El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, defendió la propuesta de denominar como terroristas a determinadas organizaciones criminales, en el marco de las medidas que el Ejecutivo plantea para fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado y la extorsión.
Durante declaraciones a los medios, el titular del Ministerio de Justicia sostuvo que estos grupos podrían ser considerados terroristas debido al uso sistemático de la violencia con el propósito de generar temor en la población.
“Utilizan la violencia sistemática para provocar terror”
Álvarez argumentó que la característica que permitiría establecer esta denominación estaría relacionada con la utilización sistemática de la violencia para provocar un estado de temor entre los ciudadanos.
El ministro señaló que, desde su perspectiva, el terrorismo no necesariamente debe estar asociado exclusivamente a una finalidad política, sino que podría presentarse también cuando determinadas organizaciones utilizan la violencia con otros objetivos.
El ministro plantea una finalidad lucrativa
Durante la entrevista, Álvarez sostuvo que existiría una figura genérica de terrorismo que podría comprender distintas finalidades. Mencionó como ejemplos una finalidad religiosa, política o incluso lucrativa.
En este último supuesto, explicó que determinadas organizaciones podrían emplear la violencia y generar terror en la población con el propósito de obtener beneficios económicos. Esta interpretación fue presentada por el ministro como uno de los fundamentos de la propuesta.
La propuesta está vinculada a la lucha contra la extorsión
La posición del ministro se produce en medio de las medidas que el Gobierno plantea para enfrentar el crecimiento de delitos como la extorsión, el sicariato y otras manifestaciones del crimen organizado.
Álvarez ha señalado que la respuesta estatal debe incluir mayores capacidades de inteligencia, investigación especializada y modificaciones al marco penal y procesal para enfrentar a las organizaciones dedicadas a estas actividades.
Gobierno busca modificar normas penales
El ministro también informó que el Ejecutivo buscará obtener facultades legislativas para revisar y modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal.
Según explicó, se plantea conformar un grupo de especialistas que formule propuestas técnicas destinadas a acelerar los procesos judiciales y proporcionar mejores herramientas de actuación a fiscales y jueces.
La propuesta también contempla cambios en el sistema penitenciario
Dentro de las medidas planteadas por Álvarez también figura una reorganización del sistema penitenciario.
El ministro ha planteado separar a los internos que hayan cometido delitos violentos y que presenten mayores niveles de peligrosidad de aquellos que no hayan incurrido en actos violentos. Según explicó, esta clasificación permitiría aplicar estrategias diferenciadas dentro de los establecimientos penitenciarios.
Separación de internos violentos y no violentos
De acuerdo con la propuesta expuesta por el titular de Justicia, los internos que no hayan cometido delitos violentos podrían acceder a programas de rehabilitación y reinserción, mientras que los internos considerados de mayor peligrosidad serían trasladados a establecimientos con mayores niveles de seguridad.
Entre las iniciativas mencionadas también se encuentra el fortalecimiento de programas como Cárceles Productivas, orientados a la rehabilitación de los internos.
Debate sobre el concepto de terrorismo
La propuesta de aplicar la denominación de terrorismo a determinadas organizaciones criminales abre un debate jurídico sobre los elementos que deberían diferenciar los delitos de criminalidad organizada de aquellos comprendidos dentro del ámbito del terrorismo.
En ese contexto, cualquier modificación legislativa tendría que establecer con precisión los elementos objetivos y subjetivos necesarios para determinar cuándo una organización criminal podría quedar comprendida dentro de una eventual nueva regulación.
Álvarez sostiene que la jurisprudencia puede adaptarse a nuevas circunstancias
Otro de los argumentos expuestos por el ministro estuvo relacionado con la evolución de la jurisprudencia.
Frente a los cuestionamientos basados en precedentes del Tribunal Constitucional, Álvarez sostuvo que los criterios jurídicos pueden desarrollarse de acuerdo con las circunstancias sociales y económicas de cada periodo, aunque señaló que los principios fundamentales del derecho permanecen.
El ministro consideró que, frente a las características actuales de la criminalidad, corresponde analizar si los criterios jurídicos existentes requieren una adaptación proporcional y racional.
Cuestionamientos sobre precedentes constitucionales
Durante la entrevista también se le consultó al titular de Justicia sobre los precedentes del Tribunal Constitucional que podrían ser invocados frente a una eventual modificación de la legislación.
Álvarez manifestó su confianza en que, si una futura norma o decreto legislativo llega al Tribunal Constitucional para su revisión, podría superar el control correspondiente. Esta afirmación constituye la posición expresada por el ministro respecto de un eventual escenario de control constitucional.
La propuesta forma parte de un paquete de medidas contra el crimen
La posibilidad de denominar terroristas a determinadas organizaciones criminales se encuentra dentro de un conjunto más amplio de medidas que el Ejecutivo viene planteando en materia de seguridad ciudadana.
El pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno incluye propuestas relacionadas con la lucha contra la criminalidad organizada, el sistema penitenciario, las armas de fuego, la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en determinadas labores de seguridad y modificaciones a normas penales.
El Ejecutivo busca fortalecer la respuesta frente a la extorsión
El ministro también ha relacionado la problemática de la extorsión con actividades económicas desarrolladas en sectores informales, señalando que determinados grupos criminales aprovechan estos espacios para ampliar sus actividades.
En ese escenario, Álvarez ha planteado una respuesta basada en inteligencia policial y militar, investigaciones especializadas y reformas legales que permitan mejorar la persecución de las organizaciones criminales.
Una eventual modificación requeriría cambios legales
La denominación jurídica de organizaciones criminales como organizaciones terroristas no depende únicamente de una declaración política, sino que requiere establecer el correspondiente marco normativo.
Por ello, cualquier modificación deberá ser debatida y aprobada mediante los procedimientos legislativos correspondientes o, de existir delegación de facultades, dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley que otorgue dichas facultades.
Debate jurídico y legislativo
La propuesta del Ejecutivo plantea un debate sobre los criterios que deberían utilizarse para diferenciar las organizaciones criminales dedicadas a obtener beneficios económicos mediante violencia de aquellas organizaciones que encajan en el concepto jurídico de terrorismo.
El alcance de una eventual reforma, sus elementos constitutivos, las consecuencias penales y las garantías procesales serían algunos de los aspectos que deberán ser analizados durante su discusión.
Conclusión
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, defendió la posibilidad de considerar terroristas a determinadas organizaciones criminales que, según sostuvo, emplean violencia sistemática para generar temor en la población con una finalidad lucrativa.
La propuesta forma parte del paquete de medidas que el Ejecutivo plantea para enfrentar el crimen organizado, la extorsión y otros delitos violentos. Su eventual implementación requerirá la correspondiente modificación o desarrollo del marco jurídico y deberá ser evaluada dentro del procedimiento legislativo y constitucional aplicable.
