Penal

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República ha emitido una sentencia histórica en el Expediente 39-2022, condenando al expresidente José Pedro Castillo Terrones y sus coacusados por el delito de conspiración para una rebelión. El fallo, fechado el 4 de diciembre de 2025, impone penas de hasta 11 años y 5 meses de prisión efectiva, reconfigurando la calificación penal de los eventos del 7 de diciembre de 2022.​ Fundamentos Fácticos: Del Mensaje Televisado a la Acción ConcertadaEl núcleo probatorio del caso radica en el mensaje a la Nación pronunciado por Castillo Terrones, cuyo tenor explícito buscaba quebrar el orden constitucional mediante la disolución del Congreso, la intervención del Ministerio Público y la Policía Nacional, y la reorganización de instituciones estatales sin sustento legal alguno. La sentencia destaca que este anuncio no constituyó una mera declaración retórica, sino la culminación de una resolución criminal seria y previamente articulada.​ Entre las circunstancias agravantes se identifican acciones concretas: la solicitud irregular de apertura de rejas del Palacio de Gobierno para facilitar un supuesto «gobierno de excepción», el intento de cambio del comandante general del Ejército mediante resolución ministerial firmada por el propio Castillo, y comunicaciones insistentes entre los coacusados —Betssy Chávez Chino, Aníbal Torres Vásquez y Willy Huerta Olivas— con altos mandos policiales. Adicionalmente, se preparó un decreto supremo para formalizar el atentado constitucional, evidencia de que el plan trascendía la improvisación.​ Recalificación Penal: De Rebelión Consumada a Conspiración DefinitivaLa Fiscalía había imputado el delito de rebelión en su modalidad consumada, solicitando 34 años de prisión. Sin embargo, la Corte Suprema, en mayoría de dos votos contra uno, realizó una desvinculación penal viable conforme al artículo 349 del Código Penal, concluyendo que no se configuró el alzamiento armado mínimo requerido para la rebelión plena, ni siquiera en grado de tentativa.​ Los magistrados enfatizaron que los hechos probados revelan una «comunicación definitiva» —en términos jurídicos, un acuerdo firme y doloso entre coautores— para atentar contra los poderes del Estado. Castillo, como presidente en funciones, abusó de su autoridad formal para orquestar esta afrenta, involucrando a sus colaboradores en actos manifiestos de coautoría.​ Pruebas Técnicas y Testimoniales que Sostienen la CondenaEl fallo incorpora elementos periciales sólidos: interceptaciones telefónicas que documentan las coordinaciones entre Castillo y el entonces comandante general de la PNP, Raúl Alfaro; el expediente de la resolución para remover al jefe del Ejército; y el borrador del decreto supremo de disolución. Testimonios de mandos militares y policiales corroboran la presión ejercida para sumarlos al plan golpista.​ La sentencia rechaza argumentos defensivos de «improvisación», calificándolos como incompatibles con la secuencia temporal y la preparación observada. Se valora también el contexto de confrontación con el Congreso, pero se concluye que trascendió la esfera política legítima.​ Implicancias Jurídicas y Políticas del FalloEsta resolución reafirma precedentes del Tribunal Constitucional sobre inmunidad presidencial limitada y el estándar probatorio en delitos contra el orden constitucional. Castillo cumple prisión preventiva en Barbadillo, y la pena efectiva —11 años, 5 meses y 15 días— inicia su ejecución inmediata, con inhabilitación perpetua para cargos públicos.​ El pronunciamiento genera debate sobre la proporcionalidad penal en casos de alta función pública, pero consolida la tesis de que el intento de ruptura constitucional de 2022 configuró una amenaza real al sistema democrático peruano.     Noticias Relacionadas Corte Suprema Confirma Conspiración para Rebelión: La Sentencia que diciembre 7, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La administración norteamericana ha anunciado su intención de expandir significativamente el alcance de sus medidas restrictivas en política Ampliación de Políticas Restrictivas en Materia Migratoria: Washington Planea diciembre 6, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La administración norteamericana ha anunciado su intención de expandir significativamente el alcance de sus medidas restrictivas en política Ley 32515 Marca el Marco Financiero del Perú para diciembre 4, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Congreso promulgó la Ley 32515, que autoriza el endeudamiento del sector público para 2026. Se aprueban US$ 2.840 millones en endeudamiento

