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La medida busca contener la ola de violencia y extorsión que azota la capital. Policía y Fuerzas Armadas asumirán control conjunto del orden interno.
Un país bajo tensión
El presidente del Perú, José Jerí Oré, anunció la declaratoria del estado de emergencia por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao, una medida que entra en vigencia desde la medianoche del miércoles 22 de octubre de 2025. La decisión, adoptada con aprobación del Consejo de Ministros, responde a la grave crisis de inseguridad ciudadana que ha dejado múltiples víctimas y un creciente clima de temor entre los peruanos.
El anuncio fue transmitido en un mensaje a la Nación en el que Jerí, flanqueado por su gabinete, aseguró que el país ha llegado a un punto de inflexión en su lucha contra la delincuencia. “Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”, declaró con tono firme. “Pasamos de la defensiva a la ofensiva. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”.
El nuevo mandatario, quien asumió la presidencia el 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte, enfrenta una compleja coyuntura política y social. Las manifestaciones no han cesado desde su toma de mando y, según reportes oficiales, más de 100 personas han resultado heridas en enfrentamientos entre civiles y fuerzas del orden, además de un fallecido en las protestas del 15 de octubre. Pese a ello, Jerí reafirmó que no renunciará al cargo y que su prioridad será restablecer el orden interno.
Restricciones y medidas excepcionales
De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial El Peruano, el estado de emergencia implica la suspensión de ciertos derechos constitucionales, entre ellos la libertad de tránsito y de reunión. Asimismo, se dispone la intervención conjunta de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, que patrullarán las calles de Lima y el Callao durante la vigencia de la medida.
Entre las principales disposiciones se encuentran:
Prohibición del tránsito de dos adultos en motocicleta lineal, con el fin de evitar asaltos y sicariato.
Suspensión de visitas penitenciarias y apagón eléctrico en las celdas, medida que busca neutralizar las comunicaciones ilícitas desde las cárceles.
Destrucción de antenas de comunicación ilegales y operativos masivos de fiscalización y control en zonas identificadas como focos de venta de drogas, tráfico de armas, autopartes robadas y celulares de procedencia dudosa.
Limitación de eventos masivos: las actividades religiosas, culturales o deportivas deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes.
Además, el Ejecutivo anunció la intervención en mercados informales vinculados a la trata de personas y la extorsión, así como la persecución directa de redes criminales que operan en distritos críticos del área metropolitana.
Una respuesta ante la desconfianza social
La medida, aunque drástica, busca recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad, gravemente deterioradas tras años de corrupción, ineficiencia y violencia estructural. En su discurso, Jerí reconoció que “la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor a miles de familias”, y prometió que su gobierno adoptará “acciones firmes, dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos humanos”.
Sin embargo, la declaratoria también ha suscitado críticas de organizaciones civiles y analistas, quienes advierten que la presencia militar en las calles no garantiza una solución estructural. Recuerdan que durante el gobierno de Boluarte se decretaron cuatro estados de emergencia similares, sin resultados sostenibles. “El problema no es la ausencia de autoridad, sino la falta de coordinación institucional y una estrategia integral contra el crimen organizado”, señaló un especialista en seguridad consultado por medios locales.
Entre el orden y la legitimidad
El gobierno de José Jerí, que surgió del voto congresal tras la destitución de su predecesora, enfrenta una débil legitimidad popular. Su ascenso, calificado por algunos sectores como “transitorio”, se ve ahora puesto a prueba por la implementación de esta medida de excepción. Pese a ello, el mandatario ha buscado proyectar una imagen de liderazgo decidido, apelando a la idea de una “reconstrucción moral del país”.
Mientras tanto, colectivos ciudadanos y gremios sociales han anunciado que continuarán en las calles para exigir nuevas elecciones. Las tensiones, lejos de apaciguarse, parecen intensificarse en un contexto de militarización parcial de la capital.
Un desafío de 30 días
El estado de emergencia en Lima y Callao no solo será una prueba de fuerza para el gobierno, sino también un test de respeto institucional. Su éxito dependerá de la coordinación entre la Policía, las Fuerzas Armadas y las autoridades locales, así como de la capacidad del Ejecutivo para evitar abusos de autoridad y violaciones de derechos humanos.
El presidente Jerí ha prometido “acciones, no palabras”. Pero el país, marcado por la desconfianza y la violencia, espera que esas acciones no sean solo reactivas, sino transformadoras. Los próximos 30 días serán decisivos para saber si el nuevo gobierno logra imponer el orden sin sacrificar la libertad, o si, como tantas veces, el Perú vuelve a confundir la fuerza con la justicia.
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