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Un Hito Histórico para la Justicia Peruana: Los Trabajadores CAS del Poder Judicial Acceden al Régimen Laboral de la Actividad Privada

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Poder Judicial peruano experimenta un cambio trascendental con la promulgación de la Ley 32504, una normativa que marca un quiebre significativo en la situación laboral de miles de servidores judiciales. Tras años de reclamos y gestiones por parte de organizaciones de trabajadores, el Estado ha decidido incorporar a los trabajadores con contrato administrativo de servicios indeterminados del sector judicial al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, conocido popularmente como la Ley de Fomento del Empleo. Esta medida representa un reconocimiento formal a la dignidad laboral y a los derechos fundamentales de quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del sistema de justicia nacional. Una Conquista Después de Años de LuchaLa incorporación al régimen 728 no surge de la noche a la mañana. Durante años, los trabajadores CAS indeterminados del Poder Judicial han protagonizado múltiples movilizaciones y presentado innumerables petitorios buscando equiparación de derechos con el personal permanente. Janet Tello Gilardi, presidenta de la Junta Nacional de Justicia, ha calificado públicamente esta ley como «histórica», reconociendo el valor que tiene para los trabajadores judiciales. El logro se concretó gracias a la presión coordinada de federaciones de trabajadores, como la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, que mantuvieron vigente la demanda en la agenda política nacional. ¿Qué Significa el Paso al Régimen 728?El Decreto Legislativo 728 es el marco normativo que regula las relaciones laborales de la actividad privada en Perú. Trasladarse a este régimen implica que los trabajadores judiciales ganaran acceso a beneficios laborales sustanciales que previamente les eran negados bajo la modalidad CAS. Entre los principales beneficios se encuentran la estabilidad laboral reforzada, protecciones contra el despido arbitrario, indemnizaciones por cese, derecho a sindicalización más amplia, y acceso a mecanismos de negociación colectiva. Asimismo, estos trabajadores podrán acumular tiempo de servicios para efectos de pensión y otros beneficios derivados, reconociéndose así toda su trayectoria laboral en el sector público. Impacto Administrativo y FinancieroLa implementación de la Ley 32504 requiere que el Poder Judicial realice ajustes significativos en su estructura administrativa y presupuestaria. Las autoridades judiciales deberán adecuar los sistemas de registro de personal, nóminas y cálculos de beneficios para conformarse con las disposiciones del régimen privado. Esto incluye la reestructuración de costos asociados con gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, seguros complementarios y otras prestaciones que el régimen 728 contempla. Aunque representa una erogación mayor para el Estado, esta inversión se justifica en términos de calidad del servicio judicial y estabilidad institucional. Consideraciones Transitorias y Próximos PasosLa ley establece disposiciones transitorias que garantizan un paso ordenado del régimen CAS al 728. Los trabajadores afectados mantienen su continuidad laboral durante el proceso de reconversión, evitando así interrupciones en sus ingresos o derechos adquiridos. Las autoridades judiciales tienen la responsabilidad de implementar estos cambios dentro de plazos específicos, asegurando que ningún trabajador quede desprotegido durante la transición. Además, se espera que el Consejo Nacional de la Magistratura y otras entidades vinculadas realicen coordinaciones para asegurar la homogeneidad de criterios en la aplicación de esta normativa. Reflexión FinalLa Ley 32504 representa más que un cambio administrativo: constituye el reconocimiento de que quienes trabajan en la administración de justicia merecen la misma protección laboral que cualquier otro trabajador. Con esta medida, Perú avanza en la construcción de un sistema de justicia más humano, equitativo y sustentable. El tiempo dirá si esta incorporación al régimen 728 se traduce en mejoras efectivas en la calidad de vida de los trabajadores judiciales y, consecuentemente, en un mejor servicio de justicia para toda la ciudadanía.     Noticias Relacionadas Un Hito Histórico para la Justicia Peruana: Los Trabajadores noviembre 23, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Antecedentes y finalidad del RENTESEGEl Decreto Supremo N° 017-2025-IN introduce modificaciones al Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1338, que Modifican Reglamento del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles noviembre 21, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Antecedentes y finalidad del RENTESEGEl Decreto Supremo N° 017-2025-IN introduce modificaciones al Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1338, que Trabajadores de la Defensa Pública anuncian paro nacional de noviembre 20, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Contexto y motivaciones del paroLa Federación Nacional de Trabajadores de la Defensa Pública (FENATDEPU), que agrupa a 2,297 trabajadores a nivel

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Modifican Reglamento del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles (RENTESEG)

