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En una jornada legislativa marcada por decisiones de gran impacto social, el Pleno del Congreso aprobó la incorporación progresiva de los trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) contratados bajo el régimen CAS al régimen laboral del Decreto Legislativo 728. La medida, que beneficiará a más de 2.300 servidores considerados clave para la seguridad jurídica del país, fue respaldada por 78 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, y posteriormente exonerada de segunda votación.
El dictamen, sustentado en los proyectos de ley 6015, 6195 y 8940, cuenta con el respaldo de las comisiones de Presupuesto y de Justicia. Según el congresista Alejandro Soto (APP), presidente de la Comisión de Presupuesto, la Sunarp mantiene personal CAS que realiza funciones idénticas a las de sus pares del régimen 728, pero con menores ingresos y beneficios, lo que constituye un trato desigual. Recordó que el costo de la incorporación asciende a 266 millones de soles, frente a un presupuesto de 110 millones, lo que deja una brecha de financiamiento.
Por su parte, Flavio Cruz (PL), presidente de la Comisión de Justicia, destacó que los trabajadores CAS indeterminados representan el 98 % de los servicios que brinda la institución, desde la inscripción de propiedades hasta la calificación de actos jurídicos. “No se trata de privilegios, sino de un acto de justicia”, subrayó.
Otros parlamentarios coincidieron en la necesidad de equiparar derechos laborales. Waldemar Cerrón (PL) resaltó que la entidad es autosostenible y cuenta con recursos propios para financiar la transición. Guido Bellido (PP) denunció que no puede persistir una discriminación que asigna las mismas funciones con menos beneficios, mientras que Paul Gutiérrez (SP) consideró la medida una oportunidad histórica para reconocer el mérito y la trayectoria de los servidores de Sunarp.
No obstante, voces como la de Patricia Juárez (FP) advirtieron sobre la necesidad de mantener la responsabilidad fiscal, señalando que la propuesta sí implica recursos del Estado. En esa línea, Alejandro Cavero (Avanza País) sostuvo que el debate evidencia qué bancadas priorizan la sostenibilidad presupuestal y cuáles apuestan por medidas populistas.
En paralelo a este debate legislativo, otra noticia vinculada a derechos de los ciudadanos marcó la agenda: Indecopi sancionó con una multa de 16.000 soles a Cineplanet por impedir el ingreso de un cliente que llevaba dos hamburguesas adquiridas externamente. La entidad reguladora determinó que la empresa actuó de manera arbitraria, vulnerando el derecho del consumidor, pues el producto ingresado era similar a lo que la propia compañía ofrece en sus salas.
El fallo establece un precedente importante en materia de protección al consumidor, subrayando que las restricciones comerciales deben ser razonables y proporcionales, sin imponer condiciones que limiten injustificadamente la libertad de elección del usuario.
Así, mientras el Congreso avanza en medidas de justicia laboral para los trabajadores del Estado, el ámbito de la defensa del consumidor también marca un precedente relevante en favor de los derechos ciudadanos.
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