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema decidió revocar la condena de ocho años de prisión efectiva impuesta contra Daniel Salaverry, ex titular del Congreso, en el marco de un proceso seguido por el delito de peculado doloso. Esta decisión transforma el panorama político-judicial alrededor de la gestión parlamentaria y plantea desafíos respecto al uso de fondos públicos por representantes electos. Cronología Procesal: De la Condena a la RevocatoriaEn marzo de 2025, Salaverry fue sentenciado a ocho años de cárcel, cinco de inhabilitación para ejercer función pública, multa y una reparación civil de S/ 119,578 por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. El fallo consideró probado que se apropió indebidamente de fondos asignados a actividades parlamentarias de representación, tras corroborarse inconsistencias en informes de viajes y uso presupuestal entre 2017 y 2018.​ Tras la condena, el excongresista apeló sosteniendo que existía un error de valoración probatoria y una supuesta persecución política. La Corte Suprema admitió el recurso y, tras una audiencia interna en noviembre de 2025, deliberó sobre la legalidad e interpretación de los elementos materiales del proceso penal instaurado en su contra.​ Fundamentos Jurídicos y Nuevo Pronunciamiento del Tribunal SupremoEl martes 2 de diciembre de 2025, la Sala Penal Permanente, presidida por el juez supremo César San Martín, declaró fundada la apelación de Salaverry y revocó íntegramente la condena, absolviéndolo de responsabilidad penal. Según trascendidos, el máximo tribunal sostuvo que no se probó adecuadamente la apropiación individual dolosa por parte de Salaverry de los fondos parlamentarios. La Corte arguyó que existían inconsistencias en la cadena probatoria y en la acreditación de la administración directa de viáticos por parte del exfuncionario, por lo cual el estándar de certeza exigible en materia penal resultaba insatisfecho.​ Repercusiones Políticas y Jurídicas InmediatasLa decisión de la Corte Suprema tiene efectos inmediatos, puesto que deja sin efecto el mandato de prisión y las medidas accesorias impuestas: no habrá inhabilitación, ni multa ni reparación a favor del Estado por este caso. El desenlace genera reacciones diversas en la opinión pública y el espectro político, donde diferentes sectores ven la resolución como un parteaguas para la percepción sobre la lucha contra la corrupción y, a la vez, levantan cuestionamientos sobre la rigurosidad de la supervisión de gastos en la función parlamentaria.​ Antecedentes y Contexto: Un Caso ControvertidoLa acusación contra Salaverry se originó con la denuncia de la Procuraduría y la Fiscalía, quienes argumentaron que se habían presentado documentos y fotos falsos en informes de representación parlamentaria para justificar el gasto de viáticos por actividades legislativas no realizadas entre 2017 y 2018. Según la defensa, dichos informes contenían manejos administrativos documentales habituales, sin intención dolosa. La controversia evidenciaba la necesidad de mecanismos institucionales más robustos para auditar el uso de recursos asignados a los parlamentarios.​ Reflexión Final: ¿Camino Hacia Nuevos Estándares de Control?Este caso reafirma el principio de presunción de inocencia y el estándar de prueba en materia penal, señalando los límites del Derecho Penal en el control del gasto público. Sin embargo, el fallo reabre el debate en torno a la transparencia y la fiscalización efectiva de los fondos estatales, exigiendo al Poder Legislativo e instituciones de control, mecanismos más estrictos y sistemas de rendición de cuentas que prevengan riesgos de corrupción y aseguren el adecuado uso del erario público.​     Noticias Relacionadas Corte Suprema absuelve a Daniel Salaverry: Análisis de la diciembre 2, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Educación, ha publicado recientemente el Decreto Supremo 277-2025-EF, Implementación de Nuevos Montos Remunerativos para la Carrera Pública diciembre 1, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Educación, ha publicado recientemente el Decreto Supremo 277-2025-EF, Ratificada Condena de Prisión Efectiva contra el Burgomaestre de noviembre 30, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La justicia penal de Lima Norte ha confirmado una de las sentencias más significativas contra autoridades municipales en los últimos años. La