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Antecedentes y finalidad del RENTESEGEl Decreto Supremo N° 017-2025-IN introduce modificaciones al Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1338, que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG). Este registro tiene como objetivo prevenir y combatir el comercio ilegal de celulares, evitando su uso en actividades delictivas y fortaleciendo la seguridad ciudadana. Desde su creación, el RENTESEG ha permitido bloquear y dar de baja líneas y dispositivos móviles sustraídos o clonados que se emplean en delitos, contribuyendo al orden y control en las telecomunicaciones.​ Cambios principales introducidosLas modificaciones contemplan la actualización de varias disposiciones del reglamento, incluyendo artículos que regulan la lista negra, lista blanca y lista de excepción. Se enfatiza la mejora en los mecanismos para reportar bloqueos, la incorporación de la verificación biométrica para la contratación de servicios móviles y el fortalecimiento de la interoperabilidad entre Osiptel, Ministerio del Interior, Policía Nacional, INPE, Ministerio Público y Poder Judicial. Estas acciones buscan optimizar el intercambio seguro de información y acelerar los procedimientos contra el uso ilícito de terminales móviles.​ Obligaciones reforzadas para las operadorasLas empresas operadoras de telecomunicaciones deberán ajustar sus procesos conforme a los nuevos requisitos, incluyendo la verificación plena de la identidad del contratante mediante biometría, y el reporte inmediato a Osiptel cuando una línea solicite el bloqueo de múltiples equipos. Además, durante la implementación de la nueva plataforma de transmisión de datos, la comunicación se realizará temporalmente vía correo electrónico, con un plazo de 120 días hábiles otorgado para completar la interoperabilidad total.​ Impacto en la lucha contra el comercio ilegal y la seguridad ciudadanaEstas mejoras son clave para reducir la circulación de equipos móviles ilícitos en el país, desincentivar el robo y la clonación, y combatir la utilización de celulares en delitos como extorsión, fraude y otras actividades criminales. La normativa contribuye a garantizar una red móvil nacional segura y confiable para todos los usuarios y refuerza el compromiso del Estado con la modernización tecnológica y la protección del consumidor.​ En resumen, el Decreto Supremo 017-2025-IN moderniza y refuerza el marco regulatorio del RENTESEG, fortaleciendo la coordinación institucional y las capacidades técnicas para un control eficaz del mercado de teléfonos móviles en Perú, con beneficios directos para la seguridad ciudadana y la transparencia en las telecomunicaciones.     Noticias Relacionadas Modifican Reglamento del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles noviembre 21, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Contexto y motivaciones del paroLa Federación Nacional de Trabajadores de la Defensa Pública (FENATDEPU), que agrupa a 2,297 trabajadores a nivel Trabajadores de la Defensa Pública anuncian paro nacional de noviembre 20, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Contexto y motivaciones del paroLa Federación Nacional de Trabajadores de la Defensa Pública (FENATDEPU), que agrupa a 2,297 trabajadores a nivel Congreso aprueba informe que recomienda la inhabilitación de Delia noviembre 19, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Decisión parlamentaria y contextoLa Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el 18 de noviembre de 2025 el

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Trabajadores de la Defensa Pública anuncian paro nacional de 48 horas para exigir igualdad salarial

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Contexto y motivaciones del paroLa Federación Nacional de Trabajadores de la Defensa Pública (FENATDEPU), que agrupa a 2,297 trabajadores a nivel nacional, anunció un paro de 48 horas para los días 26 y 27 de noviembre de 2025, con la posibilidad de radicalizar en una huelga indefinida si no se atienden sus demandas. El motivo central es la exigencia de igualdad salarial, tras más de 15 años de desigualdad respecto a otros servidores públicos que realizan funciones equivalentes. Señalan una brecha salarial superior al 40%, afectando su calidad de vida y estabilidad laboral. Demandas principalesLos trabajadores exigen al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la implementación urgente de varias medidas: el cierre de la brecha remunerativa, el pase del personal contratado bajo el régimen CAS al régimen laboral 728, la aprobación de una estructura de carrera profesional y la entrega de un bono compensatorio por la diferencia salarial. Además, solicitan mejoras en sus condiciones laborales, con implementos de seguridad y adecuación de oficinas.​ Impacto y posicionamiento sindicalEl paro convocado se suma a una serie de protestas y negociaciones que este gremio ha mantenido sin respuesta satisfactoria. Desde la FENATDEPU advierten que las autoridades deben tomar en serio esta medida para evitar afectar el acceso a la justicia gratuita, fundamental para la población vulnerable. La defensa pública cumple un rol clave en garantizar los derechos legales de los ciudadanos con recursos limitados.​ Expectativas y seguimientoLas autoridades del Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo han sido emplazadas para presentar soluciones inmediatas y presupuestos claros que permitan ejecutar estas medidas en el Presupuesto General de la República 2026. La vigilancia social y sindical se mantiene activa para que no se repitan los retrasos en la atención a sus justas demandas. En conclusión, la paralización nacional de la defensa pública busca visibilizar un problema estructural en las políticas de remuneración y gestión pública, promoviendo un trato justo y digno para quienes velan por la justicia en el país     Noticias Relacionadas Trabajadores de la Defensa Pública anuncian paro nacional de noviembre 20, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Contexto y motivaciones del paroLa Federación Nacional de Trabajadores de la Defensa Pública (FENATDEPU), que agrupa a 2,297 trabajadores a nivel Congreso aprueba informe que recomienda la inhabilitación de Delia noviembre 19, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Decisión parlamentaria y contextoLa Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el 18 de noviembre de 2025 el Indecopi multa a restaurante por engañar con promoción falsa noviembre 18, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Indecopi sancionó a Multiservicios Maicelo S.A.C., restaurante en San Isidro, por brindar información falsa sobre la vigencia de su promoción

