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Los casos abarcan desde homicidio calificado y cohecho pasivo hasta falsedad y encubrimiento. La exmandataria afronta el mayor proceso judicial contra un jefe de Estado en la historia reciente del Perú.
El Congreso de la República marcó un antes y un después en la política peruana al aprobar la vacancia de Dina Boluarte, quien, tras casi tres años en el poder, perdió la inmunidad presidencial. Con esta decisión, la exmandataria deberá enfrentar once carpetas fiscales activas, de las cuales ocho corresponden a presuntos delitos cometidos durante su gestión.
Su abogado, Juan Carlos Portugal, confirmó que todas las investigaciones se encuentran en distintas etapas: desde diligencias preliminares hasta procesos reabiertos por decisión de la Fiscalía.
El caso más grave: muertes durante las protestas
El expediente más sensible es el que involucra a las más de 60 muertes ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023, durante las protestas contra el gobierno de Boluarte.
El Ministerio Público la investiga por homicidio calificado, lesiones graves y leves, delitos que podrían acarrearle penas de hasta 25 años de prisión.
A pesar de la gravedad del caso, la Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia constitucional presentada por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena Campana, al considerar que “no existen pruebas irrefutables” de que la presidenta haya ordenado la represión. La decisión fue sustentada por Lady Camones (APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
El caso Rolex: joyas, favores y poder
Uno de los procesos más mediáticos es el denominado “caso Rolex”, en el que la Fiscalía investiga a Boluarte por cohecho pasivo impropio.
El Ministerio Público sostiene que la entonces mandataria habría recibido relojes y joyas de lujo por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de presupuestos adicionales para su región.
Aunque el Congreso volvió a blindarla archivando la denuncia, la Fiscalía solicitó reconsiderar la decisión, dejando abierta la posibilidad de ampliar la investigación si aparecen nuevas evidencias.
El caso Cirugía: ausencias y presunta falsificación
La exmandataria también enfrenta dos carpetas vinculadas a su intervención quirúrgica del 28 de junio de 2023, realizada sin solicitar licencia al Parlamento.
Durante los días posteriores a la operación, se emitieron resoluciones supremas con firmas presuntamente falsificadas, lo que derivó en investigaciones por abandono de cargo y falsedad genérica.
El 18 de junio de 2025, la Comisión de Fiscalización del Congreso recomendó su vacancia por incapacidad moral permanente, alegando que Boluarte se ausentó del país entre el 28 de junio y el 9 de julio de 2023 sin informar ni delegar funciones.
Ese informe fue la base política que culminó en su destitución definitiva.
El caso Cofre: el vehículo presidencial y el traslado de un prófugo
Otra carpeta fiscal investiga el presunto uso indebido del vehículo presidencial, conocido como “el cofre”, para facilitar el traslado del prófugo Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre.
La denuncia fue presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el 16 de mayo de 2025.
Su defensa sostiene que “el caso ya está bajo trámite parlamentario” y que Boluarte no tiene pendiente ninguna citación ante la Fiscalía por ese hecho.
Encubrimiento y alianza con Patricia Benavides
En abril de 2025, la Fiscalía archivó preliminarmente una investigación sobre un presunto acuerdo entre Boluarte y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides para mantener en el cargo al excomandante general de la PNP, Raúl Alfaro Alvarado.
Aunque el caso fue cerrado por falta de pruebas, la Fiscalía advirtió que el archivo no equivale a una absolución definitiva, dejando abierta la posibilidad de reapertura si surgen nuevas pruebas.
Efficcop y presunto encubrimiento familiar
Otro expediente apunta a la disolución del equipo policial que colaboraba con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Efficcop).
Según la hipótesis fiscal, Boluarte habría buscado neutralizar investigaciones contra su hermano, Nicanor Boluarte, configurando los delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad.
El Poder Judicial rechazó el pedido de anulación de la denuncia interpuesto por su defensa, por lo que el proceso continúa abierto.
Investigaciones previas a su mandato
A estas causas se suman tres investigaciones por hechos anteriores a su gobierno:
1. Presunto financiamiento ilícito de la campaña de Perú Libre en 2021.
2. Contratación irregular de Víctor Torres Merino en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
3. Posible favorecimiento a empresas proveedoras del programa alimentario Qali Warma.
El fin de la inmunidad y el inicio de una nueva etapa judicial
Con el levantamiento de su inmunidad, Dina Boluarte enfrenta el mayor desafío de su carrera política y judicial.
Los expedientes que antes eran archivados o bloqueados por decisiones parlamentarias ahora vuelven a la competencia directa de la justicia.
La caída de la expresidenta deja un mensaje claro para el país: ningún cargo público, por alto que sea, garantiza impunidad.
En palabras de un analista político, “el Congreso que la protegió terminó entregándola al sistema judicial que siempre quiso evitar”.
El proceso recién empieza, pero el desenlace marcará el precedente más contundente en la historia política reciente del Perú.
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