
El Ministerio Público del Perú inició una investigación a una institución educativa tras conocerse una denuncia por un presunto caso de abuso sexual entre menores de edad ocurrido en los servicios higiénicos del plantel.
Las diligencias buscan esclarecer los hechos denunciados, determinar las circunstancias en las que habrían ocurrido y verificar si la institución educativa cumplió con los protocolos de prevención, atención y protección establecidos para este tipo de situaciones.
Investigación en curso
La Fiscalía dispuso el inicio de las investigaciones correspondientes con el objetivo de recopilar testimonios, documentación y demás elementos que permitan determinar lo ocurrido.
Asimismo, se evaluará la actuación de las autoridades del centro educativo frente a la denuncia.
Protección de los menores
Las autoridades recordaron que, en casos donde están involucrados niños, niñas o adolescentes, la protección de su identidad, integridad física y psicológica constituye una prioridad durante todo el proceso de investigación.
Por ello, la información que permita identificar a los menores debe mantenerse bajo estricta reserva.
Evaluación de los protocolos del colegio
Como parte de las diligencias, se verificará si la institución educativa activó los protocolos de actuación previstos para casos de violencia escolar y si adoptó medidas inmediatas para proteger a los estudiantes involucrados.
También se analizará el cumplimiento de las obligaciones legales por parte del personal responsable.
Actuación de las autoridades
La investigación permitirá establecer si existieron responsabilidades administrativas o penales, según corresponda, sin perjuicio del respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia de las personas involucradas.
Las decisiones se adoptarán con base en las pruebas obtenidas durante las diligencias.
Importancia de la prevención
Especialistas destacan la necesidad de fortalecer las medidas de prevención de la violencia en las instituciones educativas, así como promover canales seguros de denuncia y atención oportuna para proteger a los estudiantes.
La coordinación entre las autoridades educativas, los padres de familia y las instituciones competentes resulta fundamental.
Continuidad de las diligencias
El Ministerio Público continuará realizando las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder conforme a la legislación vigente.
Finalmente, las autoridades reiteraron que toda investigación relacionada con menores de edad debe desarrollarse garantizando el interés superior del niño, la confidencialidad de la información y el respeto irrestricto de los derechos de todas las personas involucradas.