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Congreso aprueba informe que recomienda la inhabilitación de Delia Espinoza y otros fiscales supremos

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Decisión parlamentaria y contextoLa Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el 18 de noviembre de 2025 el informe final que recomienda inhabilitar por diez años a los fiscales supremos Delia Espinoza Valenzuela, Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. Esta medida se fundamenta en presuntas infracciones constitucionales relacionadas con la emisión de una resolución que habría vulnerado la ley y otorgado facultades investigativas indebidas a la Policía Nacional, en lugar del Ministerio Público.​ La votación fue mayoritaria: nueve votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. El ponente del informe fue el congresista Jorge Montoya Manrique, representante de la bancada Honor y Democracia. El texto también recomienda acusar a los fiscales supremos por presuntos delitos como abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato y posible instigación a la usurpación de funciones.​ Antecedentes y procesos recientesDelia Espinoza, suspendida provisionalmente por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en septiembre de 2025, ha sido una figura central en esta controversia. La suspensión se dio por supuestas faltas graves vinculadas a su negativa de acatar una orden judicial que establecía la reposición de la fiscal Patricia Benavides. Espinoza cuestionó la legitimidad de la JNJ y fue acusada de obstaculizar el procedimiento disciplinario en su contra.​ Este proceso disciplinario excepcional ocurre en medio de una pugna de poder entre órganos del sistema de justicia peruano, con intervenciones directas del Poder Judicial y la JNJ, además del Congreso. El noveno Juzgado Constitucional de Lima dictó en noviembre de 2025 una resolución que ordenaba la reposición inmediata de Espinoza, generando un choque institucional con la JNJ que todavía está en curso.​ Implicancias políticas y institucionalesLa recomendación de inhabilitación representa un precedente importante en la vigilancia de la integridad funcional dentro del Ministerio Público y reafirma el papel de control constitucional del Congreso. Si el informe es aprobado en la Comisión Permanente y, posteriormente, en el pleno del Congreso, los implicados podrían quedar incapacitados para ejercer cargos públicos durante una década.​ Además, el proceso tiene un impacto político significativo, tomando en cuenta que los fiscales supremos han desempeñado un rol activo en investigaciones de alto perfil y casos de corrupción. Algunos analistas ven esta situación como una crisis que pone en evidencia tensiones internas y desafíos en la administración de justicia en el Perú.​ Próximos pasosEl informe final pasará ahora a la Comisión Permanente y, si recibe la aprobación, será sometido a debate y votación en el Pleno del Congreso. Para que la inhabilitación sea efectiva, se requiere un quórum mínimo de 66 votos. En paralelo, el Ministerio Público podrá iniciar las investigaciones penales correspondientes según las acusaciones planteadas.​ En resumen, la inhabilitación propuesta a Delia Espinoza y otros fiscales supremos no sólo refleja un mecanismo constitucional de control, sino que también evidencia las complejidades institucionales y políticas que atraviesa el sistema de justicia peruano en esta etapa. La resolución definitiva marcará un antes y un después en la carrera judicial y en la relación entre los órganos de control     Noticias Relacionadas Congreso aprueba informe que recomienda la inhabilitación de Delia noviembre 20, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Indecopi sancionó a Multiservicios Maicelo S.A.C., restaurante en San Isidro, por brindar información falsa sobre la vigencia de su promoción Indecopi multa a restaurante por engañar con promoción falsa noviembre 18, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Indecopi sancionó a Multiservicios Maicelo S.A.C., restaurante en San Isidro, por brindar información falsa sobre la vigencia de su promoción Contraloría advierte graves irregularidades en viviendas sociales: se construyen noviembre 17, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Hallazgos y magnitud del problemaLa Contraloría General de la República ha emitido una contundente advertencia tras detectar serias irregularidades

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Indecopi multa a restaurante por engañar con promoción falsa de «Buffet de Alitas»

