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Hallazgos y magnitud del problema
La Contraloría General de la República ha emitido una contundente advertencia tras detectar serias irregularidades en proyectos de viviendas de interés social (VIS) en al menos 20 distritos de Lima. Las auditorías revelaron que seis de cada diez construcciones no aprobaron los controles técnicos y que, sorprendentemente, se edificaron torres de hasta 28 pisos en zonas donde la normativa urbanística solo permite diez niveles. En varios casos, las licencias fueron otorgadas sin respetar los parámetros legales ni los estudios estructurales requeridos, exponiendo así a los futuros residentes a riesgos de seguridad ante eventos sísmicos.
Mecanismos de evasión y debilidades en la fiscalización
El informe señala que numerosos proyectos obtuvieron licencias mediante maniobras administrativas o el aprovechamiento de vacíos legales de la normativa del Ministerio de Vivienda. Algunas inmobiliarias cambiaron sus razones sociales para eludir medidas cautelares o reiniciar procedimientos legales, mientras continuaban las ventas de departamentos —muchos de ellos por encima del precio tope para ser considerados VIS—. Incluso se detectaron casos en los que departamentos de 43 m² fueron ofertados en S/391 mil, muy por encima del límite legal de S/160 mil. Además, algunos edificios fueron edificados en áreas donde está prohibida la implementación de viviendas de interés social.
Riesgos en la planificación urbana y la seguridad
El exceso de altura en estas edificaciones tiene consecuencias graves. Ingenieros especialistas advierten que levantar casi el triple de niveles para los que se diseñó la estructura genera serias dudas sobre la capacidad sísmica, la estabilidad de las cimentaciones y la calidad de los estudios de suelos involucrados. El diseño original de una edificación de diez pisos difiere sustancialmente del requerido para una torre de veintiocho. No realizar rediseños integrales, explican, podría comprometer la seguridad pública y la vida de los ocupantes ante un sismo mayor, riesgo nada menor en una ciudad como Lima.
Responsabilidades y reacción institucional
La Contraloría enfatiza que el problema no es solo técnico, sino también institucional: tanto los ingenieros responsables de las obras como las autoridades municipales encargadas de otorgar licencias tienen un rol fundamental en la prevención de estos excesos. La fiscalización superficial o la ausencia de controles eficaces han facilitado la proliferación de proyectos que violan la normativa vigente. El Ministerio de Vivienda, por su parte, ha sido señalado por la permisibilidad de ciertos vacíos legales y pone en agenda la revisión de los instrumentos normativos que rigen la política de vivienda de interés social.
Urgencia de reformas y fortalecimiento del control
Este escándalo evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización y supervisión en la gestión de los programas habitacionales sociales. Expertos y entidades estatales coinciden en que se debe revisar a fondo el sistema de licencias de construcción, exigir estudios técnicos rigurosos y sancionar a quienes incumplan la ley, tanto en el sector público como en el privado.
La situación también resalta el desafío de garantizar viviendas verdaderamente dignas y seguras para los sectores de menores ingresos, evitando que iniciativas sociales sean distorsionadas en beneficio de grandes empresas inmobiliarias. El llamado de la Contraloría es claro: es indispensable velar por la seguridad pública, el respeto a la planificación urbana y el correcto destino de los recursos dedicados a vivienda social en el Perú.
