La diputada de Ahora Nación, Marleny Arminta Valencia, presentó un proyecto de ley denominado “Ley que prohíbe las uniones de hecho infantiles y erradica su impunidad”, con el objetivo de impedir que las convivencias que involucren a menores de 18 años puedan recibir reconocimiento jurídico en el Perú.
La iniciativa busca modificar el artículo 326 del Código Civil y establecer que toda unión de hecho o convivencia en la que uno o ambos integrantes sean menores de edad sea considerada nula de pleno derecho y carezca de efectos jurídicos.
La propuesta busca cerrar un vacío legal
De acuerdo con la parlamentaria, la iniciativa pretende cerrar espacios que podrían permitir la normalización o reconocimiento de convivencias que involucren a niñas, niños y adolescentes.
El proyecto plantea que estas uniones no puedan ser reconocidas, inscritas ni declaradas judicialmente, reforzando así la protección jurídica de los menores frente a situaciones de vulnerabilidad.
¿Qué plantea modificar en el Código Civil?
La propuesta legislativa plantea modificar el artículo 326 del Código Civil para establecer expresamente que las uniones de hecho en las que uno o ambos integrantes sean menores de 18 años sean nulas.
Asimismo, se busca impedir que estas convivencias puedan obtener reconocimiento mediante procedimientos administrativos, registrales o judiciales.
Penas de hasta ocho años por obligar a un menor a convivir
El proyecto también plantea incorporar el artículo 151-B al Código Penal para sancionar a quienes obliguen, induzcan o determinen a una persona menor de edad a iniciar o mantener una unión de hecho.
La pena propuesta sería de cuatro a ocho años de prisión cuando la conducta se produzca mediante violencia, amenaza, coacción, engaño, abuso de poder, dependencia económica o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.
La pena podría llegar hasta los 10 años
La iniciativa establece una agravante cuando el responsable sea un ascendiente, tutor, curador o una persona que ejerza una posición de particular autoridad o confianza sobre el menor.
En estos casos, la pena propuesta aumentaría de seis a diez años de prisión, debido a la especial relación de poder o confianza existente entre el responsable y la víctima.
También se sancionaría la promoción y organización
El proyecto incorpora además el artículo 151-C al Código Penal, destinado a sancionar a quienes promuevan, organicen, acuerden o contribuyan a la realización de una unión de hecho con un menor de edad.
Para estas conductas, la propuesta contempla una pena de cinco a ocho años de prisión.
No solo se sancionaría a quien obligue al menor
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que la responsabilidad penal no recaería únicamente sobre quien ejerza violencia o coacción directamente contra el menor.
La propuesta también busca alcanzar a las personas que intervengan en la organización, promoción o facilitación de estas convivencias, con el objetivo de evitar que terceros contribuyan a que una unión con un menor llegue a concretarse o mantenerse.
La nulidad no eliminaría otros derechos del menor
El proyecto precisa que declarar nula una unión de hecho no significaría eliminar las obligaciones que correspondan respecto de los menores involucrados.
Entre ellas se encuentran las obligaciones relacionadas con la filiación, los alimentos, la reparación por daños y la protección frente a situaciones de violencia. Estos derechos mantendrían su carácter irrenunciable.
Buscan reforzar la protección de niñas y adolescentes
La diputada Marleny Arminta sostuvo que el Estado debe adoptar medidas concretas para evitar que las convivencias con menores sean normalizadas bajo una figura jurídica.
La iniciativa parte de la necesidad de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a situaciones que puedan afectar su desarrollo, proyecto de vida, integridad y autonomía.
La propuesta también apunta a prevenir situaciones de violencia
La iniciativa legislativa considera que determinadas convivencias pueden producirse en contextos de violencia, dependencia económica, presión familiar o aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad.
Por ello, además de eliminar cualquier posibilidad de reconocimiento jurídico de estas uniones, plantea establecer consecuencias penales para quienes intervengan en su imposición, promoción o facilitación.
Proyecto será evaluado en el Congreso
La propuesta legislativa ha sido derivada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, donde deberá continuar su procedimiento parlamentario antes de que pueda ser debatida y eventualmente aprobada.
Por tratarse de un proyecto de ley, las medidas planteadas todavía no constituyen obligaciones vigentes ni implican que las penas propuestas ya formen parte del Código Penal.
Una iniciativa que busca modificar dos cuerpos normativos
La propuesta tiene un componente civil y otro penal. Por un lado, pretende modificar el régimen de las uniones de hecho establecido en el Código Civil; por otro, busca incorporar nuevos delitos y agravantes en el Código Penal.
De esta manera, el proyecto plantea combinar la nulidad jurídica de las convivencias con menores con sanciones penales dirigidas contra quienes intervengan en su imposición o promoción.
Debate sobre la protección de menores
La iniciativa se incorpora al debate legislativo sobre las medidas que debe adoptar el Estado para prevenir las uniones tempranas y proteger a las personas menores de edad frente a situaciones de violencia o vulnerabilidad.
Su eventual aprobación dependerá del análisis de las comisiones correspondientes y de las decisiones que posteriormente adopte el Congreso durante el procedimiento legislativo.
¿Qué propone concretamente Ahora Nación?
En términos generales, el proyecto plantea cuatro medidas principales: prohibir y declarar nulas las uniones de hecho que involucren a menores de 18 años; impedir su reconocimiento o inscripción; sancionar a quienes obliguen o induzcan a un menor a mantener una convivencia; y establecer penas para quienes promuevan, organicen o faciliten estas uniones.
Conclusión
La iniciativa presentada por Ahora Nación busca establecer una prohibición expresa de las uniones de hecho que involucren a menores de 18 años y reforzar la respuesta penal frente a quienes participen en estas situaciones.
El proyecto plantea penas que podrían llegar hasta los 10 años de prisión en determinados supuestos y propone modificar tanto el Código Civil como el Código Penal. Sin embargo, sus disposiciones todavía deberán ser evaluadas y debatidas dentro del Congreso antes de determinarse si se convierten en ley.