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Indecopi sancionó a Multiservicios Maicelo S.A.C., restaurante en San Isidro, por brindar información falsa sobre la vigencia de su promoción «Buffet de Alitas». Mediante la Resolución Final 1593-2025/PS3, se impuso una multa de 7,93 UIT (aproximadamente S/ 42.425,50) por tres infracciones: información engañosa sobre disponibilidad de la promoción, omisión de datos del proveedor en la hoja de reclamaciones, e incumplimiento en la atención al reclamo. El restaurante debe ofrecer el buffet a la consumidora dentro de 15 días hábiles, responder formalmente su reclamo y regularizar su libro de reclamaciones. Adicionalmente, será inscrito en el Registro de Infracciones del Indecopi por cuatro años. El caso ilustra la protección de derechos del consumidor ante publicidad engañosa y procedimientos administrativos deficientes en establecimientos comerciales. CONTENIDO DE LA NOTICIA:El caso: publicidad engañosa en San IsidroEl Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha sancionado a Multiservicios Maicelo S.A.C., restaurante ubicado en San Isidro, por brindar información falsa sobre la vigencia de su promoción «Buffet de Alitas». La Resolución Final 1593-2025/PS3, emitida el 12 de agosto de 2025, impone una multa total de 7,93 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a aproximadamente S/ 42.425,50, además de medidas correctivas significativas que benefician a la consumidora denunciante.​ Los hechos son relativamente simples pero revelan un problema recurrente en la experiencia del consumidor: una cliente llamó telefónicamente al restaurante el 29 de enero de 2025 para confirmar disponibilidad de la promoción con motivo de su cumpleaños. Un trabajador del establecimiento le informó explícitamente que el buffet estaba disponible todos los días, salvo los viernes. Confiando en esta información, la consumidora se dirigió al local días después, un miércoles, solo para ser informada de que la promoción no existía. La contradicción fue tan evidente que la cliente presentó una formal hoja de reclamación denunciando el engaño.​ Hallazgos del procedimiento administrativoDurante la investigación administrativa, Indecopi corroboró la veracidad de los dichos de la consumidora. El procedimiento verificó que la llamada telefónica efectivamente había ocurrido y que el trabajador del restaurante había ofrecido información completamente incorrecta. Además, los fiscalizadores del Indecopi comprobaron que la promoción nunca existió o no estaba disponible en la forma prometida.​ El órgano resolutivo declaró fundada la denuncia por tres infracciones específicas. Primero, por brindar información falsa o que induce a error sobre los días de vigencia del «Buffet de Alitas», violando el artículo 3 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Segundo, por no incluir los datos correctos del proveedor (razón social, RUC y dirección) en una hoja de reclamaciones, incumpliendo el artículo 150 del mismo código. Tercero, por no haber dado atención adecuada a la hoja de reclamación presentada, contraviniendo lo establecido en el artículo 24.1 del código.​ Desglose de las sancionesLa multa se distribuyó de manera desigual según la gravedad de cada infracción. La violación más costosa fue la información falsa sobre la promoción, por la cual fue sancionado con 1,93 UIT. El incumplimiento en el registro de datos del proveedor en el libro de reclamaciones resultó en 1 UIT, mientras que la falta de atención al reclamo formal fue penada con 5 UIT, siendo esta la falta más grave según la evaluación del órgano resolutivo. Adicionalmente, el restaurante debe pagar S/ 36 en concepto de costas procesales.​ Medidas correctivas y obligaciones futurasMás allá de las multas económicas, Indecopi ordenó medidas correctivas significativas. El restaurante está obligado a poner a disposición de la consumidora la promoción «Buffet de Alitas» dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles. En los primeros cinco días, debe comunicarle exactamente cómo podrá acceder al beneficio, eliminando cualquier ambigüedad.​ Igualmente, Multiservicios Maicelo debe proporcionar respuesta formal y escrita al reclamo original de la consumidora, también dentro de 15 días hábiles. El establecimiento tiene asimismo la obligación de implementar un libro de reclamaciones físico que cumpla cabalmente con los requisitos normativos, consignando de forma legible la razón social, RUC y dirección del establecimiento en cada hoja, facilitando a los consumidores la identificación plena del proveedor.​ Inscripción en registro público de infraccionesUna consecuencia adicional es que Multiservicios Maicelo será inscrito en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, registro público que permanecerá durante cuatro años. Esta inscripción afecta significativamente la reputación de la empresa y constituye una marca visible de incumplimiento normativo que los consumidores pueden consultar antes de hacer sus transacciones.​ Importancia para la protección del consumidorEste caso ejemplifica la labor fundamental del Indecopi en proteger a los consumidores peruanos del engaño y la publicidad falsa. La sanción envía un mensaje claro: las empresas no pueden ofrecer información contradictoria o inexacta sobre sus ofertas, ni pueden incumplir deberes procedimentales como mantener libros de reclamaciones correctamente diligenciados. Las consecuencias incluyen no solo multas económicas significativas, sino también daño reputacional y obligaciones correctivas que benefician directamente al afectado.​ La resolución puede ser apelada dentro de 15 días hábiles por el restaurante, pero si transcurre ese plazo sin que presente recurso, la sanción quedará consentida y se iniciará un proceso de ejecución coactiva en caso de incumplimiento voluntario.     Noticias Relacionadas Indecopi multa a restaurante por engañar con promoción falsa noviembre 18, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Hallazgos y magnitud del problemaLa Contraloría General de la República ha emitido una contundente advertencia tras detectar serias irregularidades Contraloría advierte graves irregularidades en viviendas sociales: se construyen noviembre 17, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Hallazgos y magnitud del problemaLa Contraloría General de la República ha emitido una contundente advertencia tras detectar serias irregularidades Fiscalía investiga a Keiko Fujimori por presunta recaudación ilícita noviembre 16, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Contexto de la investigaciónLa Fiscalía peruana abrió una investigación contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, por presunta recaudación