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La justicia penal de Lima Norte ha confirmado una de las sentencias más significativas contra autoridades municipales en los últimos años. La Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte resolvió, mediante resolución expedida el veintiocho de noviembre del presente año, ratificar la condena impuesta contra Ulises Villegas Rojas, alcalde distrital de Comas, a seis años de prisión efectiva por la comisión del delito de colusión agravada. Consecuentemente, el órgano jurisdiccional ordenó la inmediata ubicación y captura de la mencionada autoridad. Los Orígenes del Caso UDEL Group: Una Obra InconclusaEl origen de este proceso judicial se remonta a mayo del año dos mil diecisiete, cuando la Municipalidad Distrital de Independencia suscribió un contrato con la empresa UDEL Group Constructores y Servicios Generales E.I.R.L., representada por Villegas Rojas. El proyecto objeto de contratación fue catalogado como «Mejoramiento de vías de la Prolongación Santa Rosa y Pasaje de la Cruz» en diversos asentamientos humanos del distrito de Independencia, con un valor contractual ascendente a S/ 1.942.013 y un plazo de ejecución estimado en noventa días calendarios.​ Sin embargo, según los alegatos sostenidos por el Ministerio Público, la obra fue recepcionada y liquidada extraordinariamente deprisa, en apenas sesenta y dos días, incumpliendo especificaciones técnicas fundamentales establecidas en el expediente técnico correspondiente. Un posterior informe de auditoría practicado por la Contraloría General de la República identificó deficiencias significativas en la calidad constructiva: presencia de baches, fisuras, irregularidades de superficie y un espesor de cobertura asfáltica sensiblemente inferior al requerido en los planos de diseño.​ La Acusación Fiscal y los Hallazgos de PruebaLa acusación sostenida por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios formuló que Villegas, en su carácter de representante de la empresa contratista, había pactado conjuntamente con funcionarios municipales la entrega de la obra a pesar de encontrarse incompleta y de no satisfacer los estándares técnicos requeridos. Este acuerdo colusorio, según la teoría acusatoria, perseguía proceder a la recepción, liquidación y pago de una obra deficiente, ocasionando un perjuicio económico al patrimonio estatal cuantificado en S/ 304.769,40.​ La acusación fue fundamentada mediante actas de verificación técnica, informes de la Contraloría, pericias de ingeniería civil, análisis contables y testimonios de funcionarios y especialistas convocados al proceso. Adicionalmente, fue presentado el expediente técnico completo de la obra, permitiendo el cotejo entre lo ejecutado y lo contractualmente obligado.​ La Sentencia de Primera Instancia y su Confirmación en ApelaciónEn abril del presente año, el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Lima Norte emitió la sentencia condenatoria contra Villegas a seis años de prisión con ejecución diferida. Esta condena fue posteriormente confirmada por la Sala Penal de Apelaciones, que desestimó los argumentos de la defensa respecto a la supuesta invalidez de los informes técnicos, concluyendo que existían indicios plurales y concordantes suficientes para acreditar la existencia de concertación delictuosa.​ Alcance de la Condena a Otros ImplicadosLa responsabilidad penal determinada no se limitó únicamente a Villegas. Junto a él, fueron condenados a seis años de prisión efectiva: Rubén Jiménez (exgerente municipal de Independencia), Elizabeth Espinoza (exgerente de Infraestructura), Pedro Ancajima (ingeniero de planta) y César Cervantes (exsupervisor de obra), todos como coautores de colusión agravada. Asimismo, Santos Espinoza y Raymundo Concepción recibieron tres años de prisión efectiva por falsedad ideológica. Todos fueron inhabilitados por cinco años para ejercer función pública o contratar con el Estado, además de impuestas multas considerables.​ Consecuencias Jurídicas y AdministrativasCon la ratificación de la sentencia, se ejecutará la orden de captura contra Villegas, quien deberá purgar la pena en un establecimiento penitenciario designado por el sistema correccional nacional. Esta condena implica, además, el cese de sus funciones como autoridad municipal de Comas.     Noticias Relacionadas Ratificada Condena de Prisión Efectiva contra el Burgomaestre de noviembre 30, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Ministerio de Educación ha promulgado recientemente el Decreto Supremo 019-2025-MINEDU, una norma de considerable envergadura que modifica Transformaciones Significativas en la Normativa Laboral Docente: El Decreto noviembre 29, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Ministerio de Educación ha promulgado recientemente el Decreto Supremo 019-2025-MINEDU, una norma de considerable envergadura que modifica Martín Vizcarra Condenado a Catorce Años de Prisión por noviembre 28, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La justicia peruana ha condenado al expresidente Martín Vizcarra a catorce años de cárcel por recibir sobornos durante su gestión como gobernador de

