura de trabajadores que actualmente existe dentro de las diferentes entidades públicas. El Gobierno plantea que las instituciones puedan sincerar sus necesidades de personal y determinar qué plazas son necesarias para garantizar la prestación adecuada de los servicios públicos. La propuesta parte de la existencia de diferentes regímenes laborales dentro del Estado, situación que ha generado diferencias en derechos, beneficios y condiciones laborales entre servidores que realizan funciones similares. El retiro sería voluntario Uno de los aspectos más importantes de la propuesta es que la salida tendría carácter voluntario. Esto significa que el trabajador podría decidir si acepta o no el incentivo ofrecido por el Estado para dejar su puesto. El Ejecutivo ha precisado que la delegación solicitada no comprende la facultad para disponer el despido o destitución de trabajadores que gozan de estabilidad laboral. Por ello, la iniciativa busca establecer un mecanismo de salida acordada y no una herramienta para realizar ceses forzosos. ¿Cómo se calcularía el incentivo económico? La propuesta plantea utilizar como referencia la protección económica reconocida en el régimen laboral de la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo N.° 728. Según la información difundida sobre la iniciativa, la referencia utilizada sería una remuneración y media por cada año de servicios, con un límite máximo de 12 remuneraciones. Sin embargo, es importante precisar que esta fórmula constituye un parámetro para establecer el incentivo y no significa que el Gobierno esté creando una modalidad de despido indemnizado para los servidores públicos. Ejemplo de cómo funcionaría el incentivo Por ejemplo, tomando como referencia la fórmula planteada, un trabajador que perciba S/ 4,000 mensuales y tenga cinco años de servicio podría recibir un incentivo equivalente a 7,5 remuneraciones, es decir, S/ 30,000. Si tuviera diez años de servicio, el cálculo teórico alcanzaría 15 remuneraciones. Sin embargo, al existir un límite máximo de 12 remuneraciones, el incentivo no superaría los S/ 48,000 en ese ejemplo. El monto definitivo dependerá de las reglas que eventualmente sean aprobadas y de las condiciones que establezca la normativa correspondiente. No se trataría de un despido con indemnización Uno de los puntos que genera mayor interés en la propuesta es la diferencia entre una salida voluntaria y un despido. El esquema planteado busca que el servidor decida libremente si acepta el beneficio y deja su puesto. Por ello, la referencia al Decreto Legislativo 728 serviría principalmente para calcular el incentivo económico y no para establecer que el trabajador pueda ser despedido unilateralmente recibiendo una compensación. El Estado tiene varios regímenes laborales Actualmente, dentro de la administración pública conviven diferentes modalidades y regímenes laborales. Entre ellos se encuentran los trabajadores sujetos a los decretos legislativos 276 y 728, los servidores contratados bajo el régimen CAS establecido por el Decreto Legislativo 1057 y quienes pertenecen al régimen del Servicio Civil regulado por la Ley N.° 30057. Esta diversidad es uno de los argumentos utilizados para impulsar una reorganización del servicio civil. Buscan ordenar los recursos humanos del Estado La propuesta también tiene como finalidad ordenar la gestión de recursos humanos dentro de las instituciones públicas. El Ejecutivo plantea fortalecer la meritocracia, establecer estándares de idoneidad y reorganizar las estructuras, funciones y procesos de las entidades para mejorar la prestación de los servicios públicos. En ese contexto, los incentivos para la salida voluntaria serían solamente uno de los mecanismos contemplados dentro de una reforma más amplia. La reforma apunta a modernizar el servicio civil El Gobierno sostiene que la modernización del servicio civil requiere revisar la manera en que se organiza actualmente la administración pública. La propuesta busca que las entidades cuenten con estructuras de personal adecuadas a sus necesidades y que los recursos humanos sean distribuidos de manera más eficiente. También se plantea fortalecer criterios de mérito para el acceso, ascenso y capacitación de los trabajadores del Estado. ¿Quiénes podrían acogerse al beneficio? La propuesta inicial establece el carácter voluntario del mecanismo, pero los alcances concretos respecto de los grupos de trabajadores que podrían acceder al incentivo deberán definirse en la regulación correspondiente. Información difundida sobre el proyecto señala que el planteamiento contempla a determinados servidores sujetos a regímenes como el CAS a plazo indeterminado, el régimen 276 y trabajadores del régimen 728 a plazo indeterminado. No obstante, las condiciones definitivas dependerán del contenido de la norma que eventualmente se apruebe. El Gobierno busca identificar plazas realmente necesarias La reorganización planteada parte de la necesidad de determinar cuántas plazas requiere realmente cada entidad pública. El objetivo es evitar duplicidad de funciones y procurar que la estructura de personal responda a las necesidades de los servicios que brinda cada institución. En ese sentido, la salida voluntaria podría ser utilizada como una herramienta para reducir progresivamente plazas que sean consideradas innecesarias dentro del proceso de reorganización. La medida genera debate entre trabajadores públicos La posibilidad de recibir un incentivo económico a cambio de renunciar podría generar diferentes posiciones entre los trabajadores del Estado. Para algunos servidores, el mecanismo podría representar una oportunidad para obtener una compensación y emprender una nueva actividad laboral o empresarial. Para otros, existe preocupación respecto de las condiciones bajo las cuales se aplicaría la medida y sobre la posibilidad de que