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Contraloría advierte graves irregularidades en viviendas sociales: se construyen torres de 28 pisos donde solo se permitían 10

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Hallazgos y magnitud del problemaLa Contraloría General de la República ha emitido una contundente advertencia tras detectar serias irregularidades en proyectos de viviendas de interés social (VIS) en al menos 20 distritos de Lima. Las auditorías revelaron que seis de cada diez construcciones no aprobaron los controles técnicos y que, sorprendentemente, se edificaron torres de hasta 28 pisos en zonas donde la normativa urbanística solo permite diez niveles. En varios casos, las licencias fueron otorgadas sin respetar los parámetros legales ni los estudios estructurales requeridos, exponiendo así a los futuros residentes a riesgos de seguridad ante eventos sísmicos.​ Mecanismos de evasión y debilidades en la fiscalizaciónEl informe señala que numerosos proyectos obtuvieron licencias mediante maniobras administrativas o el aprovechamiento de vacíos legales de la normativa del Ministerio de Vivienda. Algunas inmobiliarias cambiaron sus razones sociales para eludir medidas cautelares o reiniciar procedimientos legales, mientras continuaban las ventas de departamentos —muchos de ellos por encima del precio tope para ser considerados VIS—. Incluso se detectaron casos en los que departamentos de 43 m² fueron ofertados en S/391 mil, muy por encima del límite legal de S/160 mil. Además, algunos edificios fueron edificados en áreas donde está prohibida la implementación de viviendas de interés social.​ Riesgos en la planificación urbana y la seguridadEl exceso de altura en estas edificaciones tiene consecuencias graves. Ingenieros especialistas advierten que levantar casi el triple de niveles para los que se diseñó la estructura genera serias dudas sobre la capacidad sísmica, la estabilidad de las cimentaciones y la calidad de los estudios de suelos involucrados. El diseño original de una edificación de diez pisos difiere sustancialmente del requerido para una torre de veintiocho. No realizar rediseños integrales, explican, podría comprometer la seguridad pública y la vida de los ocupantes ante un sismo mayor, riesgo nada menor en una ciudad como Lima.​ Responsabilidades y reacción institucionalLa Contraloría enfatiza que el problema no es solo técnico, sino también institucional: tanto los ingenieros responsables de las obras como las autoridades municipales encargadas de otorgar licencias tienen un rol fundamental en la prevención de estos excesos. La fiscalización superficial o la ausencia de controles eficaces han facilitado la proliferación de proyectos que violan la normativa vigente. El Ministerio de Vivienda, por su parte, ha sido señalado por la permisibilidad de ciertos vacíos legales y pone en agenda la revisión de los instrumentos normativos que rigen la política de vivienda de interés social.​ Urgencia de reformas y fortalecimiento del controlEste escándalo evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización y supervisión en la gestión de los programas habitacionales sociales. Expertos y entidades estatales coinciden en que se debe revisar a fondo el sistema de licencias de construcción, exigir estudios técnicos rigurosos y sancionar a quienes incumplan la ley, tanto en el sector público como en el privado.​ La situación también resalta el desafío de garantizar viviendas verdaderamente dignas y seguras para los sectores de menores ingresos, evitando que iniciativas sociales sean distorsionadas en beneficio de grandes empresas inmobiliarias. El llamado de la Contraloría es claro: es indispensable velar por la seguridad pública, el respeto a la planificación urbana y el correcto destino de los recursos dedicados a vivienda social en el Perú.     Noticias Relacionadas Contraloría advierte graves irregularidades en viviendas sociales: se construyen noviembre 18, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Contexto de la investigaciónLa Fiscalía peruana abrió una investigación contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, por presunta recaudación Fiscalía investiga a Keiko Fujimori por presunta recaudación ilícita noviembre 16, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Contexto de la investigaciónLa Fiscalía peruana abrió una investigación contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, por presunta recaudación Propuesta para ampliar la Corte Suprema a 58 jueces: noviembre 15, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Origen y motivación del proyectoEl Congreso de la República debate la propuesta legislativa presentada por el congresista Héctor Valer Pinto (Somos

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Fiscalía investiga a Keiko Fujimori por presunta recaudación ilícita y uso indebido de fondos en campaña 2021

