Artículo:
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) declaró ilegales diversos requisitos establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para la prestación del servicio de inspección técnica vehicular, mediante la Resolución 0068-2026.
La decisión se adoptó tras determinar que dichas exigencias constituían barreras burocráticas ilegales que restringían el acceso y permanencia de operadores en el mercado, afectando el principio de legalidad administrativa.
Evaluación de las barreras burocráticas
Según lo establecido en la resolución, algunos requisitos impuestos por el MTC no contaban con sustento legal suficiente, excediendo las competencias normativas de la entidad.
Indecopi concluyó que estas exigencias imponían cargas innecesarias a los administrados, generando restricciones injustificadas que limitaban la libre iniciativa privada y la competencia en el sector.
Asimismo, se señaló que las disposiciones cuestionadas no cumplían con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad exigidos en la regulación administrativa.
Impacto en el mercado de inspección vehicular
La declaratoria de ilegalidad implica que los operadores del servicio de inspección técnica vehicular ya no estarán obligados a cumplir con los requisitos observados por la autoridad.
Especialistas indicaron que esta medida podría facilitar el ingreso de nuevos actores al mercado, promoviendo una mayor competencia y mejores condiciones para los usuarios del servicio.
Rol de Indecopi
Indecopi reiteró que su función incluye la eliminación de barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afecten el desarrollo de actividades económicas.
En ese sentido, la entidad enfatizó que todas las instituciones públicas deben respetar los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad al momento de establecer requisitos administrativos.
Posibles acciones del MTC
Tras la resolución, el MTC podrá adecuar su normativa a lo dispuesto por Indecopi o interponer los recursos legales correspondientes dentro del marco vigente.
Finalmente, esta decisión refuerza la importancia del control administrativo sobre las regulaciones estatales, con el objetivo de garantizar un entorno competitivo y transparente en beneficio de los ciudadanos y agentes económicos.