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Contexto de la investigaciónLa Fiscalía peruana abrió una investigación contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, por presunta recaudación ilícita y uso indebido de fondos públicos en la campaña electoral presidencial del 2021. La pesquisa, encabezada por la Primera Fiscalía especializada contra el Lavado de Activos, apunta a un presunto financiamiento irregular con aportes falsos y de origen desconocido que habrían sido canalizados durante la contienda electoral.​ Antecedentes y elementos probatoriosEsta investigación resurge pese a que Keiko Fujimori logró anular previamente un juicio por presunto lavado de activos relacionado con financiamientos irregulares en campañas anteriores (2011 y 2016), conocido como el “Caso Cócteles”. El nuevo expediente detalla movimientos financieros sospechosos con sobresueldos y donaciones no declaradas, que habrían violado la normativa vigente sobre financiamiento de partidos políticos.​ Desarrollo y próximas etapasEl fiscal a cargo evalúa una acusación formal que podría presentarse en los próximos meses contra Keiko y otros integrantes de Fuerza Popular. Esta nueva causa enfatiza la presunta existencia de una organización criminal dedicada a captar recursos ilícitos para sostener campañas políticas, aumentando la presión sobre la dirigente y su agrupación política.​ Repercusiones políticas y socialesEl caso reafirma las tensiones en el sistema político peruano, donde sectores demandan transparencia y respeto a la legalidad en procesos electorales. La investigación genera cuestionamientos públicos sobre la ética en la financiación partidaria y refuerza el llamado a reformas que garanticen un financiamiento limpio y control efectivo de recursos.​ En definitiva, el Ministerio Público continúa su lucha contra la corrupción electoral, mientras Keiko Fujimori enfrenta un nuevo capítulo en su compleja trayectoria política y judicial, que tendrá trascendencia en la agenda política del país en los próximos meses.     Noticias Relacionadas Fiscalía investiga a Keiko Fujimori por presunta recaudación ilícita noviembre 16, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Origen y motivación del proyectoEl Congreso de la República debate la propuesta legislativa presentada por el congresista Héctor Valer Pinto (Somos Propuesta para ampliar la Corte Suprema a 58 jueces: noviembre 15, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Origen y motivación del proyectoEl Congreso de la República debate la propuesta legislativa presentada por el congresista Héctor Valer Pinto (Somos Toque de queda en Pataz por violencia minera: Gobierno noviembre 14, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: 1. Medida adoptada por el Gobierno del Perú El Ejecutivo dispuso un nuevo toque de queda o inmovilización social obligatoria nocturna en tres

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una propuesta para humanizar el sistema penitenciario La congresista Patricia Chirinos Venegas, del grupo parlamentario Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que busca fortalecer la protección de las madres internas y sus hijos menores de tres años en los establecimientos penitenciarios del país. La iniciativa pretende llenar un vacío legal y garantizar que los niños que nacen o crecen en prisión lo hagan en condiciones dignas, con acceso a salud, alimentación y espacios adecuados para su desarrollo. Actualmente, según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) citados en la exposición de motivos, 136 niños y niñas vivían en cárceles peruanas durante 2024, la mayoría menores de un año. Los penales con más casos se ubican en Mujeres de Chorrillos, Trujillo y Ayacucho, donde las condiciones suelen ser precarias y no existen ambientes adecuados para la crianza. Autorización judicial y supervisión permanente La propuesta de Chirinos plantea que los hijos menores de tres años