Perú Propone una Ley de la Abogacía para Crear un Registro Nacional y Reforzar la Ética Profesional

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La iniciativa, respaldada por la Junta Nacional de Decanos, busca modernizar el ejercicio legal, imponer capacitación continua y vetar a abogados condenados por corrupción o terrorismo.

Una ambiciosa iniciativa legal busca transformar y regular el ejercicio de la abogacía en el Perú. El Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, con el respaldo unánime de la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, ha planteado una nueva Ley de la Abogacía Peruana destinada a establecer estándares modernos de probidad, transparencia y control ético para la profesión.

El proyecto de ley va más allá de una mera actualización normativa; se erige sobre una base de principios fundamentales. Estos incluyen la honestidad, la independencia profesional, el respeto a la dignidad humana, la confidencialidad, el rechazo absoluto a la corrupción y la búsqueda constante de la paz social. Estos valores buscan restablecer la confianza ciudadana en el sistema judicial y sus operadores.

Entre las disposiciones más destacadas se establecen requisitos estrictos para el ejercicio profesional. Será obligatorio contar con el título inscrito ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), mantener una matrícula vigente en un colegio de abogados y, de manera significativa, se prohíbe ejercer la profesión a aquellos abogados que hayan recibido condena firme por delitos de terrorismo o corrupción de funcionarios.

La propuesta también detalla una lista exhaustiva de deberes y derechos. Los abogados estarán obligados a una **capacitación continua**, a usar la medalla profesional en actos solemnes y audiencias, y a defender especialmente los derechos de poblaciones vulnerables. Como contraparte, se les garantizan derechos como la **inviolabilidad de su despacho** –salvo orden judicial fundada–, la independencia en el ejercicio y la posibilidad de renunciar a un caso ante fraude o deshonestidad del cliente.

Uno de los pilares de la iniciativa es la creación de un **Registro Nacional de Abogados**, a cargo de la Junta Nacional de Decanos. Este registro reunirá la información de todos los profesionales colegiados del país en una base de datos única y de acceso público, lo que permitirá a la ciudadanía verificar la habilitación legal y el estatus de cualquier abogado, promoviendo una mayor transparencia.

Adicionalmente, la ley busca fortalecer institucionalmente a los colegios de abogados, otorgándoles mayores facultades de fiscalización ética y de registro de sanciones. Asimismo, instituye fechas de conmemoración nacional como el Día de la Abogacía Peruana (2 de abril) y el Día de la Abogada Peruana (5 de junio).

Con esta ley, el gremio legal peruano busca dar un paso decisivo hacia la autorregulación, la excelencia profesional y la recuperación de su rol como pilar fundamental al servicio de la justicia y el estado de derecho en el país.