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Decisión parlamentaria y contexto
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el 18 de noviembre de 2025 el informe final que recomienda inhabilitar por diez años a los fiscales supremos Delia Espinoza Valenzuela, Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. Esta medida se fundamenta en presuntas infracciones constitucionales relacionadas con la emisión de una resolución que habría vulnerado la ley y otorgado facultades investigativas indebidas a la Policía Nacional, en lugar del Ministerio Público.
La votación fue mayoritaria: nueve votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. El ponente del informe fue el congresista Jorge Montoya Manrique, representante de la bancada Honor y Democracia. El texto también recomienda acusar a los fiscales supremos por presuntos delitos como abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato y posible instigación a la usurpación de funciones.
Antecedentes y procesos recientes
Delia Espinoza, suspendida provisionalmente por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en septiembre de 2025, ha sido una figura central en esta controversia. La suspensión se dio por supuestas faltas graves vinculadas a su negativa de acatar una orden judicial que establecía la reposición de la fiscal Patricia Benavides. Espinoza cuestionó la legitimidad de la JNJ y fue acusada de obstaculizar el procedimiento disciplinario en su contra.
Este proceso disciplinario excepcional ocurre en medio de una pugna de poder entre órganos del sistema de justicia peruano, con intervenciones directas del Poder Judicial y la JNJ, además del Congreso. El noveno Juzgado Constitucional de Lima dictó en noviembre de 2025 una resolución que ordenaba la reposición inmediata de Espinoza, generando un choque institucional con la JNJ que todavía está en curso.
Implicancias políticas y institucionales
La recomendación de inhabilitación representa un precedente importante en la vigilancia de la integridad funcional dentro del Ministerio Público y reafirma el papel de control constitucional del Congreso. Si el informe es aprobado en la Comisión Permanente y, posteriormente, en el pleno del Congreso, los implicados podrían quedar incapacitados para ejercer cargos públicos durante una década.
Además, el proceso tiene un impacto político significativo, tomando en cuenta que los fiscales supremos han desempeñado un rol activo en investigaciones de alto perfil y casos de corrupción. Algunos analistas ven esta situación como una crisis que pone en evidencia tensiones internas y desafíos en la administración de justicia en el Perú.
Próximos pasos
El informe final pasará ahora a la Comisión Permanente y, si recibe la aprobación, será sometido a debate y votación en el Pleno del Congreso. Para que la inhabilitación sea efectiva, se requiere un quórum mínimo de 66 votos. En paralelo, el Ministerio Público podrá iniciar las investigaciones penales correspondientes según las acusaciones planteadas.
En resumen, la inhabilitación propuesta a Delia Espinoza y otros fiscales supremos no sólo refleja un mecanismo constitucional de control, sino que también evidencia las complejidades institucionales y políticas que atraviesa el sistema de justicia peruano en esta etapa. La resolución definitiva marcará un antes y un después en la carrera judicial y en la relación entre los órganos de control