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Contexto de la investigaciónLa Fiscalía peruana abrió una investigación contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, por presunta recaudación ilícita y uso indebido de fondos públicos en la campaña electoral presidencial del 2021. La pesquisa, encabezada por la Primera Fiscalía especializada contra el Lavado de Activos, apunta a un presunto financiamiento irregular con aportes falsos y de origen desconocido que habrían sido canalizados durante la contienda electoral.​ Antecedentes y elementos probatoriosEsta investigación resurge pese a que Keiko Fujimori logró anular previamente un juicio por presunto lavado de activos relacionado con financiamientos irregulares en campañas anteriores (2011 y 2016), conocido como el “Caso Cócteles”. El nuevo expediente detalla movimientos financieros sospechosos con sobresueldos y donaciones no declaradas, que habrían violado la normativa vigente sobre financiamiento de partidos políticos.​ Desarrollo y próximas etapasEl fiscal a cargo evalúa una acusación formal que podría presentarse en los próximos meses contra Keiko y otros integrantes de Fuerza Popular. Esta nueva causa enfatiza la presunta existencia de una organización criminal dedicada a captar recursos ilícitos para sostener campañas políticas, aumentando la presión sobre la dirigente y su agrupación política.​ Repercusiones políticas y socialesEl caso reafirma las tensiones en el sistema político peruano, donde sectores demandan transparencia y respeto a la legalidad en procesos electorales. La investigación genera cuestionamientos públicos sobre la ética en la financiación partidaria y refuerza el llamado a reformas que garanticen un financiamiento limpio y control efectivo de recursos.​ En definitiva, el Ministerio Público continúa su lucha contra la corrupción electoral, mientras Keiko Fujimori enfrenta un nuevo capítulo en su compleja trayectoria política y judicial, que tendrá trascendencia en la agenda política del país en los próximos meses.     Noticias Relacionadas Fiscalía investiga a Keiko Fujimori por presunta recaudación ilícita noviembre 16, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Origen y motivación del proyectoEl Congreso de la República debate la propuesta legislativa presentada por el congresista Héctor Valer Pinto (Somos Propuesta para ampliar la Corte Suprema a 58 jueces: noviembre 15, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Origen y motivación del proyectoEl Congreso de la República debate la propuesta legislativa presentada por el congresista Héctor Valer Pinto (Somos Toque de queda en Pataz por violencia minera: Gobierno noviembre 14, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: 1. Medida adoptada por el Gobierno del Perú El Ejecutivo dispuso un nuevo toque de queda o inmovilización social obligatoria nocturna en tres

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Propuesta para ampliar la Corte Suprema a 58 jueces: debate sobre independencia y eficiencia judicial

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Origen y motivación del proyectoEl Congreso de la República debate la propuesta legislativa presentada por el congresista Héctor Valer Pinto (Somos Perú), que busca modificar el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para incrementar el número de jueces supremos titulares, pasando de 20 a 58 magistrados. El principal objetivo es combatir la alta tasa de provisionalidad en la Corte Suprema, donde actualmente más del 70% de los jueces actúan en condición provisional, es decir, designados sin concurso y por decisión administrativa directa.​ El proyecto postula que la justicia peruana pierde autonomía y legitimidad cuando la mayoría de sus magistrados carecen de estabilidad laboral. La iniciativa pretende que las decisiones judiciales sean tomadas exclusivamente bajo criterios legales, libres de presiones externas o políticas, así como garantizar la idoneidad y la independencia de quienes ocupan los más altos cargos del Poder Judicial.​ Problemática actual de la Corte SupremaLa Corte Suprema enfrenta problemas estructurales como exceso de carga procesal y escasez de jueces titulares, lo que obliga a la proliferación de jueces provisionales. Actualmente, existen 20 jueces titulares y al menos 39 provisionales. Estas designaciones provisionales, aunque sirven para cubrir la demanda judicial, generan vulnerabilidad, pues los jueces carecen de garantías de estabilidad y autonomía plena.​ La provisionalidad también impacta en la calidad y celeridad de las sentencias, pues la rotación de jueces puede dificultar la especialización y continuidad en los casos complejos. Expertos y organismos como la Defensoría del Pueblo han advertido sobre las repercusiones negativas de este sistema, tanto para el acceso a la justicia como para la confianza ciudadana en el sistema judicial.​ Alcance de la propuesta y argumentos a favorLa propuesta busca convertir a los jueces provisionales en titulares, formalizando la actual composición real de la Corte Suprema (59 jueces entre titulares y provisionales). Los promotores sostienen que esto no implicaría un gasto fiscal adicional, pues el presupuesto judicial ya cubre las remuneraciones de los jueces en funciones.​ Además, el proyecto responde a una agenda nacional orientada a reforzar la independencia judicial, la eficiencia en la tramitación de expedientes y la lucha contra la corrupción y la criminalidad, alineándose con las políticas del Acuerdo Nacional y la modernización del Poder Judicial. De aprobarse, se permitiría fortalecer la institucionalidad judicial y mejorar la respuesta del sistema ante la creciente complejidad y volumen de procesos.​ Controversias y debate técnicoAunque los impulsores argumentan que el proyecto estabiliza la Corte y no genera gastos nuevos, algunos especialistas advierten que la formalización de 39 magistrados titulares podría afectar el presupuesto, aumentando el costo por remuneraciones. También señalan la necesidad de complementar la reforma con medidas que garanticen transparencia en la selección y evaluación de jueces, evitando que la ampliación se convierta en una herramienta de reparto político.​ El debate legislativo incluye posiciones diversas: quienes abogan por reducir provisionalidad y reforzar independencia, y quienes exigen un proceso integral de reforma judicial que responda no solo a cantidad, sino también a calidad, transparencia y meritocracia en los nombramientos.​ Impacto institucional y expectativasDe aprobarse la iniciativa, la Corte Suprema del Perú se convertiría en una de las más numerosas de la región latinoamericana. La expectativa es que este cambio permita reducir los tiempos de resolución de expedientes, fortalecer los principios constitucionales y devolver confianza al sistema judicial. Sin embargo, la discusión pública continúa, con expertos, gremios y sociedad civil atentos al desenlace para asegurar que la reforma efectivamente mejore la administración de justicia y consolide la independencia del Poder Judicial.​ En suma, la posible ampliación de la Corte Suprema abre un debate fundamental sobre la estructura y funcionamiento del máximo tribunal del país, con implicancias directas en la calidad y legitimidad de la justicia peruana.     Noticias Relacionadas Propuesta para ampliar la Corte Suprema a 58 jueces: noviembre 16, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: 1. Medida adoptada por el Gobierno del Perú El Ejecutivo dispuso un nuevo toque de queda o inmovilización social obligatoria nocturna en tres Toque de queda en Pataz por violencia minera: Gobierno noviembre 14, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: 1. 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Toque de queda en Pataz por violencia minera: Gobierno impone inmovilización nocturna

