Artículo:
La norma reconoce derechos laborales plenos y garantiza un proceso meritocrático, transparente y financieramente responsable para los servidores públicos de la institución registral.
Un paso decisivo hacia la estabilidad y dignidad laboral
El 4 de noviembre de 2025, fue publicada en el diario oficial El Peruano la Ley N.º 32489, una norma que autoriza la incorporación progresiva de los servidores contratados bajo el régimen CAS (Decreto Legislativo 1057) de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, conocido por otorgar mayores derechos laborales y estabilidad en el empleo.
Esta medida representa un avance significativo en la consolidación de los derechos de los trabajadores del sector público. Más allá de su carácter administrativo, la ley simboliza un reconocimiento a la profesionalización y permanencia de quienes, durante años, han contribuido al funcionamiento del sistema registral sin gozar de las mismas condiciones de estabilidad que otros servidores estatales.
De acuerdo con el texto legal, la migración se realizará en un plazo máximo de dos años, bajo un sistema de concursos internos de méritos, asegurando así que la incorporación al nuevo régimen se base en criterios de transparencia y capacidad profesional.
Concursos internos y progresividad del proceso
El artículo 3 de la ley establece que la Sunarp deberá planificar el proceso de incorporación en dos etapas anuales, cada una con un máximo del 50% de servidores que logren superar el concurso interno. Este enfoque progresivo busca garantizar un proceso ordenado y compatible con las limitaciones presupuestales de la institución.
Para asegurar la legalidad y coherencia administrativa, solo podrán postular las plazas que estén debidamente contempladas en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP Provisional), registradas en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y certificadas en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.
Asimismo, una vez concluido el proceso, las plazas vacantes generadas serán eliminadas de oficio para mantener la transparencia y control presupuestario.
Protección frente al despido injustificado y garantía de continuidad laboral
Uno de los aspectos más relevantes de la Ley N.º 32489 es la protección que ofrece a los trabajadores CAS durante todo el proceso de transición. Según el artículo 4, los servidores de la Sunarp contarán con protección contra el despido injustificado o el término arbitrario de contrato, asegurando que la relación laboral se mantenga vigente hasta que se complete la migración al régimen 728.
De este modo, se busca evitar que la transición se convierta en una fuente de incertidumbre para los trabajadores y, en cambio, se consolide como un proceso que refuerce la confianza institucional y el sentido de pertenencia.
Responsabilidad financiera y apoyo interinstitucional
El financiamiento de la medida será asumido principalmente por el presupuesto institucional de la Sunarp, autorizándose a la entidad a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para implementar la ley. En caso de requerirse recursos adicionales, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos podrá efectuar transferencias complementarias a favor de la Superintendencia.
Este diseño financiero evidencia un enfoque de responsabilidad fiscal, garantizando que la ampliación de derechos no comprometa la sostenibilidad del gasto público ni el equilibrio presupuestario.
Transparencia, mérito y fortalecimiento institucional
La norma también dispone que la Sunarp emita las disposiciones complementarias necesarias para garantizar la transparencia de los concursos y la objetividad de las evaluaciones. Además, la entidad queda exonerada de ciertas restricciones presupuestales previstas en la Ley de Presupuesto 2025, con el fin de facilitar la implementación de esta política laboral.
Con esta medida, el Estado peruano reafirma su compromiso con una administración pública más justa, meritocrática y eficiente. La Ley N.º 32489 no solo transforma la situación contractual de cientos de trabajadores, sino que fortalece el vínculo jurídico entre el servidor público y el Estado, otorgando mayor seguridad, profesionalismo y dignidad a quienes cumplen funciones esenciales para la ciudadanía.
En suma, esta ley marca un hito en la modernización del empleo público, promoviendo una gestión más humana, estable y orientada al mérito, pilares indispensables para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el servicio civil peruano.