de mujeres privadas de libertad puedan convivir con sus madres dentro del penal, siempre que un juez especializado en familia o mixto lo autorice. Para ello, deberá comprobarse que la convivencia asegura el desarrollo integral y saludable del menor, conforme al principio del interés superior del niño, recogido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos. La norma dispone que cada tres meses el juzgado evalúe las condiciones en las que vive el menor, verificando si se mantienen los requisitos de seguridad, salud y bienestar. Si se detectan riesgos o condiciones desfavorables, el juez podrá ordenar su salida del penal o disponer medidas de protección a través de instituciones públicas tutelares. Cuando el niño cumpla tres años, el juez deberá autorizar su salida del establecimiento penitenciario tras una evaluación médica y psicológica, coordinando el proceso con familiares directos o, en su defecto, con entidades del Estado que garanticen su protección integral. Adaptación de los penales y cumplimiento progresivo El proyecto también ordena que el INPE implemente un cronograma especial para adecuar las cárceles a la nueva normativa, especialmente en los casos donde actualmente viven niños mayores de tres años junto a sus madres. La Dirección de Tratamiento Penitenciario deberá coordinar con los juzgados de familia para ejecutar estas medidas de forma progresiva y garantizar que las nuevas disposiciones se cumplan a nivel nacional. Asimismo, la propuesta modifica el Código de Ejecución Penal (Decreto Supremo N.º 003-2021-JUS) para reforzar el principio de humanidad y dignidad en el trato hacia las internas gestantes o madres, subrayando que ellas y sus hijos “gozan de especial protección del Sistema Penitenciario”. En defensa de los más vulnerables La iniciativa de Chirinos busca no solo humanizar el sistema penitenciario, sino también reducir el impacto psicológico y emocional del encarcelamiento en los menores. Diversos organismos internacionales han advertido que los niños que crecen en contextos de encierro están expuestos a carencias afectivas, alimentarias y sanitarias, por lo que requieren atención prioritaria. De aprobarse, esta ley representaría un avance significativo en materia de derechos humanos y de infancia, al establecer mecanismos judiciales y administrativos claros para proteger a los hijos de mujeres internas, garantizando que el cumplimiento de una pena no signifique la vulneración de la infancia. Con ello, el Congreso tendría la oportunidad de marcar un precedente en favor de la dignidad humana, la equidad de género y el respeto al interés superior del niño, pilares esenciales de un Estado verdaderamente justo y humanitario.     Noticias Relacionadas Proponen ley para proteger a madres internas y a noviembre 3, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Amenaza en la madrugada: explosivo en la puerta de la Corte de Lima Este La madrugada del viernes 31 de octubre, un artefacto explosivo de Abandonan artefacto explosivo en sede judicial de Lima Este noviembre 3, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Amenaza en la madrugada: explosivo en la puerta de la Corte de Lima Este La madrugada del viernes 31 de octubre, un artefacto explosivo de Hackers vulneran datos del Reniec: expertos alertan sobre el noviembre 3, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una exposición sin precedentes El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) enfrenta una de las crisis más graves en materia de

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Amenaza en la madrugada: explosivo en la puerta de la Corte de Lima Este La madrugada del viernes 31 de octubre, un artefacto explosivo de fabricación artesanal fue dejado en la entrada principal de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, ubicada en el distrito de Ate. Junto al dispositivo, agentes de seguridad hallaron una carta firmada por un grupo autodenominado “Los Mexicanos”, que exigía la liberación de Deivis Gabriel Cordero Cárdenas, alias “Chato Deyvis”, señalado como presunto líder de la organización criminal Los Malditos de Huaycán. El hallazgo encendió las alarmas de las autoridades, que de inmediato dispusieron un amplio operativo de seguridad en el perímetro del edificio judicial. La Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudió al lugar para evaluar y desactivar el artefacto, mientras la zona era acordonada por agentes policiales. No se reportaron heridos ni daños materiales, aunque el incidente generó gran conmoción entre