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: 1. Medida adoptada por el Gobierno del Perú El Ejecutivo dispuso un nuevo toque de queda o inmovilización social obligatoria nocturna en tres distritos de la provincia de Pataz, en la región La Libertad. Esta medida rige diariamente desde las 18:00 hasta las 06:00 horas y forma parte de la reciente prórroga del Estado de Emergencia en la zona. La disposición refleja la gravedad del contexto y la necesidad de aplicar restricciones excepcionales para contener la situación. 2. Contexto de violencia y minería ilegal en la zona La provincia de Pataz ha experimentado un notable incremento en la violencia vinculada a actividades de minería ilegal y redes del crimen organizado. La situación llegó a un punto crítico tras el asesinato de 13 trabajadores, un hecho que provocó alarma nacional y evidenció el nivel de riesgo que enfrentan quienes operan en los campamentos mineros formales e informales. 3. Impacto en la población y derechos restringidos La decisión del Gobierno implica una restricción directa de derechos fundamentales, como el libre tránsito y la reunión. Si bien la medida busca proteger a los habitantes, también genera tensión entre la población que requiere movilizarse para trabajar o abastecerse. El toque de queda, sin embargo, se justifica por la necesidad de recuperar el control del orden interno. 4. Perspectivas y acciones que se prevén a corto plazo Las autoridades han anunciado que la presencia policial y militar se intensificará en los próximos días, con el objetivo de desarticular a los grupos ilegales que operan en la zona minera. Asimismo, se prevén operativos permanentes y una reevaluación del Estado de Emergencia para determinar si las restricciones continuarán o si se implementarán medidas alternativas de seguridad.     Noticias Relacionadas Toque de queda en Pataz por violencia minera: Gobierno noviembre 15, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: 1. Medida adoptada por el Gobierno del Perú El Ejecutivo dispuso un nuevo toque de queda o inmovilización social obligatoria nocturna en tres Pedro Castillo postulará al Senado desde la cárcel: entre noviembre 13, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El expresidente Pedro Castillo Terrones encabezará la lista al Senado de la República por el partido Juntos por el Perú (JPP) en las Elecciones Nuevo Reglamento contra la Contaminación Lumínica: Protección para personas noviembre 12, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El pasado 10 de noviembre de 2025, el Gobierno peruano aprobó el Decreto Supremo 021-2025-Minam, que reglamenta la Ley 31316 sobre la prevención y

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Pedro Castillo postulará al Senado desde la cárcel: entre el juicio oral y la batalla por la inhabilitación

