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El Congreso de la República aprobó con 84 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención el dictamen que dispone la incorporación progresiva de los trabajadores del Poder Judicial contratados bajo el régimen CAS (Decreto Legislativo N.º 1057) al régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 728, conocido como Ley de Fomento del Empleo. La medida, exonerada de segunda votación, marca un hito en la búsqueda de equidad y estabilidad laboral dentro del sistema judicial peruano.
Hacia un trato laboral equitativo
La iniciativa fue sustentada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el congresista Flavio Cruz Mamani (Perú Libre), quien señaló que el dictamen busca reconocer los derechos laborales de miles de servidores judiciales que, pese a realizar funciones permanentes, se mantienen bajo un régimen de contratación temporal y precario.
“El régimen CAS fue concebido como una modalidad transitoria. Sin embargo, con el tiempo se ha convertido en una forma de empleo permanente sin los beneficios ni la estabilidad que otorga el régimen 728”, manifestó Cruz Mamani durante el debate.
Asimismo, destacó que el cambio no solo busca corregir una desigualdad, sino también dignificar la función pública en un sector clave como el Poder Judicial, donde la rotación constante y la inseguridad laboral han afectado la continuidad institucional y la calidad del servicio.
Argumentos a favor de la reforma
Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso), respaldó la medida al advertir que la coexistencia de distintos regímenes laborales dentro del Poder Judicial ha generado tratos diferenciados, incluso entre trabajadores con idéntico perfil y funciones.
“El problema es estructural. Existen profesionales que realizan las mismas labores, pero bajo regímenes distintos y con derechos dispares. Esta situación no solo es injusta, sino también ineficiente desde el punto de vista administrativo”, explicó.
El dictamen aprobado consolida una demanda histórica de los servidores CAS, que por años reclamaron la eliminación de la dualidad laboral y la equiparación de derechos con los trabajadores del régimen privado del Estado.
Incorporación gradual y bajo control presupuestal
La nueva ley autoriza al Poder Judicial a iniciar un proceso progresivo de incorporación al régimen 728 de los trabajadores que actualmente laboran bajo contratos CAS a plazo indeterminado. No obstante, esta medida estará sujeta a la disponibilidad presupuestal de la entidad y se desarrollará en un plazo máximo de cinco años desde su entrada en vigor.
El orden de prelación se establecerá según la antigüedad de los contratos, priorizando a quienes llevan más tiempo de servicio continuo. Además, para acceder a la incorporación, los beneficiarios deberán haber ingresado al Poder Judicial mediante concurso público de méritos y ocupar una plaza con presupuesto sostenible.
Un paso hacia la estabilidad laboral en el Estado
La aprobación del dictamen constituye un avance significativo en la formalización del empleo público, especialmente en una de las instituciones más sensibles del sistema democrático. Con esta decisión, el Congreso busca no solo mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadores, sino también fortalecer la institucionalidad del Poder Judicial mediante la estabilidad y continuidad de su personal.
El régimen CAS, instaurado en 2008, fue concebido como un mecanismo temporal de contratación administrativa de servicios. Sin embargo, su prolongada vigencia y expansión hacia casi todos los sectores del Estado generaron múltiples cuestionamientos y demandas por discriminación laboral.
La transición hacia el régimen 728 representa, por tanto, un reconocimiento al carácter permanente de las funciones que desempeñan los servidores judiciales y una apuesta por la meritocracia y la justicia laboral.
Con esta medida, el Parlamento abre la puerta a una reforma más amplia en el empleo público peruano, que podría inspirar cambios similares en otros sectores donde aún prevalece la precariedad contractual.
La implementación, no obstante, dependerá de la capacidad presupuestal del Estado y de la voluntad política para garantizar que la promesa de equidad laboral no se quede solo en el papel.