trabajadores y vecinos de la zona. La amenaza: “Si no lo liberan, habrá consecuencias” Fuentes policiales informaron que la carta hallada junto al explosivo contenía un mensaje directo dirigido a jueces y funcionarios de la Corte. En el texto, los remitentes advierten sobre represalias violentas si se mantiene la prisión de “Chato Deyvis”, actualmente recluido en el penal de Ucayali, donde cumple condena por delitos vinculados al crimen organizado. El escrito también hace referencia a presuntas “irregularidades” en un proceso judicial que, según los firmantes, buscaría frenar la excarcelación del reo. Los mensajes amenazantes incluyen nombres de magistrados y funcionarios públicos, lo que ha encendido las alertas dentro del sistema de justicia. De acuerdo con fuentes de América Noticias, el explosivo fue colocado con la aparente intención de intimidar a las autoridades judiciales, en un contexto de alta tensión por los recientes fallos contra integrantes de organizaciones criminales vinculadas al sicariato y la extorsión en Lima Este. Medidas de emergencia y suspensión parcial de atención Tras el hallazgo, la Corte Superior de Justicia de Lima Este emitió un comunicado oficial informando la suspensión parcial de la atención al público en su sede principal de la avenida Nicolás Ayllón. El documento, firmado por la Subadministración de la sede, señala: “En vista de la coyuntura suscitada el día de hoy, se limitará la atención y el acceso de usuarios en la Corte Superior de Justicia de Lima Este – sede Nicolás Ayllón. Se atenderán únicamente asuntos urgentes a través de la mesa de partes. Solicitamos la comprensión de los usuarios ante esta medida.” La decisión busca proteger la integridad del personal judicial, abogados y litigantes, mientras se completan las diligencias de seguridad y se asegura que el edificio esté libre de riesgo. La atención regular se retomará de manera progresiva, según confirmaron fuentes del Poder Judicial. Contexto: el resurgir de la violencia criminal en Lima Este El hecho ocurre en medio de una ola de amenazas y ataques vinculados a organizaciones criminales que operan en el oriente de Lima, especialmente en distritos como Huaycán, Ate y Santa Anita. Las bandas dedicadas a la extorsión y al cobro de cupos en obras y comercios han intensificado sus acciones en los últimos meses, buscando influir en decisiones judiciales y policiales. El grupo Los Malditos de Huaycán, al que se atribuye el liderazgo de “Chato Deyvis”, ha sido implicado en casos de homicidio, tráfico de armas y extorsión a empresarios locales. Su cabecilla fue trasladado al penal de Ucayali tras un operativo de alto riesgo, pero sus allegados han continuado operando desde Lima. El autodenominado grupo Los Mexicanos, que firma la carta dejada junto al explosivo, no había sido identificado hasta ahora en el panorama del crimen local, lo que abre una nueva línea de investigación sobre alianzas entre bandas nacionales y redes criminales extranjeras. Investigación en curso El Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú (PNP) han abierto una investigación conjunta para determinar el origen del explosivo y la veracidad de las amenazas. Fuentes judiciales confirmaron que la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado ha asumido el caso, en coordinación con la División de Investigación de Terrorismo (Dircote). Asimismo, se ha dispuesto la vigilancia permanente en las sedes judiciales del cono este de Lima, ante la posibilidad de nuevos actos intimidatorios. El incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad en el sistema de justicia y la necesidad de reforzar la protección a magistrados que enfrentan casos de criminalidad organizada.     Noticias Relacionadas Abandonan artefacto explosivo en sede judicial de Lima Este noviembre 3, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una exposición sin precedentes El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) enfrenta una de las crisis más graves en materia de Hackers vulneran datos del Reniec: expertos alertan sobre el noviembre 3, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una exposición sin precedentes El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) enfrenta una de las crisis más graves en materia de Keiko Fujimori confirma su cuarta candidatura presidencial y presenta octubre 30, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Keiko Fujimori vuelve a la contienda presidencial Keiko Sofía Fujimori Higuchi, lideresa de Fuerza Popular, buscará nuevamente la presidencia del