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El expresidente Pedro Castillo Terrones encabezará la lista al Senado de la República por el partido Juntos por el Perú (JPP) en las Elecciones Generales 2026, con el número 1 de la nómina nacional. El anuncio, oficializado el 11 de noviembre de 2025 a través de las redes sociales del partido, ha desatado un intenso debate político en momentos en que el exmandatario enfrenta la recta final del juicio oral por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y simultáneamente afronta un proceso de inhabilitación parlamentaria.​ Una candidatura anunciada desde el juicio oralLa postulación de Castillo al Senado no fue sorpresiva para quienes han seguido de cerca su situación legal y política. Durante la audiencia del 28 de octubre de 2025, en pleno desarrollo del juicio oral que se le sigue por presunta rebelión, el expresidente aprovechó su participación para respaldar públicamente la fórmula presidencial de Juntos por el Perú, encabezada por el congresista Roberto Sánchez Palomino, Analí Márquez Huanca y Brígida Curo Bustincio. «Juntos con el Perú y juntos con el pueblo, vamos a recuperar el gobierno», declaró entonces ante el tribunal.​ El congresista Roberto Sánchez, líder de JPP y exministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Castillo, confirmó la candidatura del expresidente y aseguró que esta «representa el respaldo mayoritario del pueblo que sigue reclamando justicia, dignidad y libertad, tras una persecución política que todos conocemos». Sánchez expresó su convicción de que Castillo «alcanzará una votación histórica» y podría presidir la nueva Cámara de Senadores «como símbolo del retorno de la voz popular a los espacios de poder».​ Los obstáculos legales: entre la sentencia y la inhabilitaciónLa candidatura de Pedro Castillo enfrenta serios obstáculos que podrían impedir su concreción. El más inmediato proviene del proceso judicial en su contra. El Ministerio Público solicitó 34 años de prisión por los presuntos delitos de rebelión (25 años), abuso de autoridad (3 años) y grave perturbación de la tranquilidad pública (6 años). Alternativamente, si el tribunal optara por el delito de conspiración para la rebelión, la fiscalía requirió 19 años y 30 días de cárcel.​ Según su abogado defensor, Javier Adrianzén, el veredicto del juicio oral podría conocerse antes del 7 de diciembre de 2025, fecha crucial porque marcaría el cumplimiento de 36 meses de prisión preventiva que cumple Castillo desde su detención el 7 de diciembre de 2022. De acuerdo con la legislación peruana, una persona no puede permanecer más de tres años en prisión preventiva sin sentencia judicial.​ El segundo obstáculo proviene del Congreso de la República. El 6 de noviembre de 2025, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó por mayoría —con 10 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención— el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a Pedro Castillo, junto a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez y al exministro del Interior Willy Huerta.​ El documento, sustentado por la congresista Ana Zegarra (Somos Perú) y presidido por Lady Camones (APP), acusa a los exfuncionarios de infringir 18 artículos de la Constitución Política por su participación en el mensaje presidencial del 7 de diciembre de 2022, considerado un acto de ruptura del orden constitucional. El informe será remitido a la Comisión Permanente y posteriormente al Pleno del Congreso, donde se debatirá y votará la inhabilitación definitiva.​ El marco electoral: el retorno del Congreso bicameralLa postulación de Castillo se inscribe en un contexto electoral inédito: las Elecciones Generales 2026 marcarán el retorno del sistema bicameral en el Perú después de más de tres décadas. El nuevo Congreso estará compuesto por 60 senadores y 130 diputados, con reglas diferenciadas para cada cámara.​ Para el Senado, 30 escaños se elegirán mediante distrito electoral único nacional (con representación proporcional y voto preferencial opcional por dos candidatos), mientras que los otros 30 se elegirán en distritos electorales múltiples, donde cada departamento elige un senador mediante sistema mayoritario, excepto Lima Metropolitana que elige cuatro por representación proporcional.​ Los requisitos para ser senador incluyen ser peruano de nacimiento, haber cumplido 45 años o haber sido congresista o diputado previamente, y gozar del derecho de sufragio. Sin embargo, están impedidos de postular quienes tengan sentencia condenatoria con pena privativa de libertad, inhabilitación de derechos políticos o inhabilitación impuesta por el Congreso conforme al artículo 100 de la Constitución.​​ Una estrategia política con alto respaldo popularA pesar de sus problemas legales, Castillo mantiene un importante respaldo en sectores rurales y del sur andino, base social que fue determinante en su triunfo electoral de 2021. La decisión de postularlo como número 1 al Senado responde a una estrategia de movilización electoral que busca capitalizar ese apoyo popular y el sentimiento de rechazo hacia lo que sus simpatizantes consideran una «persecución política».​ Juntos por el Perú apuesta a que la figura de Castillo genere un voto de arrastre que favorezca tanto a la fórmula presidencial encabezada por Roberto Sánchez como a las listas parlamentarias completas. Sin embargo, analistas políticos advierten que la viabilidad de esta estrategia depende enteramente de la resolución de los procesos judiciales y parlamentarios pendientes.​ La encrucijada legal y políticaEl desenlace de esta singular candidatura se definirá en las próximas semanas. Si el Poder Judicial emite una sentencia condenatoria contra Castillo antes de la inscripción definitiva de candidaturas, o si el Pleno del Congreso ratifica su inhabilitación por 10 años, el expresidente no podrá concretar su postulación al Senado.​ Por el contrario, si el veredicto judicial se demora más allá del 7 de diciembre y Castillo recupera su libertad por vencimiento de la prisión preventiva, o si el Congreso no logra aprobar la inhabilitación, la candidatura podría prosperar formalmente, aunque quedaría suspendida en caso de una sentencia condenatoria posterior.​ Esta situación sin precedentes pone de relieve las tensiones entre el sistema de justicia, el poder legislativo y los derechos político-electorales en el Perú. Mientras tanto, Pedro Castillo continúa recluido en el penal de Barbadillo, desde donde mantiene

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